El relatorio de impacto ambiental presentado por la empresa CDD Construcciones SA para el campamento de obras de la Costanera Norte y los viaductos que afectarán al Jardín Botánico fue hecho por la ingeniera Susana Delgado, hija del dueño de la constructora, César Delgado.La empresa forma parte del Consorcio D-R junto a Benito Roggio e Hijos SA. El campamento incluye un centro de acopio de combustible y una planta de hormigón.

Pese al posible conflicto de intereses, en Paraguay la Ley de licencias ambientales no lo contempla como una inhabilidad. El Ministerio del Ambiente (MADES) aceptó el relatorio y dio la licencia ambiental a CDD Construcciones. Consultada sobre el tema, la licenciada Carolina Pedrozo, directora del departamento de Evaluación de Impacto Ambiental, dijo que «una cosa es que sea ilegal, que no es, y otra es que sea poco ético». Pedrozo explicó que con la ley actual, incluso el propio interesado puede presentar el relatorio de impacto ambiental de su obra si es que está certificado como consultor por el ministerio, «un estanciero, si es ingeniero forestal, está facultado a ser quien realice el estudio de impacto de su cambio de uso de suelo, por ejemplo» dice. 

La funcionaria del MADES admitió que «es una materia pendiente, revisar las posibles inhabilidades de los consultores ambientales, ver cómo es en otros países».El ingeniero agrónomo y divulgador ambiental Luis Recalde dice que, en teoría, esos relatorios deben ser verificados por técnicos del MADES, pero «en especial en las obras del Estado se suele simplemente aprobar». La aprobación de las licencias no es garantía de que se cumplan las medidas para evitar que las obras afecten el ambiente.  Ejemplo de ello es el falseamiento de datos en los estudios de impacto ambiental de empresas ganaderas en el Chaco. Para Recalde, una alternativa sería que sea el propio ministerio quien haga los análisis de impacto de la obra. Para ello sería necesario que el MADES, que es el segundo ministerio con menor presupuesto del país, reciba más recursos.

La construcción de la Costanera Norte y los viaductos sobre el Botánico, financiada por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur FOCEM y el Ministerio de Obras Públicas, fue adjudicada en 2015 por unos 60 millones de dólares. El presupuesto fue ampliado dos veces. Ahora alcanza los 70 millones de dólares aproximadamente.

La obra es cuestionada por ciudadanos organizados en el grupo «Amigos del Botánico». Entre las objeciones se encuentra la afectación de al menos unos 100 árboles del Jardín Botánico, que ya perdió la mitad de su superficie original. Aunque el plan de mitigación propone trasplantar varios de los árboles nativos, el porcentaje de efectividad del proceso es del 50%, según Walter Lezcano, de la Dirección de Recursos Naturales de la Municipalidad de Asunción. También se propuso que como compensación, el Ministerio de Defensa y el MOPC otorgasen 84 hectáreas a la Municipalidad de Asunción, que finalmente se redujeron a 32 gracias a la aprobación de concejales de la ANR, PEN, Hagamos y PQ. 

Bajo la representación del abogado Martín Almada, también se presentó un amparo contra la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) por haber dado permiso a que obras afecten al Jardín Botánico. Según la nota, el permiso se contrapone a la convención de patrimonios culturales de la UNESCO, ratificada por Paraguay en 1996. Contrario a lo reportado por ABC Color, todavía no se dio lugar al amparo. A la fecha, está pendiente de la respuesta de la SNC.

Pese a varios intentos de hablar con la ingeniera Susana Delgado y su compromiso de devolver la llamada, a cierre de edición no ha respondido a nuestras consultas.