El encierro de cuatro mil niños paraguayos

Veinte años antes que Trump encerrara a niños en condiciones infrahumanas, Paraguay hizo lo mismo en el Panchito López.

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Lo primero que supieron los niños y adolescentes que se mudaban al nuevo Panchito López una mañana de 14 de agosto de 1996 es que debían entrar entre 300 en una vieja mansión de un jerarca estronista. Había lugar para 18. Tampoco habían suficientes baños o un lugar específico para comer en ese centro de reeducación de menores. Igual entraron con  colchones que tenían para compartir entre varios en el suelo. Entraron con las ollas donde debían cocinar todos los días el mismo locro con poroto y gusanos para todos. Entraron a recibir más golpes de los que ya recibieron cuando fueron detenidos por robar una radio casetera o una gallina. Nueve de cada diez entraron con su proceso judicial convertido en la condena que jamás les dio un juez. Entraron custodiados por guardias militares, algunos de ellos también niños y adolescentes haciendo el servicio militar obligatorio. Entraron a un lugar donde los ponían de cabeza contra una pared para pegarles con varillas.

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Casi 4.000 niños y adolescentes entraron al Panchito López hasta su cierre en 2001. Doce de ellos nunca salieron con vida. Entre 1990 y 1997, el fotoperiodista Jorge Sáenz documentó las condiciones infrahumanas en las que estaban encerrados en este fotorreportaje que llamó «El embudo». 

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Adolescentes detenidos en una comisaría luego de robar una radio. De fondo, la foto del entonces comandante de la Policía, Mario Sapriza, acusado de torturador durante la dictadura.

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Esperando en el calabozo. La mayoría de los niños y adolescentes ya eran golpeados en las comisarías antes de ir al Panchito López, un centro de reeducación. Entre los años 1996 y 2001, fueron 4000 chicos los que terminaron allí en «condiciones infrahumanas», según la CIDH. Entre 1990 y 1997, el fotoperiodista Jorge Sáenz lo documentó.

Taxis, Uber, MUV: la pelea por moverse en Asunción

Algunos apuntes para el debate sobre una parte del conflicto del transporte en la capital

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Un niño maquillándose en el Panchito López. En el espejo, otro niño soldado haciendo el servicio militar obligatorio lo vigila. Algunos guardias del centro de reeducación tenían la misma edad que los internos.

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Dos internos menores de edad en la cárcel de Emboscada, donde convivían con adultos. Cuando el Panchito López se trasladó a Asunción en 1996, los baños eran letrinas sin puertas. Cuando construyeron baños nuevos, no tenían duchas y el jabón era un artículo preciado.

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Un interno descansa bajo el sol durante el recreo de media hora que tenían. Los zapatos, como toda la ropa, eran todo un lujo.

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Unos guardias conversan  mientras un chico de 14 años los rodea con su auto de juguete. La mayoría de los niños y adolescentes presos lo estaban – como hasta ahora – bajo acusaciones de hurtos y robos. Uno incluso seguía recluido «por crímenes indeterminados». Nadie sabía por qué.

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Cocinando tortillas en el patio. Aunque en teoría había una cocinera, los internos denunciaban al fotoperiodista Jorge Sáenz que ella «solo trabajaba para los guardias».

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Solo había una comida para todos al día. Podía ser locro con porotos que «muchas veces tenían gusanos». La Corte Interamericana de Derechos Humanos recogió varios de estos testimonios antes de emitir su condena contra el Estado paraguayo.

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Veinte años antes de que a Trump lo acusaran de encerrar a migrantes en virtuales campos de concentración, Paraguay ya encerraba y torturaba a niños. Es lo que concluyó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004. Hasta hoy,  el Estado paraguayo no cumplió la condena que recibió en su totalidad. Es lo que le contó un ex interno, Vidal Zárate, a Jorge Sáenz: «Éramos unos chiquilines. Los guardias nos trataban como a un animal, peor que a un enemigo». Sáenz lo conoció en 1990, cuando el Panchito López todavía se ubicaba dentro del Penal de Emboscada, junto a los presos adultos. Era uno de los pocos que sabía leer y escribir. Entró y salió varias veces. «Estábamos cansados de comer mierda y vestirnos con trapos sabiendo que llegaban donaciones que el director y el jefe de seguridad encanutaban todo», le contó Zárate. Por eso lideró el primer motín en el Panchito López. Tomaron el correccional y abrieron un depósito donde se guardaban kilos de carne en un congelador. Por ser cabecilla, Zárate cuenta que lo «molieron a palos».

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Otro interno que Sáenz conoció fue Tyson. En sus brazos con múltiples tajos se podía contar cada vez que había terminado en la comisaría. Cada corte era autoinfligido para que los policías lo mandaran al hospital y no lo torturaran. Sáenz también vio niños que se cosían la boca como forma de protesta para que les den medicamentos o abrigos. Vio adolescentes infectados con hepatitis y tuberculosis por compartir las agujas con las que se hacían tatuajes todos con tinta de biromes. Los vio sin duchas ni jabón para bañarse y los vio entre 20 ó 30 encerrados en una pieza con un solo ventilador en días con 38 grados de temperatura. Los niños y adolescentes eran «disciplinados» por guardias que les decían que «no eran más de la sociedad ni de la humanidad» y  que llevaban a los internos a una sala de tortura en el sótano, en el cual los ponían «de patas arriba y les daban garrote», según constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

«El Embudo» fue el nombre del libro donde Jorge Saénz compiló las fotos que tomó durante siete años en el Panchito López; se publicó con introducción de Miguel Gómez, diseño de Fernando Amengual y textos literarios de Nei Zuzek. El Panchito López era un embudo donde miles de niños y adolescentes fueron arrojados cuando era claro que allí no había espacio para todos. Un embudo «de paredes resbaladizas que tampoco los dejaba escapar» del sistema penal paraguayo, explica Sáenz.

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La sala de televisión era otro lujo al cual los chicos podían acceder una vez a la semana por media hora si los guardias estaban de humor.

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Algunos de los jóvenes internos intentaban escalar una parte de los muros de más de dos metros solo para matar el aburrimiento. Incluso mientras niños morían en los incendios del 2000 y 2001, la prioridad de los guardias fue disparar a aquellos que pudieran fugarse.

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El Panchito López se mudó de Emboscada a Asunción en 1996. Los internos tuvieron que mover desde las ollas hasta los colchones sin forro que compartían entre varios. Lo primero que Sáenz se dio cuenta cuando llegaron es que el nuevo lugar, una mansión que perteneció a un jerarca estronista, no tenía espacio para todos.

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Los adolescentes fueron trasladados de Emboscada en camiones militares. La casa convertida en cárcel en Asunción tenía lugar para 18. Eran 300.

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Los chicos no eran divididos ni por edad, ni por tipo de delitos, ni si estaban procesados o condenados. Eran divididos entre los que tenían antecedentes y los que no.

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En una celda para dos debían estar amontonados casi todo el día hasta treinta internos. «Los niños más chicos eran los que más sufrían», cuenta Sáenz. Según un interno, los abusos sexuales eran recurrentes.

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Un interno contaba que en el centro de detención no corría aire puro, siempre había mal olor y sólo tenían agua para limpiarlo.

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El Embudo fue un canario en la mina de lo que el hacinamiento, las pésimas condiciones de seguridad y los constantes motines por el maltrato podían generar: tres incendios –en febrero del 2000, febrero y junio de 2001– mataron a doce chicos internos.

 

Francisco Ramón Adorno estaba durmiendo cuando empezó el primer incendio. «Se empezó a quemar el yeso del techo, hacía mucho calor y costaba respirar por el humo» contó en su testimonio a la CIDH. Los niños gritaban. Vio a un compañero desmayarse y morir aplastado por el techo que le cayó encima. Los guardias miraban y solo disparaban para evitar que alguno se fugara. «Les importaba más eso que salvar a los internos», dijo Adorno. Fueron los chicos los que apagaron el incendio con frazadas mojadas porque no había extintores. Adorno quedó con quemaduras en la cara y el brazo. Su madre tuvo que hacerse cargo de los gastos médicos. Cuando dio su testimonio, estaba preso en Tacumbú. Denunció que le habían plantado marihuana.

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Otro chico, Osmar López Verón, dijo que el primer incendio fue culpa de un oficial llamado Cano que separó la noche anterior a cinco o seis internos del pabellón 8 y junto a otros guardias, borrachos, los torturaron hasta las 3 de la mañana. «Cuando llegaron todo lastimados, querían hacer algo […] y ahí empezó el fuego». Escuchó a un oficial decir «que se mueran, no me interesa nada». Vio morir a dos compañeros allí. Siete más morirían después en el hospital. Uno de ellos era su amigo Mario, de quien se decía ya tenía su libertad. El papel le había llegado ese día a las seis de la tarde.

 

Tuvieron que suceder dos incendios más para que Paraguay cierre el Panchito López, luego de varias advertencias de la CIDH. Murieron en custodia del Estado paraguayo los niños Elvio Acosta, Marco Giménez, Diego Valdez, Sergio Vega, Sergio Poletti, Mario Álvarez, Juan Román, Antonio Escobar y Carlos de la Cruz. Al menos cuarenta niños y adolescentes más quedaron con secuelas físicas y psicológicas por los incendios. Se calcula que fueron 4.000 los que sufrieron torturas y condiciones «infrahumanas» entre 1996 y 2001.

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Con un solo ventilador para todos, los niños y adolescentes tenían que compartir colchones entre dos o tres. Las sábanas las daban las familias de los internos. Algunos dormían en el piso.

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Un arco de fútbol convertido en malla de volley. Los recreos duraban media hora.

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Dentro del centro se intercambiaba desde jabón hasta marihuana por favores y dinero.

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Un cigarrillo a cambio de una foto tapándose las caras. «Les pedía eso para evitar que alguien los reconociera y tuvieran problemas después», explica Saénz.

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Enfermedades como tuberculosis, hepatitis y hasta VIH eran transmitidas entre los internos al compartir las agujas con las cuales se hacían unos a otros tatuajes con tinta de birome. El único medicamento que había en el Panchito López era pastillas para el dolor de cabeza.

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Cada tajo en los brazos de Tyson marca una entrada a la comisaría. Se cortaba para que los policías lo enviaran al hospital y así no lo torturaran en el calabozo.

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Según lo que los internos le decían a Sáenz, las peleas entre ellos «no pasaban a mayores».

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Los motines por los malos tratos o la falta de medicamentos eran comunes. La represión era peor. Los policías los llevaban a un sótano, una sala de tortura donde obligaban a los chicos a pararse de cabeza mientras los golpeaban con varas y cachiporras.

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Sáenz cuenta que los motines y los intentos de fuga eran motivo para que los guardias pongan en práctica distintas formas de cruel represión.

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Para José Galeano, del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, el caso Panchito López cambió la forma en la que Estado paraguayo lleva la justicia penal adolescente – en los papeles. Ahora son «centros educativos» como el de Itauguá. Pero tanto Galeano como Ximena López, investigadora que realizó un informe sobre el sistema penal adolescente en Paraguay en 2014, coinciden que el término de centros educativos «es un eufemismo». Los que deben educar a los niños y adolescentes allí –ocho de cada diez por delitos contra la propiedad, nueve de cada diez sin condena, la mayoría viene de familias pobres y trabajaba antes de terminar encerrado– son guardiacárceles «con ninguna otra formación que haber terminado el bachillerato», dice Galeano. 

 

«Si, es cierto que mejoró la infraestructura en comparación al Panchito López», dice López. Pero es que la vara es demasiado baja. «Aún así, los chicos siguen siendo garroteados, siguen habiendo motines, siguen muriendo», subraya Galeano. En 2017, dos adolescentes murieron en un incendio en el Centro Educativo para Adolescentes de Ciudad del Este. El fuego empezó por una protesta de los internos por los malos tratos. Cinco de los siete centros educativos sufren de hacinamiento. En cuatro la sobrepoblación es crítica.

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«Desde el Mecanismo tenemos la hipótesis de que los centros educativos no sólo no están reinsertando a la sociedad a los adolescentes tirados ahí, sino que los condenan a una vida delictiva», dice Galeano. El regalo cuando cumplís 18 años en un centro educativo es irte a Tacumbú o Emboscada. De allí entran y salen hasta que se mueren. 

 

Vidal Zárate, el chico que Jorge Sáenz entrevistó, murió hace unos años. Tenía un agujero en el estómago del disparo de la policía cuando huía de un robo. Cuando Tyson no está preso, está igual en Tacumbú dándole de comer a sus compañeros. «El Estado paraguayo ataca el problema en vez de las causas. No puede ser que su única respuesta sea el encierro», reflexiona Ximena López.

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El embudo sigue empujando a niños y adolescentes a un infierno donde ya no cabe nadie.

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Vidal Zárate era uno de los pocos que sabía leer y escribir. Como la mayoría, entró y salió varias veces del Panchito López. «En Tacumbú estabas mejor, ya sabés como funciona», explicaba. La última vez que Jorge Sáenz lo entrevistó, estaba en su casa en Chacarita con un agujero en el estómago. La policía le disparó cuando escapaba de un fallido robo. «Murió hace unos años», cuenta Sáenz.

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Algunos chicos se cosían los labios para protestar por el hambre que tenían. «Estábamos cansados de comer mierda», le decía Vidal Zárate, un interno del Panchito López, a Jorge Sáenz. Por eso organizaron un motín. Cuando llegaron a un depósito del centro, encontraron kilos de carne.

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El 29 de junio, taxistas cerraron por horas los accesos a la Terminal de Ómnibus de Asunción para evitar que conductores de Uber y MUV que recogían pasajeros allí pudieran salir. Días después, lograron que la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso prohibiera en la ciudad a las plataformas digitales, aunque la prohibición fue luego levantada. En respuesta a ello, taxistas se manifestaron bloqueando la ruta Transchaco.

Voces desde el encierro sin condena

Personas privadas de su libertad narran cómo es vivir en las cárceles de Paraguay. Ocho de cada diez no tienen condena.

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Este es sólo el capítulo paraguayo de una guerra entre taxis y servicios como Uber y MUV en distintas partes del mundo. En París, prendieron fuego a autos. En México, hubo más más de 40 taxistas detenidos por agresiones. No todo vino por parte del gremio de taxis: en Nueva York, Uber respondió a los intentos del alcalde Bill de Blasio de regular el servicio con una agresiva campaña de lobby contra su imagen. Lo mismo en Montevideo, donde la empresa instó a que sus miles de usuarios bombardearan con e-mails a los ediles que pasaron legislación para evitar competencia desleal. En palabras de su fundador, Travick Kalanick, es una campaña política, «donde el candidato es Uber y el oponente un idiota llamado Taxi».

 

En el gran Asunción, servicios como Uber –que opera desde 2018– y la versión local MUV –desde 2017– todavía no tienen normas que los regulen. Y las que existen para taxistas son generalmente letra muerta. 

 

¿Qué se juega en este conflicto? ¿Por qué protestan los taxistas y tienen alguna razón válida para hacerlo? ¿Son Uber y MUV empresas de transporte o intermediarias de servicios? ¿Importa la diferencia? Van algunos apuntes para entrar en el debate. 

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La turbia hegemonía de los taxis 

Según la Municipalidad de Asunción, en la ciudad hay 1.379 vehículos habilitados como taxis en las 79 paradas de la ciudad reguladas por la Ordenanza 26/92. La mayoría de las paradas son de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) y ocupan lugares públicos como calles sin pagar ningún canon, violando el artículo 134 de la Ley Orgánica Municipal. Según el arquitecto y urbanista Marcelo Kublik, «las paradas en espacios públicos corresponden a una ciudad de otra época. Hoy, con el volumen de tráfico, son insostenibles».

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Una investigación del programa AAM demostró también cómo las paradas son compradas y vendidas por Clasipar, un negocio por el cual la Municipalidad no recibe nada, según denunció Sebastián Villarejo, entonces concejal por Patria Querida y hoy diputado por Asunción. El representante legal de APTA, Arístides Morales, fue Director de Tránsito –el organismo municipal que debe decidir si habilita o no paradas de taxis– durante la administración del colorado Arnaldo Samaniego, hoy también diputado por Asunción.

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Un hombre que pasó nueve meses aislado de forma ilegal en un calabozo de Tacumbú, una de las 18 prisiones de Paraguay cuenta: «Los derechos humanos no entran en esta penitenciaria». Y las condiciones de evidente abandono en la que vive la población penitenciaria del país lo respaldan. Hacinamiento, torturas, corrupción y violación a los derechos humanos más básicos –como acceso a salud y comida– revelan una profunda crisis social. En este corto documental, el periodista y fotógrafo Santi Carneri recoge algunas denuncias de las personas privadas de su libertad que conoció en su recorrido por casi todas las cárceles de Paraguay a lo largo de cuatro años. Entrelazadas con imágenes registradas en celdas, patios, pasillos y pabellones que también forman parte de este fotoreportaje. Sus voces nos acercan a un infierno que no es accidente alguno. Es el resultado de políticas públicas aplicadas a concienca. 

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MUV y Uber: ¿intermediarias o empresas de transporte? 

 

La discusión que se da en todo el mundo acerca de plataformas como Uber y MUV es  sobre si son intermediarias digitales entre un conductor contratado por un cliente o son empresas que brindan transporte de pasajeros. La diferenciación es importante por varios motivos, como la responsabilidad de aquellos que ofrecen las plataformas sobre los conductores, las licencias de conducir y tarifas a pagar. 

 

Uber se define como intermediaria en el contrato al que adhieren sus «socios conductores» en Paraguay. MUV también, según su directora Ximena Duré. En ambos casos, los conductores «prestan servicios profesionales independientes» y «no tienen relación de dependencia», según Jessica Espínola del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no están regidos por el Código Laboral ni pueden hacer reclamos a las empresas. El contrato de Uber es claro: «Uber no tendrá responsabilidad u obligación alguna respecto de cualquier reclamación, presente o futura, frente a toda clase de autoridades laborales, civiles, administrativas, penales o de cualquier otra índole o ante toda clase de personas». Todo esto aunque se lleve el 25% de las ganancias de cada viaje.

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La discusión que se da en todo el mundo acerca de plataformas como Uber y MUV es  sobre si son intermediarias digitales entre un conductor contratado por un cliente o son empresas que brindan transporte de pasajeros

Ficha técnica

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Sobre las licencias de conducir, el departamento de soporte de Uber en Paraguay respondió primero que era necesaria «una licencia profesional tipo A», equivalente a la exigida a taxistas y entre cuyos requisitos incluye un año de antigüedad con la licencia tipo B. Ante una nueva consulta, Uber respondió que bastaba con «cualquier licencia profesional». Sin embargo, según cuatro conductores de Uber, a ellos solo les pidieron licencia particular. Duré confirmó que MUV pide licencia particular a sus conductores pero que «se adecuarán si la normativa exige otra cosa». La diferencia entre licencias es uno de los argumentos de los taxistas para esgrimir competencia desleal. 

 

Por otro lado, los autos habilitados por MUV y Uber deben pagar la tarifa común de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), mientras que los taxis tienen una tarifa diferencial 3 veces menor.

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La regulación a las plataformas en puerta

 

Según el concejal Federico Franco Troche, la ordenanza que regulará a MUV y Uber en la que está trabajando la Junta Municipal de Asunción y que debe ser presentada en dos semanas contempla como exigencia para ser conductor de las plataformas tener una licencia profesional tipo A. También exigirá a MUV y Uber dar a la Municipalidad la lista de sus conductores registrados, además de un seguro especial para pasajeros, prohibir que los conductores trabajen más de 12 horas y prácticas como el dumping, que es trabajar a pérdida como medida para competir con otros servicios. Aunque por ahora la ordenanza no pondrá límites a la cantidad de conductores habilitados, Franco Troche dice que se puede establecer «en un futuro, si es necesario, de igual modo que se controla la cantidad de taxis por habitante». 

 

La limitación de conductores habilitados es una medida adoptada por la intendencia de Montevideo para evitar que el exceso de oferta afecte las ganancias de los conductores ya registrados. La habilitación sin control por parte de Uber fue uno de los principales reclamos en la huelga que realizaron en mayo conductores del servicio en varias ciudades del mundo. Eso y mejoras en las condiciones de trabajo. Las denuncias de constante reducción de paga por parte de la empresa, al mismo tiempo que sus directores ganaban millones de dólares con la salida a la Bolsa, llevó a que conductores de Uber se aliaran con sus enemigos de antaño: los taxistas.

Según Franco Troche, la ordenanza propuesta va de la mano con lo que dice la Ley Nacional de Tránsito. «La ley es muy clara en su artículo 21: todo traslado de personas o cosas realizado con un fin económico es un servicio de transporte». Es una interpretación similar a la que llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que Uber debía regirse como una empresa de transporte.

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Para el urbanista Marcelo Kublik, se debe pensar en garantizar una alternativa más ante la orfandad a la hora de poder movilizarse en la ciudad

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Sebastian Villarejo, diputado por Patria Querida, cree que «no se debe regular de más. La discusión sobre si es una intermediaria o un medio de transporte se da en todos lados, y en mi opinión, en nuestro país deberíamos mantenerlo simple», asegura. Villarejo sostiene que plataformas como Uber y MUV –que tienen 3000 y 2000 conductores registrados cada una– son «un gran modo de ganar un extra para muchos jóvenes» y una regulación como la exigencia de una licencia profesional A ciertamente afectaría la posibilidad de muchas personas de convertirse en conductores. Critica al intendente Mario Ferreiro, quien dijo que más allá de la ordenanza de Asunción, el Congreso debe encargarse del tema con una ley nacional. «Es una forma de sacarse responsabilidades. Pero si llega el tema al Congreso nos haremos cargo», según Villarejo. Para él, la regulación de Uber y MUV es una responsabilidad de cada municipio.

 

«Nosotros defendemos que somos un intermediario» dice Ximena Duré de MUV. Para ella, decir que son una empresa de transporte es como decir que Amazon es una zapatería porque ofrece zapatos. Duré si está de acuerdo en la necesidad de una regulación nacional, «sobre todo a nivel tributario», dice. «Hoy nos están cobrando doble impuesto, porque a la empresa nos cobran IRACIS y luego a nuestros conductores les vuelven a exigir facturación por renta». Mientras MUV tiene un sistema automático que emite facturas al terminar cada viaje, el viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) dijo en junio que estaban investigando a conductores de Uber que no facturaban. Uber declaró que los conductores involucrados podrían ser dados de baja. La situación de los taxis no es mejor: En 2017, cada taxista registrado como contribuyente facturó en promedio solo 87.000 guaraníes. 

 

Para el urbanista Marcelo Kublik, se debe pensar en garantizar una alternativa más ante la orfandad a la hora de poder movilizarse en la ciudad, aunque no sea una solución de fondo: «Para responder a la demanda se necesitan obras como un Metrobús, un sistema de transporte público integrado, etcétera». Kublik considera que sería positivo si Uber y MUV hicieran que menos personas utilicen su auto particular, aunque un estudio en San Francisco concluyó que los Uber, al no tener paradas y moverse continuamente en la espera de pasajeros, aumentó el tráfico de la ciudad y no redujo el número de vehículos particulares.

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Ruralistas cobran el apoyo dado al gobierno de Bolsonaro en medidas contra protección ambiental

En un encuentro cerrado de casi cuatro horas en el Ministerio de Agricultura, ruralistas de Pará critican al órgano ambiental, mientras representantes del gobierno prometen favorecer los intereses del grupo.

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agencia pública | traducción diajanida hernández

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Quien entrase desprevenido por la puerta del auditorio Olacyr de Moraes, en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa), al inicio de la tarde del día 10 de abril, tendría dificultad en saber que se trataba de un encuentro entre grandes agricultores paraenses y autoridades de las áreas de la agricultura y del medio ambiente del gobierno de Jair Bolsonaro. En vez de esas sibilancias, típicas del acento de Pará, estado en el Norte del país ocupado en gran parte por la Floresta Amazónica, se oía en la platea las erres marcadas de los acentos del sur, comunes entre los que mantienen latifundios en suelo amazónico. Reunidos en el auditorio, los productores rurales fueron a Brasilia a presentar la factura del apoyo enfático dado a Jair Bolsonaro durante la campaña presidencial.

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El equipo de la Agencia Pública presenció las casi cuatro horas del encuentro, ideado por la Federación de Agricultura y Pecuaria de Pará (Faepa) y financiado por el gobierno, sobre todo por el titular de la Secretaria Especial de Asuntos de los Fundos [tierras] (Seaf), Luiz Antônio Nabhan Garcia, también expresidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR). Fue él quien convocó a los productores al encuentro por medio de videos disparatados enviados por WhatsApp. La invitación emocionó: el auditorio quedó completamente abarrotado y algunos agricultores quedaron afuera del recinto, estirando el cuello para acompañar la discusión.

Sin condena en el infierno paraguayo

Una mirada al interior de las cárceles de Paraguay, donde ocho de cada diez internos ni siquiera han visto a un juez.

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La titular del ministerio, Teresa Cristina, ha reconocido el rápido apoyo dado por el sector agrario, gran protagonista de la economía brasileña en los últimos años, en campaña. «Pueden tener certeza de que el gobierno del presidente Bolsonaro tiene un aprecio y un cariño muy especial por los productores rurales, que fueron aquellos que primero lo apoyaron, fueron aquellos que primero creyeron», discursó. «El estado de Pará fue uno de los estados que primeramente le dio a él [Bolsonaro] su voto de confianza». Vale registrar que la ministra se refería a los agricultores, y no a la población, que votó mayoritariamente por el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad.

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La principal exigencia puesta sobre la mesa por los ruralistas fue la flexibilización radical (tal vez el término correcto sea desmontaje) de la fiscalización ambiental en suelo paraense.

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Delante de la ministra, de Nabhan Garcia y otras autoridades, como el presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), y del presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), la principal exigencia puesta sobre la mesa por los ruralistas fue la flexibilización radical (tal vez el término correcto sea desmontaje) de la fiscalización ambiental hecha en suelo paraense.

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El Ibama y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), órganos encargados por ley de hacer fiscalización ambiental, fueron blanco de duras críticas y agresiones. Era cuestión de que alguien los nombrara y el murmullo comenzaba. Al poco tiempo, palabras de orden eran gritadas y aplausos efusivos demostraban el apoyo de la platea a quien tenía el coraje de gritar en el medio de la multitud. En las manifestaciones anónimas, hechas durante las intervenciones, los órganos fueron acusados de practicar «terrorismo de Estado», algunos dijeron que el gobierno «tiene que acabar» con ellos, a pesar de la obligación del Estado de mantenerlos, y los llamaron de «cáncer». Productores hablaron de «deshacer esas porquerías de Unidades de Conservación (UCs)». Términos similares también fueron usados para referirse a otras áreas protegidas por la Unión, como tierras indígenas y asentamientos de reforma agraria. En las intervenciones hechas en un púlpito del auditorio por productores rurales y autoridades no ligadas al gobierno federal, el tono no fue muy diferente.

 

El radicalismo de las demandas fue tal, que llevó a los representantes del gobierno de Bolsonaro a la posición no usual de pedir a los presentes ponderación, cautela y apego a la institucionalidad. Si el descrédito demostrado por Bolsonaro hacia los órganos ambientales hiela el espinazo de los ambientalistas, para los ruralistas paraenses parece ser poco. Ellos quieren la nueva era de Bolsonaro para ya y, en ella, no quieren tener que recibir fiscales del Ibama en sus portones.

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Un motín de violencia inédita se desató a mediados de junio en la cárcel de San Pedro: diez personas fueron asesinadas, varias de ellas decapitadas y degolladas, otras incineradas. La escena de terror destapó una vez más las contradicciones del sistema de justicia. La primera: la población carcelaria de Paraguay crece a un ritmo desproporcionado por la corrupción del sistema. De cada diez personas recluidas, sólo dos han visto a un juez y tienen condena. Los restantes no saben si son culpables o inocentes. Muchos de ellos están en prisión preventiva, una figura legal que fiscales y jueces aplican a mansalva y que iguala a quien mata con el que roba una licuadora. La segunda: la cantidad de personas recluidas es el doble de la capacidad penitenciaria de todo el país, por lo que desde el periodo de gobierno de Cartes está en marcha una millonaria inversión en nuevas cárceles, mientras que en las actuales los internos deben pagar por jabón, colchón, ropa y comida que el Estado no les provee. De hecho, 166 personas han muerto bajo custodia del Estado sólo entre 2013 y 2016. En contraste, políticos corruptos y narcotraficantes que por alguna inusual razón van a prisión encuentran a su disposición «celdas VIP» con comodidades que ni la mitad de la población de Paraguay puede tener. Con su poder, privatizaron el sistema carcelario a beneficio de jueces, fiscales, defensores públicos, directores y guardia cárceles, en una larga cadena en la que nadie mueve un dedo si no hay plata de por medio. 

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Discursos por la extinción de los órganos de protección ambiental

 

«Nosotros no podemos querer reformar órganos inútiles que no tienen más función que consumir dinero público y perpetuar la corrupción», afirmó Paulo César Quartiero, que, hasta enero del año pasado, ocupaba el puesto de vicegobernador en Roraima, estado en el extremo norte del país.

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Quartiero, además, es un antiguo adversario de la causa indígena en Roraima. Tuvo una hacienda expropiada como consecuencia del proceso de demarcación de tierras indígenas. En 2008, cuando era prefecto de Pacaraima (Roraima), fue apresado por la Policía Federal (PF) acusado de tentativa de homicidio, conspiración y posesión de artefactos explosivos. Según afirmó el Ministerio Público Federal en la denuncia, tales crímenes ocurrieron después de que él coordinó ataques a indígenas de la Comunidad Renacer. Nueve indígenas fueron heridos en la acción, ocho de ellos baleados, según informó la PF en su momento. La acción todavía corre en la Justicia Federal.

 

La sugerencia de Quartiero de que no serviría reformar órganos ambientales, pero sí eliminarlos, generó una manifestación inmediata del anfitrión Nabhan Garcia. Al tomar la palabra, él subrayó que no fue el gobierno de Bolsonaro quien había «creado» o refrendado las demarcaciones de tierras y recordó las consecuencias legales de eliminar órganos ambientales. «Aquí no hay espacio para la pirotecnia, me disculpa. Si aquí hay alguien formado en Derecho, sabe lo que yo estoy diciendo. No es así que se acaba con el Funai, con el Ibama, con el Incra», respondió Nabhan Garcia.

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A pesar de la imposibilidad jurídica de extinción de los órganos, el secretario recordó que el gobierno federal viene estirando la cuerda en esos órganos, intentando favorecer a los intereses de los ruralistas.

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A pesar de la imposibilidad jurídica de extinción de los órganos, el secretario recordó que el gobierno federal viene estirando la cuerda en esos órganos, intentando favorecer a los intereses de los ruralistas. «La cuestión de la Funai: ella es responsable por la identificación, delimitación, demarcación, autorización de tierra y etc. [El gobierno] le quitó eso a la Funai. No se puede acabar con la Funai, pero se puede quitar lo que era nocivo que la Funai hacía y así lo hizo el gobierno el 1° de enero, feriado nacional, en el día de su toma de posesión. Hay una medida provisional quitando de la Funai todas esas situaciones. Pasando para nuestra secretaria inclusive las clausulas quilombolas [palenques] también, de la Fundación Palmares. Hoy está todo en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaria de Asuntos de Tierras, que a su vez el órgano ejecutor es el Incra, el nuevo Incra, que tiene buenas intenciones y va a promover cambios», argumentó Nabhan Garcia, señalando cambios en la política indigenista.

 

Cuando subió al púlpito, el mayor Olivaldi, nuevo director de protección ambiental del Ibama, estaba nítidamente nervioso. Antes de comenzar a hablar, hubo conmoción en la platea. Olivaldi pidió calma. Cuando consiguió hablar, el mayor agradó a los ruralistas. «Vamos a hacer un movimiento para desembargar áreas susceptibles de desembargo. Eso es una promesa del gobierno de Bolsonaro, del ministro [del Medio Ambiente] Ricardo Salles. Estamos revisando esos embargos», afirmó. «Intentaremos revertir el máximo de aquello que está perjudicando. No es promesa. Eso nosotros lo vamos hacer. Pero yo pido tiempo. No se olviden que mucho de lo que fue dicho aquí [en las reivindicaciones], es necesario cambiar la porquería de ley. Yo soy un funcionario público. Yo voy preso… Alguien creó aquella cosa de la Unidad de Conservación, si está bien o mal, yo no voy a entrar en la discusión».

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El marco legal tiene eufemismos para maquillar este infierno. El objetivo de las cárceles es –en teoría– lograr la reinserción a la sociedad de las personas que hayan cumplido con su condena según la Constitución. Cuando la realidad es que el sistema penitenciario actual no resuelve los problemas de los que se encarga, sino que los empeora. Las prisiones funcionan como una representación en miniatura de lo que ocurre a gran escala en nuestro país; una rosca de clasismo, violencia y corrupción que privilegia a unos pocos mientras la mayoría batalla por sobrevivir. En su recorrido por casi todas las prisiones de Paraguay entre 2013 y 2017, el fotógrafo documental y periodista Santi Carneri lo confirma en este fotorreportaje. Acompañado de un equipo de abogados, psicólogos, médicos y trabajadores sociales, Carneri registró lo que cientos de personas denuncian: que las cárceles son lugares donde hay de todo, menos justicia.

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Senador compara actuación de órganos ambientales con el Estado Islámico

 

El discurso de ataque a los órganos de fiscalización ambiental ganó respaldo también entre parlamentarios presentes en el encuentro. En los dos discursos que dieron, el diputado federal delegado Éder Mauro (Partido Social Democrático, PSD), coordinador de la bancada paraense en la Cámara de Diputados, y el senador Zequinha Marinho (Partido Social Cristiano, PSC) cerraron filas con los agricultores en los ataques al Ibama y al ICMBio.

 

«Estamos viendo las peores arbitrariedades que un gobierno puede cometer contra sus ciudadanos. Ciudadano que produce, que paga impuesto», dijo Marinho, refiriéndose a las actuaciones y operaciones de los órganos socioambientales. «Si el señor tuviera tiempo para oír a alguien de la región de la BR-163… Es una cosa del otro mundo. Es peor que el Estado Islámico en Siria», calificó. La BR-163 es una carretera que corta 11 municipios del estado de Pará donde, en 2006, el gobierno federal creó un mosaico de áreas protegidas con el objetivo de hacer un plan de desarrollo sustentable para la región y mitigar el impacto al futuro asfaltado de la vía.

 

El diputado Éder Mauro también intervino: «Va a cambiar, amigo mío. Confíe. La bancada del estado de Pará va a estar junto al ministro [de la Casa Civil] Onyx pidiendo el cambio de todos los que están en el estado de Pará. De la Sudam [Superintendencia del Desarrollo de la Amazonia] hasta allá abajo, sea el órgano que sea. La gente quiere seguir adelante y yo creo en el presidente Bolsonaro y en esos hombres que él puso aquí en Brasilia». Mauro salió antes de terminar el evento, pero aprovechó su tiempo para defender a los responsables por la segunda mayor matanza del campo brasileño en los últimos 20 años, la Masacre de Pau d’ Arco, que dejó diez trabajadores muertos durante un reintegro de propiedad en 2017. «En aquella ocasión, cuando la policía estuvo en Pau d’Arco para defender al Estado, para defender al propietario, para sacar a los invasores de la tierra, mató a todos los que se resistieron y los policías se transformaron en bandidos», dijo.

 

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Nuestro patrón, Bolsonaro

 

«Todo lo que fue relatado aquí, nosotros lo teníamos en gobiernos anteriores. Ahora nosotros tenemos un gobierno presente, que comenzó hace prácticamente 90 días. Estamos bajo el comando de una autoridad mayor, aquel que fue electo por la mayoría del pueblo brasileño. Se llama presidente Jair Messias Bolsonaro. Él es nuestro patrón», afirmó Nabhan Garcia. En casi todas las ocasiones, él, el gran anfitrión del encuentro, procuró calmar los ánimos y prometer una tal nueva era bolsonarista. La mayoría de la platea pareció confiada en sus palabras, pero alguna impaciencia flotaba en el aire. Nabhan Garcia volvió a la carga: «No pretendan que el gobierno que asumió hace 90 días arregle lo que estuvo mal en 34 años en 90 o 100 días. Nosotros tenemos algunos cánceres aquí que no pueden continuar haciendo lo que hacen. Él necesita apoyo de la población para hacer el cambio. Nadie legisla o gobierna solo». Habló en un tono más exaltado. El marco de 34 años se remonta al término de la dictadura.

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«No pretendan que el gobierno que asumió hace 90 días arregle lo que estuvo mal en 34 años en 90 o 100 días.» Nabhan Garcia se refiere a los 34 años por el fin de la dictadura

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Al día siguiente del encuentro en el Ministerio de Agricultura, el presidente Bolsonaro firmó un decreto para convertir multas ambientales en áreas de recuperación. Cuatro días después de la reunión, el presidente personalmente, a través de un video que circuló en las redes sociales, desautorizó una operación del Ibama que buscaba combatir la extracción ilegal de madera mientras ella estaba en curso. Una semana después del encuentro, en una transmisión en vivo por Facebook, Bolsonaro amenazó con remover a la directiva de la Funai y criticó la legislación ambiental vigente.

 

Al menos en el medio ambiente, la nueva era dio pasos largos desde la reunión en el Mapa.

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Paraguay es el país de Latinoamérica con mayor proporción de personas recluidas sin condena y el cuarto del mundo. Casi el 80% de los adultos encarcelados en Paraguay lo está de forma preventiva. Personas que podrían ser inocentes permanecen meses o años encerradas antes de asistir a un juicio. El efecto colateral de esta situación: el colapso total de las cárceles. 

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«Yo estoy solo acá, no tengo visita, nadie viene junto a mí, ni siquiera de afuera se me pasa nada. Yo tengo que ver para mi producto de limpieza, tengo que ver para mi producto de higiene, tengo que ver para mi ropa», dice un interno de la cárcel de San Pedro, la misma que el 16 de junio sufrió uno de los episodios más violentos de la historia penitenciaria de Paraguay. Diez hombres murieron tras un supuesto enfrentamiento entre guardias y presuntos miembros del grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC).

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La corrupción del sistema judicial y del gobierno mantiene las prisiones saturadas de gente sin ocupación alguna, sin acceso a comida, educación o trabajo digno, viviendo en condiciones infrahumanas y siendo víctimas de prácticas de tortura heredadas de la dictadura. En la fotografía un guardia de la prisión de Concepción sostiene una escopeta antes de patrullar el pabellón.

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«Tenía las costillas rotas de ambos lados, de esta parte me rompieron todo, me rompieron los tobillos, estaba ahí semimuerto…», dice el capellán de Tacumbú Luis Alfredo Mereles, quien tras cumplir su sentencia decidió volver a la prisión a trabajar con los reclusos. En la imagen, uno de los pabellones «camboya» –como llaman los internos a todo lo que está destruido o abandonado– de la cárcel de San Pedro.

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Tres niños pelean en el centro educativo de Itauguá. El 90% de los adolescentes encarcelados no tienen condena. Mientras el Gobierno construye nuevas cárceles, la Fiscalía continúa enviado a los penales cada vez a más personas –casi siempre empobrecidas– bajo la figura de la prisión preventiva. 

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Para vivir en una cárcel de Paraguay con una mínima dignidad hace falta mucho dinero. Se debe pagar por todos los servicios que por ley debería proveer el Estado: desde la cama a la comida, el jabón o los colchones, la asistencia sanitaria o los traslados al juzgado, que sólo se consiguen pagando a las mafias conformadas por guardias, directores de prisión, funcionarios del Ministerio de Justicia, jueces, fiscales y policías. En la fotografía, niños y adolescentes encerrados en el centro educativo de Itauguá y una imagen de Cristo. Solo algunas congregaciones religiosas tienen permiso para gestionar recursos de asistencia social dentro de las prisiones, pero su ayuda a los internos siempre está condicionada a que sigan sus ritos y rezos.

«Yacyretá realizó inversiones en (…) terapia intensiva en los hospitales San Ignacio, San Juan Bautista, El Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu y el Hospital Regional de Encarnación.»

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Son centenares las denuncias de que los propios funcionarios permiten o encubren esquemas de venta de droga y contrabando de alcohol y hasta de electrodomésticos. También redes de explotación sexual, como salió a la luz con el caso de Marcelo Pinheiro, el narcotraficante que asesinó a una joven de 18 años en su celda de la Agrupación Especializada, la que se supone es la prisión de máxima seguridad. En la imagen unos internos cocinan una cabeza de vaca.

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«Todos los días yo consumo y me agarra una aflicción tremenda, me duele el alma, el corazón me duele,  intento desesperadamente salir de este problema que tengo pero no puedo por mi propia fuerza. Yo antes no consumía ninguna clase de droga y acá en la cárcel vine a consumir toda clase ya, ninguna clase no hay ahora que no consuma», cuenta un hombre encarcelado en Tacumbú. En el patio principal están los «pasilleros», internos que no tienen celda y deben dormir cada noche donde puedan. Muchos de ellos sufren graves problemas de adicción y necesitan atención médica que no reciben.

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Un cuadro de una playa colgado en una pared del pabellón Libertad de Tacumbú, comprado a través de Amazon por los internos. Sólo los que tienen apoyo financiero externo pueden acceder a derechos básicos. Derechos que en la cárcel, como en la vida, quedan solo a disposición de unos pocos. «Tenés que pagar 15, 20, 30 millones para arreglar. Esta justicia es para los ricos no para los pobres», cuenta César, recluido en la cárcel de Encarnación. 

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La población penitenciaria de Paraguay asciende a unas 15.654 personas, casi el doble de la capacidad total de sus 18 cárceles. La mayor prisión del país, Tacumbú, ubicada en plena capital, tiene una capacidad para 1.530 personas, pero en ella viven unos 4.099 internos. En la imagen uno de sus pabellones «VIP», donde se puede comprar cerveza y caña si se tiene dinero y jugar al piki volley o al billar.

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Uno de los pocos internos que si tienen condena en la cárcel de Esperanza, aledaña a Tacumbú, muestra sus heridas tras varios intentos de suicidio. Pide apoyo psicológico porque nunca tuvo acceso a una terapia.

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Hasta ahora, las propuestas del Ministerio de Justicia han sido invertir grandes cantidades de dinero en crear nuevos pabellones en algunas prisiones y en la construcción de más cárceles. No han hablado de frenar el abuso de la figura de la prisión preventiva por parte de jueces y fiscales, ni  cómo establecer un proceso de reinserción real para toda la población penitenciaria. En la imagen, la celda de un interno que debe vender de todo para sobrevivir en la cárcel de Encarnación.

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La cifra de personas encarceladas ha crecido un 417% desde 1995, cuando el número total de reclusos era de 2.974. La cifra actual es de 15.654, casi el doble de personas de lo que las cárceles pueden albergar. En la imagen, una de las habitaciones de la cárcel de mujeres de Asunción, el Buen Pastor.

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Las visitas traen comida, ropa y dinero a los internos. Pero las familias denuncian que los funcionarios aprovechan para cobrarles o extorsionarles. Hay precio para todo en las cárceles, hasta para el alquiler de habitaciones privadas como la que se ve en la imagen, de la cárcel de Ciudad del Este. En el penal de mujeres El Buen Pastor, las internas lesbianas protestan porque les impiden ver a sus parejas. 

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En Tacumbú, unos 60 guardias vigilan a los más de 4.000 internos. Cada poco tiempo hay un motín, una fuga de reclusos, heridos e incluso múltiples fallecidos como ocurrió en San Pedro, pero también en incendios como los que sucedieron anteriormente en Tacumbú. En la imagen, un hombre se prepara para bañarse en la cárcel de Ciudad del Este.

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Las cárceles en Paraguay son una representación reducida de la sociedad paraguaya: un cóctel de injusticias.

SC byline

fotorreportaje santi carneri · edición de textos jazmín acuña & juan heilborn

«La Entidad Binacional Yacyretá realizó inversiones en las unidades de terapia intensiva en los hospitales distritales de San Ignacio y San Juan Bautista, Misiones, El Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” y el Hospital Regional de Encarnación.»

Mario Abdo Benítez, Presidente de la República

 

Según la página oficial de Yacyretá, la Entidad Binacional destinó 5.580.835.200 de guaraníes a la adquisición de seis camas para cuidados intensivos para adultos y misma cantidad para niños, con todos los equipamientos complementarios que fueron instalados en los hospitales de San Juan Bautista y San Ignacio, respectivamente. También, el Hospital Regional de Encarnación se vio beneficiada con la donación de la Entidad Binacional Yacyretá. Recibió cuatro camas de terapia neonatal y cinco de terapia intermedia neonatal. El Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu recibió una inversión de 1.350 millones de guaraníes además de nuevos equipos médicos de alta complejidad, con tecnología de punta, y la donación de insumos cardiológicos como dispositivos para cateterismo intervencionista.

«Las ferias de trabajo que realizamos lograron ubicar a 7.700 personas en nuevos empleos»

De agosto 2018 a junio 2019, un total de 7.700 personas accedieron a un puesto de trabajo a través de las ferias de empleo organizadas por la Dirección General de Empleo, según el director de esta dependencia del Ministerio de Trabajo, Enrique López. 

«Tekoporã beneficia actualmente a 157 mil familias en situación de pobreza de 253 distritos»

A junio 2019, el programa de transferencias monetarias Tekoporã tiene 157.176 beneficiarios, según consta en la página del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Esto representa más de 59 mil millones de guaraníes.

«Logramos dar un duro golpe a este negocio criminal con la incautación de 3500 kilos de cocaína»

A datos de la Senad en mayo de 2019, se incautaron 3526 kilos de cocaína.

¿Somos el primer país del mundo en instaurar una plataforma de alerta y monitoreo de bosques en línea?

“Este Gobierno sostiene que el desarrollo no debe prescindir del respeto a la naturaleza. Esta idea se ha trasladado a las medidas adoptadas en materia forestal, como el hecho de ser el primer país del mundo a nivel de gobiernos nacionales en trabajar con la World Resources Institute para instaurar la plataforma Global Forest Watch”

Mario Abdo Benítez, Presidente de la República

 

Paraguay es el primer país de Latinoamérica en implementar el Forest Atlas, una plataforma en línea con datos de bosques que monitorea la deforestación acelerada por actividades agropecuarias, invasiones a tierras indígenas y emisiones de carbonos. La plataforma, de la World Resources Institute, ya se ha implementado en otros países del mundo con el apoyo de sus respectivos gobiernos.

«Estamos construyendo la “Red nacional de fibra óptica”, un proyecto que permitirá interconectar todas las oficinas gubernamentales a nivel nacional, incluyendo además el 80% de las instituciones educativas»

Mario Abdo Benítez, Presidente de la República

 

 

Según el proyecto presentado por la entonces Secretaría Nacional Nacional de Tecnologías, de la Información y Comunicación en 2018 (hoy Ministerio) la red nacional de fibra óptica «ha analizado la conectividad de las instituciones educativas, pero finalmente ha quedado fuera del alcance del proyecto»