En los últimos años, élites fundamentalistas de católicos y evangélicos se han unido de forma estratégica para impulsar un movimiento en Latinoamérica contra los derechos reproductivos de las mujeres, la identidad de género y las personas LGBTI. Dicen que sus posturas están alineadas a su fe, su cultura y la defensa de la soberanía de los países, pero investigaciones regionales como Transnacionales de la Fe muestran que su interés real es el poder. La investigación fue liderada por la Columbia Journalism Investigations de la Universidad de Columbia de Nueva York, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y 15 medios de toda la región como Univision de EE.UU, El Tiempo de Colombia, La República de Perú, Ciper de Chile y Agencia Pública de Brasil. El trabajo en conjunto de reporteros premiados de toda Latinoamérica ha demostrado cómo algunos líderes religiosos están amparados por el gobierno de Trump y gracias a su cercanía a la Casa Blanca han logrado influir en presidentes de la región y en la política exterior hacia países como Israel o hacia la OEA. Paraguay no es ajeno a este fenómeno. 

El movimiento autodenominado «pro-vida» y «pro-familia» en el país ha logrado que las mujeres no puedan ocupar más cargos electivos; ha persuadido a legisladores para que las mujeres trans no sean amparadas por una ley contra la violencia; y presionó al ex ministro de Educación para que prohíba contenidos con perspectiva de género en las escuelas con desinformación. Hasta hoy el MEC se niega a publicar los resultados de la comisión que se conformó para investigar los supuestos materiales con “ideología de género” que motivaron la cuestionada resolución de Enrique Riera.

Los dirigentes que se hacen llamar “pro-vida” han justificado estas acciones argumentando que la igualdad de género y las reivindicaciones de mujeres feministas forman parte de una agenda foránea, como si sus demandas fueran autóctonas. Poco hablan ellos de cómo articulan los intereses de un lobby internacional cristiano compuesto principalmente por grupos de evangélicos fundamentalistas que de ninguna manera representan las aspiraciones de todo el cristianismo. El caso de Miguel Ortigoza es ejemplar, una de las principales caras del movimiento. Este pastor evangélico del Centro Familiar de Adoración es también representante de Capitol Ministries, una organización estadounidense que opera desde la Casa Blanca y busca que legisladores y autoridades hagan políticas públicas en base a interpretaciones bíblicas. 

El avance de estos grupos religiosos dentro del Estado representa una amenaza para la democracia y como periodistas tenemos la responsabilidad de cubrirlo. No respetan el principio de separación entre iglesias y Estado y son sectarios porque sus demandas niegan derechos a poblaciones históricamente discriminadas como las personas LGBTI. A ellos se asocian  algunas autoridades electas de la ANR y Patria Querida que participan de encuentros internacionales donde se mezclan con representantes de la extrema derecha latinoamericana, estadounidense y europea, acusada de autoritarismo, abuso de poder y corrupción. Estas autoridades importan sus propuestas, que se traducen en discursos discriminatorios o leyes y políticas que en vez de ampliar, reducen oportunidades. En algunos casos, con ayuda de sus aliados en el Estado, organizaciones evangélicas reciben fondos públicos o el aval institucional necesario para acercarse a niños y adolescentes, reclutarlos a las filas de sus iglesias y darles información falsa que pone en peligro su salud, como el caso de las ONGs Decisiones y Funda Joven. 

Es de interés público conocer qué buscan y cómo trabajan las iglesias para influir en política. En tiempos en que los partidos políticos están en crisis y adoptan sus discursos –aunque éstos sean peligrosos y antidemocráticos– sólo para garantizar una base de votantes fieles. Al igual que otros sectores poderosos del país, como la ARP y la UIP, que presionan para que las leyes y programas gubernamentales los beneficien, las jerarquías religiosas están decididas a mantener y ampliar su influencia en el Estado. Lo hacen infundiendo miedo a la diversidad, divulgando mentiras y creando divisiones en la sociedad. El periodismo debe hacer todo lo contrario: echar luz sobre lo que es real, derribar mitos que sólo sirven a un orden injusto y acercar a las personas a un diálogo que construya.