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Chaco’i: un puente al abismo

Un informe del Ministerio del Ambiente alerta que el puente a Chaco’i conlleva grave impacto ambiental y social. Y Mario Abdo lo sabe.

Reportaje Maxi Manzoni · Edición juan heilborn. colaboró Leonardo Gómez Berniga · Ilustración sofía amarilla ·

La creación de asentamientos humanos al otro lado del Puente a Chaco’i «acarreará un incremento en el riesgo y problemas de salud y sociales por inundación en el país». Así lo advierte un informe proveído al diputado Sebastían García, de Patria Querida, por la Dirección General de Protección de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). La noticia del inicio de la construcción del puente hizo surgir una fiebre inmobiliaria en una zona que será inundable, inundará más a Asunción, será cara de mantener y no se tiene idea de dónde se quitará la plata para mantenerla.

Según el informe, que lleva firma del presidente de la República Mario Abdo, la zona donde planea terminar el puente tiene «un comportamiento de minimizar los efectos de las crecidas» del Río Paraguay al amortiguar «las lluvias localizadas intensas o los procesos normales de periodos de subidas o bajantes del río» y usos de agua en toda la cuenca. La afirmación más grave del Mades es que cualquier urbanización allí tendrá que tener poca gente y mucha inversión pública en agua y saneamiento, no sólo porque el lugar de por sí es inundable sino porque también «los impactos ambientales serán fuertes y los efectos de la pérdida de regulación de inundaciones se verán con más fuerza en la margen opuesta, es decir Asunción y comunidades aguas arriba».

Portada de informe oficial del Ministerio del Ambiente a pedido del diputado Sebastián García, que analiza el peligro de urbanizar Chaco’i. Cuenta con la firma del presidente Mario Abdo.

Además de apeligrar con peores crecidas a la capital del país –que sigue sin contar con una defensa o franja costera que solucione el problema de los miles de refugiados climáticos ante cada inundación– el informe afirma que los loteamientos se realizan en un sitio que «no es un lugar apto para asentamientos humanos tradicionales», y «existirán grandes dificultades» para el acceso a agua potable y saneamiento allí. También que «la única fuente de agua potable asequible» será la del Río Paraguay, aumentando la presión sobre su uso. Además, al ser la zona de Chaco’i inundable «los suelos son bastante arcillosos y limosos». El análisis de aguas subterráneas en lugares cercanos reportan que «altísimo contenido de sales disueltas (…) no siendo aptas para el consumo humano».

Fragmentos del informe del MADES proveídos al diputado Sebastián García, subrayando el peligro ambiental de un asentamiento humano al otro lado del río.

Al costo del puente –123 millones de dólares a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo– se le sumaría entonces la inversión para hacer viable vivir allí. Es la crítica que el ingeniero Pablo Callizo ya había realizado en una entrevista realizada por El Surtidor sobre el tema en mayo de este año. Lo mismo dicen el arquitecto Fernando Maidana, del Ministerio de Vivienda, y la arquitecta Ximena Real, del Observatorio Urbano al ser consultados sobre el mismo tópico en noviembre: la construcción del Puente a Chaco’i y los planes de expandir la ciudad al otro lado del río son un gasto público muy ineficiente. Las diferentes propuestas urbanas recomiendan exactamente lo contrario: achicar la mancha urbana y repoblar Asunción para reducir el costo a contribuyentes en impuestos, distancias, salud y medio ambiente.

Para peor, otro informe proveído al diputado Sebastián García, realizado por el Servicio Nacional de Catastro, admite que no hay ningún plan para la captación de plusvalías: es decir, recuperar algo del aumento del valor que experimenta un suelo privado a partir de una inversión pública. como es el caso de los lotes cercanos a la construcción del puente. Con ello se podría financiar tanto el mantenimiento de la infraestructura como los servicios públicos requeridos.

¿Entonces, quiénes ganan con la construcción del puente?

La mayoría pierde, pero algunos, a costa del dinero de todos, parecen ganar. Conrado Hoeckle, empresario y ex asesor de Abdo, tiene una propiedad de 1.200 hectáreas en la zona de influencia del puente. Última Hora reportó que terminó siendo beneficiado con los cambios en el trazado final de la obra y que planea crear un emprendimiento inmobiliario de lujo en sus tierras.

Las empresas a cargo de la obra: CDD Construcciones S.A y Constructora Heisecke, ambas fueron beneficiadas con la licitación de 789.417.216.701 guaraníes, unos 123 millones de dólares. Ambas empresas tienen a su cargo otros proyectos con el Estado. CDD Construcciones tiene a su cargo el proyecto de viaducto que afectó al Botánico, para el cual realizó un informe ambiental firmado por la hija del dueño de la empresa y Heisecke es una de las más de 100 empresas privadas con contratos con el Estado que se niega a otorgar sus declaraciones juradas. Su director, José Luis Heisecke Ricciardi, es presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco). Y su representante legal, Atilio Carlos Heisecke Ricciardi, fue viceministro de Obras cuando José Alberto Alderete era ministro del MOPC durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

Otro gran beneficiario del puente por el que pagaremos todos será el agronegocio de la carne, según palabras del propio ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, cuando se realizó la firma del contrato con las constructoras. Con el puente, la industria de la carne tendrá «una vía más hacia la Región Oriental y Brasil». Como destaca el investigador Joel Correia en su artículo para la edición 2020 del informe Con La Soja al Cuello, el puente a Chaco’i se enmarca en una inversión pública en infraestructura que prioriza «facilitar las exportaciones de carne y soja más que en ayudar a la gente a llegar a los mercados y al médico. Las rutas tienen que ver con el poder» dice Correia: quien tiene el poder de priorizar el gasto estatal y a quienes beneficia.

Observación 04/12/2020: La versión inicial del reportaje citaba a Ximena Amarilla como parte del Observatorio Urbano. La fuente correcta es Ximena Real.