En 2021 Paraguay firmó en la COP26 la Declaración de Líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra. Detrás del nombre oficial, un objetivo muy sencillo: comprometía a los 145 países firmantes a «detener e invertir» la deforestación y degradación de la tierra para 2030.

La delegación paraguaya primero fue reacia a sumarse a la declaración, debido a que estaba compuesta desproporcionadamente por representantes y lobistas de gremios de la ganadería y la soja, principales responsables de la pérdida de bosques en un país donde tanto el llamado «cambio de uso de suelo» como la agricultura en conjunto representan el 8% de las emisiones.

Pese a la polémica y el rechazo de los sectores agroganaderos, la realidad es que la declaración no es vinculante, es decir: a diferencia del Acuerdo de París, no establece mecanismos para controlar que los países firmantes cumplan, ni financiamiento para lograrlo.

Esto es lo que busca cambiar la Alianza de Líderes por el Clima y los Bosques (FCLP por sus siglas en inglés), anunciada por Reino Unido durante la COP27. La alianza busca ser «una continuación de la declaración de Glasgow» con el compromiso de dar mecanismos de financiamiento, asistencia técnica y transparencia de control para lograr el objetivo de detener la deforestación para 2030, según dijo a El Surti David Saddington, representante de la delegación británica en la COP27.

Paraguay no fue considerado para esta nueva alianza. Según Ulises Lovera, director nacional de cambio climático, «no hubo acercamiento de la delegación británica hasta el momento». Consultado al respecto, Saddington dijo que se «priorizó incluir a los países donantes», sin embargo, la lista de la Alianza incluye a Colombia, Costa Rica y Ecuador. Saddignton dijo que hay «mucho interés» en sumar a Brasil, aunque este país decidió crear un acuerdo aparte.

De todos modos, la situación de la deforestación en Paraguay un año después de la firma de la declaración y los planes oficiales del país para hacer frente al desmonte de sus bosques hasta 2030 distan del compromiso adoptado en el año 2021.

La distancia entre el compromiso y la realidad

Un informe de la Forest Declaration Platform, una coalición que incluye a Naciones Unidas, concluyó en un estudio publicado el 24 de octubre que la deforestación no se redujo en Paraguay en 2021, sino que aumentó. Paraguay, Brasil, Bolivia y República Democrática del Congo son «los cuatro países con mayor deforestación absoluta» de los 145 firmantes de la declaración en Glasgow. Es el segundo año consecutivo de aumento de hectáreas deforestadas en el país, que ya había tenido un aumento entre 2019 y 2020, de acuerdo a un informe oficial del Infona publicado en septiembre de este año. Según el reporte, corresponde a una tendencia regional relacionada a la complejidad de realizar controles durante la pandemia.

Los planes y declaraciones oficiales del país también van a contramano de la intención de terminar con la deforestación en 2030. 

Un análisis de la organización británica Earthsight de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de Paraguay actualizadas a julio 2021, halló que la proyección oficial del país es aumentar las emisiones de deforestación hasta un 27% para 2030. Lo que significa más desmontes. Las NDC representan los compromisos oficiales del país ante el cambio climático en cumplimiento del Acuerdo de París. Consultado al respecto, el Ministerio del Ambiente respondió «ignorar» el análisis, pese a que Earthsight había acercado sus hallazgos a la institución en 2021.

En contrapartida, sobre los avances respecto a la declaración de Glasgow, el ministerio respondió que la Ley Deforestación Cero, vigente en el país hace más de una década, y el proyecto de certificación de bosques como servicios ambientales, «contribuyen al avance de este compromiso». Dicho proyecto permite a propietarios recibir dinero del Estado u otros actores privados a cambio de no afectar sus reservas forestales.

En tanto, la ley de Deforestación Cero solo se aplica en la región Oriental del país, donde en los últimos 3 años se registró el 12% de la deforestación -unas 89 mil hectáreas desmontadas de manera ilegal-. Eso es porque la mayor parte del desmonte de la región ya sucedió entre finales de los 80 y los 90, cuando inició el boom de la soja, de la mano, sobre todo, de productores brasileños.

La expansión sojera se asentó y profundizó la desigualdad en la tenencia de la tierra en Paraguay y fue la principal causante de la casi desaparición del Bosque Atlántico. La expansión se dio también sobre una injusticia, las llamadas «tierras malhabidas»: el robo de casi 8 millones de hectáreas -el tamaño de Panamá- que la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) debía repartir para la reforma agraria a campesinos y terminó regalando a políticos y empresarios amigos del régimen, entre los que se encuentran el propio padre del actual presidente Abdo Benítez.

La ley Deforestación Cero en la región Oriental también creó un conflicto entre organizaciones destinadas a la conservación y movimientos socioambientales. Para evitar que campesinos recuperen tierras malhabidas, cada vez más propietarios – principales responsables de la deforestación en el pasado- declararon sus propiedades como «reservas privadas». El informe Yvy Jára de Oxfam explica que al convertirlas en reservas, por un lado, evitan que el Estado las devolviera a los campesinos, y por el otro, accedían a beneficios fiscales y un greenwashing donde quedan como defensores del ambiente.

La posibilidad de «reducir la deforestación» haciendo trampa

El 88% de la deforestación del país en los últimos años sucedió en la región Occidental, el Chaco paraguayo, y está directamente relacionada a la ampliación de la frontera para la ganadería. Esta ampliación significó la invasión y desmonte de tierras de pueblos indígenas. 

El caso más escandaloso es la afectación del Patrimonio Ayoreo, el último pueblo indígena sudamericano fuera de la Amazonía en aislamiento voluntario. Pese a estar protegido por medidas internacionales, estancias ganaderas ilegales producen allí cuero que termina en autos de lujo en Europa. Una investigación probó que el Ministerio del Ambiente lo supo por años y no hizo nada. El Patrimonio Ayoreo es contabilizado por el Estado paraguayo como parte de los bosques que secuestran carbono en el país.

Pero la gran mayoría del desmonte en el Chaco es legal. El Estado paraguayo permite a la ganadería y empresas de carbón dejar solo el 25% del bosque que existía allí en 1983, año en que se reglamentó la actual ley forestal.

La segunda medida citada por el Ministerio del Ambiente, la certificación de bosques planificada en el Chaco para el 2030 es de 72 mil hectáreas. Es decir, menos de lo que se deforesta en el Chaco en un año.

Aunque la Declaración de Glasgow sobre bosques carece de mecanismos para controlar si se cumple, para Pablo Barrenechea, director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), es el tipo de acuerdos donde a un nivel local la sociedad tiene más posibilidad de incidencia: «el Acuerdo de París es vinculante, pero si hablás de hacer cumplir el artículo 6 del Acuerdo, poca gente lo entenderá. Un acuerdo para parar la deforestación, sin embargo, es concreto en su objetivo y simple de entender».

En Paraguay, la coalición Por Los Bosques de más de 60 empresas y organizaciones, que presionó para lograr que el país firme la declaración de Glasgow, tiene un historial de lograr torcer los intentos de derogar leyes ecocidas – como un decreto del entonces presidente Horacio Cartes que habilitaba desmontar reservas- y avanzar en regulaciones más robustas, como la propia Ley de Deforestación Cero, que logró ser prorrogada por 10 años más en 2021.

Existe, sin embargo, la posibilidad de que el país cumpla con la Declaración de Glasgow haciendo trampa. Un informe de la Academia de Ciencias de Estados Unidos señaló en junio de 2022 que la declaración no especifica si «detener la pérdida de bosques» significa una deforestación total en cero o una deforestación neta en cero. 

Lo primero significa que no se debería permitir el desmonte de ningún tipo de bosque, mientras que lo segundo significa seguir permitiendo deforestación mientras que se reforeste de manera equivalente. Lo segundo reduciría el posible impacto positivo de la medida, porque las áreas reforestadas no podrían secuestrar tanto carbono como las deforestadas. Y lo que es peor, los países podrían reforestar no con árboles nativos, sino con monocultivos forestales.

Paraguay ya incluye en su llamado Plan Proeza, financiado con fondos de la FAO, apoyar económicamente las «plantaciones forestales de rápido crecimiento» en tierras de campesinos y pueblos indígenas de escasos recursos como medida contra la deforestación y el cambio climático. Esas plantaciones forestales son eucaliptos. En su último informe a la Convención de Cambio Climático de la ONU también incluye como medida de mitigación la «captura de carbono» por las plantaciones de eucaliptos de la empresa Paracel, una pastera ubicada en el norte del país.

Las plantaciones de eucaliptos son cuestionadas por el impacto en la biodiversidad, el suelo, el peligro de aumentar incendios forestales y la cantidad de agua que necesitan para cultivarse cuando el propio Estado reconoce que en varias zonas del país «la alta presión sobre los recursos hídricos, agravada por la variación en su disponibilidad debido al cambio climático» está creando conflictos sociales.

En el último informe de IPCC sobre mitigación, ya se advirtió que «la aforestación o producción de biomasa, cuando es implementada mal, puede tener efectos socioecónomicos y ambientales adversos, incluyendo biodiversidad, agua y derechos de los Pueblos Indígenas». Un ejemplo fue el proyecto de eucaliptos impulsado por una fundación privada en tierras del Pueblo Qom en el Chaco. El proyecto dividió a la comunidad, y Bernarda Pessoa, una de las lideresas en contra debido a la preocupación sobre el impacto en el acceso al agua, denunció amenazas de muerte. Mientras que la fundación sostuvo que el proyecto se realizó consultando a la comunidad, un informe oficial del Estado negó  que se haya hecho tal consulta en específico.

Con reportería adicional de Anna Anjos de Agência Pública. Reportaje publicado con el apoyo de Climate Tracker.