El Surtidor

El precio de la maternidad

Cinco mujeres cuentan la violencia que vivieron al parir en hospitales públicos y privados de Paraguay.

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Reportaje Juliana Quintana ・ Edición Jazmín Acuña・Ilustración Sofía Amarilla ・ Foto Leo de Blás

02: A las 21:30, Paola Dávalos sintió que la cabeza de su hija estaba naciendo. La ingresaron de urgencia a la sala de parto del hospital Fernando de la Mora.

A las 21:30, Paola Dávalos sintió que la cabeza de su hija estaba naciendo. La ingresaron de urgencia a la sala de parto del hospital Fernando de la Mora. Vio el rostro de su bebé morado y escuchó que el doctor y la enfermera dijeron “nació muerto”. En el Instituto de Previsión Social (IPS), Denisse Fretes estaba sola esperando que nazca Emma. Mientras rezaba pasaba con el dedo, una por una, las cuentas de sus rosarios.

“Eso no te va a salvar”, le dijo el médico de guardia.

Un día antes de dar a luz, Yessica Rojas fue a consultar por una fuerte molestia y el doctor que la revisó le hizo un tacto. El dolor la hizo gritar. “Sos una histérica”, le dijo.

A Noelia Barros todavía le da rabia cuando se acuerda que quería parir a su bebé pero su médico insistía en operarla. Lo mismo que a Magali Casartelli, que quería tener a sus hijos por parto vaginal y la obligaron a tener dos cesáreas en el sanatorio Adventista. La primera vez tenía programada la cesárea a las 8 de la mañana, pero a las 5 comenzó con contracciones. El médico le metió la mano y le reventó la bolsa. “Por ahí abajo no va a salir”, sentenció.

Sus historias son distintas pero estas mujeres tienen en común haber pasado por situaciones de violencia obstétrica, una de las formas de violencia hacia las mujeres más naturalizadas. Cesáreas innecesarias, tactos excesivos, oxitocina artificial, episiotomías de rutina, maltrato verbal y físico a las embarazadas, son algunos ejemplos del amplio espectro de violencias que puede ejercer el personal médico durante la gestación, parto y postparto. También pueden ocurrir durante el aborto y postaborto.

Aunque no existen registros oficiales que documenten estos maltratos, testimonios de madres, médicos y expertas revelan cómo la maternidad puede ser un riesgo para miles de mujeres en Paraguay.

Foto: Magalí Casartelli – Areguá (7)

En la ciudad de Areguá, Magalí Casartelli cría a sus dos niñas junto a su pareja y espera a un tercer bebé. Quiso tenerlas por parto vaginal pero se lo negaron en el sanatorio Adventista. 8 de cada 10 nacimientos en hospitales privados son por cesárea. La OMS habla de una epidemia de este tipo intervenciones, en muchos casos innecesarias y riesgosas para las mujeres y sus hijos.

04: El riesgo de ser mamá

El riesgo de ser mamá

Luego de escuchar a los médicos decir que su bebé estaba muerta, Paola Dávalos se desesperó. Para que se calme, le pusieron un sedante. Cuando pasó el efecto, la enfermera le dijo: «Tu hija está en una incubadora pero está viva». La despertaron a las cinco de la mañana y la hicieron bañarse con agua fría: debía estar limpia para la examinación del médico. Pasaron las horas y no la dejaban ver a su hija.

La acusaron de no haber tenido controles prenatales. En realidad, se había hecho 9 ecografías. Al papá le dijeron que ella tuvo la culpa de que la bebé nazca casi sin respirar por demorarse en llegar al hospital. Paola lo niega. En la incubadora le dieron leche en fórmula y no la dejaron tocarla por 22 días. Tenía sólo 19 años.

Esperanza Martínez, médica, ex ministra de Salud y senadora de la Nación, opina que la calidez de la atención es un tema pendiente en el Paraguay. Explica que el sistema público y el privado se fueron deteriorando en lo que hace al tratamiento de las pacientes desde el punto de vista de los derechos humanos y de la atención.

¿Cómo una mujer denuncia violencia obstétrica en un hospital público si hubo una enfermera que le dijo que la próxima vez “cierre las piernas”, diez residentes que le hicieron el tacto y tres médicos de guardia que indujeron el parto? La trampa del sistema es que no tiene rostro. Gladys Larrieur, jefa de Ginecología Infanto-Juvenil del hospital pediátrico Niños de Acosta Ñu, habla de algo clave: si bien los responsables llevan nombre y apellido, su responsabilidad se diluye en un contexto en el que nadie se hace cargo.

La especialista sugiere que el problema de la atención en hospitales públicos pasa por cómo se abordan los partos: “La paciente no es del médico, es del Estado. ¿Cuándo pasa a ser «del médico»? Cuando hay un evento adverso. Ahí el médico es responsable. ¿Por qué no hay un buen proceso de atención y de calidad dentro del Estado? Porque la paciente no es de nadie. Porque el Estado es tuyo, mío, de todas las personas y, al final, de nadie”.

Foto: Denise Fretes

En Fernando de la Mora vive Denisse Fretes con su abuela y su mamá. Le hicieron la maniobra de Kristeller para que nazca su hija Emma: el médico de turno se le subió encima de la panza para presionar y obligar al bebé a salir. La OMS no recomienda esta práctica. Además, su doctor de cabecera le recomendó una cesárea, pero en el Instituto de Previsión Social la obligaron a tener un parto vaginal que la dejó con terribles lesiones.

Preso por aliviar el dolor

Por unos capullos para producir aceite medicinal, Edgar Martínez Sacoman lleva más de 1000 días preso en Paraguay, el mayor productor de cannabis de Sudamérica

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Edgar Martínez Sacoman juntaba capullos de cannabis para hacer aceite medicinal que alivia el dolor de gente como Marcelo Muller, que tuvo 17 cirugías sólo en el rostro. Pero el 8 de julio de 2016, unas luces lo distrajeron del mate que se preparaba. Afuera de su casa se estacionaba una patrullera de la policía. Era un allanamiento. Y venían por él.

Quote: “Según mi conciencia, delito sería omitir auxilio, teniendo yo el conocimiento suficiente para aliviar el dolor del prójimo” – Edgar Martínez Sacoman

“Según mi conciencia, delito sería omitir auxilio, teniendo yo el conocimiento suficiente para aliviar el dolor del prójimo”
Edgar Martínez Sacoman

05: Una violencia normalizada en el sistema de salud

Una violencia normalizada en el sistema de salud

Denisse Fretes, que llevó consigo dos rosarios cuando fue a parir, llora mientras cuenta que la lastimaron con la maniobra de Kristeller: el médico de turno se le subió encima de la panza para presionar y obligar al bebé a salir. Su médico de cabecera le había indicado una cesárea por desproporción céfalo-pélvica, lo que significa que el bebé era muy grande para atravesar el canal de parto. Pero la derivó al IPS donde la obligaron a parir por vía vaginal.

Le hicieron mal la episiotomía – un corte en la vagina que le practican a algunas embarazadas para evitar un desgarro de los tejidos durante el parto – lo que produjo un desgarro de grado III, una lesión de músculos del periné que afecta al esfínter anal.

“Entré caminando al IPS y salí en silla de ruedas, con pañales, con grandes pérdidas de sangre que arrojó hemoglobina 9 y con diástasis abdominal que descubriría meses después. El momento que debería de haber sido el más hermoso y sublime, fue el más doloroso. Me sentí humillada. Para mí, ese hospital fue una prisión, un matadero”, relata Denisse.

Aunque se glorifica la maternidad, las paraguayas sufren violencia hasta cuando cumplen con ese mandato. La autora del libro Pariremos con placer, Casilda Rodrigañez Bustos, opina que el catolicismo caló hondo en la memoria colectiva de los individuos y convenció a la mujer de que el embarazo y parto deben ser procesos dolorosos y extenuantes.

“En los engaños míticos está la “satanización” de la sexualidad de la mujer. Como dice la Biblia: la maldad es por definición lo que emana del cuerpo de la mujer. La mujer tiene que sentir vergüenza de su cuerpo incluso ante su marido, debe cubrirse de velos, considerarse impura. La mujer seductora es absolutamente incompatible con una buena madre, cuyo paradigma es una virgen que engendra sin conocer varón y que tolera resignadamente la tortura y la muerte de su hijo en sacrificio al padre”, escribe la autora.

Además del factor cultural, la ex ministra de Salud Esperanza Martínez vincula la violencia obstétrica con las condiciones económicas de los hospitales: “A raíz del deterioro económico, de las condiciones de trabajo de los profesionales, y como producto de una cultura machista muy fuerte en donde tener hijos es como una actividad a la que las mujeres estamos obligadas, en ese momento, hay dolor y sufrimiento físico de la mujer en el parto”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la maniobra de Kristeller es una práctica poco segura y no recomendada. De hacerla mal, podría provocar graves problemas como el desprendimiento de la placenta y ruptura uterina, o bien, fracturas en el bebé.

Ya en la guía práctica de 1996 de la OMS se habló de un uso excesivo de la maniobra, sin haberse demostrado su efectividad. En países como Francia, Reino Unido y el País Vasco ya descontinuaron su uso. En Paraguay no está prohibida, pero el Manual Nacional de Normas de Atención de las Principales Patologías Obstétricas pide evitarla.

Guillermo Ramalho, gineco-obstetra del Hospital Bautista, escuchó por primera vez el concepto de “violencia obstétrica” de una colega que acompaña partos domiciliarios. Según cuenta, al principio se resistió a la idea, pero comenzó a investigar y encontró que, en realidad, la evidencia científica apoyo el desencadenamiento natural del parto.

“No es que yo hacía un Kristeller o una episiotomía de rutina pensando en que era violento. Lo hacía porque pensaba que era lo que había que hacer, era lo que me enseñaron a mí”, confiesa Ramalho, hoy referente en parto respetado en Paraguay.

Yessica Rojas no quiere volver a tener hijos. Mujeres como ella quedan marcadas de por vida por procedimientos violentos que muchos médicos todavía consideran de rutina. Buscaba, como muchas, un parto vaginal. Semanas antes de dar a luz tuvo una infección en la vía baja y el doctor quiso ir directo a cesárea.

“Le vas a matar a tu hijo”

Pero eso no ocurrió. Tuvo a su bebé sola en una habitación fría y oscura del hospital San Pablo a los 21 años. Su médico le hizo un tacto y le desencadenó el parto. Le dijeron que faltaba mucho pero cuando comenzó con las contracciones, en dos pujos nació su bebé. Le hicieron una episiotomía sin consultarle. Alcanzó a tenerlo un ratito y luego se lo llevaron.

Victoria Peralta, partera y activista de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES) se refiere a la asimetría de poderes cuando hablamos de violencia obstétrica. “¿Quién es la que sufre más? La mujer pobre, la que tiene menores condiciones para defenderse, la que no conoce su derecho, la que sufrió esa discriminación y descalificación permanente. Normaliza el maltrato o que se le diga «viniste luego sucia para el parto», «nunca luego te limpiaste», «olés mal», dice Peralta.

Por fuera de la precariedad del sistema público, donde la violencia obstétrica se manifiesta a través de la inducción del parto vaginal, en el circuito de la medicina prepaga las embarazadas son víctimas de otra forma de violencia obstétrica: la lógica de mercado. Las empresas de servicios de salud lucran a costa de los cuerpos de las mujeres a través de cesáreas que en muchos casos son injustificadas. Estas intervenciones quirúrgicas pueden ser más rentables y más eficientes para los sanatorios pero a un alto costo en la economía y la salud de las mujeres y sus bebés.

Foto: Noelia Barros – Villa Elisa (28)

Noelia Barros es psicóloga y mamá de dos niños: Adri y Federico. Quería tener a su hija por parto vaginal pero no le dejaron. En el sanatorio AMSA, del servicio de salud prepaga Promed, le pusieron anestesia epidural, la acostaron en una camilla y la ataron de manos para luego practicarle una cesárea que duró 30 minutos. Apenas pudo ver a su bebé cuando nació. Mientras le cosían, los médicos se pusieron a hablar de fútbol.

06: El negocio de las cesáreas programadas

El negocio de las cesáreas programadas

Noelia Barros aplazó todo lo que pudo el tiempo para tener a su bebé aunque su médico le insistía con programar una cesárea. En ese interín, consultó con otros médicos y se escapó tres veces de que la operaran antes de que su embarazo llegue a término. En la semana 39, el obstetra la asustó con un comentario: “Si no lo tenés conmigo, no me hago cargo de tu hijo”.

Paraguay y América Latina viven una “epidemia” de cesáreas: una de cada dos madres en el país recibió, al menos, una cesárea. Según los indicadores básicos de salud del Ministerio de Salud Pública del 2017, el Hospital Militar lidera el ranking con 95,4% de cesáreas. Lo siguen los sanatorios privados con 84,3%, la sanidad policial con 63,3% y el Instituto de Previsión Social con 59,2%.

Las operaciones en los hospitales de Paraguay llegan a sextuplicar el 15% recomendado por la OMS. La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes, con tasas que siguen creciendo, en particular, en los países de ingresos medios y altos.

De acuerdo al informe de la relatora de la ONU sobre la violencia obstétrica, “cuando se practica sin el consentimiento de la mujer, una cesárea puede constituir violencia por razón de género contra la mujer, e incluso tortura”.

Las cesáreas se volvieron tendencia porque ofrecen comodidad, estética y otros factores de cambio cultural. Aunque puede salvar vidas, a menudo se realiza sin criterios médicos, poniendo en riesgo de la salud de las madres. Pero la decisión de ir a cesárea no siempre corre por cuenta de las familias.

Mientras que los partos espontáneos no conocen de feriados o fines de semana, las cesáreas programadas sí, y casi siempre se hacen de lunes a viernes. Junto con el incremento de este tipo de intervenciones en el país, cada vez nacen menos chicos los fines de semana, feriados y días festivos, como Navidad y Año Nuevo. Y si bien en el país no hay estadísticas que den cuenta de este fenómeno, profesionales de la salud consultados lo confirman, sobre todo en el sector privado, donde ocho de cada diez embarazadas tienen a sus bebés por cesáreas, y se programan cada vez más.

Cuando Noelia Barros llegó al Sanatorio AMSA, del servicio de salud prepaga Promed, le pusieron anestesia epidural, la acostaron en la camilla, la ataron de manos y cerca del mediodía le hicieron la cesárea. También le practicaron la maniobra de Kristeller para que el bebé baje.

La operación duró unos 30 minutos, la dejaron ver a su hija y se la llevaron. Después, mientras cosían, los médicos se pusieron a hablar de un partido de fútbol. Noelia se seca los ojos mientras cuenta que siente que le falló a su hija por no defender su nacimiento.

Hace décadas los profesionales cobran más por una cesárea que por un parto vaginal, lo que lleva a realizar más cesáreas por un simple cálculo económico. Al ser consultados por los costos, los sanatorios ofrecieron distintos montos. Un parto vaginal en La Costa, sin seguro médico y sin honorarios del profesional, vale Gs. 5.500.000, y una cesárea Gs. 7.900.000. En el sanatorio Migone, Gs. 7.261.393 y Gs. 8.023.003 respectivamente (también sin seguro y honorarios). Estas cifras se manejan en un país en el que el 73% de los ciudadanos no puede acceder a un seguro médico privado. Así lo indican las últimas cifras del Ministerio de Salud.

Si bien los honorarios entre partos vaginales y cesáreas no difieren mucho, sí varían en duración. Un parto normal lleva, en promedio, 12 horas (10 a 16 horas), incluyendo el tiempo del trabajo de parto. En cambio, la duración de la cesárea es de 45 a 120 minutos con control posoperatorio y sin necesidad de esperar el trabajo de parto.

Miguel Ruoti, presidente de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, dice que para las empresas de salud prepaga el costo entre un parto vaginal y una cesárea era casi igual hasta mayo pero que la Sociedad de Ginecología demandó este cambio: “Se les explicó a los asegurados de la prepaga el riesgo que tiene el obstetra desde el punto de vista del parto y el tiempo que invierto no se puede comparar a lo que es una cesárea”.

La doctora Larrieur considera que no se contempla el tiempo invertido en el proceso de vigilancia del trabajo de parto, “que puede llevar hasta un día completo. Y, con eso, el lucro cesante de las demás actividades”. La especialista opina que, sin embargo, las cesáreas no son un negocio de los médicos sino de las prepagas que pagan menos por un parto que por una cesárea. Para Guillermo Ramalho, no todos los médicos en Paraguay buscan programar cesáreas por comodidad sino por desconocimiento.

Ruoti coincide con la senadora Martínez en que existe un negocio con las cesáreas: “¿Por qué no se animan a hacer las auditorías médicas los seguros? o un hospital equis, ¿por qué no me hace a mí una auditoría después de operar a esta paciente? Nadie me pregunta. Una cesárea innecesaria es una situación catastrófica para el cuerpo de una mujer que tal vez no necesitaba”, dice.

Cinco puntos para entender el conflicto con los viaductos del Botánico

No son sólo los árboles: conflictos de intereses, irregularidades jurídicas y el problema de una ciudad que expulsa gente y atrae autos.

Foto: Yessica Rojas (89)

Yessica Rojas vive en Ypané y es estudiante de administración de empresas. Tenía 21 años cuando dio a luz a su hijo. Ya no quiere tener otros. Le hicieron una episiotomía sin consultarle en el hospital San Pablo. Estuvo sóla al parir y apenas alcanzó a ver a su bebé luego de nacer.

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Si tenés un minuto, leé esto:

• El Botánico recibirá menos zona arbolada por compensación de lo firmado en el convenio original.

• La zona de compensación ya existe, no se repondrá la arborización afectada por la obra.

• Las mismas hectáreas de compensación ya se pidieron por el barrio San Francisco, pero quedó sin efecto.

• El Ministerio del Ambiente aceptó informe ambiental de parte de la obra hecho por hija del dueño de la constructora.

• Estas obras no solucionarán el problema que crea el tránsito.

Si tenés cinco minutos:

07: Una lucha regional contra la violencia obstétrica

Una lucha regional contra la violencia obstétrica

La lucha en contra de la violencia obstétrica en Latinoamérica nació en los ‘90 con los esfuerzos de organizaciones sociales que buscaron visibilizar estas prácticas médicas. En 1996, la OMS publicó un documento titulado Cuidados en el parto normal: una guía práctica, que advierte del peligro de convertir un suceso fisiológico normal en un procedimiento médico, por medio de “la adopción, sin crítica previa, de toda una serie de intervenciones inútiles, inoportunas, inapropiadas y/o innecesarias, además, con frecuencia, pobremente evaluadas”.

La dificultad para ponerle número a la violencia obstétrica radica en la falta de sistematización de casos que permitan cuantificar e identificar las intervenciones innecesarias más extendidas en las instituciones hospitalarias. En el 2017 hubo un intento por parte de organizaciones como El Parto es mío, Pachamama, Movimiento por el derecho a la salud María Rivarola y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) por impulsar un observatorio de violencia obstétrica, pero no prosperó por falta de recursos.

Unos años después de la publicación de la guía de la OMS, Uruguay (2001), Argentina (2004), Brasil (2005) y Puerto Rico (2006) aprobaron leyes que garantizaban el derecho de la mujer a estar acompañada durante el trabajo de parto y el alumbramiento. En 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en tener una ley específica para atender la violencia obstétrica.

Brasil y Argentina también desarrollaron una legislación más amplia que fomenta el llamado parto humanizado o respetado. Le siguieron Panamá, varios estados de México, Bolivia y El Salvador. En Paraguay, la Ley N° 5.777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia identifica a la violencia obstétrica como un tipo de violencia. Pero tiene limitaciones: no está reglamentada y no especifica en qué casos se podría hablar de violencia obstétrica. Tampoco existen acciones concretas desde el Estado para erradicarla.

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1· Al Botánico se le tenía que dar a cambio 86 hectáreas, al final recibirá menos de la mitad.

El convenio original firmado por el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Asunción en 2017 compensaba al Botánico por las obras con dos terrenos. El primero era de 54 hectáreas y correspondía al Regimiento 4 de Caballería. El segundo eran las 32 hectáreas de una reserva de área silvestre de carácter privado del Ministerio de Defensa. Pero una adenda firmada en noviembre de 2018, con votos de concejales de ANR, PQ, Hagamos y PEN, eliminó el primer terreno de las compensaciones.

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El contrato final entre el Ministerio de Defensa y la Municipalidad solo otorgó por usufructo «a 30 años, renovables» las 32 hectáreas de la reserva. Antes, los ediles habían cambiado el convenio original con el MOPC, eliminando el terreno de RC4.

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2 · Las 32 hectáreas son una reserva ya existente.

El terreno es una reserva privada del Ministerio de Defensa lindante al Jardín Botánico. La ciudad no va a recuperar cobertura arbórea que se pierde, solo cambiará quién maneja una que ya existe. Las 32 hectáreas tampoco se transfieren a la Municipalidad, sino que se dan en un contrato de usufructo de treinta años, renovables, y no 99 años, como comunicó la Junta Municipal.

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El convenio original entre el MOPC y la Municipalidad de Asunción comprometía, además de la reserva del Ministerio de Defensa, otro terreno calculado en 54 hectáreas del RC4.

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3· Esas hectáreas ya habían sido pedidas como compensación por otra obra.

La reserva del Ministerio de Defensa ya había sido pedida por la Junta Municipal de Asunción en 2016 como compensación por la construcción de mil viviendas en el Barrio San Francisco. «La aprobación del Barrio San Francisco contemplaba por esta resolución la incorporación de las 32 hectáreas como mitigación por el impacto» dice el concejal Federico Franco Troche, por lo que con lo aprobado entre el MOPC y la Municipalidad en el convenio de obras del Botánico, la ciudad se quedó sin compensación por el impacto del Barrio San Francisco en el ecosistema. El Estado ofrece la misma reserva ya existente de compensación para dos obras distintas.

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En 2016 la Junta Municipal había pedido como condición para aceptar la construcción del Barrio San Francisco la misma reserva que hoy el MOPC ofrece como compensación al Botánico, por otra obra.

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4· El Ministerio del Ambiente aceptó informe ambiental hecho por hija del dueño de la constructora.

El 17 de setiembre de este año reportamos que el relatorio de impacto ambiental presentado por la empresa CDD Construcciones SA para el campamento de obras de la Costanera Norte y los viaductos que afectarán al Jardín Botánico fue hecho por la ingeniera Susana Delgado, hija del dueño de la constructora, César Delgado.La empresa forma parte del Consorcio D-R junto a Benito Roggio e Hijos SA. El campamento incluye un centro de acopio de combustible y una planta de hormigón. El Ministerio del Ambiente aceptó el informe y dijo que puede que no sea ético. En Paraguay este trámite es legal.

Ficha técnica

Escuchános en

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5· La obras no solucionarán el problema que crea el tránsito

«Lo que hará el viaducto es trasladar el problema del tránsito a otro nudo» dice el arquitecto y urbanista Marcelo Kublik, explicando que el viaducto «solo movilizará a más autos que encontrarán un nuevo embotellamiento unos kilómetros más adelante, como en un semáforo, por ejemplo». Para el arquitecto, la construcción de viaductos habla de una visión de la ciudad desde el automóvil, no desde la gente. «Los viaductos generan no-zonas, sitios donde nadie quiere vivir cerca, espacios con polución y degradados, por eso en otras ciudades están en desuso». Según Kublik otras obras como la ampliación de la avenida Primer Presidente o la creación de rotondas pueden servir a descongestionar el tránsito, siendo menos costosas y con menor impacto en espacios verdes como el Botánico.

Candidatos al Mundial 2030 sin saber cuánto nos costará

Los gobiernos de Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay no saben cuánto costará el megaevento. Ni por qué conviene hacerlo.

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Desde su creación como parque, el Jardín Botánico perdió la mitad de su tamaño original entre ocupaciones del Estado y construcciones. Foto Juan Carlos Meza / Fotociclo

Más del #PaísDeLasMujeres

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Si tenés 30 segundos, leé esto:

• La propuesta se oficializó en 2017 ante la FIFA y se realizaron distintos actos y reuniones.

• Ningún de los cuatro Estados sudamericanos tiene algún estudio o estimación de cuánto costaría ni por qué les convendría organizarlo.

• Así se desprende de pedidos de acceso a la información pública realizados por El Surtidor, Chequeado de Argentina y UyCheck de Uruguay.

Si tenés unos minutos, continuá acá:

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El arquitecto también argumenta que mientras no haya políticas que permitan a la gente que trabaja o estudia en Asunción vivir en la ciudad, ni un sistema de transporte público eficiente, cientos de miles de vehículos –800.000 según cálculos– seguirán sumándose al colapso en las vías de acceso. « Asunción tiene una muy baja densidad poblacional y muchos espacios sin uso o con mal uso. El problema del tránsito se soluciona con viviendas», dice. «Lo que sucedió es que hay una generación que fue ya expulsada de Asunción, una clase media que –a diferencia de sus padres– ya no se pudo pagar un terreno o comprar una casa allí. Entonces se mudó a las ciudades dormitorio. Y es difícil ya que vuelva porque tiene una hipoteca para toda una vida en una casa en Luque o Capiatá». En 2018, la población de la capital decreció, mientras la de Gran Asunción sigue subiendo.

A su entender, por un lado se debe mejorar la movilidad de las personas con transportes masivos que eviten la necesidad de comprar vehículos individuales; y por otro, ofrecer oportunidades de vivienda desde el sector público o privado para que los hijos de quienes fueron expulsados sí puedan vivir en la capital. «Porque sino Asunción no va a poder asumir nunca los costos de la cantidad de gente que entra pero no se queda allí», concluye.

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reportaje maxi manzoni · edición juan heilborn · ilustración lorena barrios

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En 2030 se cumplen cien años del primer Mundial de Fútbol, en el cual Uruguay, el local, salió campeón al ganarle la final a la Argentina. ¿Por qué es importante hoy este aniversario? Dirigentes de ambos países pensaron que esta fecha era una buena excusa para que el Mundial vuelva al Río de la Plata en 2030. Chile y Paraguay también se sumaron a la candidatura para que el centésimo cumpleaños del Mundial de la FIFA sea un festejo, ya no sólo rioplatense, sino sudamericano.

Mas podcast

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Pero, ¿por qué sería bueno para estos cuatro países organizar este evento mundial? El Surtidor en Paraguay, Chequeado en Argentina, UYCheck en Uruguay y periodistas de la red de #LatamChequea en Chile, presentaron el mismo pedido de acceso a la información pública en los cuatro países para saber cuánto ya se gastó para promover la candidatura, cuánto se estima gastar y si se cuenta con algún estudio sobre cuál sería el beneficio de organizar el Mundial 2030 en este continente. De estos pedidos de acceso a la información surge que ninguno de los países sabe por qué sería positivo.

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¿Cuánto gastaríamos para el Mundial 2030? Ni idea

Los cuatro Estados respondieron el pedido de acceso y, según dijeron, ningún país tiene informes sobre cuánto saldría organizar el Mundial ni por qué sería beneficioso. ¿Qué respondió cada país?

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Argentina: la Agencia de Deporte Nacional contestó que «se desconoce cuál será la sede en donde se llevará a cabo el Mundial FIFA 2030» ya que la sede es seleccionada por la FIFA con una antelación de ocho años. Por esto mismo, y como «aún resta un periodo de tiempo prolongado hasta la determinación de la sede», la Agencia destaca que «se está trabajando para estimar los costos y beneficios que tendría nuestro país de postularse al Mundial FIFA 2030 de manera conjunta con otros países de la región». Lo mismo respondió la Secretaría de Deportes de la Nación a un pedido de acceso realizado por Chequeado en 2018. La Agencia y la Secretaría contestaron que se gastaron al menos u$d 660.000 en concepto de viajes, viáticos y regalos diplomáticos. Como no se aclaran las fechas específicas de los gastos, no es posible saber cuántos dólares representan.

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Chile: el Ministerio del Deporte contestó que «aún no existe información formalmente del proyecto, ni el presupuesto disponible para dicho evento» y aseguró que se realizaron gastos por más de u$d 9.500 en pasajes y viáticos para dos reuniones (una en Buenos Aires, Argentina, y otra en Asunción, Paraguay).

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Paraguay: la Secretaría Nacional de Deportes respondió que «Paraguay se encuentra en proceso de postulación» por lo que «aún no se cuenta con los datos requeridos». Sobre los gastos ya efectuados, indicaron que los viáticos otorgados a los funcionarios para todos los destinos y eventos están publicados y actualizados en su portal de transparencia. Los documentos publicados en dicha web muestran que, desde agosto de 2017 –cuando se oficializó que Paraguay se sumaba a la candidatura–, esta Secretaría gastó casi quince millones de guaraníes (cerca de u$d 2.500) en viáticos para viajes a tres reuniones en Buenos Aires (acá, acá y acá); en Montevideo, Uruguay (acá); y otra en Santiago de Chile (acá).

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El relatorio de impacto ambiental presentado por la empresa CDD Construcciones SA para el campamento de obras de la Costanera Norte y los viaductos que afectarán al Jardín Botánico fue hecho por la ingeniera Susana Delgado, hija del dueño de la constructora, César Delgado.La empresa forma parte del Consorcio D-R junto a Benito Roggio e Hijos SA. El campamento incluye un centro de acopio de combustible y una planta de hormigón.

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Uruguay: la Secretaría Nacional del Deporte contestó que en el marco de la candidatura conjunta «se han realizado siete reuniones desde agosto 2017» en las ciudades de Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo y Punta del Este, con costos de u$d 8.000 en alojamiento, alimentación, pasajes y traslados internos. Además, contestaron que durante el Mundial de Rusia 2018 se realizaron actividades de promoción de la candidatura, con costos de u$d 36.000 en alimentación, pasajes, hospedaje, traslados internos y producción de los eventos.

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Sobre la estimación de gastos y beneficios para el país, contestaron que la información no está disponible por dos motivos. Primero, «la incorporación de Paraguay y Chile», así como «la perspectiva de un campeonato Mundial con la participación de 48 selecciones» (hasta ahora participan 32) y otros cambios en el «diseño de la competencia», generó que la cantidad de sedes y partidos varíe, por lo que «la distribución entre los países aún está a consideración del comité de campaña».

La segunda razón es que «la FIFA modifica el manual de requerimientos para cada campeonato Mundial», por lo que sostienen que «aún no se dispone de la información para realizar una estimación consistente». En este sentido, destacaron que «en las próximas reuniones del comité de campaña se analizará la propuesta de Uruguay de propiciar un acuerdo con entidades internacionales» –como el BID, la CAF o el PNUD– «para encomendar un estudio riguroso, profesional e independiente».

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Pros y contras de organizar un Mundial

«La gran mayoría de la literatura no logra encontrar evidencia entre megaeventos y una mayor actividad económica, ya sea directa o indirectamente a corto o largo plazo», sostiene un estudio de la Universidad de Harvard publicado en 2016 sobre «megaeventos» deportivos como Mundiales de la FIFA y Juegos Olímpicos.

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Pese al posible conflicto de intereses, en Paraguay la Ley de licencias ambientales no lo contempla como una inhabilidad. El Ministerio del Ambiente (MADES) aceptó el relatorio y dio la licencia ambiental a CDD Construcciones. Consultada sobre el tema, la licenciada Carolina Pedrozo, directora del departamento de Evaluación de Impacto Ambiental, dijo que «una cosa es que sea ilegal, que no es, y otra es que sea poco ético». Pedrozo explicó que con la ley actual, incluso el propio interesado puede presentar el relatorio de impacto ambiental de su obra si es que está certificado como consultor por el ministerio, «un estanciero, si es ingeniero forestal, está facultado a ser quien realice el estudio de impacto de su cambio de uso de suelo, por ejemplo» dice.

La funcionaria del MADES admitió que «es una materia pendiente, revisar las posibles inhabilidades de los consultores ambientales, ver cómo es en otros países».

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Según un estudio de Harvard «los supuestos beneficios económicos de organizar un evento son exagerados».

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Este análisis sostiene que «los supuestos beneficios económicos de organizar un evento son exagerados» en los estudios previos a los eventos, mientras que, en la práctica, «los beneficios reales son compensados por los costos asociados con la preparación del evento». En parte, esto sucede porque la FIFA impone exenciones impositivas y condiciones que no siempre coinciden con las necesidades del país.

Para tener una idea, las estimaciones marcan que en el Mundial de Brasil de 2014 la inversión pública fue de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, principalmente en infraestructura como estadios, transportes y comunicaciones. El estudio de Harvard destaca que el costo de oportunidad de estas inversiones puede ser «particularmente alto en naciones en desarrollo dado que puede haber muchos otros proyectos públicos que tienen más valor para la sociedad», algo que no sucede en las naciones más desarrolladas.

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Como demostró el sitio brasileño Aos Fatos en base a un análisis de tres ciudades que fueron sedes del Mundial 2014 (Brasilia, Belo Horizonte y Río de Janeiro), las promesas sobre el legado que iba a dejar la Copa en Brasil no se cumplieron.

Ariel Coremberg, economista profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y quien estudió la importancia del negocio del fútbol en la Argentina, explicó a Chequeado que los países se podrían beneficiar principalmente por el turismo y por la inserción de la marca país, mientras que uno de los desafíos de organizar un nuevo Mundial en Sudamérica, como pasó con Brasil, es la posible corrupción.

En el pasado, sin embargo, el impacto en el turismo también fue dispar en los eventos analizados. «Según la literatura existente, el efecto sobre el megaevento sobre el turismo es de corta duración. Se concentra principalmente en los cuatro años anteriores y posteriores al evento. A largo plazo, este efecto desaparece», indica el análisis de Douglas Barrios, Stuart Russell y Matt Andrews, los investigadores de Harvard, que además marcan la importancia para que los anfitriones planifiquen e inviertan «de manera proactiva para mantener la percepción lograda durante el evento a largo plazo».

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El ingeniero agrónomo y divulgador ambiental Luis Recalde dice que, en teoría, esos relatorios deben ser verificados por técnicos del MADES, pero «en especial en las obras del Estado se suele simplemente aprobar». La aprobación de las licencias no es garantía de que se cumplan las medidas para evitar que las obras afecten el ambiente. Ejemplo de ello es el falseamiento de datos en los estudios de impacto ambiental de empresas ganaderas en el Chaco. Para Recalde, una alternativa sería que sea el propio ministerio quien haga los análisis de impacto de la obra. Para ello sería necesario que el MADES, que es el segundo ministerio con menor presupuesto del país, reciba más recursos.

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Cronología de la candidatura

Si bien las negociaciones entre la Argentina y Uruguay para co-organizar el Mundial de fútbol masculino en 2030 comenzaron hace más de una década, sólo en 2016 los presidentes, Mauricio Macri y Tabaré Vázquez, acordaron la postulación conjunta.

En agosto de 2017, el entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes, confirmó que dicho país se sumaría a la organización. Y dos meses después, los tres países se reunieron con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y oficializaron la propuesta para ser los organizadores. En 2018 hubo nuevas reuniones y en marzo de 2019, en una reunión en Buenos Aires, se confirmó la participación de Chile.

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Área de influencia del campamento de obras de CDD Construcciones presentado en el relatorio ambiental. Fuente: Expediente oficial del Ministerio del Ambiente

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La construcción de la Costanera Norte y los viaductos sobre el Botánico, financiada por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur FOCEM y el Ministerio de Obras Públicas, fue adjudicada en 2015 por unos 60 millones de dólares. El presupuesto fue ampliado dos veces. Ahora alcanza los 70 millones de dólares aproximadamente.

La obra es cuestionada por ciudadanos organizados en el grupo «Amigos del Botánico». Entre las objeciones se encuentra la afectación de al menos unos 100 árboles del Jardín Botánico, que ya perdió la mitad de su superficie original. Aunque el plan de mitigación propone trasplantar varios de los árboles nativos, el porcentaje de efectividad del proceso es del 50%, según Walter Lezcano, de la Dirección de Recursos Naturales de la Municipalidad de Asunción. También se propuso que como compensación, el Ministerio de Defensa y el MOPC otorgasen 84 hectáreas a la Municipalidad de Asunción, que finalmente se redujeron a 32 gracias a la aprobación de concejales de la ANR, PEN, Hagamos y PQ.

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Bajo la representación del abogado Martín Almada, también se presentó un amparo contra la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) por haber dado permiso a que obras afecten al Jardín Botánico. Según la nota, el permiso se contrapone a la convención de patrimonios culturales de la UNESCO, ratificada por Paraguay en 1996. Contrario a lo reportado por ABC Color, todavía no se dio lugar al amparo. A la fecha, está pendiente de la respuesta de la SNC.

Pese a varios intentos de hablar con la ingeniera Susana Delgado y su compromiso de devolver la llamada, a cierre de edición no ha respondido a nuestras consultas.

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reportaje maxi manzoni · edición jazmín acuña · ilustración sofía amarilla

Conflicto de interés en el viaducto del Botánico

El Ministerio del Ambiente aceptó informe ambiental hecho por la hija del dueño de la constructora.

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Por Ricardo Viel, Agência Pública | Traducción Diajanida Hernández

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Manuel Loff tenía 9 años cuando capitanes y soldado portugueses, cansados de ser mandados a África para una guerra sanguinaria contra los movimientos de liberación de las colonias, derrocó al régimen de António de Oliveira Salazar, que ya tenía 41 años ―las dictadura más longeva de Europa.

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Hoy, a los 54 años, Loff es uno de los historiadores más respetados en Portugal cuando el asunto son regímenes autoritarios. Profesor asociado de la Universidad de Porto e investigador de la Universidad Nueva de Lisboa, él acompaña con atención y preocupación el crecimiento de la extrema derecha en el mundo. No duda en clasificar al gobierno de Jair Bolsonaro como representante del neofascismo.

«El discurso que tiene sobre los movimientos sociales y políticos que se le oponen, sobre las mujeres, las minorías étnicas, la familia, la nación, Occidente configura un neofascismo adaptado al Brasil del siglo XXI», resume.

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Usted estudia regímenes autoritarios hace más de 30 años. ¿Cuáles diferencias ve entre la extrema derecha del siglo pasado y la de ahora?

En primer lugar, es necesario decir que ya había extrema derecha antes del fascismo: desde el inicio del siglo XIX había una extrema derecha antiliberal y contrarrevolucionaria, pero era muy elitista.

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«Desde la liberación de Auschwitz, en 1945, el racismo perdió un enorme espacio y, aunque esté presente, no puede ser asumido. Hoy, los racistas dicen que su incompatibilidad con las minorías es de naturaleza cultural.»

Fuentes

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La extrema derecha fascista, que es más moderna, nace a partir del fin de la Primera Guerra Mundial ―como nace la izquierda radical también. Después de 1945, hay un primer ciclo de la extrema derecha que, en gran parte de los países europeos, aunque presente, es ilegalizada. Por tanto, la extrema derecha de 1945 hasta 1968, más o menos, es de una generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió los regímenes fascistas italiano, alemán y los movimientos fascistas de toda Europa.

Después hay una segunda generación que es diferente de la anterior, que aprendió varias de las lecciones del pasado. Por ejemplo: abandonó el discurso abiertamente racista para pasar a un discurso culturalista. Desde la liberación de Auschwitz, en 1945, el racismo perdió un enorme espacio y, aunque esté presente, no puede ser asumido. Hoy, los racistas dicen que su incompatibilidad con las minorías es de naturaleza cultural.

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¿La extrema derecha viene creciendo en poder e importancia desde los años setenta en el mundo?

La derrota del neofascismo fue una gran derrota de la cultura política de la derecha y significó más de lo que en cualquier momento político en la historia, un viraje a la izquierda del punto de vista social, de la cultura política y del triunfo de los valores de la izquierda en torno de la democracia y de una versión de la democracia que exigía una cierta distribución de la riqueza y del bienestar social. Tanto que la mayoría de los Estados capitalistas del Occidente «rico», que se llamaba a sí mismo desarrollado, adoptaron esas políticas de naturaleza social.

Lo que vemos hoy es un ataque a toda lógica redistributiva de las políticas sociales. La primera versión de una extrema derecha con éxito en Europa fue en Escandinavia: antes de atacar la inmigración, se enfocó contra el Estado de bienestar social, por el peso de los impuestos.

Su primer blanco fueron los más pobres, diciendo que se estaba creando una clase de perezosos que no quieren trabajar, para después pasar a decir, con más éxito, que los inmigrantes venían para «mamar de la teta» del Estado de bienestar social.

Obviamente, invirtiendo todo, pretendiendo ignorar que cualquier comunidad de inmigrantes, de no nacionales, en cualquier sociedad, es en promedio mucho más joven que la media de aquella sociedad y trabaja mucho más y gana mucho menos, por tanto contribuye incomparablemente más con la producción de riqueza y con la seguridad social.

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«Cuando hablamos de regímenes fascistas y regímenes democráticos, hablamos de procesos de construcción permanente de la democracia y también del fascismo. La transición autoritaria comienza cuando se degrada la democracia. Y termina cuando ya no hay democracia.» Manuel Loff. Foto Fernanda Junger/Agência Pública.

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¿Cuál es el momento actual de la extrema derecha mundial?

A partir de los años setenta y ochenta, sobre todo a partir de la consolidación de la tesis del choque de civilizaciones, la extrema derecha toma a Israel como vanguardia de Occidente en la lucha contra el islam y abandona el antisemitismo, que pasó a ser un componente claramente minoritario en su discurso.

El blanco pasa a ser la inmigración, sobre todo si ella es musulmana. Y eso permite juntar el Sur del mundo con una característica que, para la extrema derecha, desde el punto de vista identitario, es central, que es la religión. Porque la extrema derecha nunca abandonó una descripción del Occidente blanco y cristiano que colonizó el resto del mundo ―hoy, visto como un Occidente judaico-cristiano heredero de las dos religiones monoteístas del Libro Sagrado. Eso es particularmente visible en las Américas, particularmente en Estados Unidos y en Brasil, a través de las nuevas iglesias pentecostales y evangélicas que dieron un giro de 180 grados en la visión que tenían de los judíos.

Esa es, por tanto, una de las evoluciones de la extrema derecha. Ella tiende a abandonar la dimensión del discurso negacionista del Holocausto, sabe que lo tiene que hacer, y se concentra en un nuevo enemigo, el islam. Ese racismo culturalista permite crear una plataforma de convergencia de todas las sensibilidades reaccionarias que describen al inmigrante como «el otro» y atrae a mucha gente que no comparte, o no compartía, muchas de las otras banderas de la extrema derecha.

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«En el fondo, con ese discurso de la dictadura cultural marxista, ellos atacan todas las ciencias sociales, todo cuanto dicen la sociología, la antropología y la historia.»

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Y después se suma otro punto, que es muy visible en el caso latinoamericano ―y en ese sentido el bolsonarismo es la versión más completa y más depurada de la extrema derecha―, que es el discurso de la dictadura cultural marxista. A partir de la tesis de que hay una dictadura cultural marxista de izquierda, la extrema derecha, en una escala internacional, avanza con la explicación de que aquella se habría impuesto a través de la escuela pública. Lo que significa que la universidad y la escuela pública serían formadoras de izquierdistas.

En el fondo, con esa tesis, ellos atacan todas las ciencias sociales, todo cuanto dicen la sociología, la antropología y la historia. Y en Brasil se llevó eso mucho más lejos, políticamente, y con más eficacia, con el movimiento Escuela sin Partido, cuya tesis es que todas las ciencias sociales son comprometidas, militantes y, por tanto, ninguna de ellas es objetiva. Todas ellas pretenderían, desde hace décadas, minar los fundamentos de la naturaleza, de la comunidad, del orden social: la familia, la patria, la nación, etc.

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«Y, según ellos, ¿cuál es la mejor forma de agredir a Dios y al orden social y a la familia? Transformando el papel de la mujer en las familias y creando nuevas formas de familia.»

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Hay incluso otra cosa que es muy visible en el discurso de Bolsonaro, y también en el de Trump, que ya existía con Berlusconi, que es el papel de las mujeres en la sociedad. Ya ni digo del universo LGBT, pero particularmente las mujeres. Es la tesis de que todo feminismo es radical, es una invención de la dictadura cultural de la izquierda y lo que pretende es legitimar una «ofensiva contra Dios», como diría el ministro de las relaciones exteriores de Bolsonaro. Y, según ellos, ¿cuál es la mejor forma de agredir a Dios y al orden social y a la familia? Transformando el papel de la mujer en las familias y creando nuevas formas de familia.

Y la extrema derecha brasileña llevó eso mucho más lejos, no creo que del punto de vista de la formulación teórica, sino con mucho más éxito que en otro país.

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Usted defiende la tesis de que el mundo vive una «transición autoritaria» desde el 11 de septiembre de 2011. ¿Y Brasil, en qué punto estaría en ese camino hasta el fin de la democracia?

Brasil es uno de los casos más avanzados, porque la agenda política del gobierno actual incluye un programa abierto, explícito, de represión e intimidación de los adversarios, amenaza de ilegalización del mayor partido de la oposición, represión sobre los movimientos sociales y amenaza de detención de dirigentes políticos de oposición. Las sociedades autoritarias no son simplemente aquellas en las que el Estado es autoritario, sino también en las que la sociedad es autoritaria. Lo que está por suceder es una intimidación sobre los adversarios que va a reducir la capacidad de maniobra de las oposiciones sociales y de la resistencia social –potencialmente es así, ahora falta ver los resultados de la realidad.

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¿Eso es propio de un Estado neofascista?

Eso es propio de un Estado en transición hacia el autoritarismo que puede o no reunir todas las características clásicas del fascismo. Pero eso es como la democracia. ¿Los Estados en los que vivimos son puramente democráticos? Yo tengo muchas dudas en relación con eso. Cuando hablamos de regímenes fascistas y regímenes democráticos, hablamos de procesos de construcción permanente de la democracia y también del fascismo. La transición autoritaria comienza cuando se degrada la democracia. Y termina cuando ya no hay democracia. Falta ahora establecer si ya no hay democracia en Brasil.

«El bolsonarismo es el neofacismo adaptado al Brasil del siglo XXI»

Para el estudioso portugués de gobiernos autoritarios, el bolsonarismo suma «nostalgia de la dictadura», demagogia anticorrupción y «conexión con el mundo evangélico»

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¿Usted considera que el gobierno de Bolsonaro tiene características suficientes para ser llamado fascista o neofascista?

El fascismo no se impone, como dije, de la noche a la mañana: el programa de gobierno de Bolsonaro es socialmente tan reaccionario y, en su tentativa de fundir los intereses de las derechas políticas y económicas de Brasil, tan ambicioso que deberá evaluar la necesidad de usar una violencia institucional, paralegal, que está fuera del alcance de cualquier gobierno democrático. Si no duda en usarla, la práctica será muy cercana del abordaje fascista. El discurso que tiene sobre los movimientos sociales y políticos que se le oponen, sobre las mujeres, las minorías étnicas, la familia, la nación, Occidente, configura un neofascismo adaptado al Brasil del siglo XXI.

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Quien defiende que el gobierno de Bolsonaro no es fascista dice que es imposible que haya 50 millones de fascistas en Brasil. Pero yo pienso en la frase que usted escribió en un artículo recientemente: «el régimen fascista no se sustenta solo con fascistas».

Nunca, en ningún momento de la historia él [el régimen fascista] nació o se consolidó solo con fascistas. La indiferencia es tan central en la sustentación de un régimen como lo es el nivel de apoyo. Es totalmente ahistórico y asocial imaginar soluciones políticas, por más totalitarias que ellas sean, apoyadas por 100% o 99% de las personas. Ellas solo sobreviven si tuvieran una minoría muy escasa y sin apoyo, o sin suficiente apoyo, que se le resista y sobre la cual se pueda ejercer esa represión «económica». Y necesita tener un nivel suficiente de apoyo, que hasta puede ser muy reducido, desde que haya una gran mayoría de indiferentes o intimidados. Y en todas las soluciones autoritarias hay una economía de la violencia, no se ejerce violencia sobre todos. Cuando se exagera, cuando se pierde el control del ejercicio de la violencia, la reacción puede ser demasiado fuerte y puede provocar, por ejemplo, una guerra civil y la derrota del régimen opresor.

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Volviendo a la cuestión del ataque a los movimientos feministas, ¿ese discurso machista, de retoma de poder, es una de las características de ese nuevo fascismo?

Hay una evidente falocracia y un neopatriarcalismo en todo esto. La extrema derecha raramente asume abiertamente la defensa de la desigualdad social y política entre hombres y mujeres: se limita a defender lo que era la familia tradicional. Muchos de los discursos que la extrema derecha tiene desde 1945 son discursos que transforma al perpetrador en una víctima.

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«Muchos de los discursos que la extrema derecha tiene desde 1945 son discursos que transforma al perpetrador en una víctima.»

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Por ejemplo, los excombatientes de guerras ofensivas perpetradas por varios países occidentales en víctimas de la propia guerra; en Brasil, transformaron los militares que torturaron en víctimas de la guerrilla de izquierda, de la misma forma como en los Estados Unidos transformaron los combatientes de la Guerra de Vietnam en víctimas de los vietnamitas.

La misma cosa es hecha con los hombres hoy, como se hace con el patrón que es víctima de empleado que no trabaja y está poderosamente defendido por un sindicato, el patrón sometido por el Estado que le roba los impuestos. Se reinventa la organización de la sociedad y se invierte todo: el hombre, al final, es quien es víctima de las mujeres feministas, o el empleador es víctima del empleado… Y de esta forma recupera como víctimas de la contemporaneidad, de la democratización de las relaciones sociales, aquellos que eran/son los grupos dominantes.

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Si en Europa la extrema derecha usa la «amenaza» de la inmigración para fomentar el discurso de miedo y ganar votos, en Brasil el demonio es el comunismo, aunque ellos aparentemente ni sepan muy bien lo que es y quien sea comunista.

Pero saben porque usan el comunismo. Es muy revelador en el bolsonarismo como recuperaron todo el lenguaje anticomunista de los años sesenta y setenta. Brasil tiene dos partidos comunistas, el viejo Partidão y el PCdoB, que son comparativamente menores en relación con otros países, y fueron aliados menores del PT en el poder. Será todo, menos razonable, decir que hay una «amenaza comunista» en Brasil —al contrario de lo que sucedió en Portugal, en donde estuvieron en el poder, en Francia y hasta en España, en donde en determinadas regiones gobernaban. E incluso así, ellos recuperaron directamente el viejo discurso anticomunista. Es también, una cuestión de memoria, y eso tiene un significado particular porque ellos saben que todavía funciona.

Lo esencial de la educación es invisible al gobierno

ESPECIAL

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¿Y ese ataque a las universidades tampoco es una cosa nueva, verdad?

Todos los Estados autoritarios atacan a las universidades. Todas las fórmulas políticas, y sobre todo cuando se transforman en Estado, quieren tener sus instrumentos de formación y de encuadramiento —y las escuelas y universidades son algunos de ellos— y quieren tener, al mismo tiempo, un grupo de intelectuales orgánicos que consigan formular, con un discurso relativamente erudito y otro, más abierto, volcado a las masas, aquello que es su ideología.

Antes de que las extremas derechas del siglo XX atacaran la educación pública, ya la Iglesia había atacado la educación pública en el siglo anterior. Las derechas describieron el Estado de la formas como las iglesias siempre lo hicieron, acusándolo de querer adoctrinar a los niños y robarlos a las familias —después de que las iglesias habrían querido enseñar a los niños todo sobre la familia, sobre identidad de género, sobre sexualidad, orden y obediencia. Esa disputa de hegemonía a través de la educación entre los Estados liberales, y después democráticos, y las iglesias hoy es reproducida por la extrema derecha que acusa a todas la ciencias sociales, todas las humanidades de tener una versión abiertamente ideológica.

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Este reportaje es parte de una iniciativa de Chequeado (Argentina), UyCheck (Uruguay) y El Surtidor (Paraguay)

ESTUDIANTES SALEN A LAS CALLES

Hoy 30 de agosto, estudiantes secundarios y universitarios vuelven a las calles. Exigen, entre otros puntos, que la educación sea realmente gratuita, almuerzo escolar y cobertura de los cargos de docentes. Detrás de sus reclamos, hay un país donde –a excepción de una élite privilegiada que monopoliza el poder político y económico– la población se enfrenta a la frustración y las limitaciones que implica tener uno de los peores sistemas educativos del mundo.

Desde el 2016, con las tomas de colegios, cubrimos la crisis educativa de Paraguay. En este especial te contamos algunas de sus aristas.

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El discurso del gobierno actual en Brasil es que la formación debe seguir una lógica utilitaria y que cursos como filosofía y sociología no traen dividendos para la sociedad.

En Portugal, hasta el final de la dictadura salazarista, no había sociología, antropología o psicología en la universidad. En todos esos casos solo había cursos en las escuelas de formación de funcionarios coloniales. Una visión utilitarista. Más allá, las primeras ciencias sociales del siglo XIX nacen para ayudar a la dominación, para el conocimiento de los pueblos colonizados. Sucedió también en Brasil, era para conocer a los indígenas.

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«Cuando la ciencia pasó a ser un instrumento de emancipación, lo detentores del orden pasaron a no gustar de ella y a entender que ella es pecaminosa, blasfema o, en su versión en el siglo XX/XXI, militante.»

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De repente, cuando la ciencia pasó a ser un instrumento de emancipación, lo detentores del orden pasaron a no gustar de ella y a entender que ella es pecaminosa, blasfema o, en su versión en el siglo XX/XXI, militante. Desde Galileo fue así. O sea, todo lo que yo investigo, interpreto o concluyo con una metodología científica de la interpretación de la realidad es simplemente un discurso que sustenta una ideología.

La vieja batalla de la fe versus la ciencia.

Para esta extrema derecha religiosa, lo que cuenta es el texto sagrado, es una descripción de la naturaleza hecha a partir de lo sagrado, y que es inmutable. Ese debate tiene miles de años. Y, por tanto, este ataque no es ninguna novedad, y digamos también que no es exclusivo de la extrema derecha. Pero es muy grave lo que está pasando ahora: el neoliberalismo comenzó a revertir una política de inversión en la educación que venía desde los años 40, en varios países occidentales, y entra en el discurso de que la universidad tiene que ligarse al mundo del trabajo —que es el mundo de la empresa, la verdad—, de que la universidad —y la escuela en general— debe mostrar su carácter práctico, y que por tanto es un desperdicio de bienes públicos formar a esa gente. Y peor incluso si son un «bando de rojos».

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«El bolsonarismo es, sobre todo, una sumatoria de nostalgia de la dictadura militar, con demagogia anticorrupción y un discurso político centrado en la cuestión moral.»

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¿El bolsonarismo es una fórmula que puede extenderse por América Latina?

Creo que tiene algunas características que le permitirían claramente expandirse. El bolsonarismo es, sobre todo, una sumatoria de nostalgia de la dictadura militar, con demagogia anticorrupción y un discurso político centrado en la cuestión moral. En la cuestión puramente moral, dos de los líderes de las derechas clásicas que subieron al poder con el apoyo de la extrema derecha, Silvio Berlusconi y Donald Trump, son hombres que no pueden reclamar probidad alguna en su vida profesional, tributaria y familiar. Eso no impide que, en ambos casos, puedan hacer discursos profundamente reaccionarios sobre la familia. Berlusconi decía un discurso sobre la familia después de públicamente meter mano a las mujeres. Trump es la misma cosa. Por tanto, el bolsonarismo es simplemente la sumatoria de esa nostalgia de la dictadura, discurso sobre la corrupción —por tanto demagogia moralista—, a lo que se suma después una conexión con el mundo evangélico. Y si esas tres condiciones existieran en otras sociedades latinoamericanas, el bolsonarismo podría expandirse, conseguiría replicarse. Y creo que hay características muy semejantes en la derecha venezolana, mexicana, argentina y chilena, para que eso suceda.

Tras los «pillos y peajeros»: qué investigan la Fiscalía y el Congreso en el caso Itaipú

Muerto el juicio político, alguien debe responder por el fallido acuerdo secreto de Itaipú. La Fiscalía y el Congreso investigan, pero el camino a la impunidad parece allanado.

Vacas que vuelan, Escuelas que caen

En 2016, el mismo año que Paraguay empezó a exportar vacas por avión, se calculaba que una escuela pública se derrumbaba por mes. La estadística era la punta del iceberg. Niñas explotadas a cambio de ir a la escuela, docentes enseñando en medio del conflicto armado en el norte del país, miles de personas estafadas por universidades garage, estudiantes que arriesgan su vida para terminar su carrera y las esperanzas de la primera mujer de una comunidad indígena en una facultad.

Esas historias las contamos en #EscuelasQueCaen, una serie ganadora del Premio Peter Benenson al periodismo de Derechos Humanos.

El extraño caso del ministro de Educación que pide moneditas

Mientras Mario Abdo se ufanaba frente a empresarios de que Paraguay es casi un paraíso fiscal, Eduardo Petta pedía a la gente que done su vuelto de super para comprar pupitres. Los problemas de un sistema fiscal injusto que recarga en la gente común el gasto en educación para alivianar el aporte de los poderosos los explicamos en este reportaje ilustrado en nuestra web.

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Si tenés 2 minutos de lectura, esto es lo que tenés que saber:

• La Fiscalía no definió qué hecho investiga en el caso Itaipú. Los principales involucrados declararon como testigos y no se les puede imputar. Uno declaró que «perdió» el celular.

• La comisión bicameral no puede investigar al presidente ni al vicepresidente por impedimento constitucional, pese a que ambos sabían de las negociaciones del acta.

• El desenlace del caso Itaipú también depende de los pactos de Mario Abdo, que se salvó de la destitución gracias al cartismo. El juicio político seguirá siendo una amenaza.

ESTUDIAR Y SEGUIR POBRES

En 2018, un informe del Banco Mundial llegó a la conclusión de que la educación en Paraguay, en vez de dar más oportunidades, aumenta la desigualdad.

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reportaje romina cáceres · edición jazmín acuña & juan heilborn · ilustración robert báez

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Cinco horas de sesión terminaron con aplausos de los diputados colorados. «Queda rechazado y se remite al archivo el pedido de juicio político» dijo el presidente de la cámara, Pedro Alliana el 20 de agosto de 2019. La alianza entre colorados oficialistas y cartistas evitó que el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez sean destituidos por un escándalo que se generó con la firma en secreto de un acta bilateral entre las cancillerías de Paraguay y Brasil el 24 de mayo en Brasilia, que establecía que la ANDE compre energía más cara de Itaipú, una vieja disputa con Eletrobras. Tal fue la controversia que hasta el presidente Jair Bolsonaro decidió anular el acta para salvar la cabeza de su «amigo Marito», como se refirió a él en la Cumbre del Mercosur de julio pasado. De paso resguardó la suya, ante sospechas de un negociado paralelo con una empresa brasileña supuestamente vinculada a la familia Bolsonaro.

SIN PROFES NO SE APRENDE

Desde principios de 2019 el Ministerio de Educación no puede cubrir las vacancias de profesores. Pese a numerosas promesas y algunos avances, estudiantes denuncian que terminarán el año sin dar materias enteras.

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Mientras Mario Abdo intenta retomar el control de su gobierno, la Fiscalía y una Comisión Bicameral de Investigación indagan el caso Itaipú. Pero según abogados, una politóloga y otros especialistas, no hay garantías de que los responsables serán sancionados por estas tres razones: la Fiscalía no ha definido qué investiga en el caso Itaipú, la comisión bicameral no puede investigar al presidente ni al vicepresidente y los pactos políticos de Mario Abdo pueden condicionar el desenlace del caso Itaipú.

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Varias fueron las reacciones a la publicación de la investigación de El Surtidor sobre la ONG Funda Joven. La investigación demuestra como Funda Joven, ligada a iglesias evangélicas, da capacitaciones sobre bullying y suicidio adolescente a docentes y charlas a estudiantes a cargo de pastores y capellanes sin criterios científicos. Estas capacitaciones están financiadas por empresas como Inverfin, del actual director paraguayo de Itaipú, y tienen el aval y del Ministerio de Educación y el apoyo del ministro Petta. En un audio al que accedieron reporteros de El Surtidor de una de las capacitaciones de la ONG a docentes en junio pasado, un capellán hace apología al maltrato infantil como forma de «curar» el suicidio.

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La Fiscalía no ha definido qué investiga en el acuerdo de Itaipú

Mario Abdo sabía del acuerdo secreto con Brasil. Por eso, declaró como testigo ante los fiscales Marcelo Pecci, Sussy Riquelme y Liliana Alcaraz el 12 de agosto pasado. Los fiscales no han especificado hasta hoy qué hechos punibles investigan ni sus sospechas. «Primero tenemos que establecer qué fue lo que pasó y luego hacer análisis de punibilidad» dijo Alcaraz en una conferencia de prensa. La Comisión Escrache y el PLRA presentaron denuncias por lesión de confianza, preparación de un atentado contra la existencia del Estado y otros ilícitos contra los cuatro responsables directos de la firma del acuerdo: el ex canciller Luis Castiglioni, el ex embajador en Brasil, Hugo Saguier Caballero y los ex directores de Itaipú, José Alberto Alderete, y de la ANDE, Alcides Jiménez.

Para el abogado penalista Jorge R. Vasconsellos, es un absurdo que la Fiscalía abra una investigación sin tener una hipótesis delictiva. Explica que los fiscales están obligados a señalar qué hecho punible investigan para determinar si se cometió o no. También cuestiona que convoquen a los involucrados a declarar como testigos y no como indagados. La cuestión es simple: un testigo no puede ser imputado. Es el caso de José «Joselo» Rodríguez, supuesto asesor del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Y del mismo vicepresidente, quien hizo carrera, justamente, como fiscal. Chats divulgados en medios de prensa involucran a ambos en una operación para favorecer a la empresa brasileña Leros en la compra de energía de la ANDE.

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«La Fiscalía invalida su propia investigación cuando a los presuntos involucrados los llama a declaración testifical, es decir, les hace prestar juramento y les advierte de las penalidades de las que pueden ser pasibles.» Abogado Jorge R. Vasconsellos.