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Luego de ser desalojados de sus casas tuvieron que ir hasta Asunción a buscar una solución.
En diciembre de 2017, sojeros brasileños y un fiscal desalojaron a la comunidad mbya guaraní Jetyty Miri de las 400 hectáreas donde vivían hacía más de 20 años en Ybyrarobaná, Canindeyú.
Sus casas fueron quemadas. Maria Soledad Benítez y sus compañeros fueron a la capital a protestar.
Acamparon en una plaza frente al Congreso, soportando el calor y el hambre bajo carpas improvisadas.
María Soledad fue hasta el hospital de Barrio Obrero para que la atiendan por fuertes dolores que sentía en el vientre. Allí la atendieron y constataron que el feto ya estaba muerto.
Como no tenían donde llevar el feto, lo enterraron en la plaza. Una botella de plástico verde hizo de cruz.
El Estado recién pudo dar una respuesta al reclamo de su comunidad seis meses después, en junio de ese año, dándoles unas 500 hectáreas en Canindeyú.
