El 29 de septiembre de 2020, habitantes de Asunción amanecieron tosiendo. No era covid. Era el humo de los incendios forestales más extendidos en la historia de Paraguay desde que se tienen datos satelitales. El país atravesaba el pico de los 14.079 focos de incendios con alta confidencia que Global Forest Watch identificó en el país desde julio a noviembre. Más de 10 mil de esos focos sucedieron en el Chaco y al menos 300 fueron en tierras ayoreo invadidas por empresas ganaderas como Caucasian S.A., Yaguareté Porá y Cooperativa Chortitzer.

Seis meses después, a través de un pedido de información pública, el Instituto Forestal Nacional (Infona) confirmó a El Surtidor que no han identificado oficialmente a un solo responsable de los históricos fuegos. Tampoco hay documentación de seguimiento a la recomposición de reservas de bosques y franjas de protección de cauces hídricos en las propiedades donde se registraron quemas.

A través de un memorándum firmado el 25 de marzo de 2021 por el abogado Waldir Da Silva del Departamento de Asuntos Judiciales del Infona, la entidad reconoció que «en cuanto a sumarios administrativos, solo se inició a personas innominadas». Da Silva indicó además que «se enviaron notificaciones a las 50 fincas afectadas (que el Infona identificó), cuyo diligenciamiento esta dependencia no ha tenido retorno».

En medio de los fuegos de 2020, Christian Vázquez, capitán de los Bomberos Voluntarios de Paraguay dijo al diario Última Hora: «Estoy seguro que las quemas son provocadas en un 90%. Estamos hablando de un tipo que quiere lucrar y que está usando el fuego». Una opinión que también compartió el director de Fiscalización del MADES Julio Mareco en declaraciones a El Surtidor en abril de 2020. La gran mayoría de los incendios son provocados por la quema de basuras, limpieza de terrenos, conversión de bosques en pasturas destinadas a actividades legales e ilegales del agronegocio –ganadería, monocultivos o marihuana– o renovación de esas mismas pasturas. Mareco afirmaba que los incendios, en un círculo vicioso, son más graves por la misma crisis climática que alimentan y que modificó los periodos de lluvia. «Antes los productores quemaban sus terrenos para nueva pastura porque sabían que en una fecha determinada llovía. Ahora ya no es así».

«Una ineficiencia inducida» para investigar incendios forestales y sus consecuencias

En una entrevista posterior, el abogado Waldir Da Silva reconoció las limitaciones del Infona para investigar incendios forestales. «Debería ser un trabajo conjunto entre la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y el Instituto, pero es difícil. Tampoco contamos con suficientes recursos. Si no tenemos denuncias concretas no podemos investigar», dijo.

Tanto el presupuesto del Ministerio del Ambiente como del Instituto Forestal Nacional –de por sí magros– sufrieron reducciones en 2021. Apenas existen 22 unidades fiscales de investigación sobre delitos ambientales en todo el país y varias cuentan con denuncias de encubrimiento a casos de deforestación y parcialidad hacia grandes propietarios de tierras.

Pero para Guillermo Achucarro, investigador especializado en la crisis climática en Paraguay, también hay una «ineficiencia inducida» a la hora de generar datos sobre el ambiente en el país. «De por sí existe un grave problema político porque tenés a la Fiscalía, el MADES y el Infona, que hace muy difícil unificar criterios», dijo Achucarro. «En el caso específico de los incendios tenés también a la carrera de Ingeniería Forestal de la UNA, que tiene grandes profesionales pero que siguen siendo insuficientes para la tarea de hacer cumplir la ley de prevención de incendios». La UNA es la que debería hacer el seguimiento y monitoreo con las municipalidades en una red conjunta que todavía no existe diez años después de la entrada en vigencia de la ley 4014/09 que la establece. 

Para responder el pedido de información pública, el Infona consultó a tres municipalidades del Chaco –la de Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Loma Plata– si recibieron notificaciones de propietarios para realizar lo que se conocen como quemas controladas. Dos respondieron: no tenían datos.

Otra crítica de Achucarro es a la calidad de datos que recibe la ciudadanía. «No sirve tanto saber cuántas hectáreas se pierden por deforestación o incendios forestales si no sabemos el estado de los bosques remanentes, si están conectados entre sí», explicó. Esto debido a que la fragmentación entre masas boscosas afectan la posibilidad de recuperar la biodiversidad o alteran su función de amortiguar posibles inundaciones. «El Chaco como conjunto de ecosistemas reacciona de manera particular a las quemas. Debido a que hemos tenido un gran volumen de deforestación en un espacio temporal muy corto, de 25 años, no damos tiempo a los suelos que se recuperen, a la fauna y flora a adaptarse. Todo ese tipo de datos –que serían obligación del Estado generar si ratificara el Acuerdo de Escazú sobre transparencia ambiental–  son necesarios para leer con criterio crítico nuestros números de deforestación»,  aseguró Achucarro, y advirtió que «hoy las instituciones no solo son ineficientes para investigar delitos ambientales, sino que son aliadas de quienes no quieren que se investiguen». Citó como ejemplos el copamiento de sectores del agronegocio en Conacyt y la presencia de un negacionista del cambio climático, representante de la Asociación Rural del Paraguay, en la Comisión Nacional del Cambio Climático.