Este reportaje es una colaboración con PODER – México. Para la versión en extenso del caso mexicano puede acceder a este link.

Con una amplia sonrisa Juan Carlos Cruz, director de Bayer-Monsanto para Uruguay, Paraguay y Bolivia, le decía frente a cámaras al periodista Martin Boudot que tanto los estudios que propiciaron la calificación del glifosato como «posible cancerígeno» por parte de la OMS como los estudios del daño genético en niños documentados en Los Campos Envenenados del Paraguay, sufrían de «falta de robustez científica». Su intervención sobre los efectos del agroquímico más importado de Paraguay, una rareza en relaciones públicas, sucedía un año antes que la multinacional celebrase, en 2020, que 125.000 demandas en Estados Unidos por los efectos nocivos del glifosato terminaran en acuerdos que costarían a la empresa 10.000 millones de dólares.

También en 2020, en diciembre, el herbicida estrella de Bayer-Monsanto recibió un nuevo golpe. Mediante un decreto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruía la prohibición paulatina del glifosato y del maíz transgénico. Lo hizo bajo el principio de precaución, citando la búsqueda de «alternativas seguras para la salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente».
A la prohibición de AMLO Bayer-Monsanto respondió con una batalla legal. Pero sus abogados parecen haber aprendido de los reveses en Estados Unidos y Europa, como así también del primer intento fallido de enfrentar al decreto: documentos accedidos por el medio mexicano PODER – y compartidos con El Surtidor – revelan un cambio de estrategia. En una nueva demanda, ya no declara que el glifosato no sea un agente cancerígeno. Ahora exige su derecho a comerciar con la sustancia no solo con denuncias de envenenamiento a campesinos, sino también evidencia científica de cáncer, daños hepáticos y renales, daño genético heredable de padres a hijos y en peligro de alterar ecosistemas acuáticos, al reducir el oxígeno en el agua.

Aunque la empresa y sus representantes legales continúan desestimando las pruebas científicas relacionadas a su producto y la peligrosidad del mismo, en realidad lo que se busca es responsabilizar al Estado mexicano por las pérdidas financieras que deriven de la prohibición. Evangelina Robles, activista y abogada agraria de la Red en Defensa del Maíz (México) declaró a PODER que lo que se trata es de «un intento de conseguir suspensiones en tribunales de manera más fácil». Seguir ganando tiempo comercializando glifosato tras un primer revés de la multinacional en la misión de suspender la prohibición en tribunales mexicanos, donde primó el argumento de que México era firmante de la Declaración de Río, en la cual se reitera la adhesión al Principio de Precaución. El Principio de Precaución de la Conferencia de Río de 1992 considera que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza. El rechazo al principio de precaución fue uno de los baluartes de la campaña de gremios agroexportadores contra la ratificación del Acuerdo de Escazú en Paraguay, pese a que nuestro país es también firmante de la Declaración de Río y ya lo tiene incluido en su ley de calidad de aire.

Entre México y Paraguay, casi dos décadas usando el Estado para envenenar

Son varios los paralelismos que dibujan el lobby de sectores interesados en el negocio del glifosato, tanto en Paraguay como en México. 

La historia del glifosato en México inicia con la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida de hecho como Ley Monsanto y aprobada por el presidente Vicente Fox en 2005. Fue el mismo año que Alfonso Romo Garza, el principal financiador de la campaña presidencial de Fox, era nombrado director de una subsidiaria de Bayer-Monsanto. También el mismo año que Romo y sus socios en la empresa Fox Paine firmaron una fusión con Bayer-Monsanto a cambio de 1.500 millones de dólares, según The Wall Street Journal. 

Romo prosiguió su influencia en el gabinete de AMLO, donde fue señalado por el ahora ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente de México, Victor Manuel Toledo, por formar parte de las luchas del poder empresarial dentro del gobierno de López Obrador. Romo sigue siendo uno de los principales enlaces de AMLO con el gremio de empresarios.

Por otro lado, en Paraguay la importación de agroquímicos como el glifosato se impone luego de que Monsanto haya logrado que se flexibilice el uso de semillas transgénicas resistentes al herbicida entre el 2000 y el 2001. Lo hizo pese a la oposición mayoritaria de la Comisión de Bioseguridad (COMBIO) que se había creado en 1997 como ente regulador y evaluador de transgénicos como la soja en Paraguay, semillas que eran por entonces ilegales pero que por su habilidad para «gambetear fronteras» eran conocidas como «soja Maradona». Con la aprobación de importación de semillas transgénicas, los plaguicidas importados en Paraguay aumentan en un año de 3.508 toneladas a 10.583 toneladas.  En 2003, murió intoxicado por glifosato el niño Silvino Talavera. En 2004, Nicanor Duarte Frutos crea el SENAVE al mismo tiempo que aprueba el uso legal de la soja RoundUp Ready de Monsanto, resistente al glifosato, que siendo ilegal ya estaba sembrada en un millón de hectáreas del país.  Luego del Golpe Parlamentario al presidente Fernando Lugo, una de las primeras medidas de Federico Franco fue aprobar las semillas transgénicas de algodón sin las pruebas previas ni licencias ambientales requeridas por ley, cuyo veto por parte del gobierno luguista había llevado a una guerra abierta con la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que pedía la salida del director de SENAVE, Miguel Lovera.  En diciembre  de 2012 un decreto termina con el poder de la Comisión de Bioseguridad de objetar al Ejecutivo la aprobación de semillas. En poco más de un año, Franco liberó el uso de otras 7 semillas transgénicas. El proceso siguió ya sin escrutinio público durante el gobierno de Horacio Cartes, que también devolvió el SENAVE al gremio sojero, tras la breve administración crítica a agroquímicos por parte de Lovera. Tanto el director de Cartes, Regis Mereles, como el actual de Mario Abdo, Rodrigo Gónzalez, son cercanos a la UGP y el agronegocio, demeritando en numerosas ocasiones denuncias de uso ilegal de agroquímicos cercano a comunidades y escuelas campesinas.