En marzo de 2021, El Surtidor publicó una lista georreferenciada con datos oficiales de 7540 estudiantes y 1160 docentes de 90 instituciones educativas en peligro de intoxicaciones crónicas o agudas por exposición a agroquímicos. Sus escuelas están rodeadas de cultivos extensivos que violan las franjas de seguridad y/o barreras de protección dispuestas para fumigar según la ley 3742 (consultar lista completa aquí).

El reportaje de El Surtidor actualizó con imágenes de 2021 el trabajo publicado por INECIP y ampliado por BASE-IS, midiendo con tomas satelitales las distancias entre las escuelas ubicadas con información oficial del Ministerio de Educación y los cultivos extensivos aledaños.

Como respuesta a la campaña de la articulación Anive Pe Fumigá – compuesta por organizaciones campesinas, estudiantiles y de la sociedad civil que denuncian el peligro de niños, niñas y adolescentes expuestos a agroquímicos, como el paraquat, prohibido en sus países de origen, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) informó que había realizado la verificación de «230 centros educativos en 80 distritos» con «solo una escuela rural afectada por cultivos», según reportó a ABC Color. La Unión de Gremios de la Producción (UGP), que había sido notificada de los hallazgos originales en octubre de 2020, dijo en ABC Color que las denuncias se trataban de «una campaña que responde a hipótesis basadas en prejuicios y no en datos».

Pero del total de 258 escuelas que el ente asegura haber verificado, solo 7 están en la lista de 90 documentadas por El Surtidor y que la articulación Anive Pe Fumigá denuncia. Un pedido de información pública sobre las escuelas verificadas por Senave lo confirma. En el informe, la oficina estatal afirma que cada una de las siete escuelas – cuatro en Alto Paraná, una en Itapúa y dos en San Pedro – «no reporta denuncia por incumplimiento de normativa sobre cultivos extensivos». Imágenes satelitales muestran con claridad que cultivos aledaños violan la ley fitosanitaria.

Las escuelas en peligro que el Estado no vio

En el caso de la Escuela Básica N° 4989 San Miguel Arcángel (ver imagen) del distrito de Liberación en San Pedro, se observa que mientras sí se puede ver la barrera viva exigida a la vera del camino, una propiedad no cumple con la franja de protección de 100 metros entre los cultivos rociados con plaguicidas y toda escuela, centro de salud, plaza o cualquier asentamiento humano cercano exigidas en el capítulo XV de la Ley 3742/09.  Nuestros cálculos incluso podrían significar un subregistro, dado que consideramos las distancias a partir de la escuela – que en numerosas ocasiones es la que planta árboles para protegerse de la deriva de las fumigaciones – en vez de medir los 100 metros dentro de la propiedad donde se ubican los cultivos, una posible interpretación de la ley.

Similar es el caso de la Escuela Básica N° 4650 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia de Capiibary, San Pedro, donde se aprecia que la distancia que no alcanza los 100 metros exigidos en caso de fumigaciones terrestres, menos los 200 metros exigidos por ley en caso que un cultivo utilice fumigaciones aéreas de pesticidas. Tampoco existe una barrera viva uniforme.

En la Escuela B. Nº 2340 Tte. Aniceto López en Edelira, Itapúa – el mismo distrito donde el niño Silvino Talavera murió intoxicado por glifosato – se puede observar como la propiedad al norte cumple con la franja de protección y la barrera viva, pero las que se encuentran al este y el sur de la escuela no cumplen. Según el MEC, 201 niños y niñas están matriculados ahí.

En Minga Porá, Senave no verificó la Escuela 11 de Julio de Limoy, rodeada de sojales que rocían con pesticidas a familias que atraviesan el camino vecinal. De las 13 instituciones del distrito documentadas por El Surtidor, Senave fue a cuatro. Según documentos oficiales, de vuelta, “no encontró denuncias”. Puede verse, sin embargo, que cultivos alrededor de la Escuela.B. N° 5478 San Roque  no cumplen con los 100 metros mínimos exigidos para utilizar agroquímicos. 61 estudiantes están matriculados en esa escuela.

En la Escuela Básica N° 5482 San Juan imágenes demuestran que no existen barreras vivas en sojales a la vera del camino ni las distancias mínimas entre cultivos y la escuela. Senave también verificó este establecimiento educativo.

En el Colegio Nacional San Lorenzo, al cual van 241 estudiantes, una propiedad con cultivos tienen barrera viva, pero no distancia mínima para fumigar cerca de una escuela.

El resto de instituciones visitadas por Senave y que identificamos en peligro de fumigaciones en Minga Pora son E.B. N° 3352 San Roque y E.B. N° 2427 San Isidro Labrador.Ambas están ubicadas entre 100 y 200 metros del sojal más cercano. Según el Informe TRASE (2018), las principales empresas que compran soja plantada en la zona son la multinacionales Cargill y ADM, la empresa rusa Sodrugestvo – notificada en octubre de 2020 de las denuncias – y la hoy desaparecida Vicentín – acusada de evadir impuestos al hacer pasar soja argentina por paraguaya.

Senave buscó escuelas afectadas donde sabía que no iba a encontrar

La lista de instituciones visitadas por Senave, según su propio informe, incluye a escuelas muy lejanas a cualquier sojal, en lugares como Itá, Itauguá y Guarambaré. El documento de 258 instituciones educativas también está abultado con registros repetidos en las localidades de Guayaibí y Liberación.

La Articulación Anive Pe Fumigá acusó en un comunicado conjunto a Senave de haber dejado fuera adrede a las escuelas denunciadas por la organización. “Es difícil encontrar algo si buscás en lugares donde no vas a encontrar. O donde usas criterios que no están en la ley para exonerar o no ver, a pesar de que mapas satelitales señalan claramente la infracción», comentaron.

El Ministerio de Educación, a cargo de Juan Manuel Brunetti – quien impulsó el desfinanciamiento de la investigación de daño genético en niños expuestos a pesticidas en la que se basó el documental Los Campos Envenenados del Paraguay – sigue sin aprobar y aplicar un protocolo que vuelva obligatorio notificar ante eventos de intoxicaciones agudas de estudiantes o escuelas afectadas por la deriva de los pesticidas de sojales cercanos. 
El 14 de junio la Sociedad de Pediatría de Paraguay presentó una compilación de 99 artículos científicos publicados en revistas indexadas acerca del impacto de los principales agroquímicos utilizados en Paraguay – como el glifosato, paraquat y 2,4D – en la salud de las personas, en especial niños, niñas y adolescentes. Y un proyecto de ley del Partido Democrático Progresista pretende incluir explícitamente a las fumigaciones con agroquímicos que violen las franjas de protección como delito contra el ambiente. El proyecto está pendiente de dictamen de comisiones del Senado.