Sandra Qui\u00f1\u00f3nez, hoy candidata a fiscal general del Estado, fue consultada en Radio \u00d1anduti sobre si la recolecci\u00f3n de registros de llamadas sin autorizaci\u00f3n de un juez violaba la intimidad de las personas. La consulta surgi\u00f3 a ra\u00edz de su actuaci\u00f3n en el caso de Neneco Acosta, intendente acusado de ser el ide\u00f3logo de los asesinatos, en octubre de 2014, del periodista Pablo Medina y su asistente, Antonia Almada.<\/p>\n\n\n\n
Aunque\u00a0el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo Procesal Penal permite al Ministerio P\u00fablico requerir informes a cualquier persona o entidad p\u00fablica o privada<\/a>, la\u00a0Constituci\u00f3n Nacional en su art\u00edculo 36 dice expresamente que<\/a>\u00a0los registros de cualquier tipo, ya sean escritos o telef\u00f3nicos, \u00abno podr\u00e1n ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Ni la Constituci\u00f3n ni el C\u00f3digo Penal diferencian entre recolectar el contenido y recolectar el registro de las llamadas o mensajes. Acceder a extractos de llamadas entrantes o salientes sin autorizaci\u00f3n de un juez es inconstitucional.<\/p>\n\n\n\n \u00abTodo lo que se accedi\u00f3 se hizo (sic) bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de pruebas\u00bb, dijo Qui\u00f1\u00f3nez.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la figura del Anticipo Jurisdiccional de Pruebas (art\u00edculo 320 del C\u00f3digo Penal), argumentada por la fiscala, solo puede ser usada previa autorizaci\u00f3n de un juez y citando a todas las partes, incluyendo a los imputados, y solo en caso de que hubiera riesgo de desaparici\u00f3n de la prueba. As\u00ed fue reglamentada por una resoluci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo en 2008<\/a>.<\/p>\n\n\n\n