Como en la COP26 de Glasgow en 2021, este año la delegación paraguaya vino a Sharm El-Sheikh, Egipto, con una guía de lo que el gobierno paraguayo cree necesario para negociar sobre cambio climático. El documento fue elaborado por la Comisión Nacional de Cambio Climático y presentado el 3 de noviembre, unos días antes del inicio de la Conferencia. Cambió de denominación, pasando de ser “una posición nacional” en 2021 a un «documento orientativo» para 18 delegados y delegadas del país. Este año, el gobierno presentó como delegación oficial a funcionarios de las distintas dependencias, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Infona y las binacionales.

Hay una sola representante oficial por fuera del gobierno y es Lilian Cabrera, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP). A la delegación oficial se le suman al menos tres representantes jóvenes con limitada capacidad de ingresar e intervenir en las conversaciones del grupo regional del cual es parte Paraguay. Tampoco pueden ejercer representación oficial del país en las negociaciones con el plenario. Estos jóvenes están en la COP con el apoyo de la Embajada Británica en Paraguay, Unicef y el MADES, y es un grupo donde está Ana Romero, representante indígena por la Organización del Pueblo Guaraní. No hay representación campesina en ninguna capacidad.

Fuentes cercanas al proceso de la Comisión Nacional de Cambio Climático aseguraron a El Surtidor que el escándalo por la posición negacionista del país en la COP26 en 2021, reportado por este medio, tuvo un papel importante que permitió a organizaciones como la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y la Red de Organizaciones Ambientales (ROAM) impulsar exitosamente varios cambios en relación al documento llevado a Glasgow.

El documento de este año, por ejemplo, señala que “la cooperación y toma de decisiones inclusiva” con comunidades locales y “el reconocimiento de los derechos inherentes de los Pueblos Indígenas” son “fundamentales” para conservar y manejar de manera sostenible los bosques, tal cual documenta la evidencia científica relevada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).

En el documento orientativo Paraguay también dice que promoverá “el fortalecimiento de las capacidades del sector agropecuario y forestal (…) que permitan dar respuesta a los impactos del cambio climático y “que reconozcan la gran diversidad de sistemas productivos, sin dejar a nadie atrás, especialmente a los agricultores familiares y pueblos indígenas”.

Este último párrafo es un claro contraste a la posición nacional en 2021, que había sido elaborada exclusivamente por los gremios sojeros y ganaderos en conjunto con el Ministerio de Agricultura.

En total, el documento orientativo tiene 7 puntos, siendo los más importantes Daños y Pérdidas, financiamiento para Adaptación, Agricultura y Mercados de Carbono. A continuación, te contamos por qué se juega Paraguay y cómo van las negociaciones.

Quiénes y cómo nos pagarán por los daños y pérdidas que ya causa la crisis climática

Los efectos del calentamiento global ya se pueden ver y lo sufren, en particular, países de ingresos bajos y más vulnerables como Paraguay. El gobierno reconoce esto y considera  importante “empezar a definir los mecanismos de apoyo técnico y financiero” para operativizar el tema de los daños y pérdidas que ya generan los desastres empeorados por la crisis. También sostiene que “es fundamental que este apoyo no provenga” del financiamiento ya existente para adaptación o mitigación, sino que sea dinero adicional. 

Este es el tema que definirá a la COP27 como un logro conquistado, un avance o una decepción. Los países del sur Global ya lograron incluir en la agenda de la Conferencia la obligación de llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de financiamiento de daños y pérdidas. Fue una victoria sobre los países desarrollados, especialmente Estados Unidos.

No significa que todo vaya de acuerdo a la posición que sostienen Paraguay y el G77 (países en vías de desarrollo). Mientras que para el gobierno el dinero debe venir por compensación de parte de los países del Norte, Estados Unidos y Europa no quieren tomar esa responsabilidad. Países como Escocia y Nueva Zelanda buscan aliviar tensiones prometiendo unos millones de dólares en el tema. “Una gota en el océano”, así lo describió Rachel Simon de la red de más de 1800 organizaciones de sociedad civil del mundo, el Climate Action Network, en una conferencia de prensa el 14 de noviembre.

El primer documento publicado y que recoge todas las posiciones de los países al respecto es bien claro. Por un lado, los países del Sur piden que se cree un nuevo fondo específico para daños y pérdidas para el final de la COP27 y que tendrá que empezar a funcionar “a más tardar” en la COP29, en 2024.

Por otro lado, los países desarrollados quieren antes hacer “análisis técnicos” para tomar una decisión “entre 2023 y 2024” sobre “el mosaico de acuerdos de financiamiento para responder” a los daños y pérdidas.

En ese “mosaico” se encuentra la iniciativa del Global Shield (Escudo Global), una especie de seguro universal contra desastres empeorados por el cambio climático que impulsan principalmente Alemania y Estados Unidos. China, por su parte, apoya la propuesta de los países del Sur, pero a cambio desea no estar incluído entre los países que deben poner dinero. El gobierno paraguayo considera que este seguro “puede ser complementario” pero no un reemplazo del nuevo fondo.

Las negociaciones bilaterales empezarán esta semana a medida que ministros como Ariel Oviedo lleguen a la Conferencia. 

El gobierno paraguayo está enfocado en adaptarnos a la crisis climática 

Para el país es la absoluta prioridad adaptarse a los efectos de la crisis, es decir, invertir en infraestructura y servicios que nos permitan sobrellevar el aumento de temperatura global, aún si se logra limitarlo a 1,5 grados. Actualmente los fondos para financiar acciones climáticas – que de por sí son insuficientes – están más dirigidos a mitigación, que implica reducir emisiones.

Entre las “problemáticas más apremiantes” identificadas por el gobierno se encuentra la gestión de recursos hídricos, que afecta desde el consumo humano hasta la producción agrícola y de energía a través de las hidroeléctricas. El país ya reconoció que la falta de agua debido al cambio climático está creando conflictos sociales, como los sucedidos en la cuenca del Tebicuary con los cultivos de arroz en el verano pasado.

Paraguay reclama la falta de dinero y apoyo técnico para adaptación. El monto exacto de cuánto nos costaría adaptarnos lo tendremos antes de agosto de 2023, según el director nacional de cambio climático, Ulises Lovera.

El texto del Fondo de Adaptación enviado a los países para su votación al final de la semana  “destaca” que  los países desarrollados deben al menos doblar el monto de financiamiento y “nota con preocupación” la falta de cumplimiento de los compromisos ya asumidos.

El documento del Fondo de Adaptación está en línea con lo que se había acordado en Glasgow, pero según el borrador del documento final de la COP27 al cual accedió The Guardian, el texto pasaría de un “deben al menos doblar” el financiamiento a un mandato de “considerar doblar el financiamiento”, mucho más favorable a los países desarrollados.

Los países (llamados en lenguaje técnico “partes”) también se encuentran discutiendo el texto sobre los Planes Nacionales de Adaptación, donde países del Sur ya se quejaron de que los países desarrollados le “están quitando importancia” a la necesidad de ver cómo los diferentes fondos pueden ser más expeditivos a la hora de dar dinero en un momento donde se necesita empezar a implementar proyectos con urgencia.

En Paraguay es una discusión persistente la posición oficial de priorizar la adaptación. Por un lado, tiene sentido dada nuestra vulnerabilidad ante los efectos extremos del cambio climático. Por el otro, es una narrativa muchas veces utilizada para evitar hablar del impacto de la agricultura, ganadería y la deforestación relacionada a ambas.

La postura defensiva del sector agrícola se mantiene

En este tema clave para un país dependiente de las actividades agrícolas, el gobierno asume una posición defensiva y un tanto ambigua. Reconoce enfoques para el incremento de la “resiliencia” de la agricultura ante el cambio climático, “que también abren espacio al desarrollo de nuevas actividades productivas” como, por ejemplo, el sector forestal y el de biocombustibles.

Paraguay es parte del único grupo de trabajo específico sobre el tema, llamado “Labor Conjunta de Koronivia sobre Agricultura”, que debía informar sobre lo trabajado y recomendar un proyecto de implementación de decisiones sobre el tema en esta COP.

En entrevista con El Surtidor, el ministro de Agricultura, Santiago Moisés Bertoni, dijo que el país está satisfecho con el “logro de que la agricultura tenga su espacio propio en las discusiones climáticas” y que “el grupo continúe con su trabajo y que se apruebe el programa para proseguir en los siguientes años”. Fue en un evento organizado por el pabellón del Instituto Interamericano de Cooperación de Agricultura (IICA) en la COP27, donde junto a Bertoni estuvieron los representantes ministeriales de Argentina, Brasil y Uruguay defendiendo “una posición común” ante “toda esta narrativa contra nuestra agricultura”, en palabras de Fernando Zelner, representante brasileño.

Es exactamente lo que el grupo de Korovinia presentó en su primer borrador a los países. Ni siquiera está decidido si será un grupo permanente o durará una cantidad de años específica. Por un lado, reconoce la necesidad de incluir “información basada en ciencia, conocimientos ancestrales e indígenas” para asegurar la “seguridad alimentaria”. Pero por el otro lado, empuja el “manejo del carbono en el suelo”.

El potencial de secuestro de carbono de la ganadería a través del pastoreo – método predominante en Paraguay a costa de aumentar la deforestación y la consecuente pérdida de biodiversidad –  es un punto desarrollado dentro de lo que se llama “agricultura regenerativa”, que es la combinación y rotación de ganadería, agricultura y silvicultura para aumentar la capacidad del suelo de capturar carbono.

Sin embargo, el concepto de “agricultura regenerativa” es todavía indefinido y vago, sus aplicaciones dependen de cada ecosistema (por ejemplo, si son pasturas naturales o implantadas) y de desechar el uso de agroquímicos, de los que Paraguay depende para su producción sojera.

Entrevistado por El Surti en la COP27, Brent Loken, científico jefe del departamento de Alimentos de WWF, criticó que el grupo de agricultura “no ha estado a la altura de las circunstancias” y ha decepcionado en la intención de aumentar la ambición. “Se debe enfocar en mirar todo el sistema de producción de alimentos, desde la producción hasta su desperdicio, para llegar a los objetivos del Acuerdo de París”.

Mientras que el ministro de Agricultura de Uruguay, Fernando Mattos, habla de “un neoproteccionismo basado en temas ambientales” y que “hay campañas que nos ponen en el banquillo de los acusados, cuando los responsables son los combustibles fósiles”. Loken señala que aún si todos los demás sectores logran sus objetivos de reducir emisiones, el sector de agricultura y alimentos, responsable del 26% de las emisiones, “consumirá todo nuestro presupuesto de carbono para evitar superar los 1,5 grados”.

Respecto al Compromiso Mundial del Metano, una polémica fabricada por voceros del sector agropecuario de Paraguay y amplificada en medios masivos, la realidad es que ni el país tiene intenciones de firmarlo, de acuerdo al propio ministro Bertoni, ni es una negociación que sea parte de la agenda oficial de la COP27.

Paraguay apuesta por una salida de mercado a la crisis climática: mercados de carbono

Los mercados de carbono surgen con la intención de “generar incentivos” para reducir emisiones en donde es más rentable, y así reducir los costos de mitigación. Es un sistema donde gobiernos, empresas o personas pueden comprar y vender créditos para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Es una versión más sofisticada de financiar un bosque en un sitio para compensar la deforestación realizada, por ejemplo, por una petrolera o cementera, en otro sitio (los llamados servicios ambientales). Solo que en vez de bosques, hablamos directamente de la capacidad de un proyecto de equiparar lo que se emite en un sitio con lo que se absorbe en otro.

Para Paraguay, los mercados de carbono se consideran “un lineamiento estratégico” y pide cooperación internacional para empezar a operarlos. Para el sector agroindustrial y ganadero, resulta una oportunidad de recibir mucho dinero a cambio de las reservas que hasta hace poco buscaban deforestar a toda costa. Hay varios tipos de mercados de carbono, pero en esta COP se está discutiendo especialmente el mercado de carbono “regulado”.

El documento que recomienda a los países cómo se debería gestionar dicho mercado regulado de carbono fue uno de los primeros en ver la luz en esta Conferencia. Pero el documento fue ampliamente criticado por dos razones principales: su definición de “remociones de carbono” es tan vaga que permitiría incluir a monocultivos forestales, como eucaliptos, y no hay medidas de protección a las comunidades que podrían verse afectadas por estos proyectos.

Catalina Gonda, coordinadora de Políticas Climáticas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y cercana a las negociaciones, señala que se sabe que “los monocultivos forestales muchas veces tienen impactos muy nocivos sobre la biodiversidad de los ecosistemas y en el acceso a agua de comunidades. Y no almacenan carbono de manera tan estable como un bosque nativo. Son plantaciones que en algún momento se cosechan”.

Gonda también ve con preocupación que la responsabilidad de proteger los derechos humanos en estos proyectos quede sujeto a la voluntad de cada país. “Debería ser un requisito indispensable respetar los derechos humanos para cualquiera que quiera llevar un proyecto de mercado de carbono. Y también que haya un órgano que permita a las comunidades afectadas, como un pueblo indígena, si estos proyectos violan sus derechos, como el de la tierra, acceso a agua u otros impactos socioambientales”.

Desde entonces, varios países han criticado tanto la vaguedad del concepto de “remociones de carbono” como la falta de un mecanismo de protección de derechos. No queda claro, sin embargo, si se pedirá que se vuelvan a analizar mejores recomendaciones, lo que significa dilatar el tratamiento del tema hasta al menos el próximo año.

¿Qué sigue en la COP? 

Las negociaciones en la COP generalmente quedan a medias, debido a que las decisiones se deben tomar en consenso. El atraso desde el día 1 y la extensión de varias conversaciones técnicas que debían haber terminado en la primera semana auguran discusiones frenéticas y hasta la medianoche entre las diferentes delegaciones. Los acuerdos tendrán un cariz más político a medida que se involucren los ministros y ministras.

Gracias a Climate Tracker, El Surti estará hasta el último día de negociaciones cubriendo los detalles aquí.