La sed del arroz en Paraguay

Todos los testigos están de acuerdo en algo: de las personas que pudieron recibir los disparos aquella tarde de verano a orillas del arroyo Aguapety, los tres jóvenes que llegaron en motocicletas solo apuntaron y gatillaron contra Francisco Villalba. Eran las 6 y media del viernes 21 de enero de 2022. Estaba Juan Torales, el vecino despensero. También Jorgelina Zárate, la esposa de Francisco, los dos sobrinos y las dos nietas de ambos.

Pero dispararon a Francisco, el constructor del pueblo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco balazos.

A sus 52 años, Francisco era albañil, parte de una familia con al menos tres generaciones viviendo en Aguapety Portón, un pueblo de 3 mil personas que se dedica a la micro ganadería y al comercio, con una única calle asfaltada en el límite entre los departamentos de Caaguazú y Guairá, en el centro del país.

Como el arroyo, el pueblo le debe el nombre al aguapé, una planta acuática de flores azules y violetas que crece en las lagunas que existían antes que la gente se asentara allí. Un portón – de ahí el sufijo – marcaba el inicio de esas lagunas llenas de flores, que obligaban a transitar varios kilómetros a caballo. En la medicina popular paraguaya, el aguapé se indica para controlar varias enfermedades, entre ellas los cuadros nerviosos.

Pocos rastros de las lagunas existen hoy en Aguapety. O de los aguapés. Ambos hubieran servido a un pueblo nervioso y con sed durante la peor sequía del país en 80 años, según la declaración del gobierno nacional en su Plan de Contingencia Climática de 2021. En vez de la normal falta de lluvias por 30 días consecutivos, en Paraguay no llovió (o llovió poco) por casi un año.

Así se ve Aguapety Portón desde el cielo en 2022. Una calle asfaltada es la columna vertebral de un pueblo que transiciona entre las pequeñas chacras y comercios. El último verano se convirtió en noticia nacional por las protestas del pueblo contra el bombeo ilegal de agua de su arroyo.

La mayor parte de la Región Oriental quedó con «riesgo de déficit hídrico», un eufemismo para decir que no había suficiente agua para el 80% de la población del país que vive allí. El principal causal de la sequía fue el fenómeno de La Niña, que perturbó el nivel de precipitaciones en diversas partes del mundo. Aunque establecer una correlación entre la última sequía con la crisis climática necesita más evidencias, es claro que, según el ingeniero Roger Monte Domecq, investigador especializado en hidrología y profesor de la Universidad Nacional de Asunción, los factores que empeoran la crisis como la deforestación de la Amazonía, fábrica de lluvias del continente sudamericano, jugaron un papel.

A la peor sequía en casi una centuria hay que sumarle que cualquiera que haya vivido un verano en Paraguay sabe que entre diciembre y enero las temperaturas alcanzan los 40 grados, a la sombra.

Sin lluvia y sin servicio de la empresa pública de agua potable, en Aguapety primero se secaron los pozos superficiales. Luego, los subterráneos. Pronto la familia Villalba, como las demás, empezaron a comprar bidones de agua.

Jorgelina Cubas, pobladora y prima de Francisco, cuenta que cuando los bidones también empezaron a escasear en el pueblo, debieron ir a buscarlos a 15 kilómetros hasta Coronel Oviedo, la capital de Caaguazú. «Regábamos las plantas con lo que sobraba del lavado de ropa, que hacíamos a mano porque lavarropas no podíamos usar. Todo era el mínimo», cuenta Jorgelina, que vive sola y usaba tres de esos bidones por semana «solo para tomar, para la cocina y el baño». Cada uno costaba 11 mil guaraníes (2 dólares aproximadamente). A veces, también extraían el agua que podían del arroyo Aguapety, que intentaban preservar para que bebiera el ganado de los pequeños productores.

Hasta que el arroyo también se secó.

Los padres de Jorgelina tuvieron que vender sus doce vacas a un quinto del precio que realmente valían, porque la sequía se había llevado la posibilidad de alimentarlas. Aguapety era «dos hilitos de agua y era tan triste porque todos nosotros aprendimos a nadar ahí», dice Jorgelina.

Francisco Villalba adoraba el arroyo. Lo consideraba uno de los pocos recursos que le quedaban a la comunidad, sobre todo para que las familias tuvieran un lugar donde refrescarse en verano. Tenía tres meses en la comisión vecinal que se creó para limpiarlo cuando estallaron las manifestaciones en Aguapety en diciembre de 2021.

Porque mientras la sed de los humanos crecía, cruzando un puente de madera, la sed del arroz se saciaba.

La novedad paraguaya del cereal más consumido del mundo

La falta de agua en Aguapety que Jorgelina describe se asemeja a la imagen de un pueblo en medio de la árida región del Chaco. Pero el pueblo está inmerso en el Tebicuary, la cuenca hídrica más importante de la Región Oriental de Paraguay, punto de carga y de descarga de la tercera mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní. A lo largo de sus 27.324 km2 de superficie y 500 km del curso principal, paralelo al río Paraná, da agua a 140.000 personas en 49 ciudades y 8 departamentos, así como a sus plantíos de hortalizas, verduras, caña de azúcar, yerba mate, miel, fábricas de almidón. Y por supuesto, también a la soja y al maíz. Los últimos son los cultivos que más dólares mueven en el país. A su vez, se asientan en departamentos con los mayores porcentajes de pobreza extrema y ausencia de servicios públicos básicos, como es el caso de Caaguazú.

La cuenca del Tebicuary es también el lugar preferido del boom del arroz paraguayo, que se extiende a una marcha de 10 mil hectáreas de siembra nuevas por año.

Aunque la mayoría de las grandes fincas de arroz se ubican al sur del país, donde el clima y la cantidad de humedales es más idónea, del otro lado del arroyo Aguapety, en el departamento de Guairá, dos productores arroceros decidieron instalarse. Uno es Rodolfo Méndez, un productor paraguayo con 500 hectáreas. El otro, un empresario argentino llamado Javier Challiol, con 1000 hectáreas.

A diferencia de lo que ocurre con otros cultivos y actividades comerciales o agropecuarias, que durante casi 15 años se aprovecharon de que la ley de recursos hídricos de 2007 no estaba reglamentada, el uso de la cuenca del Tebicuary para producción de arroz está sorprendentemente regulado en Paraguay.

La búsqueda de justicia por el asesinato de Francisco Villalba la llevan las mujeres de la familia. Villalba era una de las figuras más prominentes del pueblo en las manifestaciones contra empresarios arroceros.

Desde el 2016, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) dispuso que para que un arrocero pueda bombear sin problemas agua del Tebicuary, debe haber un cauce mínimo de 25 metros cúbicos por segundo (m3/s) en la parte alta de la cuenca, donde se encuentran el río Tebicuarymí («el pequeño Tebicuary» en guaraní) y su afluente, el arroyo Aguapety, del que dependen los Villalba y sus vecinos.

El 15 de diciembre, la estación de la cuenca alta marcaba que el cauce estaba en 4,3 m3/s. Es decir, seis veces más bajo que el mínimo que se recomienda para extraer agua. El MADES declaró que el Tebicuary estaba en estado crítico y prohibió cualquier bombeo. Los arroceros debían pasarse al reservorio que están obligados a construir para obtener una licencia ambiental: una laguna artificial de una hectárea de superficie por cada diez de cultivo de arroz que siembren, con 1,20 metros de profundidad.

Pero todo el pueblo sospechaba que Challiol y Méndez seguían bombeando agua del arroyo en plena sequía.

Aunque no podían entrar a sus propiedades, pobladores, periodistas y autoridades municipales captaron en un video de diciembre en el que se ve cómo un canal artificial llevaba una cantidad de agua hacia los arrozales.

Ese fue el detonante de las manifestaciones.

«Fuimos muchísimos, más mujeres que hombres, las que salimos a manifestarnos», dice Jorgelina Cubas. Las marchas de Aguapety comenzaron sobre la calle asfaltada que atraviesa el pueblo. «Con el calor que hacía, más de 40 grados, luchando por algo que nos beneficiaba a todos», cuenta Cubas.

Si bien tanto Jorgelina Cubas como Karina Cubas, sobrina de Francisco, aseguran que «no había líder» en las manifestaciones, sí es cierto que Francisco era una de las figuras prominentes. Por su posición dentro de la comisión para cuidar el arroyo y por su oficio como albañil, Karina dice que era muy influyente y tenía muchas amistades.

Aún sufriendo la falta de agua, Francisco no era hostil a los productores. Cuando el arrocero Rodolfo Méndez se acercó a mediar con los manifestantes, Francisco le dijo en guaraní:

«Peipurúna pero pe-racionamína, aníkena peipurupaite la ore y, fin de semana-rã pehejami la ou haguã la gente tovy’ami».

En español, «usen, pero por favor racionen, no usen toda nuestra agua, déjennos algo por lo menos para que la gente venga a ser feliz el fin de semana».

Jorgelina Cubas, prima de Francisco Villalba, recuerda que la falta de agua en Aguapety fue tan grave que debieron empezar a comprar bidones de ciudades aledañas.

Méndez decía que él estaba cumpliendo con la prohibición de extraer agua y que el problema lo había creado el otro productor, Javier Challiol. Según Jorgelina Cubas, nunca se acercó a los pobladores, «por más que se le hizo llegar notas».

En algún momento, la negociación con Méndez llegó a un preacuerdo en el cual el arrocero propuso instalar pozos subterráneos para paliar la falta de agua del pueblo. Pero, por falta de coordinación o de compromiso, ese acuerdo no fructificó.

Aguapety pasó la Navidad de 2021 con sed. El grosor del arroyo era de apenas unos centímetros, recuerda Jorgelina Cubas.

La danza de la burocracia no atrae el agua

Casi un mes después del inicio de las protestas en el pueblo y trece días después de la prohibición oficial de extraer agua del Tebicuary para regar arroz, la fiscal Marta Leiva recorrió el trayecto de 15 minutos en ruta asfaltada que separan su oficina en el Ministerio Público de Coronel Oviedo con Aguapety Portón.

Era el 28 de diciembre de 2021. Según ella, no lo hizo antes porque los pobladores no habían hecho denuncia legal, solo en Facebook. Leiva, que tiene a su cargo la unidad de delitos ambientales en el departamento de Caaguazú, llegó a orillas del Aguapety a reunirse con los manifestantes. Con ella llegaron la concejal municipal de Coronel Oviedo, Rosana Bogado, y el diputado por Caaguazú, Antonio Buzarquis, ambos del opositor Partido Liberal.

La comitiva cruzó el puente de madera que capea el arroyo y llegó a la cimbra que marcaba la entrada de la arrocera de Javier Challiol. Los pobladores pedían que retiraran las bombas que seguían llevando agua de la cuenca hacia los cultivos. Leiva podía ver el arrozal a ambos lados del camino. La poca altura de los cultivos de arroz permitían ver la bomba instalada en la distancia. Sobre el Tebicuarymí.

Pero las arroceras, cruzando el arroyo, no están en Caaguazú, sino en el distrito de Dr. Botrell, en el departamento de Guairá.

La fiscal no tenía orden judicial, así que no podía entrar al arrozal sin autorización del propietario. Alguien del grupo de pobladores dio un número a la fiscal para contactarlo. Leiva llamó y dice haber hablado con alguien que «cree» era Javier Challiol o su padre, Alberto Challiol, pero no le preguntó. La persona le respondió que esperara la llamada de un abogado del arrocero, que nunca sucedió.

Leiva labró un acta y derivó el caso a la jurisdicción de Guairá, aduciendo que por territorio no le correspondía a ella seguir investigando.

Al día siguiente, la fiscal se fue de vacaciones.

A la izquierda, la fiscal Marta Leiva, quien estuvo a cargo del primer intento de intervenir las arroceras en diciembre de 2021. A la derecha, el fiscal Erico Ávalos, quien tiene la causa ambiental – impune hasta el momento.

El 29 de diciembre el acta llegó, por WhatsApp, a la oficina del Ministerio Público en Villarrica, capital de Guairá. Al día siguiente, el fiscal ambiental Erico Ávalos hizo la orden de allanamiento. Tenía apuro. El 31 de diciembre ingresó a la propiedad de Challiol. Al salir, dijo que no encontró delito ambiental e incluso le asignó protección policial al arrocero, que acusaba a los pobladores de Aguapety de haber incendiado una de sus bombas de extracción de agua.

El primer día de año nuevo, el fiscal Erico Ávalos también se fue de vacaciones.

Las manifestaciones en Aguapety pasaron de la única calle asfaltada del pueblo a la
ruta 8, que une la comunidad con el resto del departamento. «Empezamos a realizar cortes intermitentes, de 15 a 20 minutos», cuenta Margarita Fernández, maestra y a quien Francisco Villalba le construyó la casa. Al mismo tiempo, el diputado Buzarquis y la concejal Bogado adoptaron la causa. El 3 de enero Bogado impulsó y logró que la Municipalidad de Coronel Oviedo presentara una denuncia formal ante la Fiscalía – sin nombres – por delitos contra el ambiente en el Tebicuary. Buzarquis envió una nota al ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, señalando de forma explícita a Challiol como posible responsable del bombeo ilegal de agua para cultivos de arroz.

La historia de la comunidad que protestaba contra los arroceros por falta de agua tomó notoriedad nacional.

No es común que la noticia de una protesta en una ciudad del interior de Paraguay llegue a los medios y a la opinión pública de Asunción. Mucho menos que una protesta se reciba con más empatía que la de un pelotón de fusilamiento. Fue así quizá por varios factores: porque la conversación sobre la sequía ya estaba marcada por los incendios forestales en todo el país; o por la peor bajante histórica del Río Paraguay, el curso hídrico más importante; o porque la falta de servicio de agua potable afectaba a casi un millón de personas en el país (uno de cada 7 paraguayos) y porque los cortes del suministro se volvieron cotidianos incluso en la capital. Fue quizá por todo esto que la protesta del pueblo de Aguapety se recibió con comprensión, hasta con apoyo.

«Nosotros sabíamos que cerrar una ruta está mal», dice Margarita Fernández. Es lo que le dijo a la policía cuando llegó a dispersarlos. «Pero si no cerramos la ruta, no nos escuchan, no nos ven».

Ahora sí los veían.

Los brazos caídos de un ministerio ambiental en medio de la peor sequía

A Carlos Galindo, el director regional del Ministerio del Ambiente en Caaguazú, se le nota en los ojos los mil kilómetros diarios que llega a recorrer como único fiscalizador de 60 leyes ambientales para tres departamentos. Con esa mirada a media asta intenta hacer memoria de las intervenciones a las arroceras de Challiol y Méndez, una de las ocho que realizó entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Pronto se sumó a la entrevista el ingeniero Fernando Cohene, su asistente y el único otro funcionario de la sede ministerial en la zona. Cohene es enérgico y preciso, un contrapeso a las escasas respuestas de su cansado superior.

Recuerda que Francisco Villalba y otros vecinos de Aguapety se acercaron a denunciar el bombeo de agua el 20 de diciembre. «Pero como saben, ya era Navidad y teníamos la agenda llena con otras intervenciones», dice el ingeniero. La idea era atender el caso de Aguapety luego de Navidad. El problema es que se quedaron sin combustible en la única camioneta de la institución.

El pueblo de Aguapety se ofreció a pagar por el combustible de la camioneta ministerial pero, según Cohene, no podían aceptar eso. «Como fiscalizadores no podemos ingresar a una propiedad si no estamos debidamente certificados, con el vehículo del ministerio. O sea, hay ciertas pautas que tenemos que seguir», explica.

Debían esperar que se finiquitara el trámite administrativo en Asunción para recibir los vales de carga de combustible de vuelta.

Mientras esperaban, el director regional Carlos Galindo se fue de vacaciones. Los vales no llegaron. El 4 de enero continuaba el calor, la sed y la extracción de agua de las arroceras. En la puerta de la oficina del Ministerio del Ambiente ya no estaba solo la comunidad, sino la concejal Rosana Bogado y varios ediles más de la Junta Municipal de Coronel Oviedo. Cohene y otros funcionarios que habían quedado a cargo no tuvieron más opción que hacer una colecta para pagar el combustible del vehículo y emprender los 15 minutos que separan la capital del departamento con Aguapety.

Pese a ser funcionarios de la institución que debe cuidar el derecho constitucional a un ambiente saludable, derecho que rige desde 1992 en Paraguay, en ausencia de una orden judicial los fiscalizadores del MADES necesitan el permiso del dueño de un establecimiento para revisar si cumple con la licencia ambiental. Consiguieron el permiso de Méndez y Cohene encontró una bomba eléctrica instalada sobre el río Tebicuary, pero no estaba en funcionamiento.

Imágenes del informe oficial con las diferentes intervenciones del Ministerio del Ambiente a la arrocera de Javier Challiol antes de la muerte de Villalba. Según Fernando Cohene, funcionario del MADES, la presencia de agua en el canal demostraba el bombeo ilegal por parte del arrocero.

Cuando entraron acompañados por pobladores a la propiedad de Challiol, sin embargo, encontraron lo mismo que había visto el pueblo: que el canal que se dirigía a los cultivos estaba lleno de agua. Para peor, al llegar al arrozal se encontraron con que Challiol nunca había construído la laguna artificial de 44 hectáreas que había prometido en su licencia ambiental para guardar agua en tiempo de sequía.

La única explicación a esta ausencia es que estuviese extrayendo el agua del río. Cohene dice que cuando llegaron a la orilla del arroyo, su bomba estaba apagada. También estaba caliente. Y en el aire se olía el diésel utilizado para hacerla funcionar.

Cohene dice que labró acta y envió el informe a la oficina en Asunción, algo que consta en los documentos oficiales que el Ministerio del Ambiente proveyó. Según él, no tenían la potestad para retirar las bombas de su lugar. La confirmación de las sospechas rugió en todo el pueblo. Los cortes de ruta pasaron de ser de 20 minutos a durar entre una y dos horas. «Fiscal Erico Ávalos corrupto», se leía en un cartel. Lo acusaban de haber negociado con Challiol. La protesta duró dos semanas.

El viernes 21 de enero, una comitiva liderada por Margarita Fernández fue hasta Villarrica a revisar en qué estaba la investigación de Ávalos. La carpeta fiscal tenía una página y ninguna mención a un delito ambiental.

Al volver de Villarrica, a las dos de la tarde, la maestra vio pasar a Francisco Villalba frente a la casa que él le construyó. Fue el primero en llegar al corte de ruta del día con una bandera paraguaya. Margarita lo siguió y encontró a Francisco y toda su familia merendando mientras esperaban que el resto del pueblo se sumara a la protesta. Hacía mucho calor.

Francisco Villalba sigue en su casa en el altar que saluda a cualquiera que cruce la puerta principal. Su muerte sigue impune.

Francisco se quedó las dos horas del corte de ruta y volvió con su esposa Jorgelina y sus nietas para refrescarse a orillas del arroyo Aguapety. Casi no había agua, pero una semana antes habían limpiado el lugar y quería aprovecharlo con su familia. Sobrinos, nietos y vecinos como Juan Torales hicieron lo mismo.

No eran los únicos en el arroyo. Tres jóvenes jugaban a entrar con la motocicleta en medio del vado del arroyo. A Francisco y a los demás no les gustó.

Dicen que Francisco dijo en voz alta en guaraní: «si no sabemos cómo divertirnos, amigos, por favor retírense». Los tres jóvenes se lo tomaron a pecho. Se fueron, pero prometieron volver.

A las 6 y media de la tarde, cumplieron su promesa. Al llegar en motocicletas, miraron a todos y dispararon solo a Francisco. Murió antes de llegar al hospital.

El desafío de alimentar a pueblos del mundo en medio de una crisis ambiental

El párrafo anterior es la reconstrucción de los hechos de la fiscal Gladys Torales, encargada de investigar el crimen.

Tres meses después del asesinato de Francisco Villalba, Torales dice que llegaron a un impase en la investigación. De los tres jóvenes involucrados, solo lograron apresar a uno: Rafael Rolón, un albañil como Francisco. Pero Rolón no había sido quien le disparó.

La fiscal Torales llegó al arroyo dos horas después de la muerte de Francisco. En el tiempo que se demoró, familiares de Villalba intentaron perseguir a los asesinos. «Hasta que dejaron la moto y se metieron al monte», cuenta la fiscal. Desde entonces, los dos sospechosos, los hermanos Emilio y Freddy Gómez Hermosilla, están prófugos. En Aguapety los conocían de nombre, de lejos. Habían vivido de chicos en el pueblo pero se mudaron pronto a trabajar en Coronel Oviedo.

Torales asegura que el asesinato fue producto de una discusión circunstancial y no tuvo nada que ver con el conflicto con los arroceros.

La muerte de Francisco Villalba convirtió a la justicia paraguaya, de la noche a la mañana, en la más eficiente en materia ambiental. Al día siguiente del asesinato, la fiscala Leiva allanó las propiedades de Challiol y Méndez y lacró las bombas de ambos.

La medida surtió efecto durante un tiempo. Los canales que llevaban agua a los arrozales aparecieron secos en 24 horas. Cuatro días después, el Ministerio del Ambiente intentó ingresar a la propiedad de Challiol, sin éxito. Acusándola de «extralimitarse» en sus funciones por lacrar su bomba, el arrocero recusó a la fiscal Leiva. Luego de dar vueltas por diferentes oficinas fiscales, el caso volvió al escritorio de Erico Ávalos.

Documentos de las intervenciones del Ministerio del Ambiente y la Fiscalía a la arrocera de Challiol, luego del asesinato de Francisco Villalba.

Una nueva intervención del Ministerio del Ambiente, firmada por Cohene el 11 de febrero, advirtió sin embargo que se seguía bombeando del río, «presumiendo esto debido al alto nivel del caudal que presenta el canal principal que es utilizado para la distribución de agua entre los cultivos».

Hugo Méndez, hijo de Rodolfo Méndez, muestra cómo en abril, tres meses después, seguían con la prohibición de usar la bomba. Recién egresado como ingeniero agrónomo, Hugo habla orgulloso del arrozal. «Este es mi proyecto, yo pensé todo lo que está acá», dice. Los taipones, los canales, la zona de hibridación de cultivos, las zanjas, los caminos. Todo en un terreno que arrienda a 100 dólares por hectárea cultivable al año a Orlando Jorgge, un ex gerente de un banco local denunciado en otro caso por deforestación ilegal. Mendez dice que con la sequía lograron cosechar 4000 a 5000 kilos de arroz para «empatar» costos y ganancias. Unas 100 hectáreas más, que se dieron por perdidas, ahora lucen amarillas y brotando luego de las lluvias de marzo. Luego del secado, vendió la producción a 175 dólares la tonelada, con Brasil como destino principal.

En una visita guiada, primero a pie y luego en camioneta por el campo, Hugo Méndez insiste en que, a diferencia de Challiol, ellos sí cumplían con las obligaciones ambientales, como la de construir el lago artificial para guardar agua. Al sacar la mano por la ventanilla, señala las bandadas de aves que en la tarde soleada se alimentan de los peces que viven en el reservorio. «Soy conservacionista», dice. «Yo creo que con este tipo de cultivos se genera un ecosistema excelente para la subsistencia de especies de aves acuáticas. Sí, teniendo todos los métodos de impacto ambiental como es el reservorio de agua», aclara.

Saluda a dos mujeres que están pescando mientras cuenta que tiene un acuerdo con unas 50 familias que, tras ser afectadas por la sequía en su producción de caña de azúcar, le pidieron pescar en el canal y el reservorio.

Méndez piensa que todo el conflicto se dio «porque existe demasiada desinformación alrededor del arroz». Para él, la culpa la tienen Challiol y los grandes productores que, en sus palabras, «son los que logran los acuerdos para vender el arroz a Kazajistán, a Bangladesh» y que desde la cuenca baja del Tebicuary extrajeron agua pese a la sequía.

Hugo Méndez, uno los arroceros señalados en el conflicto de Aguapety, muestra el complejo hidráulico de su arrozal y la bomba en desuso, todavía con rastro del lacrado de la Fiscalía. Para Méndez, el problema son los grandes productores de arroz, de los cuales se distancia.

Algo de razón tiene. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio del Ambiente, al menos 54 cultivos de arroz fueron intervenidos entre 2020 y 2022 por violar leyes o planes ambientales. Méndez no aparece en la lista. Challiol sí. Y no es la primera vez: en 2015, el empresario y su hermana y socia Lucrecia Challiol también violaron las normas ambientales en la planta de secado de arroz que construyeron en el departamento de Alto Paraná, limítrofe con Brasil. Allí, tres bomberos murieron por asfixia en un incendio en 2015. El silo no contaba con medidas de seguridad ni habilitación de la ciudad donde se encontraba. Consultado al respecto, el empresario argentino dice que «ese caso ya terminó» y que «no hubo ni una denuncia»- lo cual es mentira, recibió una imputación de la Fiscalía, de la cual fue sobreseído tras un análisis pericial criticado por los familiares de los bomberos fallecidos.

En 2019 el Ministerio del Ambiente les devolvió la licencia ambiental.

Chalioll también afirma que «es todo mentira» que a su plantación de arroz le faltara reservorio. Solo que «se le había acabado el agua». Insiste que tenía permiso para extraer del arroyo Aguapety – pese a la prohibición explícita desde diciembre de 2021 – y dijo que el sumario del Ministerio del Ambiente «está en manos de sus abogados».

Pero el uso del agua no es el único punto contencioso con el arroz. En el proceso de dar calorías a la mitad de la población del mundo, el cultivo de arroz por inundación como el que produce Méndez es responsable del 12% de las emisiones globales de metano, uno de los gases responsables del cambio climático.

«El arroyo Aguapety era como dos hilitos de agua. Era tan triste porque todos aprendimos a nadar ahí»
Jorgelina Cubas, prima del manifestante asesinado Francisco Villalba.

La ventaja del metano es que solo se queda en la atmósfera unos 12 años. La desventaja es que tiene un efecto invernadero 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Ambos detalles son la razón por la cual diferentes organizaciones globales indican que reducir emisiones de metano debe ser una prioridad para llegar a las metas propuestas por el Acuerdo de París para 2030.

El problema es, como indica el World Resources Institute, que para evitar una catástrofe climática o una hambruna mundial en las próximas décadas, necesitamos reducir las emisiones de toda la comida que producimos en dos tercios a la par que aumentamos nuestra producción de alimentos en un 70%. Mejorar la eficiencia del uso de agua del arroz es imprescindible, pero también hacerlo con su rendimiento. Allí yace la promesa de semillas genéticamente modificadas (a través de tecnologías que insertan genomas y «cambian» el ADN de las plantas, para hacerlas más resistentes a plaguicidas, o mejorar producción en climas específicos) o la de las semillas mutagénicas (que suenan parecido y tienen el mismo objetivo pero no son lo mismo, sino que están expuestas a radiación). Una promesa con bemoles por el intensivo uso de agroquímicos que viene con ellas.

El arrozal de la familia Méndez es el modelo imperante de plantación del cereal cada vez más producido en Paraguay. Un modelo eficiente pero cuestionado, por un lado, debido al uso de agroquímicos. Y por el otro, debido a las emisiones de metano producidas por la inundación del terreno.

Los cultivos de Méndez, como la mayoría de los productores paraguayos, son con semillas del Instituto Riograndense del Arroz (IRGA) de Brasil. Entre ellas está la variedad IRGA 424-RI, una semilla mutagénica que Méndez cita entre las que planta y que es resistente al herbicida Imazethapyr, con evidencias de que podría aumentar riesgo de cáncer de colon y vejiga en humanos. El arroz de Méndez también utiliza glifosato, clasificado en 2015 como una sustancia probablemente cancerígena por la Organización Mundial de la Salud, con evidencias de que produce daños genéticos en humanos, y que deteriora los ecosistemas acuáticos. Antes del conflicto por la falta de agua, Margarita Fernández recuerda que el problema ya eran «los desechos tóxicos que se podía ver que venían de las arroceras y terminaban en el arroyo».

En la hora y media que duró la visita guiada, Hugo Méndez repite que está de acuerdo con la fiscal Gladys Torales: el asesinato de Francisco Villalba no tuvo nada que ver con el conflicto ambiental.

Pero hay quienes dudan.

Un hombre que muere. Una lucha que para.

Rosana Bogado, la concejal de Coronel Oviedo, fue la primera en llegar al lugar del asesinato. Vio a los familiares de Francisco esperar por horas a la fiscal para levantar el cuerpo. «Utilizaron lo ocurrido para decir que el próximo podés ser vos», según ella. Bogado confiesa que recibió mensajes de WhatsApp de la hermana de uno de los empresarios, en los que le daba a entender que debía cuidarse.

– Yo no le di al principio tanta importancia, pero sí me dio miedo porque me podía pasar lo mismo que le pasó a don Francisco también. Incluso me dijeron que yo tengo una hija que sale por las noches sola. Por eso yo paré.

– ¿Quién le envió los mensajes?

– La hermana de uno de los arroceros. Tomasa Méndez. Luego se acercó el hijo de Rodolfo, Hugo Méndez. Y yo entendí que era un joven que quería trabajar, pero yo le dije que no podía ser a costa de dejarnos sin agua.

– ¿Y en ese momento le reconocieron que ellos estaban bombeando?

– Sí. En conversaciones privadas, sí. A mí lo que me dijo taxativamente el joven es ¿Qué querés que hagamos si se van a fundir ahí millones y millones (de guaraníes)? Y ahí yo le dije que se pueden fundir millones y millones pero que todo Coronel Oviedo y hasta Villarrica corrían el riesgo de quedarse sin agua. El dinero no es más importante que el agua.

Al preguntarle si pensaba que el asesinato de Francisco Villalba estuvo relacionado a las protestas, la concejal Bogado calló por unos diez segundos. Luego dijo:

– Yo creo que la conclusión la pueden sacar ustedes.

Marcos Benítez, el intendente de Coronel Oviedo por el oficialista Partido Colorado, comparte las mismas dudas de Bogado sobre la versión oficial de la muerte de Francisco Villalba. «Él era una persona muy conocida en la zona. Hasta hoy no se puede precisar si fue a consecuencia de estas manifestaciones, pero mirá que todo indica que podría ser», dice.

La edil Rosana Bogado denunció que recibió amenazas de muerte por parte de la hermana del arrocero Méndez por su involucramiento en la causa de Aguapety.

Si el efecto inmediato de la muerte de Francisco fue que al fin la Fiscalía intervino las arroceras, su cara posterior fue el miedo.

La comunidad salió a la ruta un par de veces más. Hasta que la última vez, en febrero, un contingente policial que le doblaba en cantidad de personas terminó con las protestas. Juan Torales, testigo tanto de los delitos ambientales de los arroceros como del asesinato de Villalba, evadió los varios intentos de una entrevista con él. Margarita Fernández, que hablaba en televisión sobre las protestas antes de la muerte, hoy no quiere que le tomen fotografías. El fiscal Erico Ávalos dice que no hay imputados por el delito ambiental. Solo prosigue el sumario administrativo del Ministerio del Ambiente contra Challiol.

La solución al conflicto «la trajo la naturaleza», dice Fernández. A finales de febrero de este año volvió la lluvia. Los pozos empezaron a llenarse. La sed y los nervios se calmaron. Pero el intendente Marcos Benítez admite que no están preparados para evitar otra escasez de agua.

Jorgelina Zárate vio morir a su esposo. Soportó un luto violentado por la burocracia del Estado. Durante casi toda la reunión, escuchó en silencio al resto de sus familiares narrar el caso.

A la hora de establecer relación entre el asesinato y el conflicto, las familiares de Villalba son mucho más cautas. Para ellas, lo importante es que «ahora la Policía y la Fiscalía hagan su trabajo, que quienes lo mataron sean llevados a la justicia», dice Karina Cubas.

En el patio delantero de la casa que el albañil dejó, todas están en una ronda que porta el rostro de Francisco en remeras blancas. En silencio, un poco más atrás que las demás, está Jorgelina Zárate, que vio a su marido morir. El Estado no solo no le dio acompañamiento psicológico a ella o a sus nietas, que dependían de Francisco. Humilló su luto con trabas burocráticas que retrasaron la entrega del cuerpo para poder velarlo.

Lo que más duele a la familia Villalba es la impunidad. El obispo de Coronel Oviedo les dió un abogado para seguir la investigación, que según la fiscal a cargo Gladys Torales está parada hasta que logren capturar a los hermanos Gómez Hermosilla. Cuenta Blanca Benítez, nuera de Villalba, que la policía dijo que necesitaban un número de teléfono que los hermanos estaban utilizando para que el Estado pudiera localizarlos. «Nosotros conseguimos ese número a la policía, le entregamos, y al final no nos sirvió otra vez», dice. Consultada al respecto, la fiscal Gladys Torales comenta «se le pidió a la telefonía, y tenemos datos de dónde están, pero están en un asentamiento de sin tierras, una zona donde la policía no puede entrar así nomás».

Afuera parece llover todo lo que no llovió en enero. Jorgelina Zárate, la viuda de Francisco, que había sido apenas testigo en toda la entrevista, se acomoda la silla e interviene por primera y última vez.

«Ha oikuaapáma ko hikuái moópa oĩ, ndojagarraiséinte la ndojaragarrái»

«Ya saben dónde están, pero si no los quieren detener, no los van a detener»

Investigación: Romina Cáceres & Maximiliano Manzoni · Reportaje: Maximiliano Manzoni · Edición: Jazmín Acuña · Diseño e ilustración: Jazmín Troche, Willyam Matsumoto & Naoko Okamoto · Fotografía: Juan Carlos Meza · Fixer: Cristian Bianciotto, Oviedo Press

Este reportaje es parte de una colaboración con Tierra de Resistentes, un proyecto periodístico transfronterizo que investiga los fenómenos de violencia a los que se exponen a diario quienes consagran su vida a la defensa del ambiente en América Latina

Fenómenos

Especiales

Revista impresa

Por formato

El Surti