El 28 de septiembre de 2020 el abogado Hugo Cardozo Pintos se presentó en el Ministerio Público en representación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para denunciar que las quemas eran «presumiblemente provocados por personas inescrupulosas» (sic). La denuncia, dirigida al fiscal Augusto Salas, de la Unidad de Delitos Ambientales –y a la cual El Surtidor accedió a través de un pedido de información pública– incluye entre los posibles delitos ambientales la «quema de basura, de pastizales y de vegetación» en lugares como el Banco San Miguel, el vertedero Cateura de Asunción, Presidente Hayes, Boquerón, General Bruguéz en el Chaco y las reservas Mbaracayú e Itaipú en la Región Oriental, entre otros.

Fragmento de la denuncia del Mades frente a la Fiscalía por los incendios del 2020.

Lo referido por el abogado del Mades refrenda la hipótesis de que varios incendios fueron provocados tanto para eliminar residuos como para habilitar pasturas para la ganadería. La denuncia, sin embargo, es a personas innominadas. Siete meses después –como en el caso del Infona– constituye la única respuesta oficial a los pedidos de El Surtidor de saber cuántas personas o propiedades habían sido investigadas y sujetas a sumarios administrativos por los incendios forestales sucedidos en 2019 y 2020. Es decir, tanto para el MADES como para el Infona, no hay responsables identificados ni sumarios administrativos abiertos a personas específicas por el ecocidio que dejó irrespirable el aire en todo el país el año pasado. 

Al igual que el informe de Infona, la denuncia del Ministerio del Ambiente no incluye los documentados incendios forestales producidos en tierras ayoreo invadidas por empresas ganaderas como la Cooperativa Chortitzer. Y al igual que la titular del Infona, Cristina Goralewski, el ministro Ariel Oviedo firmó un «convenio de cooperación» con Chortitzer en noviembre de 2020, apenas un mes después de haberse identificado los fuegos.

La posición del Mades es que el ente «no cuenta con atribuciones para iniciar procesos de investigación en el ámbito de su competencia, en relación a sucesos ocasionados por incendios forestales», pero que: «no obstante ello, el Mades ha colaborado en las gestiones pertinentes para combatir los incendios forestales», según un comunicado firmado por dirección de asesoría jurídica del Ministerio como respuesta a consultas de El Surtidor. Para el Mades, la responsabilidad es del Infona, la Universidad Nacional de Asunción, Municipalidades y Ministerio Público. Es una zona gris de interpretación de la Ley de Prevención de Incendios, aún sin reglamentación. Según la abogada Margit Gehre, especialista en derecho ambiental, significa que los incendios forestales son responsabilidad de un ministerio, de un instituto, dos carreras de una universidad, de las municipalidades o de la Fiscalía, dependiendo de a quién se pregunte. Además de «una ineficiencia inducida» –como definió el investigador Guillermo Achucarro– a la reducción de presupuesto del Mades y el Infona en 2021. En el caso de los municipios, la falta de transparencia en el financiamiento de candidatos en elecciones municipales es un factor que puede cuestionar la voluntad política para perseguir faltas ambientales a nivel local.

Fragmento de la denuncia del Mades frente a la Fiscalía por los incendios del 2020. En la lista de zonas afectadas se nota la ausencia del Patrimonio Ayoreo, invadido por ganaderas.

La entrada de una denuncia en Fiscalía no es garantía de investigación. Al igual que los demás entes públicos responsables de velar por el control y prevención de incendios, se debate entre falta de recursos y la corrupción cuando se trata de delitos contra el ambiente: hay apenas 22 unidades fiscales de delitos ambientales en el país, según Claudio Carracela, asistente fiscal del Ministerio Público. Y las mismas unidades no se encargan sólo de investigar crímenes contra el ambiente, sino también una variedad de otros delitos, desde narcotráfico hasta informáticos. 

Lograr denuncias por deforestación o quemas ya es muy difícil, pero luego pueden terminar en manos de fiscales como Fernando Ariel González. Gónzales es fiscal de Villa Hayes, se hizo cargo de los incendios provocados en una estancia ganadera de Benjamín Aceval en mayo de 2020 pese haber sido denunciado tres meses antes de favorecer –en otro caso– a un ganadero deforestador de 5.000 hectáreas. Lo insólito es que la denuncia la hizo el propio Ministerio del Ambiente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.