En el gimnasio del que es dueña, Silvina Arese sintió un temblor y vio cómo se rompieron de pronto todos los focos de luz. Era como si le hubieran tirado una bomba. Sin entender bien qué sucedió, su primer reflejo fue cerciorarse que Logan, su hijo más pequeño de cuatro hermanos, estuviera bien. Apenas lo había confirmado cuando Gustavo Espínola, un empleado del gimnasio, le dijo que vaya al patio urgente, que había heridos. No le quiso decir quiénes eran.

Cinco minutos antes, Nazareno, su hijo adolescente, había ido junto a ella al gimnasio, ubicado encima de la casa familiar, a preguntar por Ilan, su hermano mayor. No lograba hacer funcionar la computadora. Hace pocos días del inicio de la pandemia de covid-19 y Silvina está más preocupada porque tienen que abrir con protocolos de seguridad. “No sé, papi, donde está. Buscalo”, le responde. “Pero no subas más, papi, acá arriba sin tapabocas”.

Naza, como le dicen, bajó las escaleras y encontró a su hermano en el patio con los caballos de la familia. Ilan sacó el celular y le mandó un audio a un amigo que entiende de computadoras para preguntarle cómo resolver el problema. Se dio vuelta para meter a una de las yeguas al terreno cuando, a sus espaldas, explotó todo. 

“Acá me pegó un cascote enorme que fue el que me rompió las costillas. Después acá atrás tuve varios cortes”, dice Ilan señalando la parte de atrás de su cabeza. Recuerda que sentía todo el pelo mojado y tenía gusto a sangre. Ilan se cayó hacia delante y se rompió la boca. Lo primero que sintió es que no podía respirar. “Si no respiro me muero”, pensó. Intentó respirar una, dos, tres, cuatro. La quinta vez lo logró. Se levantó y buscó a Nazareno. 

Las ondas expansivas tiraron a Naza contra la muralla y quedó enterrado entre los escombros. Ilan sobrevivió, con un pulmón perforado y ocho costillas rotas. La yegua lo protegió del impacto.

“La gente no entiende”, repite Silvina Arese varias veces con la mirada perdida. Ese 15 de junio de 2020, Nazareno Martín Rovegno, un argentino de 16 años, falleció en el patio de su casa producto de una explosión del gas que liberó un camión cisterna de combustible que estaba en el taller de al lado, Lumat SA, en Villa Elisa. El lugar no tenía infraestructura fuerte, ni distancias reglamentarias, ni habilitación municipal, ni sistema de prevención de incendios. 

Silvina Arese recuerda que la gente gritaba y que recibía instrucciones contradictorias. “Va a explotar el otro, va a explotar el otro”, escuchaba. Era el otro camión con combustible. Las voces eran de los bomberos. No sabían si mover o no a Nazareno para no lastimarlo pero existían chances de que el gas del camión Ñande Gas provocara una segunda explosión. “Encontrar a Nazareno así fue como estar en la guerra”, cuenta. 

De acuerdo a la pericia que presentó la familia aceptada por la Fiscalía, acababan de explotar 8 mil kilos de combustible.

Con la ayuda de Gustavo Espínola hallaron a Nazareno lleno de tierra. Él levantó todos los escombros, encontró una patrullera policial, la hizo entrar al lugar y pidió que sacaran a la familia de ahí. “No sé cómo hizo tanto en tan poco tiempo. Prácticamente le obligamos al policía a que nos suba a la patrullera y nos saque de ahí. Después la fiscal nos preguntó por qué la patrullera hizo eso”. Y era porque hasta ese momento, nadie los había socorrido. El policía los llevó como pudo al Hospital del Trauma (Emergencias Médicas).

Desde el hospital, Silvina recibió todo tipo de llamadas. Sus amigos le preguntaban si era cierto que ellos ordeñaban combustible. El “ordeñe” consiste en la práctica de robar combustible que puede derivar en fugas de combustible, contaminación del medio ambiente y riesgo de explosión. En la prensa dijeron que ella era la dueña del taller y que por eso murió su hijo, que lo tenía merecido por tener a su hijo menor trabajando. “Todo eso yo no me daba cuenta pero lo hicieron a propósito para desenfocar la realidad y para que yo no tuviera la empatía de la gente”, reflexiona.

Además de Nazareno, un hombre de 38 años que trabajaba en el taller falleció días después en el Instituto de Previsión Social donde estaba internado en la Terapia Intensiva. En total, seis personas fueron rescatadas luego de la explosión.

Silvina Arese cree que lo que provocó la explosión fue que estaban reduciendo costos con una inertización ilegal. La inertización es un mantenimiento de seguridad de los camiones que transportan combustible donde se introduce un gas inerte, como el nitrógeno o el dióxido de carbono, para prevenir la oxidación o explosión de las sustancias inflamables que transporta el camión. Su abogado, Federico Campos López Moreira, tiene otra hipótesis: que en el lugar se estaba manipulando el contador u “ordeñando” combustible proveniente de los dos camiones. El que provocó la explosión era de la empresa Gastotal, el otro camión era de Ñande Gas, la marca del emblema estatal Petropar, cuya planta está en Villa Elisa.

Pero el taller nunca fue un taller en los registros del municipio. Estaba habilitado como una agencia de viajes. Además, según refirió Silvina, el dueño del taller es familiar de los propietarios del emblema de Gastotal, uno de los involucrados en la explosión. 

Ese día, la fiscalía hizo trasladar ambos camiones por indicación del jefe de bomberos. El camión de Ñande Gas fue enviado a Sica metalúrgica paraguaya SA (el único taller habilitado para trabajar con estos camiones), y al camión de Gastotal lo llevaron a su empresa. “Deberían haber llevado los dos a Sica con custodia», dice resignada. «Es como que vos mates a una persona y le entregues el revólver para que lo limpie, no tiene sentido”.

De acuerdo al relato de Silvina Arese, el dato oficial de los 8 mil kilos no coincide con la cantidad de combustible que había en los camiones. El camión de Ñande Gas tenía 15 mil kilos y perdió unos dos mil en el camino. Es decir, ese camión tenía 13 mil kilos. “Entonces, el gas que explotó es el que soltaron del otro camión (el de Gastotal). Eso se puede demostrar pero le quisieron culpar al otro camión. Y aunque fuese gas del otro camión, el camión entró por autorización del dueño. Igual es culpa de ellos”, explica. 

“Acá hay una explosión cada tres meses”

Mientras todavía estaba en Emergencias Médicas, Silvina Arese se enteró que al lado de donde había sucedido la explosión del combustible que mató a su hijo querían instalar una gasolinera del emblema Petrobras. En diagonal a su casa ya está instalada otra estación de combustible de Petrosur. 

Pero también conoció al grupo de vecinos y vecinas de Asunción, Villa Elisa, Fernando de la Mora y otras ciudades del Área Metropolitana que empezaron a organizarse ante la explosión –  literal y figurativamente – del negocio con el combustible. Paraguay, el país con mayor acceso a energía renovable por persona en el mundo, sigue dependiendo de los fósiles para moverse. Y gracias a acciones de inconstitucionalidad presentadas por los emblemas contra la ordenanza municipal de Asunción y la regulación nacional del Ministerio del Ambiente, se eliminaron de manera provisoria las distancias mínimas establecidas entre una gasolinera nueva y una ya existente. 

Una de las vecinas que conoció Silvina fue Estefanía Careaga, una abogada que es de las caras más visibles de la lucha contra la proliferación de gasolineras en la ciudad. “En Villa Elisa vivimos una situación bastante compleja, ya que además de la proliferación de estaciones de servicio, que en las avenidas principales se encuentran cada una cuadra, tenemos puntos de ordeñe de combustible, y el continuo traslado de los camiones cisterna por la ciudad”. Villa Elisa está marcada por tres plantas de procesamiento de combustible, entre ellas la estatal Petropar, que en 2021 sufrió un incendio tras la caída de un rayo en uno de sus tanques.

Este cóctel, empeorado por la falta de disposiciones que regulen todo el negocio ante el peligro inherente de incendios y explosiones, han convertido a Villa Elisa en una zona de sacrificio: un lugar donde autoridades de todos los partidos y todos los poderes del Estado obligan a sus habitantes, en su inacción, a soportar el costo para el ambiente, la salud y la vida que conlleva la manipulación sin control de combustibles.

Careaga dice que explosiones y fugas como las que mataron a Nazareno suceden “en promedio, cada tres meses”. La última tragedia sucedió el 5 de agosto de 2023, cuando la explosión de un camión cisterna en Villa Elisa dejó un muerto. Una vez más, la hipótesis del ordeñe ilegal de combustible tomó fuerza. En entrevista con Canal 13, el jefe de los bomberos José Maciel agregó una variable adicional, la ola de calor extrema en medio del invierno paraguayo de este año.

Tres años después, no hay justicia para Nazareno

A tres años de la muerte de Nazareno Martín Rovegno, ocho fiscales pasaron por la causa y todavía no fue elevada a juicio oral. Incluso, la fiscal Laura Romero, de Lambaré -quien actualmente está a cargo de la investigación del feminicidio de Katia Brítez- en audiencia preliminar realizada el 15 de octubre de 2021, solicitó como requerimiento conclusivo el sobreseimiento definitivo de los imputados. La querella apeló y la jueza penal de garantías de Lambaré Isabel Bracho dio trámite de oposición. La Fiscalía no hizo lugar al pedido de cambio de calificación a “homicidio por dolo eventual”.

Abilio Morales Ortellado, quien figuraba como dueño del taller es el único imputado por homicidio culposo. Ausberto Luis Ortellado es el dueño de Gastotal, nunca estuvo imputado, ni siquiera lo llamaron a declarar a pesar de los urgimientos de la familia Rovegno. Abilio Morales es el sobrino de Ausberto Ortellado. 

El abogado defensor de los imputados es Pedro Ovelar, quien representa además al ex presidente Horacio Cartes.

El abogado de la querella, López Moreira, le dijo a Última Hora que este caso no constituye homicidio culposo, sino que se trata de un caso de homicidio con dolo eventual. “Un tinglado que era un taller ilegal, que figuraba como agencia de turismo en la Municipalidad, un tinglado donde se manipulaba gas en forma ilegal, indebida. Ahí por la manipulación ilegal, que la Fiscalía debía investigar si no era ordeñe”, expresó.

Además de la arbitrariedad judicial, Silvina Arese llegó a la convicción de que “no estamos preparados para esto”. Tras la explosión que mató a Nazareno, la Policía hizo un cordón para que nadie entrara al lugar, pero tampoco se podía salir. Tuvieron que convencer a la patrullera. La labor de los bomberos también fue precaria, y para Silvina, muy deficiente.

La parte de la Constitución de la cual se olvidan las gasolineras

Aunque Silvina y los vecinos de Villa Elisa lograron parar – por ahora – la gasolinera proyectada al lado del taller ilegal que mató a Nazareno, en la batalla legal un emblema de combustible logró una gran victoria en la Corte Suprema. El 26 de diciembre de 2022 la Sala Constitucional, integrada por 3 ministros de la Corte, falló a favor de Petromax en su acción contra la ordenanza municipal de Asunción que establecía distancias mínimas. Para los ministros, la Municipalidad de Asunción se excedió en sus atribuciones y afectó “la libre competencia”.

No significa que la lucha se haya perdido, sin embargo. La creación de la organización Ñanderekoháre – Ciudadanía por la vida y el ambiente, con el fin de aglutinar los distintos esfuerzos en toda Asunción y Central contra la explosión de estaciones de combustible permitió coordinar, por ejemplo, la intervención de la Defensoría del Pueblo.

El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, intentó coordinar una mesa de diálogo con el Ministerio del Ambiente y los municipios de Villa Elisa y Asunción, pero lo dejaron en visto. En diferentes notas enviadas entre febrero y agosto de 2023, la Defensoría pidió al ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, y a los intendentes de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y de Villa Elisa, Carlos Brítez información sobre el monitoreo a gasolineras ante la posibilidad de “filtraciones, incendios y explosiones”. Una investigación de El Surti demostró que Asunción aprobó al menos 18 gasolineras sin planes de control de incendios entre 2021 y 2022. Hoy, en la ciudad, hay más estaciones de combustible que plazas. 

El Ministerio del Ambiente y los municipios de Asunción y Villa Elisa ignoraron sus pedidos.

La Defensoría y la organización ciudadana sí lograron respuesta del ministro de la Corte Suprema Gustavo Santander, con quien se reunieron el 21 de agosto. Silvina Arese también acudió. 

Allí pidieron que el fallo que sigue pendiente sobre la regulación nacional del MADES que establecía las distancias mínimas entre gasolineras sea discutida por el pleno de la Corte – los 9 ministros – y no solo la Sala Constitucional. Esto ya sucedió en varios casos considerados emblemáticos, como cuando en 2020 fueron los 9 ministros quienes votaron sobre si era constitucional la divulgación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, una de las mayores victorias recientes para la transparencia.

Para la Defensoría, la regulación del MADES que fue creada tras los hallazgos del aditivo de combustible MTBE en el Acuífero Patiño está justificada en la Constitución Nacional, un punto que las gasolineras parecen olvidar: en sus artículos 7 y 8 establece el derecho a un ambiente saludable y la posibilidad de “restringir o prohibir” aquellas actividades “que califique peligrosas.”

El 31 de agosto, tras meses de presión de la ciudadanía, la Junta Municipal de Villa Elisa ingresó un proyecto de ordenanza que obligaría a los camiones cisterna que transportan combustible a registrar dónde quedarán estacionados o guardados cuando no se encuentren en una gasolinera.

Silvina Arese dice estar contenta de saber que hay otras personas preocupadas por evitar que vuelva suceder una muerte como la de su hijo Nazareno.

Eso sí, desde el 15 de junio de 2020, ella ya no puede volver a su patio.