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A cambio de un avión de 3 millones de guaraníes, la dictadura de Alfredo Stroessner cedió tierras de la reforma agraria a la empresa Perfecta Automotores S.A. de los Bendlin en 1971. Los hoy parientes políticos del ex presidente Horacio Cartes no eran –ni son– campesinos sin tierra. Las 4.499 hectáreas que obtuvieron de forma ilegal en Alto Paraná son parte de las tierras malhabidas que la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) denunció en su informe publicado en 2008.
Tierras malhabidas es el nombre que se usa para hablar de las tierras destinadas a la reforma agraria que el Indert –anteriormente IBR– otorgó de forma ilegal a amigos de la dictadura estronista y gobiernos posteriores. Los sujetos de la reforma agraria son, en esencia, las familias campesinas, verdaderas destinatarias de estas tierras. La expresión «tierras malhabidas» designa también los espacios públicos usurpados por estos beneficiarios ilegales en la ciudad.
La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) documentó la adjudicación fraudulenta de casi 8 millones de hectáreas desde 1954 hasta 2003, la mayor parte durante la dictadura estronista. El robo que registraron equivale a una quinta parte de la superficie del país. Un poco más que el tamaño de Panamá.
La CVJ fue creada por ley en octubre de 2003 para investigar las violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes estatales o paraestatales desde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) hasta la promulgación de la ley. Fue resultado de una larga lucha de asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
El reparto ilegal de tierras rurales a amigos del poder privó a miles de familias campesinas del derecho a la tierra, y en consecuencia, de los derechos a la alimentación y vivienda.
La concentración actual del 90% de las tierras en poder del 5% de propietarios ubica a Paraguay como el país con mayor desigualdad de tierras en el mundo.
Una estructura favorable al modelo económico agroexportador, vinculado a la sobreexplotación de los recursos naturales que amenaza, por ejemplo, con terminar los bosques del Chaco en apenas 24 años. Un modelo insostenible para el país más vulnerable a la crisis climática en la región.
La comisión concluyó que las irregularidades detectadas tornan nulas estas adjudicaciones de tierras. En 2008 elevó su informe a los poderes del Estado para que, a través del Ministerio Público y la Procuraduría General, se inicie una investigación. Y que de confirmarse las irregularidades denunciadas, el Estado paraguayo recupere esas tierras.
A noviembre de 2021 no hay avances en la investigación ni en la recuperación de las tierras malhabidas.
Desde El Surtidor partimos del trabajo que empezó la Comisión de Verdad y Justicia para verificar, identificar y dar a conocer quiénes fueron beneficiados con el despojo de tierras destinadas a la reforma agraria.
En esta base de datos se encuentran 4.241 adjudicaciones ilegales –a 3.336 personas, empresas y hasta instituciones religiosas– que reportó la CVJ en el tomo IV de su Informe con los nombres de los beneficiarios, el tamaño de tierras malhabidas que recibieron, dónde y cuándo.
