Pese a que Paraguay tiene tres sentencias internacionales incumplidas por la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de derechos de los pueblos ind\u00edgenas, y casi un centenar de recomendaciones de las Naciones Unidas en su contra, el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, ha repetido en varias ocasiones que el pa\u00eds \u00abno est\u00e1 en d\u00e9ficit con los derechos humanos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed lo dijo<\/a>, por ejemplo, durante la asamblea de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) celebrada en Asunci\u00f3n en junio de 2014, y lo repiti\u00f3<\/a> durante la visita a Paraguay del por entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en febrero de 2015, cuando fue interpelado por un periodista al respecto.<\/p>\n\n\n\n Los tres poderes del Estado paraguayo, no solo el actual gobierno de Horacio Cartes, tienen cuentas pendientes con la justicia internacional por el incumplimiento de la defensa y el fomento de los derechos humanos de sus ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n Paraguay ha sido condenado en ocho ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dependiente de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en Washington.<\/p>\n\n\n\n Actualmente, tres sentencias<\/strong> del m\u00e1ximo tribunal interamericano permanecen sin cumplir: todas por haber permitido el expolio de tierras ancestrales de comunidades ind\u00edgenas del Chaco, beneficiando a empresarios relacionados con autoridades y referentes del gobernante Partido Colorado y del Partido Liberal.<\/p>\n\n\n\n Un caso corresponde a la comunidad Yakye Axa<\/strong> del pueblo enxet, conformada por m\u00e1s de 300 personas, quienes fueron expulsadas de sus tierras por ganaderos y vivieron al borde de una ruta durante casi 20 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n La sentencia<\/a> del 17 de junio de 2005 de la Corte IDH reconoce el derecho de la comunidad a vivir en un territorio que, en parte, sigue ocupado por el grupo empresarial de la familia Dom\u00ednguez Dibb, d\u00e9cimo en la lista de grupos y consorcios empresariales terratenientes del pa\u00eds, y que es due\u00f1o de un total de 58.000 hect\u00e1reas, seg\u00fan el informe Latifundistas del siglo XXI<\/em>, elaborado en 2016 por la organizaci\u00f3n Base Is.<\/p>\n\n\n\n Otra sentencia<\/a> es la referente a la comunidad Sawhoyamaxa<\/strong>, del pueblo enxet sur. En un caso similar, fueron expulsados de sus tierras y tambi\u00e9n vivieron durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os al costado de una ruta esperando justicia. En ese lugar sufrieron hostigamientos violentos de estancieros y la permanente ausencia del Estado.<\/p>\n\n\n\n La condena de la Corte, emitida el 29 de marzo de 2006, logr\u00f3 que el poder Legislativo de Paraguay ordenara la expropiaci\u00f3n de 14.404 hect\u00e1reas a favor de los sawhoyamaxa, pero el traspaso efectivo a\u00fan est\u00e1 pendiente.<\/p>\n\n\n\n Las tierras de los nativos estaban ocupadas por estancias ganaderas de Heribert Roedel, empresario de origen alem\u00e1n, presidente del Grupo Liebig<\/a>, otro de los principales latifundistas de Paraguay, quien posee unas 70.000 hect\u00e1reas de tierra, seg\u00fan explica Base Is en el informe citado.<\/a><\/p>\n\n\n\n El dep\u00f3sito que el Estado deb\u00eda entregar a ambas comunidades para cumplir con la sentencia de la Corte IDH para fomentar su desarrollo ascend\u00eda a 3.127 millones de guaran\u00edes (unos 558.000 d\u00f3lares), pero fue robado en 2013 del Banco Nacional de Fomento (BNF). Al d\u00eda de hoy, ninguno de los presuntos responsables ha sido condenado. El juicio oral al ex presidente del Intetituto del Ind\u00edgena (INDI) y a otros tres acusados por el desv\u00edo del dinero, fue suspendido en seis ocasiones.<\/p>\n\n\n\n El tercer caso es el de la comunidad X\u00e1kmok K\u00e1sek, <\/strong>que tampoco se ha resuelto.<\/p>\n\n\n\n Esta comunidad multi\u00e9tnica formada por los pueblos sanapan\u00e1 y enxet tiene derecho a recuperar 10.700 hect\u00e1reas que est\u00e1n en manos de un gran terrateniente, el estadounidense Robert Eaton Kent, due\u00f1o de la \u201cEstancia Salazar\u201d desde la d\u00e9cada de los ochenta.<\/p>\n\n\n\n A finales de 2002, parte del territorio reivindicado (3.293 hect\u00e1reas) fue adquirido por la cooperativa menonita Chortitzer Komitee, seg\u00fan la Corte IDH.<\/p>\n\n\n\n La comunidad ha sobrevivido durante 30 a\u00f1os en un reducto de tierra prestada, de suelo improductivo, donde apenas pod\u00edan cultivar o tener ganado de acceso a servicios p\u00fablicos b\u00e1sicos como agua, luz, educaci\u00f3n o salud.<\/p>\n\n\n\n A\u00fan faltan unas 3.000 hect\u00e1reas por entregar efectivamente a la comunidad, pero el no cumplimiento de la sentencia de la Corte<\/a>, emitida el 24 de agosto de 2010, acarrea al Estado paraguayo la obligaci\u00f3n de pagar 10.000 d\u00f3lares mensuales de multa, como resalta la Corte en su escrito de revisi\u00f3n de las tres sentencias publicado el 1 de septiembre de 2016.<\/a><\/p>\n\n\n\n Por otro lado, el Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU) de las Naciones Unidas de 2016 dej\u00f3 en evidencia las carencias del Estado paraguayo en la defensa de los derechos humanos, poniendo de manifiesto casi un centenar de recomendaciones<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Decenas de pa\u00edses evaluaron el comportamiento de Paraguay y recomendaron, por sobre todo, velar por los derechos de las mujeres y de los pueblos ind\u00edgenas. Del mismo modo, abogaron por el acceso a la educaci\u00f3n y la sanidad universal, as\u00ed como por la aprobaci\u00f3n de una ley contra la discriminaci\u00f3n, y reclamaron luchar contra cualquier forma de tortura y designar un nuevo defensor del pueblo, entre otras recomendaciones.<\/p>\n\n\n\n Los pa\u00edses de la ONU le pidieron al Ministerio P\u00fablico paraguayo el establecimiento de una comisi\u00f3n especial para llevar a la justicia a los responsables de cr\u00edmenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Reclamaron el cese de \u201cla impunidad de todas las agresiones contra los defensores de los derechos humanos\u201d, y exigieron la investigaci\u00f3n, entre otros, de los asesinatos de 17 periodistas cometidos en Paraguay desde 1991.<\/p>\n\n\n\nCaso 1: Yakye Axa<\/h3>\n\n\n\n
Caso 2: Sawhoyamaxa<\/h3>\n\n\n\n
Caso 3: X\u00e1kmok K\u00e1sek<\/h3>\n\n\n\n
Cien recomendaciones del Examen Peri\u00f3dico Universal<\/h3>\n\n\n\n