{"id":61008,"date":"2022-12-07T15:24:37","date_gmt":"2022-12-07T19:24:37","guid":{"rendered":"https:\/\/elsurti.com\/?post_type=reportaje&p=61008"},"modified":"2022-12-07T15:30:06","modified_gmt":"2022-12-07T19:30:06","slug":"carne-europea-soja-paraguaya-ddhh","status":"publish","type":"reportaje","link":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/futuros\/reportaje\/2022\/12\/07\/carne-europea-soja-paraguaya-ddhh\/","title":{"rendered":"Intoxicaciones y desalojos causados por la soja en Paraguay contaminan carne europea"},"content":{"rendered":"

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La organizaci\u00f3n Global Witness public\u00f3 el 6 de diciembre un nuevo informe que recoge m\u00e1s de un a\u00f1o de investigaci\u00f3n que demuestra c\u00f3mo las agroexportadoras ADM y Cargill compran soja de empresas o productores relacionados en al menos siete casos de violaciones a derechos humanos a comunidades ind\u00edgenas y campesinas<\/strong> en el este del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

En el informe, titulado \u00abComidas contaminadas: C\u00f3mo la industria c\u00e1rnica de Europa contribuye a los abusos de derechos humanos en Paraguay<\/a>\u00bb -y compartido por la organizaci\u00f3n con El Surtidor previo a su publicaci\u00f3n- Global Witness pudo comprobar que la soja proveniente de casos de intoxicaciones con pesticidas, desalojos forzosos a pueblos ind\u00edgenas e incluso muertes, termina mezcl\u00e1ndose en silos de las agroexportadoras, principalmente ADM y Cargill, que trasladan la soja en barcazas hasta sus puertos en Argentina y Uruguay. De all\u00ed, el destino final de la soja son dos granjas en Europa: una de pollos en Inglaterra (2 Sisters) y otra de cerdos en Dinamarca (Danish Crown). Ambas abastecen con su carne a m\u00e1s de 26 marcas y supermercados europeos, entre los que se encuentran Carrefour, KFC y McDonald’s.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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El negocio de intoxicar comunidades para vender a Europa<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

ADM, por ejemplo, compra soja de Hermanos Galhera, una de las empresas denunciadas por realizar fumigaciones ilegales con agroqu\u00edmicos, sin licencias ambientales y derramando pesticidas sobre cursos h\u00eddricos en la zona de Colonia Yerut\u00ed, departamento de Canindey\u00fa, donde en 2011 falleci\u00f3 con s\u00edntomas de intoxicaci\u00f3n por pesticidas Rub\u00e9n Portillo y otras 22 personas de la comunidad terminaron hospitalizadas<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

En la zona tambi\u00e9n sigue operando C\u00f3ndor Agr\u00edcola, la otra empresa denunciada por el caso, cuya impunidad – una negligente actuaci\u00f3n fiscal como la de Jalil Rachid- termin\u00f3 con un dictamen de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Estado paraguayo en 2019. La comisi\u00f3n concluy\u00f3 que el Estado hab\u00eda fallado en proteger el derecho a la vida <\/strong>de Portillo, su familia y toda la Colonia Yerut\u00ed, al no hacer cumplir las leyes relacionadas al uso de pesticidas ni investigar la muerte y las intoxicaciones. Fue el primer dictamen en el mundo en un caso relacionado a agroqu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n

En 2021 Paraguay recibi\u00f3 otro dictamen de la ONU en contra por un caso similar, el de la comunidad ava guaran\u00ed de Campo Agua\u2019e<\/a> tambi\u00e9n en Canindey\u00fa. All\u00ed, fumigaciones ilegales de sojeros aleda\u00f1os obligaron al exilio de familias, intoxicaron a los ni\u00f1os, mataron animales, contaminaron el agua y extinguieron abejas. Los agroqu\u00edmicos tambi\u00e9n afectaron la cultura ava guaran\u00ed, al hacer desaparecer el ma\u00edz y los recursos necesarios para sus ceremonias de bautismo. \u00abEl cese de realizaci\u00f3n de esta ceremonia deja a los ni\u00f1os sin un rito crucial para la consolidaci\u00f3n de su identidad cultural\u00bb, concluy\u00f3 el dictamen.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Issos Greenfield, una de las empresas responsables de las fumigaciones, violaba las distancias m\u00ednimas dispuestas por la ley paraguaya, llegando a fumigar a 10 metros de la escuela local, y encima usaba agroqu\u00edmicos sin registro. Todo esto suced\u00eda mientras recib\u00eda financiamiento de ADM y vend\u00eda su soja a esta empresa estadounidense. Greenfield abandon\u00f3 el sitio, y en su lugar hoy est\u00e1 Somax SA, denunciada por no cumplir con las franjas de protecci\u00f3n necesarias para utilizar agroqu\u00edmicos cerca de Campo Agua\u2019e. Somax vendi\u00f3 soja de ese terreno a ADM, Cargill y Bunge, que tienen silos a menos de 10 kil\u00f3metros de la comunidad ava guaran\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

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Hacer lugar a commodities a costa de desalojar gente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de Yerut\u00ed y Campo Agua\u2019e, Global Witness identific\u00f3 5 casos m\u00e1s donde, adem\u00e1s de denuncias de uso ilegal de agroqu\u00edmicos, existen conflictos por las tierras donde se planta la soja que venden las agroexportadoras.<\/p>\n\n\n\n

Es el caso de la comunidad ava guaran\u00ed de Cerrito en Alto Paran\u00e1, que tras ser despojada por el estronismo de sus tierras durante la llamada \u00abmarcha al este\u00bb, busc\u00f3 durante la transici\u00f3n recuperar sus territorios ancestrales. Pero las tierras est\u00e1n hoy en manos del sojero German Hutz. En 2021, la comunidad ind\u00edgena fue desalojada ilegalmente en tres ocasiones, seg\u00fan el propio Instituto Paraguayo del Ind\u00edgena (INDI)<\/a>, que elev\u00f3 una queja formal por las irregularidades en el proceso. Las \u00f3rdenes de desalojo, por ejemplo, no las dio un juez, sino un fiscal, \u00ablo que priv\u00f3 a la comunidad de toda oportunidad de hacer o\u00edr su reivindicaci\u00f3n territorial\u00bb, seg\u00fan Global Witness.<\/p>\n\n\n\n

La soja cosechada en la zona que reivindica la comunidad de Cerrito se transporta en camiones a un gran silo propiedad de Hutz. Fuentes de la industria local indicaron a Global Witness que ADM podr\u00eda estar abasteci\u00e9ndose de soja de este silo, algo que la empresa estadounidense no desminti\u00f3 cuando se le plante\u00f3 la pregunta. Hutz no respondi\u00f3 a ninguna de las alegaciones cuando Global Witness se puso en contacto con \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

Un poco m\u00e1s al sur de Cerrito est\u00e1 Ka\u2019a Poty, otra comunidad ava guaran\u00ed que sufri\u00f3 dos desalojos forzosos en 2021, adem\u00e1s de la destrucci\u00f3n de viviendas y su escuela. Debido a la violencia en medio de uno de los desalojos, una mujer embarazada de 8 meses perdi\u00f3 su beb\u00e9.<\/a> Todo pese a tener t\u00edtulo sobre sus tierras y una sentencia judicial a su favor. La comunidad se volvi\u00f3 conocida por vivir durante 8 meses en las calles de Asunci\u00f3n antes de lograr volver a sus tierras en junio de 2022. Las tensiones con los sojeros, sin embargo, prosiguieron, y en agosto miembros de la comunidad asaltaron una de las explotaciones agrarias ubicadas en las tierras que reclaman. Supuestamente amenazaron, golpearon y atacaron a los residentes, por lo cual est\u00e1n hoy imputados<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En medio del conflicto hist\u00f3rico, judicial y pol\u00edtico, tanto Cargill como ADM compran soja de Agr\u00edcola Entre R\u00edos y Agro Integraci\u00f3n, los productores que operan en las tierras reivindicadas por la comunidad Ka\u2019a Poty.<\/p>\n\n\n\n

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