Cinco puntos para entender qué es y qué no es el Acuerdo de Escazú
Luego de las declaraciones de Edmundo Valenzuela y la UGP, aquí te dejamos 5 puntos para entender qué es y qué no es el Acuerdo de Escazú.
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¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe firmado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018. Paraguay lo firmó junto a otros 21 países de la región.
¿Quién le mató a mi papá?
El Estado paraguayo nunca investigó la muerte de un hombre relacionada a agroquímicos. Su familia llegó hasta la ONU buscando justicia. E hizo historia.
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¿Por qué es importante?
Es el primer tratado de la región sobre asuntos ambientales y el primero del mundo que tiene disposiciones sobre los defensores del ambiente. Es decir, es un instrumento –no el definitivo ni el único necesario– para luchar contra la crisis climática.
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reportaje maximiliano manzoni & jazmín acuña · fotografía ernesto gonzález · edición juan heilborn · colaboró pedro grigori · en colaboración con agência pública, versión en portugués traducida por Natalia Viana
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¿Qué exactamente firmó Paraguay?
El Acuerdo esencialmente busca garantizar tres cosas. Primero, obliga a los Estados a otorgar a la ciudadanía información accesible y transparente acerca de las decisiones que toma sobre el medio ambiente. Por ejemplo, en Paraguay sería el acceso de manera más sencilla a quienes violan las licencias ambientales de propiedades en el Chaco. También obliga a elaborar informes sobre la situación del ambiente en el país. Esto permitiría a la ciudadanía controlar la gestión ambiental del país.
Segundo, busca garantizar la participación de la ciudadanía en esas decisiones ambientales que pueden afectarles, como en casos de contaminación de arroyos. También, en el caso de denuncias de posibles delitos ambientales, existan los mecanismos judiciales para denunciar de manera sencilla, accesible y sin costos prohibitivos o burocracia. Este es un problema grave actualmente: por ejemplo, en las denuncias de comunidades campesinas de violación de leyes ambientales con fumigaciones, como el caso Yerutí que terminó en una condena por parte de la ONU contra el Estado paraguayo.
Por último, es el primer acuerdo del mundo que tiene disposiciones sobre los defensores del ambiente. Obliga a los Estados a garantizar la libertad de expresión y la vida de aquellas personas que en lugares vulnerables denuncian delitos ambientales. De cada diez defensores de la tierra y el ambiente asesinados en 2016, seis eran de Latinoamérica. En 2018, el guardabosque Rumildo Toledo fue asesinado en la Reserva de Tapytá, Caaguazú, presuntamente por cazadores. En Capiibary, 4 madres campesinas fueron perseguidas por oponerse a fumigaciones ilegales.
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¿Entonces es mentira que promueve el aborto y nos quita soberanía?
Respuesta corta: sí, es mentira.
Respuesta larga:
El 30 de noviembre, el obispo Edmundo Valenzuela divulgó un video diciendo que aceptar el Acuerdo de Escazú implicaría aceptar resoluciones de «aborto, ideología de género y eutanasia». Antes, en agosto, la cónsul paraguaya en Porto Alegre también había dicho en una nota a Mario Abdo al decir que el Acuerdo le quitaba soberanía a Paraguay sobre sus recursos naturales. El 2 de diciembre la Unión de Gremios de la Producción expresó su «preocupación” porque “grupos que promueven los derechos humanos puedan incidir en asuntos ambientales».
Valenzuela miente porque en las 42 páginas del Acuerdo no existe ni una sola mención a las palabras aborto, eutanasia o «ideología de género». Ni una.
También es mentira que el Acuerdo le quitaría soberanía al Estado paraguayo sobre sus recursos naturales. El artículo 3 del Acuerdo dice que se respetará el «principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales».
Es cierto que el Acuerdo haría que grupos que trabajan derechos humanos puedan incidir en asuntos ambientales, pero eso está en concordancia con nuestra Constitución Nacional, que garantiza en sus Artículos 5, 6 y 7 el derecho a un ambiente saludable.
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Las sandías que Rubén Portillo había plantado estaban a punto de ser cosechadas cuando el 6 de enero de 2011 no pudo levantarse de la fiebre y los vómitos. Eran síntomas diferentes, pensó su pareja Isabel Bordón, a los granos que le aparecieron en la boca y en los dedos semanas antes. Isabel llamó a su cuñada, Norma Portillo, y le pidió que lo llevara desde su casa, la última de la Colonia Yerutí, hasta el centro de salud en el pueblo.
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Un medicamento para los vómitos y miel fue la receta que recibió allí Rubén. Pero cuando volvió a su casa, estaba tan débil que no podía mantenerse en pie. Norma alquiló una camioneta por 40 dólares para llevarlo al Hospital de Curuguaty, la ciudad más poblada de Canindeyú, cerca de la frontera con Brasil. Mientras atravesaban el camino de tierra, las pequeñas plantas de soja se extendían a los costados hasta perderse en el horizonte.
Las cuatro horas de viaje fueron demasiado para Rubén Portillo, hasta esa mañana un joven de 26 años, único hijo varón mimado por cuatro hermanas mayores, de padre peluquero y madre modista. No le gustaba salir en fotos y tenía lo que muchos campesinos paraguayos no tienen: un terreno con plantaciones y animales.
Rubén Portillo llegó muerto al hospital. Ese verano nadie comió sus sandías.
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Rubén Portillo, el hermano de Norma Portillo, falleció hace ocho años luego de presentar un cuadro de vómitos y fiebre. Se internaron con síntomas similares 22 personas más de Yeruti, una colonia campesina fundada en los 90 que pronto se vio asediada por cultivos transgénicos de soja. La Fiscalía abrió una investigación por violación a normas ambientales e intoxicación por agroquímicos.
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Todo lo que pasó para que un hombre muera
En los siguientes cinco días, vivos pero con síntomas similares a los de Rubén Portillo, llegaron al Hospital de Curuguaty su hijo Diego de dos años y medio, su pareja Isabel, su cuñado Ceferino, su vecino Benito Jara. En total, 22 personas de Yerutí incluyendo a dos niños terminaron internados por dos semanas. Luego de tomarles muestras de sangre y orina, la directora del hospital Angie Duarte hizo unas llamadas:
A la Fiscalía.
A la Secretaría del Ambiente (SEAM).
Al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
El aviso surtió efecto una semana después de la muerte de Portillo. La Fiscalía abrió una investigación por violación de normas ambientales e intoxicación. Con técnicos de la Senave y la Seam llegaron el 13 de enero a Yerutí, una colonia fundada por el Estado paraguayo en 1991 en las tierras que un ex ministro de Educación del dictador Alfredo Stroessner dio como compensación por malversar fondos públicos. En teoría, el gobierno debía garantizar a las familias campesinas las condiciones para plantar y vender alimentos en las 2.212 hectáreas distribuidas en 223 lotes. Pero el plan nunca existió. A 2019 en la Colonia solo hay registradass 34 propiedades de las 223. El Estado nunca le dio su título de propiedad a Norma Portillo, a pesar que hace casi diez años lo terminó de pagar.
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¿Y qué va a pasar ahora con el Acuerdo?
Luego de las declaraciones de Valenzuela y el comunicado de la UGP, el Ejecutivo –que firmó el Acuerdo– retiró su pedido de ratificación al Congreso, órgano que debe aprobar todos los acuerdos internacionales. El retiro temporal del pedido de ratificación no significa que el Paraguay vaya a rechazar finalmente el Acuerdo. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, lo retiraron para verificar si el material que tienen los sectores que lo criticaron es el mismo que se busca ratificar. «Queremos corroborar si el texto que ellos tienen es el mismo que el nuestro. Para mí que no, porque veo que no coincide lo que dicen con lo que dice el acuerdo», dijo el ministro en declaraciones a ABC Color.
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Los técnicos no encontraron cultivos de alimentos al llegar a Yerutí. Encontraron soja, mucha de ella plantada en tierras sin títulos, es decir, públicas. Y que no había estancia en la zona que cumpla con las barreras de árboles exigidas entre la soja y el camino. Entre la soja y los arroyos. Entre la soja y las familias. No existían los cien metros de protección alrededor de cada casa, escuela o centro de salud donde no se pueden rociar plaguicidas. No existía nada de lo que se hizo ley luego de la muerte de Silvino Talavera, un niño de once años que fue rociado con agroquímicos en el 2003 al sur de Paraguay. Como Portillo, Silvino Talavera también murió en enero, el mes donde se fumiga la soja para la cosecha.
Encontraron que el pozo de agua de la casa donde vivía la familia Portillo tenía endosulfán, aldrín y lindano, tres agroquímicos prohibidos en Paraguay y Brasil. El endosulfán está relacionado a problemas reproductivos y del sistema endócrino. La dosis de lindano registrada, un agroquímico relacionado a la aparición del linfoma no Hodgkin, era tres veces más que la máxima establecida para humanos según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Norma especula que en aquel enero del 2011, las haciendas sojeras estaban experimentando tal vez sin mucho conocimiento con agroquímicos. El lindano, por ejemplo, no se usa en la soja. Pero el endosulfán sí. Hasta el 2010 era de venta libre en Paraguay y el 80% se usaba para ese cultivo.
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La comitiva estatal también encontró dos establecimientos productores de soja que colindaban con la casa de Portillo: Condor SA/KLM SA y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A/Emmerson Shinin, cuyos propietarios son brasileños. Así lo aseguró el ingeniero Ulises Lovera, director de la Dirección General de Control de los Recursos Naturales y de la Calidad Ambiental. «Ninguna de las dos cumplía la más mínima condición ambiental» declaró a Radio Fe y Alegría. No tenían licencia ambiental para plantar soja ni para rociar los agroquímicos que dispersaban con avionetas, cuyos tanques luego lavaban en un arroyo cercano.
Por necesidad, algunos pobladores de Yerutí habían comido los peces muertos en ese arroyo.
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Hoy en día, el pozo de agua que utilizaba la familia Portillo ya no se usa. Luego de la muerte de Rubén en 2011, las autoridades realizaron una inspección y encontraron allí endosulfán, aldrín y lindano, tres agroquímicos prohibidos en Paraguay. La dosis de lindano registrada era 3 veces más que la máxima establecida para humanos según la (OMS). La ONU responsabilizó al Estado paraguayo de haber violado el derecho a la vida de las familias de Yeruti: no pudo comprobar que haya contaminado sus aguas o sus tierras, pero no hizo nada para evitar que eso ocurriera.
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La búsqueda de justicia de una hermana
A diferencia de un asentamiento, las colonias como Yerutí no vienen de ocupaciones. Son tierras que el Estado vende a pequeños agricultores campesinos. Dentro del plan de Reforma Agraria, la idea es que las familias agricultoras tengan asegurado que podrán plantar y criar los suficientes alimentos para el consumo propio y la venta.
Norma cree que su hermano estaría vivo si las instituciones hubieran hecho su trabajo.
La SEAM tenía que hacer cumplir las barreras ambientales exigidas a las plantaciones de soja.
El Indert y el Ministerio de Agricultura eran los encargados de dar planes de producción y evitar que agricultores alquilen o vendan tierras de la Reforma Agraria para plantaciones de soja de los brasiguayos, inmigrantes brasileños y sus descendientes asentados en Paraguay.
La Senave debía controlar qué agroquímicos se rocían en el aire y se vierten en el agua de Yerutí.
Rubén estaría vivo si no fuera por el Estado paraguayo y su ausencia.
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Junto a otros dos pobladores de Yerutí, Norma Portillo presentó el 14 de enero de 2011 un amparo constitucional contra el Ministerio de Agricultura, el Indert, la Seam y la Senave por violación del derecho a la vida. El amparo fue aceptado y un juez pidió informe a los cuatro entes estatales. Solo la Seam aceptó su responsabilidad. El Indert ni siquiera respondió.
El fiscal Miguel Ángel Rojas pidió al Juzgado de Curuguaty una autopsia de Rubén para ver si había rastros de agroquímicos el 15 de enero. Lo volvió a pedir el 14 de febrero y el 18 de mayo. La autopsia nunca se realizó. También pidió cuatro veces al Hospital de Curuguaty el diagnóstico, historial médico y los resultados de los análisis de orina y sangre de todos los pacientes de Yerutí atendidos en enero. Si esa información existió, el fiscal Rojas nunca la pudo ver y solo pudo confirmar que Rubén Portillo llegó al Hospital de Curuguaty muerto.
Rojas tampoco agregó a la investigación los resultados del análisis de los pozos de agua donde se encontraron agroquímicos. Acusó a siete ciudadanos brasileños sacados de una lista que dio la Policía por violar leyes ambientales en el caso. Pero ninguno era el dueño o administrador de los grandes establecimientos colindantes a la casa de Portillo. Uno de los imputados no plantaba soja, criaba cerdos.
Norma Portillo cuenta que a su casa llegó incluso una citatoria para que Rubén declarara por su propia muerte.
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En Yerutí quedan pocas familias. La de Rubén Portillo es una de ellas. Quienes se niegan a vender o alquilar sus tierras casi siempre terminan cediendo y emigran de sus comunidades con la ilusión de conseguir mejores tierras o trabajo en la ciudad.
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El primer Estado condenado por una muerte relacionada a agroquímicos
Cóndor SA/KLM SA y Hermanos Galhera SA quedaron fuera del proceso penal. Tuvieron un sumario administrativo por parte de la Seam. El caso Yerutí no fue la última vez donde ambas empresas serían noticia.
La Comisión Bicameral de Investigación de Paraguay pidió en 2018 que se investigue si KLM SA era parte del esquema de lavado de dinero de Darío Messer en Paraguay, el lavador de lavadores del caso Lava Jato, hoy preso en Brasil. Messer es amigo del ex presidente Horacio Cartes que hoy también es investigado por la justicia de Brasil. Según la Fiscalía brasileña, Cartes le envió 500 mil dólares para ayudarlo a huir de la justicia. El brasilero Newton Rodrigo Maran Salvatti, vicepresidente de KLM SA, era socio de Messer en otra empresa acusada de lavar el dinero de los sobornos al ex gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral.
En entrevista telefónica con El Surtidor, Gabriel Franco, que se identificó como funcionario de KLM S.A. dijo desconocer el caso Yerutí, argumentando que la empresa recién ingresó a la zona en 2015.
Hermanos Galhera SA apareció en una investigación del diario Última Hora como una de las posibles empresas que invadieron la reserva de bosques de Itaipú, tierras que pertenecían al pueblo ava guaraní paranaense.
Ambas empresas fueron condenadas en el caso Yerutí a una multa administrativa. Pero Hermanos Galhera apeló la medida diciendo que el Estado no podía demostrar que las tierras donde se constataron violaciones a la ley eran suyas. El Estado paraguayo le dio la razón. Pero en el recibo de pago de la multa aparecen ambas empresas. El monto pagado ronda los diez mil dólares, el precio que se paga en Chicago por la soja cosechada en trece hectáreas de suelo paraguayo. Según un informe de la organización BASE IS, Hermanos Galhera tenía en 2011 al menos mil hectáreas en la zona.
El representante legal de Hermanos Galhera SA, el abogado Bernardino Florentín, aseguró que la empresa fue deslindada de toda responsabilidad por el evento ocurrido en Yerutí porque la propiedad se encuentra a unos veinte kilómetros de la colonia. «Nosotros no negamos lo que pasó en Yerutí, lo que decimos es que Hermanos Galhera no puede tener que ver porque estamos en otra zona», dijo en una entrevista telefónica a El Surtidor.
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El fiscal Miguel Ángel Rojas no volvió a preguntar sobre el caso. Fue ascendido a juez y luego despedido en 2016 por haber dejado de investigar un caso de tráfico de marihuana, lo que permitió la extinción de la causa a favor de los acusados.
Que «arregle con los sojeros», le decían a Norma en el juzgado de Curuguaty. Los mismos sojeros que continuaban con sus vidas como si nada hubiera pasado, como si Rubén no hubiera muerto. Excepto por una cosa: cambiaron las avionetas por tractores para la fumigación de sus cultivos, según Norma.
En 2012, Norma Portillo fue a ver en qué quedó la investigación. El nuevo fiscal de la causa, Jalil Rachid – el mismo fiscal que decidió no investigar la muerte de once campesinos en la masacre de Curuguaty, la que terminó en un golpe parlamentario al presidente Fernando Lugo– pidió sobreseer a todos los imputados argumentando la ausencia de pruebas. Las pruebas que el propio Estado no otorgó.
«Me fui a la presentación de tres libros sobre la muerte de mi hermano. Y todo el mundo me decía que en eso se iba a quedar, en libro», dice Norma. «Yo no quería eso. Yo quería justicia».
A sus casi cuarenta años, en su rostro se dibujan algunas arrugas. Sonríe mucho, pero el semblante le cambia cuando habla de justicia. Para esta mujer capaz de recorrer kilómetros para votar nulo en cada elección, casada con el hijo de un torturado por la dictadura, justicia puede ser algo tan simple como que le digan que tenía razón.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU le dio la razón el 14 de agosto de 2019, ocho años después de la muerte de su hermano Rubén.
La crisis climática en Paraguay tiene responsables. Leé quienes son
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Ese día estaba mirando Facebook en su celular cuando leyó que en Suiza, a diez mil kilómetros de su casa, el Comité había responsabilizado de manera inédita en la historia al Estado paraguayo por violar el derecho a la vida en un caso relacionado con agroquímicos. El dictamen llegó casi seis años después de que el caso Yerutí haya sido presentado ante el Comité por parte de abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y la organización Base-IS, en nombre de Norma, su madre Hermenegilda Cáceres, Isabel Bordón –pareja de Rubén–, su padre Ruperto Bordón, sus hermanos Ceferino, Ignacio y José Bordón, Diego Portillo –el hijo de Rubén quien hoy tiene once años– Alicia Aranda en nombre de su hijo Santiago Bordón y Benito Jara.
La ONU no pudo decir si Rubén Portillo murió por intoxicación a causa de agroquímicos. Sí pudo decir que no se sabía por qué el Estado paraguayo incumplió con la responsabilidad de averiguar, pese a los indicios, si fue así. «El Estado parte no ha aportado prueba alguna y tampoco ha proporcionado una explicación alternativa sobre lo sucedido. Además, el Sr. Portillo Cáceres falleció sin que el Estado parte aportara una explicación, ya que la autopsia nunca fue llevada a cabo», afirmó en su dictamen el Comité.
También concluyó que «el derecho a la vida no puede entenderse correctamente si es interpretado en forma restrictiva y que la protección de ese derecho exige que los Estados adopten medidas positivas». Es decir, para que un Estado violase el derecho a la vida no hacía falta que haya contaminado las aguas o conducido las avionetas que rociaban plaguicidas sobre las familias de Yerutí. Bastaba con no haber hecho nada en absoluto, pese a las denuncias de años anteriores a la muerte de Portillo. Norma, Isabel y su padre Ruperto sospechan que Cóndor/ KLM SA y Hermanos Galhera SA actualmente siguen produciendo soja y fumigando en las zonas aledañas a Yerutí.
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Isabel Bordón, viuda de Rubén, abandonó la casa que compartían con su hijo Diego y hoy vive con su papá Ruperto. Cuando se le pregunta cómo recibió el dictamen de la ONU, alza los hombros y no dice nada. Está más preocupada por la educación de su hijo y la nueva plantación de soja que se instaló al lado de la suya. Temen que sus cultivos de mandioca se vean afectados por los agroquímicos.
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«¿A mi papá lo mataron los brasileños?»
Después del fallecimiento de su padre, Norma e Isabel escondían hasta los pollitos muertos de la vista de Diego, para que no llorara. «Un día vino a preguntarme si a su papá lo habían matado los brasileños. Alguien le dijo eso y él lo repitió en la escuela», cuenta Norma. Se seca las lágrimas. Lo negó. «Nosotros no sabemos, papito», le respondió su madre Isabel ante la misma pregunta. «Nadie sabe».
«Lo que sucede en Yerutí es un ejemplo de lo que pasa cuando el Estado no hace absolutamente nada», dice Hugo Valiente, uno de los abogados que llevó el caso Yerutí al Comité de Derechos Humanos de la ONU. El dictamen obliga al Estado paraguayo a investigar realmente la muerte de Rubén, indemnizar a las víctimas y establecer medidas de no repetición.
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Qué pueden ser esas medidas de no repetición es lo que Valiente, Abel Areco de Base IS y la abogada Milena Pereira conversan con Norma, Isabel y el resto de los firmantes de la demanda mientras toman tereré. «Lo que más fácilmente hace el Estado es pagar», les explica Valiente. En todas las sentencias en su contra en la Corte IDH, Paraguay suele cumplir la indemnización. La condena le impone al gobierno paraguayo una fecha límite, diciembre, para sentarse a negociar los términos con las familias.
«A mí nadie me cuenta nada en la cara, pero la gente dice que a nosotros se nos va a dar plata y que para nosotros nomás son los beneficios. Y no es así», protesta Norma Portillo. «Soy muy problemática, eso dicen los brasileños, por eso segurito no me ofrecen alquilar mi tierra también». Norma se queja que a ella los brasileños no le quieren ni vender maíz para sus gallinas. «Entonces tengo que esperar a que venga mi marido para irme a comprar a Curuguaty, que es lejos». Mario Cañete, su pareja, era maquinista. «Como no habla portugués, no le contratan acá». Así que trabaja en una estancia a 70 kilómetros de Yerutí. Ve a Norma, su hija y su nieto cuatro días al mes.
«La soja avanza, las chinches no» promete el cartel a la entrada del camino de tierra que lleva a Yerutí. La soja empezó a avanzar en Paraguay en los 90, con la marcha al oeste de los agricultores brasiguayos que eran expulsados por la concentración de tierras en Brasil. Pobres en su país, al otro lado del río Paraná se volvieron ricos con sus maquinarias, la soja transgénica y agroquímicos. Mientras tanto, los campesinos paraguayos se enfrentaban a la debacle del algodón, explica el antropólogo Kregg Hetherington en su ensayo «La Soja ante la Ley».
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Aún cuando la soja transgénica era todavía clandestina, su popularidad demandó mucha tierra, así que los precios de los terrenos se dispararon. Las viejas haciendas ganaderas se mudaron al Chaco y empezaron a vender sus propiedades en la región Oriental a los brasiguayos. Sin el algodón y ante tentadoras ofertas, los campesinos que tenían lotes siguieron el ejemplo. Así, al último censo agrícola de 2008, un cuarto de todas las tierras del país estaban en manos de extranjeros. En Canindeyú, la frontera entre Brasil y Paraguay se desdibujó. La mitad de las tierras en zona de frontera están en manos brasiguayas.
Paraguay, que suele aparecer en los últimos lugares de inversión social e infraestructura, se ubica en el ranking de mayores exportadores de soja, siendo el cuarto en el mundo. Pero la soja exige poca gente y ningún árbol. Modificada genéticamente, aguanta todo menos personas cerca. Norma cuenta que un día, allá por el 2005, los brasiguayos llegaron a Yerutí, «y empezaron a pagar y alquilar aquí y allá y a rociar todo».
Pronto la colonia se llenó de las plantitas de soja de las que la economía paraguaya, luego de un año de recesión, depende para el 2020. Esas plantitas son también la principal razón por la cual el país importa al año siete kilos y medio de agroquímicos por habitante. Las familias campesinas que se niegan a vender o alquilar sus tierras casi siempre terminan cediendo al final y emigran de sus comunidades con la ilusión de conseguir otras tierras mejores o un trabajo en la ciudad.
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Diego Portillo tenía tres años cuando su papá Rubén murió. También estuvo internado con un cuadro de fiebre y vómitos en 2011. Hoy es el único estudiante de sexto grado en una comunidad que se despobla ante el avance de los cultivos de soja.
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Guerra química
Si no son asesinatos o la persecución judicial, los efectos de la fumigación indiscriminada de agroquímicos cumplen con derrotar a las familias y expulsarlas. A veces no se necesitan papeles. Basta con alquilar los lotes, con lo que se lavan las manos si algo sale mal en esas tierras. Un fiscal brasileño describió la situación en su país como una guerra química: los agroquímicos son utilizados «como el agente naranja» en Vietnam para que comunidades campesinas o indígenas hagan espacio para la soja.
En Paraguay, el primer estudio financiado por el Estado sobre la salud de niños expuestos a la fumigación de agroquímicos encontró daños en el ADN de una comunidad en el mismo departamento donde está Yerutí. En esa comunidad también se violaron las leyes ambientales. La publicación fue respondida con una campaña de hostigamiento y desinformación contra la científica a cargo de la investigación. La Asociación Rural del Paraguay y la Unión de Gremios de la Producción, representantes del agronegocio en el país, presionaron al Estado para que toda propuesta de investigación tenga el visto bueno de ellos antes de ser financiada. Y lo lograron.
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«Cada vez que rocían yo me encierro con mi mamá y tomo mi antialérgico», dice Norma, riéndose de su elección de medicamento. Los granos en la piel y las «gripes» son los síntomas comunes que pasan varias familias cada temporada de fumigación, explica en guaraní Isabel Bordón. «A mi hermano Ceferino le salió el año pasado igualito los granos que tuvo Rubén» remata en español. Tal vez en el pasado Isabel Bordón haya mirado al mundo con la rabia o la tristeza de Norma, pero ahora son pocas las veces donde su rostro moreno refleja alguna rebeldía. Ni siquiera se altera para reprender a sus dos hijos, Diego, huérfano de Rubén, y Graciela, hija de una relación posterior, que corretean alrededor de la ronda de tereré.
Tal vez ya sabe que el Estado paraguayo casi nunca cumple en evitar que las violaciones a derechos humanos se repitan. En el caso de Yerutí, las medidas de no repetición pueden ser algo tan pequeño como un protocolo en centros de salud para casos de intoxicación por agroquímicos. O puede ser un juzgado donde los campesinos puedan efectivamente denunciar las violaciones a leyes ambientales de los sojeros. O puede ser recuperar la Colonia Yerutí, donde los Portillo y Bordón son de las pocas familias que quedan de las casi cien que estaban en 1991. Benito Jara, uno de los intoxicados en 2011, hoy trabaja de carnicero en Curuguaty y dice que quiere volver si es que va a tener vecinos.
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Norma dice lo mismo. «Me quiero quedar porque no quiero convertirme como muchos de acá en campesino sin tierra». Cuenta que varios de los que alquilaron o vendieron sus tierras a brasiguayos hoy están en las marchas pidiendo al Estado nuevos lotes. Pero también son muchas penas juntas vivir acosada por los agroquímicos, sin tener cómo trasladar lo que sobrevive de sus cosechas y observando a cada familia que se va. No descarta la idea de vender sus veinte hectáreas si le insisten un poco.
Isabel Bordón tiene una mirada perdida y se encoge los hombros cuando se le pregunta qué significa para ella el fallo de la ONU, tan lejos y tantos años después de la muerte de su pareja. Está mucho más preocupada por dónde va a estudiar su hijo Diego dentro de tres años, cuando acabe educación básica. Hoy es el único alumno de su grado en la escuela de Yerutí, que en total tiene seis estudiantes y un profesor.
Isabel derribó la casa donde vivía con Rubén. Se mudó junto a su padre Ruperto. Este año, la novedad es que la soja llegó al campo de al lado. No saben si la mandioca que plantan sobrevivirá al único vecino que parece cómodo en Yerutí.
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Yerutí es uno de tantos ejemplos en Paraguay de comunidades campesinas que son expulsadas de sus tierras a raíz del boom de los commodities. El país es uno de los mayores exportadores de soja, un cultivo que necesita mucha tierra, poca gente y ningún árbol.
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María Cabrera deambuló cuatro días con un feto muerto en su vientre porque en el Hospital Distrital de Caaguazú no había cama para su internación. El jefe médico, David Colmán, reconoció que no tienen camas suficientes: «Tampoco les podemos echar a los pacientes; cada paciente tiene su lugar, cuando sale uno, ingresa otro» dijo resignado a Última Hora.
La situación puede empeorar si la Cámara de Senadores no revierte los cambios que introdujo Diputados al presupuesto 2020 del Ministerio de Salud. Con esos cambios, se verán afectadas la provisión de medicamentos e insumos, el mantenimiento de hospitales, la compra de ambulancias y camas de terapia intensiva. En contrapartida, sin la reasignación de recursos, el tomógrafo del Hospital de Trauma seguirá descompuesto.
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¿Qué cambios introdujo la Cámara de Diputados al presupuesto para Salud?
La Cámara Baja hizo una reprogramación de aproximadamente G. 71.000 millones. Es decir, disminuyó algunos rubros para aumentar otros dentro del mismo presupuesto de la cartera sanitaria. Los diputados reasignaron esos recursos a otros objetos de gasto, como la equiparación salarial del personal de blanco y la construcción de dos hospitales.
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Osvaldo Brítez, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, dice que algunos rubros afectados son el 240, 260 y 530. El primero corresponde a gastos de servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones; el segundo a servicios técnicos y profesionales; y el tercero a adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas. En total, estos tres objetos de gasto suman G. 46 mil millones en el proyecto aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, que los diputados trataron en la quincena de noviembre.
Brítez explica que en el objeto de gasto 240, la reducción fue de G. 10.000 millones. Advierte que esto puede afectar el mantenimiento de hospitales, oficinas del ministerio, ambulancias y equipos de terapia. Mientras que la disminución de G. 13.000 millones en el rubro 260 afectará, entre otras cosas, el pago de los seguros de las ambulancias. Por último, el recorte de G. 8.000 millones en el rubro 530 pone en riesgo la compra de equipos, vehículos y hasta camas para terapia.
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Según el funcionario, los diputados reasignaron estos recursos a la construcción de un hospital en Alto Paraná y otro en Caaguazú, el refaccionamiento del Hospital Regional de Guairá, la reparación de un tomógrafo del Hospital de Trauma y la compra de un equipo de rayos X.
Para el Hospital de Trauma, reparar ése tomógrafo es una necesidad acuciante. Belén Montiel, funcionaria del área de imágenes, dice que el equipo está descompuesto hace un año. Cuenta que desde entonces trabajan con un sólo tomógrafo para más de 600 pacientes diarios y que no dan abasto. Los pacientes llegan de Ñemby, Villa Elisa, Limpio, Mariano Roque Alonso, incluso de Ciudad del Este y Encarnación para este estudio.
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Montiel explica que sólo una tomografía de cráneo puede costar G. 300.000 guaraníes, como mínimo, en el sector privado. En el Hospital de Trauma es gratis. «Otra situación es que casi todos los equipos de radiografía ya no funcionan, solamente uno funciona. Tenemos tres terapias y un solo equipo se pasea por todos esos lugares», lamenta.
La provisión de insumos y medicamentos también puede ser afectada con los cambios de diputados. Salud tenía programado G. 26.000 millones para el pago de deuda a las farmacéuticas el próximo año (rubro 960), pero Diputados reasignó ese monto a gastos rígidos. Brítez señala que los legisladores destinaron G. 10.000 millones al pago de bonificaciones por insalubridad en el Hospital de Trauma y G. 16.000 millones a equiparación salarial del personal de blanco del Hospital Nacional de Itauguá.
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Esto obliga a la cartera sanitaria a quitar recursos de otras áreas para pagar una deuda de ejercicios anteriores. Si no lo hace, no podrá hacer nuevas compras. Y esto terminará perjudicando aún más a las personas que menos tienen, que destinan hasta 43% de su gasto de bolsillo en salud sólo para comprar remedios.
Según el funcionario, Salud todavía debe a las cámaras farmacéuticas alrededor de 140 millones de dólares. Una deuda que cuando asumió la administración en agosto de 2018 ascendía a unos US$ 300 millones. «No estamos ajenos a los reclamos que representan estas equiparaciones salariales. Son necesarios, pero los fondos provienen de nuestro mismo presupuesto. Tendrían que obtenerse de recursos frescos, no del mismo», dice.
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Una población que crece, un presupuesto de salud que no alcanza
El presupuesto del Ministerio de Salud es de 5,8 billones de guaraníes para el 2020, frente a los G. 5,5 billones de este año. Un poco más, aunque nunca es suficiente en un país donde el 70% de la población no tiene seguro médico y depende de salud pública. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sostiene que la cartera sanitaria debería tener el doble de su presupuesto actual para responder a una demanda cada vez mayor.
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Si bien la inversión en salud pasó del 1,4% del producto interno bruto (PIB) en 2004 a 3,1% en 2018, todavía está muy lejos de la inversión ideal. Los organismos internacionales recomiendan invertir al menos 6% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda. Sostiene que las necesidades en salud, educación e infraestructura sobrepasan los recursos tributarios estimados y por eso requieren recursos adicionales de carácter permanente.
El Ministerio de Salud pretendía obtener parte de esos recursos adicionales con el aumento del impuesto al tabaco, que es el más bajo de la región (18%). Pero la iniciativa no prosperó en el Congreso, donde el ex presidente colorado Horacio Cartes, dueño de una tabacalera, tiene mayoría.
Fuentes
La plata que no alcanza en salud
Las reprogramaciones del presupuesto del Ministerio de Salud pueden afectar desde refacción de hospitales hasta compra de medicamentos.
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por jazmín acuña & romina cáceres
Cómo hicimos el reportaje sobre violencia sexual en desalojos en el campo
Las decisiones que tomamos para narrar violencia de género por parte del Estado.
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Escribir sobre violencia sexual es una de las coberturas más difíciles de encarar. Como mujeres periodistas, documentar los testimonios de las sobrevivientes significa dejar que te atraviesen sus historias. Es imposible escribir sobre una violación que pudo ocurrirle a una misma y que no te afecte de manera muy personal. Y por el lado de las víctimas, aunque cada caso es distinto, un elemento siempre está presente, que es la dificultad que tienen de hablar de lo ocurrido. Por eso, cuando nos enteramos que un grupo de mujeres campesinas decidieron contar cómo policías abusaron de ellas en un desalojo hace 19 años en Caazapá, no hubo un segundo de duda. La decisión colectiva de ellas de revivir juntas la violencia de género infligida por agentes del Estado es de una importancia histórica y regional. Y nuestro rol era claro: el de narrar su denuncia. En este espacio queremos compartir nuestro proceso de producción del trabajo, con los aprendizajes y desafíos.
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Nos acercamos a las sobrevivientes a través de personas de su confianza
Antes de la cobertura de campo, realizamos un pre reporteo con la secretaria general de la FNC, Teodolina Villalba, y la coordinadora de la Brigada de Mujeres de la organización, Dora Flecha. Esto sirvió para comprender que lo ocurrido en Caazapá no era un hecho aislado, sino algo recurrente en operativos estatales desde la dictadura. Y que la violación se usó contra ellas como se la usa en las guerras: como un arma para humillar, infundir terror y reubicar a poblaciones. Teodolina y Dora tendieron el puente para hablar con las sobrevivientes, que de forma colectiva decidieron contar lo que pasó casi 20 años después. Sin la mediación de estas dirigentes, hubiera resultado muy difícil concretar el trabajo.
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Escuchamos más y preguntamos menos en las entrevistas
En julio de este año, viajamos con la fotógrafa Leonor de Blas hasta el asentamiento 11 de Mayo de San Juan Nepomuceno. Allí realizamos la cobertura de campo, que incluyó entrevistas a diez mujeres y cuatro varones víctimas del desalojo. La entrevista más desafiante fue con la sobreviviente de una violación sexual, a quien identificamos con el nombre ficticio de María Bogado para resguardar su identidad. María tiene la enfermedad de Parkinson, por lo que temíamos que se altere más al revivir episodios traumáticos. Por eso en la entrevista antes que preguntar, nos limitamos a escuchar. Le aclaramos desde el principio que estábamos allí para eso, para escuchar lo que ella había decidido contar. Para esto fue muy útil la guía Cómo hacer reportajes sobre la violencia sexual compartida por la Fundación Gabo sobre cómo abordar a una sobreviviente de violación y pensar el reportaje.
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La cobertura de campo en el 11 de Mayo de San Juan Nepomuceno incluyó entrevistas a diez mujeres y cuatro varones víctimas del desalojo. Foto Leonor de Blas.
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Pero más allá de la preparación con lecturas previas y consultas con profesionales como una psicóloga, lo más importante fue creer en el relato de las víctimas. Y que ellas se sientan seguras de eso. En ocasiones anteriores ya dieron sus testimonios a otros periodistas que finalmente no les creyeron. La crueldad a la que fueron sometidas las mujeres por parte de policías les resultaba inverosímil, pese a que la FNC realizó las denuncias ante la Fiscalía y el Congreso.
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Ceñirnos al lenguaje de las sobrevivientes y mantener el foco en ellas, uno de los mayores desafíos
El guaraní fue clave para mantener una conversación cercana con ellas. Pero tuvimos el desafío de traducir ciertas expresiones al castellano porque no tenían equivalente. Tratamos de ceñirnos al relato de la forma más fiel posible, pero también omitimos algunos pasajes tanto o más crueles de los que describimos en el reportaje.
Otro desafío fue conseguir que las mujeres hablen más de ellas y no en función a una lucha por la tierra marcada por hombres mártires. Si bien son conscientes de la importancia que tienen, cuesta mucho que lo digan. Algo que nos recordó a La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexiévich, en el que las mujeres soviéticas que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial insistían en que las entrevistas las debían dar los hombres para contar «las glorias» de la guerra.
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Para no revictimizar, socializamos las decisiones del contenido del reportaje con las sobrevivientes
Omitir el nombre de María pero identificar a sus compañeras fue una decisión consensuada con cada una de ellas, así como las fotografías. En la cobertura diaria de una violación u otro tipo de violencia sexual, la regla es no dar detalles que permitan identificar a la sobreviviente para evitar una revictimización. Sin embargo, aquí lo hicimos porque las sobrevivientes y la FNC tomaron la decisión política de dar a conocer lo que consideran la represión más cruenta contra la organización campesina, impune hasta hoy pese a que presentaron denuncias en el año 2000. Por eso tampoco buscamos la versión de ex autoridades que las mujeres responsabilizan del operativo. La importancia de este reportaje está en el relato de ellas.
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La fotógrafa Leonor de Blas hizo retratos de las mujeres que accedieron a revelar su identidad
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Después del reporteo de campo, la organización para escribir fue clave para arrancar (y terminar) el texto
Luego del reporteo en campo, el rol de la edición es clave porque se sientan las bases del reportaje. Es bueno pensar en esta etapa como cuando se diseña una casa. Sin una buena proyección, corre riesgo toda la construcción.
Primero tratamos de responder de qué trata esta historia, o sea definir el ángulo. Podríamos haber puesto el foco en la valiente decisión de las campesinas de hablar sobre lo que les pasó hace tanto tiempo. Este ángulo nos hubiera permitido profundizar en las razones por las que las mujeres callan luego de una violación sexual.
También teníamos la opción de destacar un sólo testimonio, el de María Bogado, y construir el reportaje en torno a ese único relato que tiene fuerza en sí mismo. Pero en ambos ángulos se perderían el rol protagónico del Estado en el crimen perpetrado por sus agentes y la riqueza de las historias de las demás mujeres. Finalmente decidimos narrar a través de los múltiples testimonios cómo representantes del Estado paraguayo, sus agentes policiales, ejercieron violencia de género para dirimir un conflicto de tierras; de la misma manera que ha ocurrido en países como México y Guatemala.
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El «esqueleto» que sostiene el cuerpo del reportaje
En esta etapa también diseñamos lo que llamamos el esqueleto de un texto. Es un ejercicio que consiste en esbozar las principales ideas o sub-temas que sostienen el ángulo de la historia. Esto permite visualizar mejor la publicación y evitar que se pierda el foco o se torne disperso con anécdotas o conceptos secundarios. También es una excelente guía que facilita la redacción, sabiendo que escribir puede generar mucha ansiedad. Cuando una está perdida en sus propias palabras, siempre es útil volver a mirar el esqueleto del texto. El nuestro lució así:
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Así quedó un primer esbozo del «esqueleto» del reportaje, luego del trabajo de campo recogiendo los testimonios de las mujeres de Kagueti. Acá pensamos en la idea principal del texto y las ideas que apoyan a la idea central y ayudan a sostener el reportaje. Con esto se facilita mucho escribir.
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Luego de identificar los sub-temas, anotamos qué fuentes consultar, como la abogada feminista Mirta Moragas, los trabajos de Lilian Soto sobre mujeres y dictadura y bibliografía sobre el uso de la violencia sexual como arma de guerra en conflictos. Esto último fue fundamental para enmarcar la denuncia de las mujeres de Caazapá dentro de un fenómeno más amplio, estudiado y juzgado a nivel regional e internacional como los casos de Sepur Zarco en Guatemala, Atenco en México y Ruanda. También buscamos demostrar que lo que ocurrió en Kagueti no fue un hecho aislado, sino un patrón de conducta de las fuerzas de seguridad en Paraguay. Para eso recurrimos a denuncias similares hechas por la Federación Nacional Campesina en otras ocasiones. Y en la historia reciente, nos remitimos al registro de la Comisión de Verdad y Justicia donde está consignado cómo la dictadura reprimió a las mujeres con violencia sexual.
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Edición versión uno, edición versión dos, edición versión tres…
Una vez escrito, el texto pasó por tres ediciones. La tarea principal fue la de balancear la historia entre las voces de las denunciantes y los insumos bibliográficos y las reflexiones de expertas. Pero siempre buscamos que los testimonios de las campesinas dirijan todo el reportaje. Una decisión importante fue ubicar la mayor cantidad de testimonios de agresiones al inicio. Con el efecto de la acumumulación buscamos que quede establecido el terror y la crueldad calculada que vivieron las mujeres de Kagueti a manos de los policías.
Sobre el tono del reportaje, apostamos por un lenguaje sencillo y sobrio, ya que los relatos son de por sí muy potentes. A la hora de narrar abusos sexuales, preferimos ceñirnos a las palabras de las sobrevivientes, parafrasearlas evitando arreglos narrativos rebuscados. Simple y directo siempre es mejor para coberturas como estas.
Por último, antes de publicar, le pedimos a colegas y especialistas en violencia de género que nos den un retorno sobre el reportaje. Como instancia de revisión es clave porque es el primer testeo de solidez de lo investigado. Recibimos sugerencias y recomendaciones sobre lenguaje, elección de casos y atención a cuestiones de privacidad de algunas sobrevivientes.
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Cómo ilustrar es una decisión política
Como todos los reportajes de El Surtidor se publican con una versión ilustrada de la historia en formato afiche o scroll, parte de nuestro trabajo es discutir con el equipo gráfico cómo representar los temas. En este caso, decidimos trabajar exclusivamente con las mujeres del equipo por ser un fenómeno que nos toca de una forma muy personal. La diseñadora, Jazmín Troche, se encargó de buscar referencias para ilustrar violencia sexual. Optamos por representar a las mujeres de Kagueti unidas, dignas y determinadas. Podíamos elegir que la ilustración se centre en la escena del desalojo y la violencia perpetrada, pero preferimos destacar a las mujeres y transmitir con sus rostros sus sentimientos. Y Lorena Barrios, la ilustradora, usó las fotografías de Leonor de Blas para dibujarlas.
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Referencias que usamos para la ilustración de las mujeres de Kagueti
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Las fuentes que nos sirvieron para construir el reportaje
Para terminar, compartimos los textos que usamos para hacer este trabajo:
• La guerra contra las mujeres de Rita Segato
• La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexiévich
• Mujeres, dictadura y resistencia de Lilian Soto
• Informe Sombra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Codehupy
• Informe Chokokue 1989 – 2013 de Codehupy
• Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia
• Violencia sexual como crimen de lesa humanidad: los casos de Guatemala y Perú
• La violencia sexual relacionada con los conflictos, un documento del Consejo de Seguridad de la ONU
#25N Hitos de la Justicia Feminista en Latinoamérica y el Caribe
Logros alcanzados en los últimos cinco años en una región de mujeres que se levantan
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La lucha feminista en la región avanza con fuerza transnacional y una potencia transformadora que ha logrado que sus demandas estén en la agenda pública y política, pero también hubo logros concretos que marcan esta época de desobediencia al patriarcado. Con motivo de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe se reúne para exhibir las transformaciones más relevantes basadas en el reclamo de justicia. Participaron en este especial 22 medios de los siguientes países de la región: Perú, Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile, Paraguay, Uruguay, México, Ecuador y Cuba.
¿Cuáles fueron los hitos que marcaron la Justicia feminista en Latinoamérica y el Caribe en los últimos 5 años?
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ARGENTINA
Ley Brisa: Reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género – N° 27.452
En julio de 2018 el Congreso de la Nación aprobó la «Ley Brisa». Según dice, el Estado debe garantizar una cobertura integral de la salud y una reparación económica mensual para hijos o hijas que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia de género o intrafamiliar en todo el país. La suma es equivalente a una jubilación mínima y está destinada a personas menores de 21 años o con discapacidad.
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Foto: Facundo Nivolo
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Ley Micaela: Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres. N° 27.499.
Se aprobó el 18 de diciembre de 2018. Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Fue impulsada por el Movimiento Evita y por la familia de Micaela García, violada y asesinada en 2016 en la ciudad de Gualeguay.
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Foto: Facundo Nivolo
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Una orden de captura pesa contra Horacio Cartes, a raíz de la cual el Grupo Cartes divulgó un comunicado donde afirma que no existía contacto entre el ex presidente y Darío Messer. Sin embargo, según la investigación del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, el expresidente sí mantuvo contacto con Messer mientras estuvo prófugo. El doleiro está acusado de liderar una organización criminal transnacional, especializada en lavado de dinero y evasión de divisas. Si bien la Fiscalía aclara que éste se cuidó de eliminar conversaciones de WhatsApp con el ex jefe de Estado, hacía capturas de pantalla que hoy se presentan como evidencia. Como esta del 20 de septiembre de 2018, en la que el doleiro chatea con «Rei», nombre que tenía asignado a Cartes entre sus contactos según la Fiscalía:
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Caso Diana Sacayán: el asesinato que por primera vez fue catalogado como travesticidio.
La referente y militante por los derechos LGBT+ Diana Sacayán fue asesinada el 11 de octubre de 2015 en su departamento de Flores. Por primera vez una causa fue caratulada como travesticidio. Luego del juicio, en 2018, en una sentencia histórica, Gabriel David Marino fue condenado a prisión perpetua. Los jueces consideraron a Marino como el coautor del «homicidio agravado por odio de género y violencia de género» y confirmaron que se trató de «crimen de odio a la identidad travesti».
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CHILE
En septiembre de 2017, Chile logra una ley de aborto en tres causales.
Por 27 años se mantuvo vigente una legislación que vulneraba gravemente la dignidad y los derechos de las mujeres en el país. La dictación de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2017) permite superar la criminalización total del aborto vigente e instaura un modelo de causales. El nuevo régimen brinda una protección básica al derecho a la vida de las mujeres y a su integridad física, sexual y psíquica; al permitir la interrupción del embarazo en establecimientos de salud en los casos más graves: (1) riesgo vital, (2) inviabilidad fetal y (3) violación sexual, sujeta esta causal a plazos acotados. Sin embargo, ello no constituye el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, por cuanto la legalización comprende sólo tres causales y excluye la inmensa mayoría de situaciones en que se requiere interrumpir un embarazo, manteniendo a su respecto la criminalización.
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Mayo feminista 2018: La rebelión contra el patriarcado. Un movimiento que se convocó a una multitudinaria marcha por «una educación no sexista».
La rebelión basada en terminar con la violencia sexual al interior de las universidades y con las estructuras machistas presente en ellas, comenzó como un reclamo de las estudiantes. Demanda que hizo eco en otros espacios de la sociedad, para develar que la violencia hacia la mujer es transversal. Un movimiento que tuvo como fecha ícono el 16 de mayo de 2018 cuando se convocó a una multitudinaria marcha por «una educación no sexista».
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El 3 de mayo de 2019 se promulga la Ley contra el acoso sexual callejero.
El 3 de abril de 2019 Chile aprobó el proyecto de ley de Respeto Callejero, presentado hace 5 años como una iniciativa ciudadana del Observatorio Contra el Acoso Chile, OCAC, siendo publicada la ley en el Diario Oficial, siendo promulgada y entrando en vigencia en mayo de este año.
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25N 13 Colombia
COLOMBIA
En el 2015 se reconoció el feminicidio como un delito con una pena entre 20 a 40 años de cárcel.
Rosa Elvira Cely tenía 35 años. Trabajaba como vendedora ambulante de día y validaba su bachillerato en la noche. Hace siete años un compañero de estudios la agredió brutalmente en el Parque Nacional de Bogotá. La torturó, apuñaló y abusó sexualmente. Aunque logró recibir atención médica, falleció luego de varios días. Su asesinato movilizó a toda la sociedad colombiana y resultó en la implementación de la Ley 1761 mejor conocida como Ley Rosa Elvira Cely. En el 2015 se reconoció el feminicidio como un delito con una pena entre 20 a 40 años de cárcel.
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Fot: Unsplash
25N 15 Col
En el 2015 se aprueba el decreto 1227: mujeres y hombres trans pueden corregir su sexo en el registro civil y la cédula de ciudadanía en cualquier notaría del país.
Desde el 2015 mujeres y hombres trans pueden corregir su sexo en el registro civil y en la cédula de ciudadanía en cualquier notaría del país, tras la aprobación del decreto 1227. Incluso, ya no requieren de un certificado psiquiátrico de disforia de género para poder acceder al trámite. Luego de promulgada la norma, entre junio y julio de ese año, más de 600 personas corrigieron sus documentos. La mayoría de masculino a femenino. Este decreto permitiría más acceso a servicios esenciales como la salud y educación.
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Foto: Unsplash
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El caso de Mónica Godoy le exigió al Ministerio de Educación crear lineamientos para que las instituciones universitarias atiendan los casos de acoso sexual.
En el 2017 Mónica Godoy era docente en la Universidad de Ibagué en Tolima. Durante un taller sobre equidad de género, cinco empleadas del cuerpo de vigilancia le confesaron que sufrían hostigamiento sexual, rozamientos y tocamientos por compañeros de trabajo. Tras estas denuncias, la profesora informó al rector y días después no recibió la renovación de su contrato. Fue despedida de manera injustificada. Este caso fue notorio a nivel nacional e internacional. Luego de varias audiencias, en 2018 la Corte Constitucional falló a favor de la docente y ordenó su reintegro. Además, le exigió al Ministerio de Educación crear lineamientos para que las instituciones universitarias atiendan los casos de acoso sexual.
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Foto: Nelson Sierra / Periódico El Espectador
25N 19 Cuba
CUBA
En 2019 unas 40 ciudadanas cubanas presentaron una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba.
La solicitud fue presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) y que suma alrededor de 200 firmas de apoyo en Internet en apenas un día. Sin embargo, la actual solicitud se enmarca en un año con fuertes sucesos políticos-institucionales en el país caribeño, entre estos cambios está la aprobación de la nueva Constitución que «estableció la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello», señalan las firmantes. En 2019 también fueron publicados los resultados de la ENIG-2016, que «verificó que la violencia de género al interior de las parejas es un problema relevante a escala nacional». Cuba presentó en abril su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030, que incluyó el primer dato oficial público sobre femicidios en el país.
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25N 21 ECU
ECUADOR
Aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres – LOIPEVM
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM) se aprobó el 25 de noviembre de 2017, después de años de lucha de las organizaciones feministas y de mujeres que exigían una legislación que además de sancionar la violencia de género, la prevenga. Seis de cada diez mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, cuatro de cada diez fueron víctimas de violencia sexual en Ecuador, según la Primera Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, realizada en 2011. Con estas cifras se construyeron una serie de políticas públicas y programas de concienciación sobre la violencia de género. En 2014, entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que por primera vez tipificó la violencia de género y el femicidio como delitos, esto también permitió que se genere estadística sobre estos casos, que antes estaban ocultas en otros delitos que no reflejaban la magnitud de la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.
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Marcha Vivas Nos Queremos Quito 2016. Foto: @wambraEc.
25N 23
Sentencia del Caso Vanessa Landínez Ortega
Vanessa Landínez Ortega tenía 37 años y una hija de año cuando fue asesinada el 19 de octubre de 2013, apenas dos días después de que la Asamblea Nacional aprobara el Código Orgánico Integral Penal que incluía el tipo penal de femicidio. La reforma recién entró en vigencia en agosto de 2014, por lo que la muerte de Vanessa no fue juzgada como femicidio, pero su caso fue uno de los que despertó la lucha contra la violencia feminicida en Ecuador. La «Plataforma Justicia para Vanessa» y después la plataforma «Vivas Nos Queremos Ecuador» motivó la formación de espacios de acompañamiento político, psico social y legal a familiares de víctimas de femicidio y a sobrevivientes de la violencia de género. Rosita, prima de Vanessa fue una de las promotoras de estos espacios. El asesino de Vanessa, alguien con poder económico, fue en primera instancia absuelto. La sentencia inicial cuestionó el lugar y la hora donde se encontraba Vanessa y afirmaron que la muerte fue provocada por una caída. Los medios de comunicación culpabilizaron a Vanessa de su propia muerte y la justicia hizo lo mismo. La familia apeló la sentencia y el proceso fue anulado. El caso fue reabierto y pasó a manos de la Fiscal de Género Mayra Soria en noviembre de 2016. Finalmente el 20 de julio de 2018 se ratificó la sentencia en segunda instancia, otorgando seis años de prisión a Esteban Guerrero Ortiz, por homicidio preterintencional. La sentencia incluye varias medidas de reparación para la familia por parte de los medios de comunicación, una de ellas es que los medios de comunicación aborden el caso y la historia de Vanessa desde una narrativa no revictimizante. Es la primera vez que incluye una medida así en una sentencia sobre violencia de género.
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Plantón Justicia para Vanessa 2015. Foto: @wambraEc.
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Sentencia del caso Juliana Campoverde y Ley de Desaparecidos y Desaparecidas.
Juliana Campoverde tenía 20 años cuando desapareció el 12 de julio de 2012. Desde los primeros días que reportaron la desaparición de Juliana, su familia sospechó del pastor evangélico Jonathan Carrillo y su familia, quienes dirigían la Iglesia Evangélica «Oasis de Esperanza», a la cual Juliana y su familia asistían hasta pocos meses antes de su desaparición. La primera fiscal designada al caso le dijo a la madre de Juliana que la joven regresará en nueve meses con un bebé en brazos, además, se negó a realizar varias pericias indispensables para el caso porque creía que Jonathan Carrillo era inocente por ser evangélico, la misma religión que profesaba la fiscal. Pasaron seis años, y diez fiscales más, para que la persona señalada como principal sospechosa, sea detenida e investigada. Jonathan Carrillo confesó haber estado con Juliana el día de su desaparición, que ella murió en su compañía y que él se deshizo del cadáver en una quebrada ubicada al norte de la ciudad de Quito. Siete años después de la desaparición de Juliana Campoverde, el 17 de julio de 2019, Jonathan Carrillo fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.
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Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde en plantón por justicia y verdad. Julio 2018. Foto: @wambraEc.
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El Salvador
En el 2012 se aprobó una Ley Especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV)
Fruto del esfuerzo sostenido de organizaciones de mujeres, esta ley entró en vigencia en el 2012. Es una herramienta legislativa enfocada específicamente en prevenir, perseguir y erradicar la violencia hacia las mujeres en los diferentes ámbitos de vida. De esta manera el estado reconoce no solo de la gravedad del fenómeno, sino también la necesidad de intervención de la institucionalidad estatal. En esta ley se amplía los tipos de violencia a la que pueden estar sometidas las mujeres y se establece un sistema de recolección de datos y estadísticas sobre el fenómeno. Además por primera vez aparece explícitamente penalizado el feminicidio en forma simple y agravada.
El caso Beatriz durante el 2013 fue el detonante en la discusión y lucha sobre la penalización absoluta del aborto
Beatriz es el nombre de una mujer que en el 2013 pidió un amparo a la Corte Suprema de justicia para que le permitiera interrumpir su embarazo. Era su segunda gestación y desde casi el inicio supo que el feto no viviría después de nacer: era anencefálico. Ella padecía, desde su adolescencia, lupus eramitoso sistémico. Ante el posible riesgo de complicaciones y de muerte, Beatriz decidió que no quería seguir con su embarazo y llevo su deseo hasta la Corte. Finalmente el amparo le fue denegado. Gracias a la intervención de su perinatólogo se le practicó una cesárea en la semana 26 de gestación. Pese al fracaso legal, este caso puso por primera vez en la palestra pública la discusión sobre las consecuencias de la penalización del aborto que llegó a toda la sociedad. Además la corte estableció la necesidad de crear legislación para poder interrumpir embarazos como forma de prevenir la muerte o daños graves a la salud de las mujeres. Beatriz murió en un accidente de tránsito en el 2017.
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En el 2015 se realizó la reforma al Código Penal que agrava penas a crímenes por odio.
En 2015 se hacen Reformas al Código Penal, en los artículos 129 y 155, considerando como agravantes los homicidios cometidos por razón de género, identidad, expresión de género u orientación sexual, castigando con penas de hasta 50 años a quien cometa dichos crímenes. Este fue el resultado de una lucha incansable de organizaciones lesbotransfeministas en su mayoría. La reforma significó el reconocimiento por parte del Estado salvadoreño a los crímenes por odio causados mayoritariamente a mujeres trans.
En el 2016 se presenta la propuesta para despenalizar el aborto por 4 causales.
Después de casi 20 años de la penalización absoluta del aborto, organizaciones feministas presentaron al pleno legislativo una propuesta de despenalización en cuatro causales: Cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro; cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero; en casos de violación contra menores de edad o estupro. Aunque no se logró aprobar las cuatro causales, se puso el tema en la opinión pública, surgió el debate que actualmente abre el camino para lograr la despenalización.
En el 2019 liberaron a Evelyn Hernández, una mujer criminalizada por parto extrahospitalario y condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado.
La penalización absoluta del aborto en El Salvador ha traído como resultado la criminalización de mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios, como Evelyn Hernández, que en 2016 enfrentó un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. Ella fue condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado. Su juicio, como el de las otras mujeres condenadas por estos mismos casos, estuvo lleno de estereotipos de género y carente de toda prueba que la incriminara. La condena fue apelada por la defensa de Evelyn, y una instancia superior en derecho la desestimó; además envió a que el juicio se hiciera nuevamente por la falta de pruebas. En el nuevo juicio (2019) la Fiscalía no pudo sostener su tesis de homicidio y Evelyn es absuelta. Este caso marcó un hito porque es la primera vez que una Cámara superior de derecho resolvía sobre estos casos, por lo tanto deja en evidencia la necesidad de reformar las leyes que condenan injustamente a las mujeres, como la prohibición absoluta del aborto.
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Foto: María José García.
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GUATEMALA
Caso Sepur Zarco: fueron 15 mujeres quienes crearon un hecho histórico a través de sus testimonios en época de guerra.
El 26 de febrero de 2016, el tribunal de mayor riesgo «A», condenó al coronel Esteemer Francisco Reyes Girón a 125 años de prisión por el delito contra derechos humanos en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica; también al comisionado militar, Heriberto Asij Valdez, a 240 años por los delitos antes mencionados y por desaparición forzada, en contra de 15 mujeres Maya Q’eqchí, que después de 34 años de silencio; denunciaron los actos de violencia de género, violación y esclavitud sexual ocurridos a mujeres y niñas en los años 1982 y 1983 durante la guerra civil en Guatemala.
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Fotografía: Quimy De León.
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Caso Molina Theissen: sentencian a militares de alto rango por desaparición forzada, tortura y violación.
Emma Guadalupe Molina Theissen escapó el 5 de octubre de 1981 de las instalaciones de la zona militar del occidental departamento de Quetzaltenango. Fue torturada y violada durante 9 días. Un día después, militares irrumpieron en su casa, ubicada en ciudad de Guatemala y desaparecieron a su hermano menor, Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años. El 23 de mayo de 2018, el juez Pablo Xitumul, del Tribunal C de Mayor Riesgo, condenó de 33 a 58 años de prisión inconmutables al general Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército; general Manuel Antonio Callejas y Callejas, ex jefe de inteligencia militar; coronel Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de inteligencia militar; coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante y el subcomandante, general Edilberto Letona Linares.
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Fotografía: Quimy De León.
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Caso Hogar Seguro: justicia para Ashly Rodríguez y 55 niñas más
El 7 de marzo del 2017, adolescentes del programa de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia protestaron en contra de abusos y maltratos cometidos en el Hogar Seguro «Virgen de la Asunción». Tras una redada policial, Ashly Rodríguez de 14 años fue encerrada como castigo, junto a 55 niñas más, en un aula que ardió en la madrugada del 8 de marzo y cobró la vida de 41 niñas. Ashly había sido institucionalizada unas semanas antes del incidente con el objetivo de protegerla de miembros de una pandilla que vivían cerca de su hogar y que la acosaban. Han pasado dos años de la tragedia y el caso aún no ha sido resuelto.
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Foto: Alejandra Sarti.
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Aprobación de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.
En enero de 2016 el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, una norma que crea y regula el funcionamiento de un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, el cual permite su localización en breve tiempo y su resguardo, para evitar que tras su desaparición puedan ser objeto de otro tipo de delitos, asesinadas o trasladadas a otras comunidades o países. Esta ley favoreció la creación de la «Alerta Isabel-Claudina» el 6 de agosto de 2018, que se activa en el momento en el que se registra la desaparición de una mujer.
Aprobación de la iniciativa para crea oficinas de la mujer en las municipalidades de Guatemala.
En agosto de 2016 el Congreso de la República de Guatemala aprobó una iniciativa para crear oficinas de la mujer en los municipios del país. Las nueva norma exige que las municipalidades que hasta entonces no tuvieran esta oficina creen los mecanismos para implementarla. Las oficinas dan asistencia especializada a mujeres y a partir de esta iniciativa, son las responsables de atender sus necesidades específicas en cada localidad, de fomentar su liderazgo y desarrollo comunitario y su participación económica y política con pertinencia cultural.