Es una mañana de agosto invernal pero los ventiladores marean si los mirás girar. En un viejo edificio de la Iglesia Católica en la capital, la Federación Nacional Campesina (FNC), que representa a 100 mil labriegos, convocó a sus bases y congresistas, sindicatos e investigadoras a un debate nacional sobre el conflicto por la tierra en el país.

Oradores y oradoras de al menos 10 comunidades campesinas se suben al estrado. Sus discursos son en guaraní, la lengua más hablada del país. Pero al menos en cuatro discursos diferentes se pudo escuchar una única frase en castellano: cambio climático.

Aunque no tenga una traducción popular al guaraní — según guías oficiales que nadie usa se dice arava moambue — el cambio climático ya es un problema bien paraguayo.

En los últimos dos años, el país entró en recesión por primera vez en una década debido al impacto de la pandemia y la peor sequía en 80 años en los cultivos y el transporte fluvial. Paraguay, un país mediterráneo, tiene una economía que necesita de agua para moverse. Sus ríos y acuíferos son — junto a la tierra y los bosques — los principales recursos naturales donde se asienta la soja y la ganadería de exportación, la energía hidroeléctrica que produce y los combustibles fósiles que importa. Esa dependencia económica a la producción de commodities y la falta de infraestructura convierten al país en uno de los más vulnerables a la crisis climática en Sudamérica, según la Cepal. 

En 2021 llovió tan poco que la producción de la hidroeléctrica de Itaipú se vio amenazada. En la cuenca de recarga y descarga del Acuífero Guaraní, la tercera mayor reserva de agua dulce del mundo, un informe oficial ya identificó que el cambio climático está generando conflictos por el acceso al agua entre productores de arroz y pueblos enteros. Conflictos que a veces terminan en asesinatos de líderes ambientales locales. En la capital, el verano de 2021-2022 significó romper la temperatura máxima histórica. En medio del extremo calor, trabajadores de delivery tuvieron que salir a protestar porque sus empleadores no les proveían agua para beber.

Pese a esto, cuando Paraguay tuvo que llevar a Glasgow una posición y delegación oficial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), no hubo un solo representante de los sectores que más están sintiendo el impacto económico, social y ambiental de la crisis: los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y la población joven cada vez más urbanizada.

La posición oficial del país fue negar el impacto de la ganadería y la agricultura extensiva en el cambio climático y denostar la agroecología impulsada por organizaciones campesinas como la FNC. No fue casualidad: en la creación del documento con la posición oficial estuvieron involucrados los representantes de los gremios sojeros y ganaderos en la Comisión Nacional de Cambio Climático.

Por la Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo, participó Albrecht Glatzle, quien había calificado al cambio climático antropogénico como “un mito y el mayor engaño en la historia de la ciencia”. El diario de sesiones de la Comisión también muestra que la posición paraguaya ante la COP fue en varias ocasiones editada a instancias de la representante de los exportadores de soja, Sonia Tomassone. Fue la publicación de la lista de quienes componían la delegación nacional y la negativa de Paraguay a sumarse al compromiso global de parar la deforestación para 2030 lo que atrajo la opinión pública a la COP26, dándole una relevancia inédita en el país. La polémica hizo que el Congreso pida explicaciones al ministro del Ambiente, Ariel Oviedo. La directora del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski, rompió filas y pidió públicamente que el país firmara la declaración de cese a la deforestación. Organizaciones sociales y ambientales enviaron una nota dirigida al presidente Mario Abdo Benítez. 

Finalmente, Paraguay adhirió a la declaración.

Representar a todos los sectores, el desafío de Paraguay ante la COP27

A medida que la COP27 de Egipto se acerca, la Comisión Nacional de Cambio Climático debe volver a evaluar la posición paraguaya ante la conferencia. Las negociaciones empezarán en septiembre, dice Ulises Lovera, titular de la dirección que coordina las políticas sobre cambio climático desde el Ministerio del Ambiente. Lovera dice que “solo después”, en octubre, podrá dar más detalles al respecto.

El debate impulsado por la Federación Nacional Campesina no es una casualidad. Luego de renegar por años de la democracia electoral, en 2023, por primera vez, participará con candidatos a una elección general. Lo hará a través del Partido Paraguay Pyahura (PPP). 

“Tierra, educación y cambio climático son los tres temas principales en nuestro programa”, cuenta Emiliano González, un joven campesino de San Pedro que integra Paraguay Pyahura. “En 2021 perdimos nuestras cosechas y para nosotros no hubo ayuda del gobierno. Nos encantaría que se nos incluya en el debate de las políticas públicas”, dice en guaraní. 

Pese a ser la mayor organización social del país y representar a miles de familias que ya sufren su impacto, la Federación Nacional Campesina no tiene ni voz ni voto en las creación de las políticas nacionales sobre cambio climático, mucho menos en la posición oficial del país ante la próxima COP. “Le preguntamos a nuestros padres, nuestros abuelos si hacía tanto calor antes. Y no era así”, cuenta González.

Los datos les dan la razón: en San Pedro la temperatura promedio subió casi un grado en los últimos 60 años. Un aumento que se siente en la infraestructura de uno de los departamentos más pobres del país. “Nuestras casas tienen techo de chapa y sin aire acondicionado. Llegamos de trabajar en la chacra y no se puede descansar”. En la ciudad, los trabajadores tampoco la tienen fácil. 

Emisiones de gases de efecto invernadero por sector en Paraguay – Ministerio del Ambiente (2021)

Las comunidades indígenas están en una situación similar. Para Mirta Pereira, representante de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) ante la Comisión Nacional de Cambio Climático, uno de los principales objetivos de la plataforma que aglutina a 13 pueblos es “evitar que la posición nacional represente solo a unos sectores y volvamos a pasar vergüenza como en Glasgow”. 

Pereira adelantó que exigirán al Ministerio del Ambiente “que armonice los compromisos de mitigación y adaptación” y los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) con la posición nacional que se tomará en Sharm el-Sheikh, Egipto, en noviembre. El objetivo de la FAPI es que Paraguay adopte los hallazgos publicados en el último informe de IPCC, que incluye por primera vez la necesidad de reconocer derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas para frenar la crisis climática. 

Tanto comunidades campesinas como indígenas, son, en teoría, el centro del proyecto más importante contra el cambio climático del país actualmente. El llamado “Plan PROEZA”  propone dar transferencias condicionadas a pequeños productores y comunidades en situación de pobreza a cambio de promover la reforestación con especies nativas o “plantaciones forestales de rápido crecimiento”. Es decir, eucaliptos. 

El gobierno busca así llegar a sus metas de reforestación y cerrar la brecha de consumo de biomasa en el país, que hoy proviene de árboles nativos y que es utilizada, por ejemplo, en los silos de soja. Mientras que para algunos productores es algo atrayente por la perspectiva de tener asistencia técnica y un cultivo que dé rentas, las preocupaciones ambientales sobre el impacto de las plantaciones de eucalipto en el acceso a agua y sus pesticidas asociados ya generaron conflictos en proyectos similares con comunidades indígenas.

El reto de asumir un compromiso real por la acción climática

Para Diego López, de la Red de Jóvenes por la Acción Climática, la posición de Paraguay ante la COP “nos llama a acercarnos a estos espacios y ser partícipes también de la construcción de políticas públicas que beneficien a todos”. López considera que “ha habido muchos avances en comparación a los últimos años”, como la “reducción de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas a la deforestación entre 2015 y 2017”. Gracias a esa reducción — que sin embargo no pudo ser atribuida a ninguna política pública — el Fondo Verde del Clima premió a Paraguay con 50 millones de dólares.

La red busca ahora seguir más de cerca las negociaciones y exigir que la niñez y las juventudes sean incluídas en el proceso de elaboración de las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas de Paraguay (NDC por sus siglas en inglés). Las NDC son los objetivos de reducción de emisiones, mitigación y adaptación al cambio climático que cada país adoptó en el marco del Acuerdo de París. Para darle impulso legal a esa necesidad recomiendan que el Estado paraguayo firme la Declaración Intergubernamental sobre Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática, de la que hasta ahora solo Perú y Uruguay son signatarios en la región. 

La Red de Jóvenes por la Acción Climática considera que la prioridad del país ante la próxima COP en Egipto debe ser conseguir que el Norte Global de mayor financiamiento para hacer frente a los impactos del cambio climático que ya se sufren, y los que vendrán. Es algo en lo que concuerdan Licia Martínez y Ricardo López, militantes de Viernes por el Futuro Paraguay, parte del movimiento impulsado por Greta Thunberg.  

Martínez y López, sin embargo, también cuestionan que sin un gobierno que acepte la urgencia que ya es hoy la crisis climática y haga cumplir las leyes locales en materia ambiental, exigir solo a los demás países “es hipócrita”.  Aunque ya el Acuerdo de París reconoce las llamadas “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, el argumento de la responsabilidad mayor y real de los países desarrollados ya ha sido identificada como una táctica para excusar la inacción ante los poderosos ecocidas locales. Así lo describe el informe “Deny, Deceive, Delay” (Negar, Engañar, Retrasar) que documentó las principales estrategias de desinformación climática en la COP26: “La estrategia adoptada por algunos actores que buscan desprestigiar acciones climáticas es criticar a estados extranjeros por su poco progreso”. 

Esta posición no es del todo inválida. La discusión sobre daños y perjuicios y la deuda ambiental histórica de Estados Unidos, la Unión Europea y China fue acallada en la última COP y se apresta a ser uno de los principales puntos contenciosos en Egipto. Un estudio del World Resources Institute documentó cómo la mayoría de los países desarrollados no cumplieron con su parte para lograr los 100 mil millones de dólares anuales de financiamiento climático al cual se comprometieron en 2009 en Copenhague.

Paraguay necesita de ese financiamiento para llegar a su meta de 20% de reducción de emisiones. De acuerdo con datos oficiales del gobierno paraguayo, de no cumplirse las metas de limitar a 2 grados el aumento de temperatura global, para el 2050 el rendimiento nacional por hectárea de soja, el principal producto de exportación, se reduciría a la mitad. Y gran parte del norte del país, donde viven comunidades campesinas como la de Emiliano González, sería inhabitable.

En 2021, Argentina coqueteó con la idea de proponer un canje de deuda externa por la ambiental. Por entonces, varios funcionarios cercanos al Ministerio del Ambiente en diálogo con El Surtidor describieron que la propuesta tenía “receptividad” en la delegación nacional, pero que el vecino país no hizo ninguna propuesta oficial.

El problema aparece cuando los sectores locales con mayor responsabilidad en los daños ambientales que sufre el país crean una falsa dicotomía que dispone que la acción climática es solo responsabilidad de algunos países, y que el escrutinio solo debe estar en esa dirección. 

Declaraciones que se enfocan en el porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero de Paraguay en relación al total global, o que denuncian supuestos intentos de intervención extranjera para afectar la producción nacional son normales en representantes parlamentarios, candidatos presidenciales o consultores relacionados al agronegocio paraguayo a medida que el impacto del cambio climático irrumpe cada vez más en el cotidiano. Deny, Deceive, Delay sostiene que “convertir a otros países en los villanos y quitar responsabilidad a los actores locales se ha probado como una estrategia muy eficiente a la hora de evitar que el electorado apoye políticas ambientales».

Cómo dejar de ser un país con exceso de energía renovable que importa petróleo

El ingeniero ambiental Guillermo Achucharro presta atención a las palabras que se eligen para describir los problemas ante la crisis. “Siempre es importante entender que no somos vulnerables a la crisis climática porque sí. Nos hicieron vulnerables”, señala el docente universitario e investigador especializado en energía y justicia climática. Para Achucarro, esa aclaración es importante para establecer las responsabilidades locales e internacionales del impacto del cambio climático en Paraguay.

El investigador da dos ejemplos ilustrativos, como el robo de tierras públicas del tamaño de Panamá durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner que permitió a políticos y empresarios amigos del régimen acceder a terrenos que debían ser para campesinos. El propio padre del presidente Mario Abdo Benitez fue beneficiario ilegal. 

“Es sobre esas tierras malhabidas donde sucedió la casi desaparición del Bosque Atlántico para la producción de commodities como la soja, que fue impulsado por EE.UU. y capital brasileño con la Revolución Verde. Un modelo que ahora vemos también en el Chaco sobre tierras indígenas para la ganadería”, dice Achucarro.

El otro ejemplo es la hidroeléctrica de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil Pese a venderse como un país con capacidad de generar 100% de energía renovable, más de la mitad de la matriz energética de Paraguay depende de biomasa y la importación de combustibles fósiles, debido a la falta de inversión en transmisión eléctrica y una infraestructura pensada para el transporte de carga y vehículos individuales. 

En 2023, además de las elecciones generales, Paraguay debe renegociar el libre uso de su energía con Brasil, que hoy gracias a un acuerdo entre ambas dictaduras militares en los 70s compra el excedente de Paraguay por debajo del valor de mercado. “Otros países sueñan con la cantidad de energía renovable que nosotros tenemos hoy”, dice Achucarro y se pregunta por qué la renegociación de Itaipú no está como un punto importante de las políticas climáticas de Paraguay. 

Achucarro tiene sus propias sospechas. “En vez de invertir en la infraestructura y electrificar el transporte e industrias que den empleo, vamos a darle energía barata a proyectos de hidrógeno mal llamado verde, biocombustible y criptominería”. El gobierno avanza en una “ruta del hidrógeno verde en Paraguay” con un plan para atraer inversores privados interesados en el prospecto de ese combustible alternativo. Lo “verde” sería usar la energía de Itaipú y otras hidroeléctricas para producirlo. 

La instalación de la mayor planta de biocombustibles de Sudamérica con capital brasileño fue uno de los ejemplos de la delegación paraguaya ante la COP26 de que el país está cumpliendo con el Acuerdo de París. Sin embargo, un estudio realizado por Biofuelwatch y Heñói, un think tank especializado, denunció el impacto ambiental de la posible materia prima de la planta y que el objetivo final sería proveer a aerolíneas internacionales. Las granjas de criptominería ya son un boom en el país que se aprovechan de tarifas de energía eléctrica subsidiadas. 

Al ingeniero ambiental le preocupa que en noviembre, las autoridades paraguayas mantengan ante la COP un discurso demasiado enfocado solo en las emisiones. “Y las emisiones no cuentan toda la historia de la crisis climática en Paraguay. No se trata solo del CO2 y el metano, o la cantidad de hectáreas deforestadas o número de incendios forestales”.

Lo que estamos perdiendo, dice Achucarro, “es un montón de servicios ecosistémicos, la capacidad de nuestros ecosistemas y biodiversidad de recuperarse de cada ola de calor o cada inundación. Sin esos servicios, quienes sufren son las vidas que menos responsabilidades tienen al respecto”.