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Cuando el Estado viola a las mujeres

Un grupo de campesinas denuncia violencia sexual en un desalojo comandado por el ex ministro del Interior Walter Bower hace 19 años.

Reportaje Romina Cáceres · Edición jazmín acuña · Ilustración Lorena Barrios · Fotografía Leonor De Blas ·

La policía irrumpió en la ocupación campesina de Kagueti cuando María Bogado estaba embarazada de tres meses. Ella y su marido llevaban menos de una semana en ese lugar ubicado en el centro sur del país, en el departamento de Caazapá. María y las otras mujeres del campamento tuvieron miedo al ver a los oficiales, pero sintieron alivio al enterarse que el entonces ministro del Interior, Walter Bower, encabezaba el operativo. Creyeron que el gobierno había enviado a su emisario para plantearles una solución a su reclamo de tierra. Tenían razón. Bower llevaba una solución definitiva.  

«Los policías se subieron encima de nosotras. Yo así perdí a mi bebé. Nos patearon, nos golpearon. La forma en que se subieron encima de mí…» 

María se calla y llora. Sus compañeras cuentan lo que a ella le cuesta articular en palabras: uno de los policías le violó con la trompetilla de un fusil.

Es la siesta del miércoles 17 de julio de 2019. Las heladas quemaron los bananos, pero salió el sol. Las mujeres aprovecharon el buen tiempo para sentarse al aire libre, recordar juntas y narrar lo que vivieron hace 19 años, una mañana del 11 de mayo de 2000. Ese día, cerca de 400 policías desalojaron la ocupación de la Federación Nacional Campesina (FNC) en Kagueti. Más de 800 campesinos y campesinas habían ingresado a la estancia de los Burró Sarubbi porque lo consideraban un latifundio improductivo: una sola familia tenía 17.000 hectáreas. Uno de los propietarios, Nicolás Burró Sarubbi, había sido miembro del Consejo del Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual Indert. El ministro del Interior Walter Bower, el comisario José Dolores Sánchez y la fiscala Norma Girala encabezaron el operativo estatal. O lo que las sobrevivientes llaman «el infierno de Isla Alta» por el nombre de la ganadera. María y otras diez mujeres campesinas decidieron hablar sobre lo que les pasó ese día en que el gobierno de Luis González Macchi desplegó aviones de guerra y helicópteros. Y que llovieron balas.

«No nos mataron, pero nos jugaron mucho ahí en el monte. Me golpearon todo y me pongo muy nerviosa. El doctor me dijo que me golpearon un nervio, por eso me quedé así como estoy ahora», cuenta María, que para resguardar su privacidad, pidió que su nombre sea cambiado para este reportaje. A sus 60 años, los temblores que le aquejan por la enfermedad de Parkinson empeoraron. Durante la entrevista agarra fuerte una toallita rosada. Cada tanto se levanta de la silla, luego vuelve. Dice que hay días peores.

En una ronda, las mujeres campesinas de Caazapá hacen memoria sobre el violento desalojo del 11 de mayo de 2000 comandado por el entonces ministro del Interior Walter Bower. Creyeron que iba con una solución definitiva a su reclamo por la tierra. Sin embargo, sufrieron violencia física, psicológica y sexual por parte de los policías.

Pero ninguno como aquel 11 de mayo. María dice que luego del violento procedimiento policial las subieron a una camioneta para llevarlas a la ciudad de Caazapá. En el camino, una de ellas le pidió agua a los policías. Habían pasado muchas horas sin tomar nada. «No han de tener sed. Por animales vinieron a meterse acá, los cristianos no andan así», le respondió uno, y se negó a darle agua.

«Entonces mi compañera agarró con una toallita la sangre que se esparcía en el camión.  ¡Íbamos en un charco de sangre! Y tomó la sangre. Ella se estaba por morir de sed».

A los varones le hicieron comer los bodoques de las honditas que ellos mismos usaban como armas en la FNC. Hicieron lo mismo con algunas mujeres como Blanca Acuña y Odila Acosta. Cuentan que también fueron obligadas a comer puñados de tierra. Odila estaba embarazada de siete meses. Su hermana Virginia vio cómo le patearon la panza: «No niego. Agarré mi garrote y le pegué mucho al policía. Le rompí la cabeza. Y la sangre le chorreaba. Allí se me dio vuelta. Le dije que si nos iba a matar, que nos mate». Virginia habla rápido y sin pausa. Dice que su hermana tuvo a su hija y que ya tiene nietos.

María Bogado tiene la enfermedad de Parkinson. Un doctor le dijo que en el desalojo le golpearon un nervio. «No nos mataron, pero nos jugaron mucho», dice al recordar lo que les hicieron los policías. Mientras unos 300 campesinos fueron apresados, 95 mujeres y 35 niños quedaron a merced de ellos en el monte. A ella le violaron.

En la ronda de entrevistas, una mujer de suéter naranja permanece de pie. Es Mirta Arévalos, que recibió un balazo en la cadera. Dice que tuvo suerte de no quedar en cama como Ángel Flor, uno de sus compañeros heridos en el desalojo. Ella asegura que vio al propio ministro Bower dispararle al joven desde un helicóptero. Ángel no volvió a caminar. 

«Los médicos dijeron que si me operaba iba a quedar en silla de ruedas», cuenta. Todavía recuerda que uno le advirtió que con el paso del tiempo sentiría las consecuencias. Ahora que tiene 44 años, Mirta renguea y le da la razón.  

Bernarda Acuña tiene 80 años. Es la mayor del grupo. Aquel día que ninguna puede olvidar ella estaba con su nieto, y asegura que los policías golpeaban a adultos y niños por igual. A ella le pegaron en toda la espalda, le patearon y le apretaron el cuello. Habla bajito y pide disculpas por eso. Tiene la garganta dañada desde la represión. 

«No me callé. Le dije a los policías: “Ustedes son hijos de pobres también. No es ningún honor para ustedes jugarle a mujeres y a niños”. Yo tenía dos pantalones encimados y me destrozaron todito arrastrándome por los troncos». 

¿Qué les decía la policía?

«Que nos iban a matar a todos porque entramos en propiedad privada».  

Todas quedaron con alguna secuela. Mientras que unos 300 campesinos eran apresados, 95 mujeres y 35 niños quedaron retenidos en medio del monte a merced de sus agresores. Las mujeres que se juntaron para dar su testimonio cuentan que los policías las obligaron a ponerse boca abajo y parodiaron una pasarela encima de ellas. Uno de los oficiales decía que era Lorena Arias, famosa modelo de esos años. Los otros policías se reían mientras sus botas aplastaban los cuerpos de esa pasarela humana. 

A algunas las hacían pararse y les ordenaban que levanten sus polleras. 

A otras les preguntaban cuántas veces por noche tenían sexo con sus maridos. 

A un niño que estaba con las mujeres le pusieron la bombacha de una de ellas en la cabeza. 

Tres mujeres jóvenes del grupo pidieron permiso para ir al baño y los policías las acompañaron. Tardaron tanto, que sus compañeras se desesperaron.

Tenían miedo de que a ellas también las violen.

Bernarda Acuña tiene 80 años y pide disculpas porque habla bajo. En el desalojo los policías le apretaron el cuello y desde entonces le quedó dañada la garganta.

La violación sexual es un arma de guerra contra las mujeres

Antonia Escalante perdió a su hija a causa de las patadas de los policías en el desalojo de Ypecuá. También golpearon a sus compañeras, las amenazaron con violarlas y tirar al pozo a sus hijos. Ramona Sánchez tenía 68 años cuando la mandaron presa a la cárcel de varones de Coronel Oviedo por ayudar a sintierras. Las mujeres de la ocupación de Crescencio González fueron golpeadas, manoseadas y amenazadas con violación. Las mujeres de la Colonia 3 de Noviembre también.

Estos son algunos de los casos que la FNC denunció entre 1998 y 2004. Fue así que en marzo de 2004, la federación creó una coordinadora para exigir a las autoridades que investiguen. Sus integrantes dicen que la violencia sexual no es un hecho aislado en las represiones a organizaciones campesinas. «Algunos dicen: “¿qué hace ella ahí?”, como si fuera que por ser mujer una no tiene que estar en la lucha», señala Dora Flecha, coordinadora de la Brigada de Mujeres de la FNC desde su sede en Asunción. Comenzó a activar en el movimiento campesino en 1988, un año antes de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, un régimen que reforzó la concentración de tierras en pocas manos. 

«La tierra para nosotras es demasiado importante. Garantiza los derechos básicos que tenemos como seres humanos», continúa Dora. Las mujeres de Kagueti estaban dispuestas a morir por el territorio. Y los policías, dispuestos a humillarlas, violarlas e incluso matarlas. Para Rita Segato, antropóloga especialista en género, la violación es un acto de dominación. «El crimen sexual no es el mismo tipo que los otros: es moralizador, es castigador», explica. No es un hecho genital, es un hecho de poder. Su presencia en conflictos con el fin de ejercer control y disciplinar a poblaciones ya ha sido establecida. 

El Consejo de Seguridad de la ONU reconoció en 2008 la violación como un arma de guerra. Sostiene que esta y otras formas de violencia sexual se utilizan particularmente para atacar a mujeres y niñas «para humillar, dominar, infundir miedo, dispersar o reubicar a la fuerza» a la población civil. 

En los años 90, los tribunales internacionales de la ex Yugoslavia y Ruanda marcaron un importante precedente al reconocer la violación como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Por primera vez, se invocó la doctrina de responsabilidad de mando: el superior es responsable por no intervenir para impedir conductas penales de sus subordinados. En un hecho más reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la violencia sexual, violación y tortura perpetradas por policías contra once mujeres durante manifestaciones en 2006 en el conocido caso Atenco.

Dos países latinoamericanos destacan por su jurisprudencia. En 2018, la Corte Suprema de Perú condenó a tres militares por la violación y el secuestro de una universitaria en 1992. Fue la primera sentencia por un crimen sexual perpetrado en 20 años de conflicto armado interno entre el Estado peruano y las guerrillas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En 2016, un tribunal de Guatemala condenó a dos militares por crímenes de lesa humanidad contra 11 mujeres indígenas en el caso conocido como Sepur Zarco. Los crímenes contra ellas incluyeron violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica, así como la desaparición forzada de sus maridos. Para la abogada Mirta Moragas, especialista en DDHH y género, Sepur Zarco es un ejemplo de cómo un tribunal interno puede establecer responsabilidades individuales, al tiempo de ordenar que el Estado se haga cargo de la reparación de las víctimas sin recurrir a la Corte Penal Internacional. 

Moragas explica que el tratamiento de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad requiere de una clara caracterización del acto, la identificación del responsable directo y establecer la cadena de mando. Pero estos elementos no siempre están presentes por la complejidad de este tipo de violencia de género, empezando por la dificultad de que una víctima cuente lo que le pasó.

La psicóloga Lourdes Ostertag, especialista en violencia de género, dice que hay sobrevivientes a las que les puede tomar muchos años perder el miedo para denunciar. Como las mujeres de Kagueti, que después de dos décadas y juntas se animaron a volver a narrar el horror que vivieron, un horror arraigado en la historia.

Mirta Arévalos recibió un balazo en la cadera en el desalojo. Ahora renguea. Ángel Flor, un compañero de la ocupación, también recibió una bala pero no volvió a caminar. Mirta asegura que ella vió que el ministro Walter Bower le disparó desde un helicóptero.

La dictadura se ensañó con niñas y mujeres campesinas

Apolonia Flores tenía 12 años cuando los militares le dispararon. Recibió seis balazos. En el suelo, fingió estar muerta hasta que gritó porque uno de ellos le bajó el pantalón. Los militares le violaron. El dictador Alfredo Stroessner había ordenado perseguir a los campesinos que se internaron en un monte de Caaguazú tras tomar por asalto un colectivo en el que pretendían llegar a Asunción. La dictadura se jactó de detener a una «niña guerrillera» en el operativo que hoy se conoce como el Caso Caaguazú. La niña había dejado el campo porque quería estudiar.

En su informe de 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) sostiene que el stronismo utilizó la violación y otras formas de violencia sexual principalmente contra mujeres y niñas de comunidades campesinas en operativos militares y policiales. Durante las represiones a las Ligas Agrarias Cristianas en 1976, ellas fueron detenidas, torturadas y asesinadas. Tras el Caso Caaguazú de 1980, los militares ocuparon Costa Rosado y Acaraymi, la comunidad de la niña Apolonia. Las violaciones sexuales contra mujeres eran diarias en estos lugares, señala Lilian Soto en Mujeres, dictadura y resistencia. El ensayo también recoge testimonios de Rogelio Goiburú, director de Memoria y Reparación:

«Creo que con las mujeres fueron más salvajes todavía, a las mujeres las hacían violar por muchos soldados por ejemplo y frente a todos los soldados, o sea una cuestión de denigrarlas (…) yo escuché testimonios ante la Comisión de Verdad y Justicia: venían de la Argentina para reencontrarse con sus familiares y acá los militares las violaron, les metían presas en los calabozos de la comisaría y después a la noche iban y les violaban (…) las violaban ahí en las casas frente a los hombres, frente a sus familias, frente a las madres, a sus parientes (…) en todas las comisarías donde había mujeres violaban a mujeres».

De las 2.832 mujeres que dieron su testimonio a la CVJ, el 9% manifestó que había sido violada en comparación al 1,5% de los hombres. La comisión dice que hay un subregistro por el miedo y el silencio de las víctimas de este crimen. Como en otras dictaduras militares de la región, el stronismo usó la violación sexual para ejercer poder y dominación sobre las mujeres y sus territorios. En democracia, las autoridades también lo han hecho. 

María Bogado y sus compañeras no pudieron identificar al policía que la violó. Pero sí recuerdan tres nombres: Walter Bower, José Dolores Sánchez y Norma Girala.

Virginia Acosta vió como un policía le pateó a su hermana en la panza. Estaba embarazada de siete meses.

La impunidad de los responsables

Las mujeres hoy viven en el asentamiento 11 de Mayo, que se llama así por la fecha del desalojo que no olvidan. Se ubica en otro punto de San Juan Nepomuceno, en Caazapá. No accedieron a las tierras que ocuparon en Kagueti, pero están conformes con el lugar que el Indert les adjudicó a cambio. 

El asentamiento está organizado en cinco núcleos o zonas a lo largo de 3.500 hectáreas. Un tanque de agua es la referencia para llegar al Núcleo 2 donde están el colegio y la unidad de salud familiar, servicios básicos pero casi inexistentes en otras comunidades. También tienen escuela y un almacén «de consumo masivo». Todo para que las 280 familias aquí asentadas no tengan que salir.

«Se ganaron las tierras, pero con mucho sacrificio, mucha lucha y mucha resistencia», dice Dora Flecha de la FNC. El pequeño productor campesino tiene lo mínimo para estar bien en este asentamiento. Lo que no consiguieron es justicia para las mujeres. Dora dice que presentaron la denuncia en la comisión de DDHH del Senado, la presidencia del Congreso, la Fiscalía General y el Ministerio de la Mujer, pero los responsables siguen impunes.

El comisario José Dolores Sánchez fue ascendido a sub comandante de la Policía en 2001. Ya retirado, fue intendente de Mbuyapey. 

La fiscala Norma Girala fue jueza en Alto Paraná. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la destituyó en 2018 por mal desempeño de funciones. Se la acusa de haber beneficiado a narcotraficantes. 

El exministro Walter Bower enfrenta hoy un juicio por crímenes de lesa humanidad tras el fallido golpe de Estado del 18 de mayo del 2000, apenas una semana después del desalojo de Kagueti. 

La Fiscalía acusa a Bower de torturar a policías.

Una cosa que Francisca Acosta no olvida son las moscas que se juntaban por la sangre de las heridas de las campesinas. Algunas fueron llevadas al hospital de Caazapá en la camioneta de la misma policía que les había violentado.