En su oficio de partera, Petrona Villasboa ayudó a nacer vivos a más de 200 niños, pero cuando su hijo Silvino Talavera se intoxicó no pudo salvarle la vida. Tiempo después de la muerte del niño, esta mujer de mirada triste y de sonrisa detenida nunca más pisó una iglesia. Emprendió una batalla de orden más terrenal: un juicio en donde logró la primera condena de dos productores sojeros, en un caso de muerte por uso indiscriminado de agroquímicos en Paraguay. Ella sabe que, si no fuera por los pesticidas de esos productores, Silvino tendría hoy 26 años, y seguiría a su lado.

A los once años, Silvino ya trabajaba la tierra junto a sus hermanos mayores y su padre, Juan Talavera, en la compañía Pirapey del distrito de Edelira, en el departamento de Itapúa, al sur del país. El 2 de enero de 2003 fue en bicicleta, junto con su primo Gabriel Villasboa, por las compras para el almuerzo. A su regreso, entre la polvareda y el abrasante sol, vieron que el vecino de ascendencia brasileña, Hermann Schlender, pulverizaba sus plantíos en el camino vecinal. Mientras Gabriel esperó a que el tractor terminara de pasar, Silvino aceleró el pedaleo, pero no logró escapar de la máquina que le roció de cuerpo entero. Su ropa quedó empapada y también la bolsa con la comida para su familia.

El rancho de los Villasboa queda al final de una pendiente muy pronunciada. Un arroyo, el Pirayu’i, lo bordea. La suya es una casita de arquitectura típica campesina, un «culata jovái»: dos habitaciones con paredes de tablas, unidas por un techo común, y separadas por un espacio mixto, techado, pero sin paredes laterales. Cuando Silvino llegó, entregó el puñado de carne y fideo a su hermana Sofía, entonces de 12 años, y salió a bañarse en el arroyo. Allí la mamá lavaba la ropa, pero Silvino no le dijo nada. Solo mencionó que, de repente, le empezó a dar comezón en los ojos. Después se tumbó en la cama y no se levantó a comer. Al paso de la siesta, empeoró con vómitos y diarrea.

Alarmada, Petrona Villasboa observó cómo sus otros hijos también iban sufriendo síntomas similares, y al cabo de un tiempo, ella misma comenzó a sentirse mal. Preparó una infusión con jaguarete ka’a y hoja de mandarina, y se la dio de beber a todos. Pero su hija Patricia, de 2 años, se puso peor. La llevó de urgencia al hospital más cercano, en la localidad de María Auxiliadora. Allí no contaban con implementos ni profesionales, así que se trasladaron a la colonia Hohenau, ubicada a 60 km de Pirapey. La pequeña quedó internada hasta el 5 de enero, mientras los otros hijos e hijas de Petrona fueron tratados con medicamentos para la fiebre y los vómitos.

Los malestares de toda su familia tuvieron explicación cuando Gabriel, su sobrino, le contó lo que había pasado en el camino vecinal.

El 6 de enero del mismo año, un poco después del mediodía, soplaba un viento fuerte que llegaba del poniente. Hacía mucho calor. A 15 metros del rancho de los Talavera, el sojero Alfredo Laustenlager, otro ciudadano de origen brasileño, fumigaba sus sembradíos de soja. Por las rendijas del «culata jovái» se filtraron los pesticidas y alcanzaron a la familia. Si bien Petrona creía que sus hijos ya se estaban recuperando, la náusea, el vómito y la cefalea volvieron. De nuevo Petrona corrió al puesto de salud de Edelira, esta vez con Sofía y con Silvino como los más afectados; de allí los derivaron a Hohenau, donde el día anterior dieron el alta a Patricia, luego de estar cuatro días internada.

El cuerpo de Silvino estaba paralizado y presentaba moretones. Le brotaba sangre por la nariz que Petrona limpiaba mientras lloraba. En Hohenau la doctora sugirió que llevaran al niño hasta la ciudad de Encarnación para un lavado de estómago urgente. Lo trasladaron en la camioneta del intendente.

Silvino no resistió y sufrió dos paros cardíacos. Murió la siesta del 7 de enero en Encarnación. El diagnóstico: intoxicación grave.

Unas 20 personas fueron afectadas por esas fumigaciones en Pirapey. En la familia Talavera Villasboa, Sofía y Patricia requirieron internación, pero sobrevivieron a la segunda fumigación; igual que los otros hijos de Petrona y Juan: Norma, Juan Ignacio, Antonio, Darío, Juan Alberto y Justiniano. Un bebé de apenas seis meses y otro de poco más de un año también murieron por esas fechas en la comunidad, pero sus familias nunca presentaron denuncia.

Cuando Silvino falleció, Petrona se desmayó y estuvo en coma los siguientes cinco días. Al despertar, y con los estudios que le realizaron, se enteró de que estaba embarazada de casi dos meses.

Políticas tóxicas

Las multinacionales que producen los llaman «plaguicidas». Algunas, como la multinacional Bayer, les denominan ahora «defensores agrícolas». Para Petrona Villasboa son sencillamente venenos, y no tiene dudas: si no fuera por ellos, Silvino Talavera tendría hoy 26 años.

Como educadora popular, Petrona enseñó en su comunidad, en otros tiempos, sobre preparados naturales para cuidar los cultivos. «Hacía mucho que dejamos de usar veneno en nuestras chacras; yo traía videos que mostraban el daño que producían, entonces la gente empezó a tomar conciencia», recuerda. Describe sin pausa, como si le brotara de la memoria a borbotones urgentes, el tacho en el que con sus hijos mezclaba estiércol, caña de azúcar y agua en proporciones justas para regar sus cultivos y cuidarlos de microorganismos y hongos a los que llama «bicho’i».

Los agroquímicos son necesarios en los cultivos de soja porque forman parte del «paquete tecnológico» que nació con la Revolución Verde, junto a las grandes maquinarias y las semillas transgénicas. Para los agricultores de pequeña escala se trata de un sistema que degrada la naturaleza, empezando por el suelo, y que se opone radicalmente al modelo de producción tradicional.

En Paraguay, los cultivos de soja iniciaron en la década de 1970 durante la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando se alentó la llegada de inmigrantes brasileños al campo. Con el tiempo, introdujeron el modelo mecanizado de producción y trajeron también, de contrabando, las primeras semillas modificadas genéticamente. La frontera agrícola comenzó a expandirse, y la legislación y las políticas de Estado no tardaron en acomodarse a esta nueva realidad. Hoy, Paraguay es considerado el cuarto exportador y el sexto productor de soja en el mundo. Para este país, el más desigual en la distribución de tierra de la región, el modelo mecanizado de producción hace que la soja transgénica sea el rubro de mayor relevancia económica, pero a la vez, el que provoca los más altos conflictos ambientales y sociales.

Los insumos químicos son necesarios para este tipo de cultivos. Las semillas modificadas genéticamente son diseñadas para resistir fumigaciones que atacan todo lo que no sean sus brotes. Los plaguicidas son sustancias químicas usadas en el sector agrícola para eliminar malezas o enfermedades de las plantas. El crecimiento de cultivos transgénicos, que ya ocupa 95 de cada 100 hectáreas en el país, conlleva el aumento de químicos rociados. Según un cálculo de anuarios estadísticos de Senave de 2007 a 2015, Paraguay triplicó la importación de plaguicidas, y en ese último año se importaron 9 litros por habitante.

La investigadora Inés Franceschelli menciona que no es solo la cantidad, sino también la calidad de los químicos importados los que afectan a las personas. En Paraguay, el Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) es el encargado de supervisar las importaciones de agroquímicos. Pero las evaluaciones de la calidad de los productos son proveídas por las productoras, consideradas como buenas por las instituciones públicas y guardadas en secreto, con la excusa de proteger las patentes. Así, la calidad de los químicos rociados en todo el país es un secreto empresarial protegido por el Estado.

Como pasó con el DDT, con los fosforados, con los compuestos clorados, la industria química del agronegocio está cerrando el ciclo del glifosato para reemplazarlo por algo nuevo. Según Franceschelli, la resistencia desarrollada en insectos y plantas, la mala prensa y la presión negativa que deriva en prohibiciones de uso, como sucede en Francia, hacen de este químico un producto en decadencia.Pero en Paraguay, la decadencia dura mucho. Químicos como el endosulfán, prohibido desde 2010, se comercializan normalmente.

Según un informe de la ONU, la exposición a plaguicidas de las mujeres embarazadas lleva aparejado un mayor riesgo de leucemia infantil, así como otros tipos de cáncer, autismo y problemas respiratorios.

La Dra. Stella Benítez Leite investigó la relación entre la exposición a pesticidas y las malformaciones congénitas en recién nacidos en el Hospital Regional de Encarnación, el hospital donde murió Silvino Talavera. Ella y su equipo analizaron 52 casos que ilustran esta asociación. Las madres que viven en un radio de un kilómetro de fumigaciones sojeras tienen tres veces más riesgo de parir hijos con malformaciones.

En una publicación para la organización Base IS, Benítez Leite cita al menos diez estudios que indican que la exposición a plaguicidas causa daño genotóxico –registrado a nivel del material genético– y daño citotóxico, o destrucción de células. Un informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, menciona que «la exposición a plaguicidas de las mujeres embarazadas lleva aparejado un mayor riesgo de leucemia infantil, así como de otros tipos de cáncer, autismo y problemas respiratorios».

Las pruebas de laboratorio en muestras de sangre arrojaron que Silvino Talavera tenía en su cuerpo un compuesto de cipermetrina y glifosato, sustancias usadas en los cultivos transgénicos para controlar la proliferación de insectos, malezas y todo lo que no sea soja. La cipermetrina se usa como insecticida. El glifosato lleva el nombre comercial de Round Up, y los campesinos lo conocen como «mata-todo».

Una mujer contra el mundo

«Justicia para Silvino» se llamó la campaña que logró llevar la muerte del hijo de Petrona Villasboa a juicio oral. Fue una batalla que Petrona emprendió con el apoyo de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), a la que se sumaron otros colectivos y activistas de Paraguay y la región.

Petrona Villasboa también demandó al gigante agroquímico Monsanto, la mayor productora de herbicidas y semillas transgénicas del mundo. En Paraguay, Monsanto es la importadora más importante de plaguicidas.Monsanto es la misma empresa que desarrolló los componentes del agente naranja, un herbicida y defoliante utilizado por los estadounidenses en la guerra de Vietnam, y que según la Cruz Roja, dejó discapacitadas a 1 millón de personas. Hoy en día, Monsanto es conocida por el herbicida que apareció en las muestras de sangre de Silvino Talavera: el glifosato. En 2015, la Organización Mundial de la Salud la clasificó como potencialmente cancerígena. La empresa la comercializaba como inocua para humanos. Petrona Villasboa los demandó por publicidad engañosa ya en 2004.

En su comunidad, se enfrentó a otras batallas. Sus vecinos recogieron firmas para exigirle que desistiera de la denuncia contra los empresarios sojeros. En una ocasión, un hombre con machete en mano la interceptó en un camino vecinal para amedrentarla. Era un trabajador al servicio de Hermann Schlender. En otra oportunidad, un sacerdote fue hasta su rancho a persuadirle de que abandonase el proceso judicial. Ante su negativa, la excomulgó y ella nunca más entró a una iglesia. A su hermano Serapio Villasboa, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), lo asesinaron a puñaladas tres matones días antes de iniciar el juicio oral.Familiares y testigos declararon que Serapio había recibido ofertas y amenazas de una autoridad de la Cooperativa Colonias Unidas –de productores del agronegocio– para retirar la querella. Nunca se imputó a nadie ni se investigó la autoría moral del asesinato. La muerte de Serapio Villasboa continúa impune.

En el juicio de Silvino Talavera, profesionales médicos declararon conocer con exactitud los síntomas de una persona que ha sufrido intoxicación con plaguicidas, y que tenían certeza de lo que le ocurrió al cuerpo del niño. Sin embargo, el tribunal dejó en claro que no se estaba cuestionando la fumigación con agroquímicos, sino la conducta imprudente de los acusados al hacerlo.

Los productores sojeros fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad: Hermann Schlender por homicidio culposo y producción de riesgos comunes, y Alfredo Laustenlager por homicidio culposo, además de la obligación de resarcir a la familia de la víctima, cada uno con la suma de 25 millones de guaraníes, unos 4.500 USD al cambio actual.

Pero lo cierto es que los sojeros jamás pusieron un pie en la cárcel. Tampoco han desembolsado ni una moneda para resarcir a la familia Talavera.

A principios de 2007, un juez suspendió la condena impuesta a los acusados.

El fallo judicial en el caso Silvino Talavera sentó un precedente histórico, y gracias a eso se ha avanzado en materia legislativa ambiental: la obligación de colocar barreras de protección vegetal en los cultivos y la prohibición de fumigar condicionados por la dirección que toma el viento. Estas normativas de carácter local –ordenanzas– y nacional existen como resultado de la perseverancia de Petrona Villasboa y el equipo humano que la apoyó.

Pero el agronegocio es poderoso. En el año 2009, el Congreso aprobó la Ley Nº 3742 de control de productos fitosanitarios de uso agrícola, que recibió dos propuestas de reglamentación: una elaborada por los gremios sojeros y otra por las organizaciones campesinas. Como el Poder Ejecutivo no aprobaba ninguna de las dos, el Senave emitió una resolución, en 2011, que obligaba a los fumigadores a anunciar por radio local las fumigaciones programadas, y a tener un control técnico de la fórmula a fumigar. El sector sojero reaccionó anunciando un tractorazo para junio de 2012. Pero la protesta fue desactivada por la masacre de Curuguaty, y la posterior destitución del presidente Lugo. Dicha reglamentación fue anulada un mes después.

El agronegocio crece y ha provocado el exilio de alrededor de 900 mil familias entre 2003 y 2013. Entre esas personas expulsadas del campo se encuentran casi todos los hijos de Petrona Villasboa: unos viven en Encarnación, otros en Ciudad del Este. Petrona asegura que la salida de sus hijos de Pirapey es por seguridad antes que por economía: en la pequeña comunidad, cada temporada de siembra la fumigación sigue siendo peligrosa.

En el cementerio de Pirapey hay una zona sembrada de angelitos. Allí se halla la tumba de Silvino Talavera. En julio, el camposanto se observa pletórico de trigales; a finales de octubre y hasta enero, todo ese escenario se transforma en señorío de la soja. Petrona va a limpiar el panteón regularmente, y suele encontrarse con que la gente se ha apropiado de una vela o un pedazo de las flores plásticas que lo adornan. A ella le parece bien este robo bagatelario: son personas que vienen de los alrededores con la firme creencia de que el pequeño Silvino produce milagros. Petrona también quiere creerlo así.