Eran las cuatro y cuarto de la mañana del domingo 20 de noviembre en Sharm el-Sheikh cuando el presidente de la COP27, Sameh Shoukry, comunicó en la plenaria que todos los países aprobaron la creación de un fondo específico para hacer frente a los daños y pérdidas causados por fenómenos extremos inducidos por el aumento de la temperatura global

La 27ma Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático hizo historia de la forma más anticlimática posible: la de Shoukry era una voz cansada por los últimos dos días en los cuales la COP se había extendido más allá de su fecha de cierre original, que debió haber sido el viernes 18.

Para ese entonces casi nadie excepto delegaciones y periodistas quedaban en la balnearia ciudad egipcia. Los equipos de negociación, casi imposibles de encontrar durante las dos semanas de la conferencia, se tomaban ahora un respiro de las reuniones de negociación – que duraron madrugadas enteras – en el patio del salón de eventos.

La delegación paraguaya no fue la excepción. Sin la presencia del ministro del ambiente Ariel Oviedo por problemas de último momento con su vuelo, el equipo negociador ya se había preparado para extender su estadía más allá del 18 de noviembre.

¿Pero valió la pena que el país viniera al otro lado del mundo para negociar cómo frenar la crisis climática?

La respuesta corta: si. La larga, a continuación. 

Parte de un acuerdo histórico

Paraguay fue parte de la coalición de países del Sur Global, desde Tuvalu hasta China, que finalmente logró la creación del fondo sobre daños y pérdidas. La creación de este fondo fue el tema que definió la tónica de las negociaciones durante las dos semanas, con una marcada polarización entre países desarrollados y no desarrollados. Sherry Rehman, ministra de cambio climático de Pakistán – que pasó por una inundación afectando al 30% de su población este año – advertía el 17 de noviembre sobre la importancia del fondo: «La distopía que llegó a nuestra puerta vendrá a por todos». 

En esa misma conferencia de prensa, Molwyn Joseph, ministro de Ambiente de Antigua y Barbuda, era aún más duro. Calificaba de “traición” a la confianza de los países en el proceso de la COP27 la falta de “compromiso político” de países como Estados Unidos y Francia, señalados entre los principales opositores. Consultado por El Surti en ese momento, Francisco Canal, representante de AILAC, el grupo regional donde también está Paraguay, había asegurado que era posición de todos sus integrantes que el fondo debía crearse “si o sí en esta COP”.

El consenso solo se consiguió el sábado 19 de noviembre por la tarde, en parte gracias a la propuesta presentada por Egipto, que significaba un punto medio entre ambas partes. Paraguay (y todo el G77+China) lograron que la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido aceptaran crear un fondo específico para hacer frente al costo económico y humano que ya están experimentando los países del Sur Global con fenómenos como sequías, huracanes e inundaciones, agravados por el cambio climático del cual los países desarrollados son los mayores responsables.

Por otro lado, se adoptó parte de la propuesta impulsada por Estados Unidos de definir cómo se financiará, quiénes financiarán y qué países recibirán dinero del fondo recién en la próxima COP28, que se realizará en diciembre de 2023 en Dubai. 

Para definir esos aspectos se creó un “comité de transición” que tendrá 24 miembros (14 de países del Sur Global y 3 específicos de Latinoamérica), que empezará a reunirse en febrero y deberá proveer las recomendaciones sobre las que votarán las partes en la COP28.

Un aspecto importante para Paraguay allí será con qué criterio se definirá la categoría de país “particularmente vulnerable” a los efectos del cambio climático. De eso depende si nuestro país podrá finalmente acceder al fondo.

La mano carbonizada del mercado

En lo que respecta a la “regulación” de los mercados de carbono que se discutió en la COP27, el resultado fue mixto. Por un lado, países pidieron que se volviera analizar durante un año más parte de la regulación propuesta. Específicamente, la definición de “remociones de carbono” en el mercado global de carbono (artículo 6.4 del Acuerdo de París) que hubiera permitido incluir a monocultivos forestales, como eucaliptos. 

En entrevista con El Surti, Catalina Gonda, coordinadora de Políticas Climáticas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y cercana a las negociaciones, señalaba la importancia de rever el concepto debido a que  que se sabe que “los monocultivos forestales muchas veces tienen impactos muy nocivos sobre la biodiversidad de los ecosistemas y en el acceso a agua de comunidades. Y no almacenan carbono de manera tan estable como un bosque nativo. Son plantaciones que en algún momento se cosechan”.

Pero sí se aprobaron regulaciones que promueven la opacidad en el manejo de los proyectos de mercados de carbono entre países o un país y empresas considerados en el artículo 6.2 del Acuerdo de París.  En específico, se permitió que países pudieran negar información sobre los proyectos bilaterales de mercados de carbono bajo “cláusulas de confidencialidad”, teniendo solo que explicar la razón de dichas cláusulas. Esto permite que los países puedan elegir qué información ocultar, negando de facto la posibilidad a comunidades como pueblos indígenas acceder a datos sobre proyectos que les afectan.

A través de un comunicado de prensa, la FARN considera que para que los mercado de carbono contemplados en el Acuerdo de París funcionen, “aquellos países que elijan participar en ellos deberían cumplir con reglas y salvaguardas socioambientales estrictas, garantizar procesos de consulta ciudadana y el acceso a toda la información relevante al proyecto como parte de un proceso transparente y participativo”. 

La falta de transparencia y garantías para las comunidades es un tema que debería preocupar en el país. El gobierno de Mario Abdo considera “estratégico” que el país ingrese a estos mercados y existe mucho interés del sector agroindustrial y ganadero, ya que es una oportunidad de recibir mucho dinero a cambio de las reservas que hasta hace poco buscaban deforestar.

Lobby del agronegocio domina conversación sobre agricultura

La llamada Labor Conjunta de Koronivia sobre Agricultura de la que es parte Paraguay renovó finalmente su mandato por cuatro años más, pasándose a llamar “Labor Conjunta de Sharm el-Sheikh sobre la implementación de la acción climática en la agricultura y la seguridad alimentaria”. El nuevo mandato incluye realizar un informe de síntesis del trabajo y un portal Web con las políticas y proyectos relacionados.

Los avances positivos fueron la inclusión de los posibles beneficios de “co-mitigación” de emisiones de la actividad agrícola al adoptar medidas de adaptación, y el reconocimiento que todos los agricultores, “incluyendo los pequeños productores”, son vulnerables a los impactos de no frenar el calentamiento global en el rendimiento de cultivos. En Paraguay esto es especialmente importante, teniendo en cuenta que análisis oficiales del Estado calculan que no solo se resentirá la producción sojera, sino también de productos de renta de la agricultura familiar, como mandioca, poroto y caña de azúcar.

Pero la conversación sobre agricultura sigue siendo dominada casi exclusivamente por solo un sector: el agronegocio. La posición oficial del ministro de Agricultura Santiago Bertoni, y compartida por sus pares en el Mercosur, es de evitar cualquier mención a la responsabilidad del sector en reducir emisiones (en el caso de Paraguay, el 80% del total de las emisiones del país) repitiendo de que “son parte de la solución, no del problema”. De la delegación oficial ante la COP27, solo una persona no era de un organismo estatal: Lilian Cabrera, de la Unión de los Gremios de la Producción (UGP)

Para Jazmín Rocco Predassi, investigadora y experta en las negociaciones sobre el tema, “resulta decepcionante que no se haya conseguido la inclusión de la agroecología”. Pero Rocco Predassi sostiene que el proceso del nuevo programa de trabajo sobre agricultura “abre la posibilidad para mayores y mejores instancias de integración de la agroecología en las negociaciones”.

En el caso paraguayo, esa posibilidad solo se podría volver realidad con la inclusión de organizaciones campesinas en la Comisión Nacional de Cambio Climático, insólitamente ausentes hasta hoy. Es el reclamo planteado entre otras demandas por Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina. “El campesinado y los pueblos indígenas, que sufren directamente las consecuencias del cambio climático, no tienen representación”. 

La pregunta sin respuesta: ¿quién pagará para adecuarnos al calor que se viene?

Paraguay se fue de la COP27 sin lograr garantizar mayores fondos para adaptación al cambio climático, esencial para que no necesitemos dinero frente a nuestros daños y pérdidas. Aunque el texto final de la conferencia – que tiene un carácter político y no es vinculante – “nota con preocupación” la distancia entre los fondos disponibles y los fondos necesarios, al tiempo que llama a organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a “rediseñar sus prioridades” para apoyar en financiamiento, la realidad es que no existieron señales de avance en el cumplimiento de los fondos ya prometidos por los países desarrollados en 2009.

La propuesta de “aumentar la base de donantes” para incluir a países con altas emisiones actualmente (pero sin la responsabilidad histórica de Europa, por ejemplo) como Catar, India o China choca contra una realidad. De los 100 mil millones de dólares prometidos cada año hace más de una década, el principal deudor es Estados Unidos. Y para peor, mucho del dinero que se dio en nombre de financiamiento climático al final fueron préstamos. Es decir, dinero que los países del Sur Global tendrán que devolver.

No todo es negativo, sin embargo.

La COP27 demostró que cuando Paraguay y el resto del Sur Global logran negociar en bloque, es posible romper la resistencia de los históricos responsables de la crisis. De repetirse esta dinámica en la COP28, en especial en Latinoamérica que negocia dividida todo, es posible que empecemos a obtener mejores resultados. La conversación sobre canje de deuda externa a cambio de acciones climáticas parece ser un punto de partida en la región.

La cobertura de la COP27 fue posible gracias al apoyo de Climate Tracker,