Desde hace 10 años los ganaderos Miguel A. Muñoz, Kurt Friesen Schroeder y Óscar Hein Ratzlaff fueron denunciados por invadir 10.079 hectáreas de tierras en Mariscal Estigarribia, Boquerón. Tierras que en 1984 el Indert consideró que eran de la Comunidad Loma, del pueblo Guaraní Ñandéva, un pueblo indígena reconocido por el Estado en Paraguay y que vive en la zona fronteriza con Bolivia y Argentina. El Estado paraguayo ratificó que las tierras ancestrales deben titularse a favor de la comunidad en agosto de 2020, como beneficiarios del Estatuto Agrario.

Las resoluciones 915/19 y 988/19 del Infona demostraron –tras análisis de imágenes satelitales realizadas por la Dirección General de Bosques Nativos– que al menos dos de ellos, Muñoz y Friesen, deforestaron desde 2014 unas 3.307 hectáreas de esas tierras. El desmonte fue para ampliar pasturas ganaderas, actividad a la que Muñoz y Friesen se dedican en la propiedad que invaden. 

Por la deforestación e infracción a la Ley Forestal, Friesen fue intimado a pagar una multa de 843 millones de guaraníes –unos 120 mil dólares– mientras que Muñoz tiene una multa de 700 millones de guaraníes –100 mil dólares. El sumario también incluye que ambos presenten un plan para la «recomposición del daño causado» y, en el caso de Muñoz, un sumario al ingeniero forestal Alcides Brítez por falsear un informe técnico.

Emilia Cano, abogada representante de la Organización del Pueblo Guaraní Ñandéva (OPÑ) denuncia que «los ganaderos infractores pretenden reducir el monto de sus multas a casi nada» a través de apelaciones al Infona.

Actualización 10/27/2020: A través de un pedido de información pública respondido a El Surtidor, el Infona confirmó que hasta la fecha ni Muñoz ni Friesen pagaron una sola moneda de sus multas, debido a que ambos judicializaron las resoluciones de Infona. Del mismo modo, tampoco presentaron un plan para recomponer el daño ambiental.

Otra causa,  la investigación penal sobre los delitos ambientales a cargo del fiscal Andrés Arriola, también duerme un sueño injusto. La causa tiene un año y siete meses. «Luego de un año, el fiscal debe informar cada dos meses los avances de investigación. Eso no se cumple”, dice Cano. No es la primera denuncia por inacción que Arriola recibe. En febrero del 2020, fue denunciado ante la Fiscalía General por, en resumidas cuentas, dejar en el oparei otro caso de deforestación. La omisión o complicidad de fiscales en delitos ambientales parece ser un problema endémico al que se enfrentan defensores ambientales como los pobladores de la Comunidad Loma. La inacción de Arriola pone en especial peligro a la comunidad que, encerrada en 200 hectáreas de las 10 mil que les pertenecen, ven cómo los montes donde cazaban y recolectaban para comer desaparecen. Además, guardias privados de la Agroganadera Cristal y la Estancia San Miguel –de Friesen y Muñoz, respectivamente– les impiden usar el camino público.

Aparte del sumario del Infona, el Pueblo Guaraní Ñandeva denunció a los ganaderos por los delitos ambientales. La causa duerme en el escritorio del fiscal Andrés Arriola, con antecedentes de inacción ante deforestación.

La cadena de negligencias no termina con la Fiscalía. El Ministerio del Ambiente (Mades) blanqueó la invasión y la deforestación. Sin que el Mades llamara a una audiencia pública o consulta previa al pueblo Guaraní Ñandeva –lo que corresponde por el Estatuto Indígena– Kurt Friesen y Miguel Muñoz lograron que el Mades les otorgue a cada uno licencias ambientales para la actividad ganadera en 2018 y 2019. Ni siquiera tenían título de propiedad de esa tierra, un requisito para la aprobación de la declaración de impacto ambiental. Lo consiguieron ocultando información al Mades, al presentar un documento donde pedían la adjudicación de las tierras a su favor al Indert en 2010. Una adjudicación que fue rechazada por el Indert ya en 2011.

El Mades todavía no canceló esas licencias, pese a que técnicos del ministerio ya constataron la deforestación ilegal. Pese a una nota de la comunidad indígena al ministro Ariel Oviedo. Pese al pedido de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. Pese a la denuncia ante la Fiscalía que recibió por parte de la Comunidad Loma en marzo del 2019. «El ocultamiento de la resolución del Indert es causal de anulación inmediata de la declaración de impacto ambiental», explica Cano. A un pedido de información pública, el Ministerio del Ambiente respondió que «se encuentra analizando las licencias».

La comunidad indígena Loma envió una carta al ministro Ariel Oviedo para que reconsidere las licencias ambientales fraudulentas entregadas a ganaderos. Ante falta de respuesta, denunciaron al Mades ante Fiscalia.

Cientos de años que no caben en documentos

Las 10.079 hectáreas reclamadas por la Comunidad Loma son solo una pequeña parte del territorio ocupado hace cientos de años por el Pueblo Guaraní Ñandéva, al cual pertenecen, según el último Censo Indígena, 2.470 personas en Paraguay, casi su totalidad en Mariscal Estigarribia, Boquerón. Los Guaraní Ñandéva no escapan del racismo institucional que condena a que en promedio, solo asistan 3 años a la escuela o fallezcan de enfermedades del siglo XIX antes de cumplir los 40 años. Con cada vez menos bosques para la caza y la recolección, debieron adecuarse a la agricultura de subsistencia en el Chaco seco.

Las tierras hoy invadidas por ganaderos fueron reconocidas como ancestrales por el Instituto de Bienestar Rural –hoy Indert– a través de la Resolución Número 640/84, que creó la Colonia Nacional Indígena Loma como beneficiarios según en el Estatuto Agrario. Sin embargo, la aplicación del derecho a la propiedad en Paraguay –tan defendido en discursos– depende de a quién proteja. Treinta y seis años después, los trámites administrativos para titular las tierras aún no terminaron.

Uno de los escollos de esa comunidad para asentarse en las tierras que el IBR les dio fue que, aparte de decir que les correspondían, el Estado no hizo nada para que puedan ocuparlas. Una y otra vez, diferentes generaciones intentaron asentarse sin éxito ante la falta de inversión para hacer llegar lo más básico y escaso en el Chaco: el agua. Cuando las 45 familias de Loma volvieron a intentarlo en 2011, a instancias de la Gobernación de Boquerón, se encontraron con las estancias, la deforestación y las vacas.

Para complicar la situación aún más, en 2012 Muñoz fue favorecido por una medida judicial para retener la propiedad –aún sin título– bajo el argumento de que en 2011 el supuesto líder de la Comunidad Loma de ese entonces, Blasito Alonso, había renunciado a los derechos colectivos del pueblo sobre las tierras. Pero esa renuncia es algo imposible según la Constitución Nacional, según la abogada Emilia Cano y rechazada por la comunidad en un posicionamiento publicado por la Organización Pueblo Guaraní Ñandeva en Facebook.

Friesen, Muñoz y Hein Ratzlaff también fueron favorecidos con medidas cautelares de febrero de 2019 que prohíben que se innove sobre el terreno mientras se encuentre en disputa de quién es. La medida cautelar asfixia aún más a la comunidad que persiste en 200 hectáreas en medio de las tres estancias, porque evita que se pueda invertir en electricidad para ampliar la provisión de agua. La Comunidad Loma denuncia que ganaderos violan la medida cautelar promovida por ellos mismos y siguen deforestando.

La medidas permanecen mientras el Departamento de Boquerón fue declarado el 24 de septiembre de 2020 en emergencia ambiental por sequía y los incendios forestales, que en Paraguay llegaron ya a un récord desde 2013.

Entre tanta impunidad, el Pueblo Guaraní Ñandéva logró una victoria tal vez decisiva en agosto de 2020 cuando la Comisión de Pueblos Indígenas informó que la mensura judicial les favorecía. Esas tierras siempre fueron suyas.

Con un solitario pozo artesiano detrás, Lino Aponte, parte del consejo de la comunidad, vuelve simple el objetivo de tanto proceso kafkiano: «trabajar la tierra, y poder descansar o dormir con tranquilidad» dice en guaraní.

El descanso es otro bien escaso para un pueblo índigena en Paraguay.

Actualización 15/12/2020: La Cámara de Diputados votó y aprobó una declaración que «exhorta al Poder Ejecutivo», el Indert y el INDI a «impulsar las acciones necesarias» para titular las tierras a favor de la Comunidad Loma del Pueblo Guaraní Ñandeva. En la resolución, Diputados resalta que «es necesario brindar urgente solución a la problemática derivada de la falta de titulación de las tierras» y que «la comunidad indígena desde hace tiempo viene reclamando ante diversas autoridades la defensa y protección de sus tierras que fueron invadidas y ocupadas por terceros que la deforestan y hacen uso ilícito de las mismas».