1· ¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe firmado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018. El gobierno paraguayo lo firmó junto a otros 21 países de la región. 

2· ¿Por qué es importante?

Es el primer tratado de la región sobre asuntos ambientales y el primero del mundo que tiene disposiciones sobre los defensores del ambiente. Es decir, es un instrumento –no el definitivo ni el único necesario– para luchar contra los crímenes ambientales, y por tanto, la crisis climática. Es una herramienta para que, por ejemplo, podamos respirar aire limpio.

3· ¿Qué firmó Paraguay?

El Acuerdo busca garantizar tres cosas: 

Primero, obliga a los Estados a dar a la ciudadanía información accesible y transparente acerca de las decisiones que toma sobre el medio ambiente. Por ejemplo, vas a poder acceder de manera más sencilla a datos sobre quiénes violan las licencias ambientales de propiedades en el Chaco, algo que el Infona ya propone realizar. O permitiría mejor control de las recetas agronómicas necesarias para utilizar agroquímicos, reduciendo el impacto de su uso en suelos y aguas subterráneas. 

El Acuerdo también obliga a elaborar informes sobre la situación del ambiente en el país basada en evidencia científica: como la calidad del aire, que hoy está a cargo de la iniciativa Aire Paraguay a falta de datos del Ministerio del Ambiente. 

Segundo, busca garantizar tu participación en decisiones ambientales que pueden afectarte, como en casos de contaminación de arroyos. También, en el caso de denuncias de posibles delitos ambientales, el Acuerdo garantiza que existan los mecanismos judiciales para denunciar de forma simple, accesible y sin costos prohibitivos o burocracia. Este es un problema grave actualmente. Por ejemplo, llevan años las denuncias de comunidades campesinas e indígenas de violación de leyes ambientales con fumigaciones y deforestación, como el caso Yerutí que terminó en una condena por parte de la ONU contra el Estado paraguayo.

Por último, es el primer acuerdo del mundo que tiene disposiciones sobre defensores del ambiente. Obliga a los Estados a garantizar la libertad de expresión y la vida de aquellas personas que en lugares vulnerables denuncian delitos ambientales. De cada diez defensores de la tierra y el ambiente asesinados en 2016, seis eran de Latinoamérica. En 2018, el guardabosque Rumildo Toledo fue asesinado en la Reserva de Tapytá, Caaguazú, presuntamente por cazadores. En Capiibary, la Fiscalía persiguió a cuatro madres campesinas por oponerse a fumigaciones ilegales.

4· ¿Entonces es mentira que promueve el aborto, busca expropiaciones, va en contra de leyes y nos quita soberanía?

Respuesta corta: sí, es mentira.

Respuesta larga: 

El 30 de noviembre de 2019, el obispo Edmundo Valenzuela divulgó un video diciendo que aceptar el Acuerdo de Escazú implicaría aceptar resoluciones de «aborto, ideología de género y eutanasia». Antes, en agosto, la cónsul paraguaya en Porto Alegre también había dicho en una nota a Mario Abdo que el Acuerdo le quitaba soberanía a Paraguay sobre sus recursos naturales.  El 2 de diciembre, la Unión de Gremios de la Producción expresó su «preocupación» porque «grupos que promueven los derechos humanos puedan incidir en asuntos ambientales». 

Valenzuela miente porque en las 42 páginas del Acuerdo no existe ni una sola mención a las palabras aborto, eutanasia o «ideología de género». Ni una.

También miente el ministro de Agricultura, Moisés Bertoni, que dijo el 6 de octubre de 2020 que «este acuerdo contempla el principio precautorio del cual el Paraguay se ha manifestado siempre en contra pues se basa en supuestos sin fundamentos científicos». El principio precautorio del que habla Bertoni es básicamente un concepto jurídico que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el ambiente. Bertoni miente al decir que Paraguay se ha manifestado en contra de tal principio jurídico. Por el contrario, varios acuerdos internacionales ratificados por el país y leyes paraguayas lo contemplan. Paraguay no objetó La Declaración de Río en 1992, que introdujo el concepto a nuestra legislación.  Está en el artículo 4 de nuestra ley de calidad de aire. Está en el artículo 1 del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. Está en el artículo 3 del Acuerdo Marco sobre Cambio Climático. Está en el artículo 1 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica –que sirvió a países como Estados Unidos, Canadá y Argentina para aprobar la introducción de maíz transgénico en mercados europeos.  

Otra mentira es que el Acuerdo le quitaría soberanía al Estado paraguayo sobre sus recursos naturales. El artículo 3 del Acuerdo dice de forma explícita que se respetará el «principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales».

Es cierto que el Acuerdo haría que grupos que trabajan derechos humanos puedan incidir en asuntos ambientales, pero eso está en concordancia con nuestra Constitución Nacional, que garantiza en sus Artículos 5, 6 y 7 el derecho a un ambiente saludable. 

5· ¿Y qué va a pasar ahora con el Acuerdo?

Luego de las declaraciones de Valenzuela y el comunicado de la UGP, el Ejecutivo –que firmó  el Acuerdo– retiró su pedido de ratificación al Congreso en 2019, órgano que debe aprobar todos los acuerdos internacionales. Desde entonces, Cancillería no volvió a enviar el texto al Congreso.

Contrario a lo sostenido por gremios del agronegocio, es la no ratificación del acuerdo la que puede implicar futuros problemas comerciales, como explica Ezequiel Santagada, abogado director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). Mientras que mercados paraguayos como Rusia, Turquía y China no tienen en cuenta la aplicación de leyes ambientales de los productos que importan, la Unión Europa, todavía destino de la soja o el cuero paraguayo, sí. 

El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur está en un punto muerto debido a las objeciones de varios países, como Francia, por la falta de protección ambiental en la producción agroexportadora de la región. «Es cierto que todo lo que propone Escazú se podría hacer sin Escazú», explica Santagada, «pero tardaría más». Santagada considera que además, los mercados más tarde o más temprano pedirán legislaciones de transparencia ambiental para decidir invertir en el país.