Casi el 40% del país sufre condiciones de sequía de «moderada» a «extrema».

«Riesgo de déficit hídrico para la mayor parte de la región Oriental».

«Ausencia de agua para consumo humano y para producción, especialmente en el Chaco».

«Desde hace 80 años no se registraba una falta de lluvia como la actual».

Son los datos que el Estado paraguayo publica en la primera página de su Plan de Contigencia Climática: al menos 53 millones de dólares que deberá gastar para paliar el impacto de la sequía en cultivos, asegurar el tránsito en el río y el agua potable en verano.

Apenas dos semanas después de la elaboración del plan, el río Paraguay alcanzó una bajada mínima histórica en Asunción. Fue la primera vez que en dos años seguidos la estadística se rompió.

Ahora, el agronegocio dice que un millón de hectáreas de soja están en peligro debido a la falta de lluvias.

Las razones de por qué uno de los países con mayor abundancia de agua dulce atraviesa sequías cada vez peores desde 2019 es algo que Roger Monte Domecq, ingeniero e investigador especializado en recursos hídricos, está tratando que todo el mundo entienda.

La fábrica de lluvias es la Amazonía, ahí se generan ríos voladores, las nubes que dan el agua a la cuenca del río Paraguay.

«La sequía es el resultado del ciclo natural del clima, sí, pero intensificado por el cambio climático: el cambio de uso de suelo, la deforestación e incendios a nivel regional, en la Amazonía y el Pantanal» dice Monte Domecq.

A eso se suma una «política regional débil en cuanto a la administración de las represas que inciden en los caudales de los ríos».

El problema es regional, piensa Monte Domecq. Y Paraguay no podrá solucionar ni prevenir las sequías que el informe de IPCC advierte que serán cada vez más frecuentes.

«Se necesita una política, un acuerdo regional. El Parlasur debería ser un lugar clave para tomar políticas conjuntas para reducir la deforestación y decidir con mejor coordinación cómo nos repartimos las tareas de cuidado de nuestras reservas de agua dulce».

Por ejemplo, el Acuífero Guaraní está ubicado entre Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay: en nuestro país se encuentran la mayoría de puntos de recarga. Y el riesgo de extinción del Bosque Atlántico afecta la generación de energía en Itaipú.

Devolver esas tierras a los ava guaraní paranaenses no solo es justicia histórica, sino ayudaría a conservar lo que queda del BAAPA.

Paraguay se comprometió en la Cumbre del Clima a reducir la deforestación para el 2030, pero su plan climático oficial considera que en realidad la pérdida de bosques aumentará.

Otro punto importante para Monte Domecq es la ley de recursos hídricos, sancionada más sin reglamentación debido al lobby empresarial desde hace más de 10 años.

Un informe realizado por el Instituto de Desarrollo y Ambiente (IDEA) concluye lo mismo: «No existe un procedimiento claro para conceder permisos de uso de recursos hídricos, no se aplica el principio de garantizar primero el acceso al consumo humano ni se considera la presión sobre los recursos y los impactos del cambio climático».

Reglamentar la ley de recursos hídricos ayudaría a poner fin a la superposición de instituciones como el MADES, el ERSSAN y las Municipalidades, que en vez de trabajar de forma coordinada se manejan con criterios diferentes.

Y permitiría, por ejemplo, el cobro del canon por el uso del agua a empresas como Coca-Cola, Pepsi o Pulp, que hoy la extraen gratis de un Acuífero Patiño en peligro.

Qué hacer con el dinero de ese canon es el tema: la propuesta del MADES es que sirva para controlar la cantidad y calidad de agua que realmente tenemos hoy. La investigadora Mercedes Canese dice que debe servir para financiar el acceso a agua potable, que aún no alcanza a 850 mil personas.

Todas estas son decisiones de políticas públicas, a veces aburridas, siempre con una sensación de lejanía. 

Grisel Torres, de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Asunción, cree que hay algo que cualquiera puede hacer en su barrio: controlar a la municipalidad y a quién da permiso para usar y afectar afluentes.

Exigir un plan de ordenamiento territorial significa evitar construir en cualquier lugar o rellenar humedades – como se denunció en San Bernardino. También ayudaría a reducir el gasto público en sitios cada vez más alejados del servicio de agua.

«Los humedales son filtradores naturales, espacios que permiten un balance» al almacenar agua en época de precipitaciones, retrasando las sequías.

«El cambio climático no va a discriminar por nuestras posiciones políticas», sentencia Torres.

Este reportaje es producto de la entrevista colectiva a Roger Monte Domecq y Grisel Torres en el evento de la Comunidad Futuros el 28/10/21

Es parte de la serie El Futuro no Está Escrito, donde buscamos mostrar los proyectos que nos ayudarán a combatir la crisis climática en Paraguay junto a la audiencia. Sumate con tus ideas en nuestro Discord.