La organización Global Witness publicó el 6 de diciembre un nuevo informe que recoge más de un año de investigación que demuestra cómo las agroexportadoras ADM y Cargill compran soja de empresas o productores relacionados en al menos siete casos de violaciones a derechos humanos a comunidades indígenas y campesinas en el este del país.

En el informe, titulado «Comidas contaminadas: Cómo la industria cárnica de Europa contribuye a los abusos de derechos humanos en Paraguay» -y compartido por la organización con El Surtidor previo a su publicación- Global Witness pudo comprobar que la soja proveniente de casos de intoxicaciones con pesticidas, desalojos forzosos a pueblos indígenas e incluso muertes, termina mezclándose en silos de las agroexportadoras, principalmente ADM y Cargill, que trasladan la soja en barcazas hasta sus puertos en Argentina y Uruguay. De allí, el destino final de la soja son dos granjas en Europa: una de pollos en Inglaterra (2 Sisters) y otra de cerdos en Dinamarca (Danish Crown). Ambas abastecen con su carne a más de 26 marcas y supermercados europeos, entre los que se encuentran Carrefour, KFC y McDonald’s.

El negocio de intoxicar comunidades para vender a Europa

ADM, por ejemplo, compra soja de Hermanos Galhera, una de las empresas denunciadas por realizar fumigaciones ilegales con agroquímicos, sin licencias ambientales y derramando pesticidas sobre cursos hídricos en la zona de Colonia Yerutí, departamento de Canindeyú, donde en 2011 falleció con síntomas de intoxicación por pesticidas Rubén Portillo y otras 22 personas de la comunidad terminaron hospitalizadas. 

En la zona también sigue operando Cóndor Agrícola, la otra empresa denunciada por el caso, cuya impunidad – una negligente actuación fiscal como la de Jalil Rachid- terminó con un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Estado paraguayo en 2019. La comisión concluyó que el Estado había fallado en proteger el derecho a la vida de Portillo, su familia y toda la Colonia Yerutí, al no hacer cumplir las leyes relacionadas al uso de pesticidas ni investigar la muerte y las intoxicaciones. Fue el primer dictamen en el mundo en un caso relacionado a agroquímicos.

En 2021 Paraguay recibió otro dictamen de la ONU en contra por un caso similar, el de la comunidad ava guaraní de Campo Agua’e también en Canindeyú. Allí, fumigaciones ilegales de sojeros aledaños obligaron al exilio de familias, intoxicaron a los niños, mataron animales, contaminaron el agua y extinguieron abejas. Los agroquímicos también afectaron la cultura ava guaraní, al hacer desaparecer el maíz y los recursos necesarios para sus ceremonias de bautismo. «El cese de realización de esta ceremonia deja a los niños sin un rito crucial para la consolidación de su identidad cultural», concluyó el dictamen.

Issos Greenfield, una de las empresas responsables de las fumigaciones, violaba las distancias mínimas dispuestas por la ley paraguaya, llegando a fumigar a 10 metros de la escuela local, y encima usaba agroquímicos sin registro. Todo esto sucedía mientras recibía financiamiento de ADM y vendía su soja a esta empresa estadounidense. Greenfield abandonó el sitio, y en su lugar hoy está Somax SA, denunciada por no cumplir con las franjas de protección necesarias para utilizar agroquímicos cerca de Campo Agua’e. Somax vendió soja de ese terreno a ADM, Cargill y Bunge, que tienen silos a menos de 10 kilómetros de la comunidad ava guaraní.

Hacer lugar a commodities a costa de desalojar gente

Además de Yerutí y Campo Agua’e, Global Witness identificó 5 casos más donde, además de denuncias de uso ilegal de agroquímicos, existen conflictos por las tierras donde se planta la soja que venden las agroexportadoras.

Es el caso de la comunidad ava guaraní de Cerrito en Alto Paraná, que tras ser despojada por el estronismo de sus tierras durante la llamada «marcha al este», buscó durante la transición recuperar sus territorios ancestrales. Pero las tierras están hoy en manos del sojero German Hutz. En 2021, la comunidad indígena fue desalojada ilegalmente en tres ocasiones, según el propio Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que elevó una queja formal por las irregularidades en el proceso. Las órdenes de desalojo, por ejemplo, no las dio un juez, sino un fiscal, «lo que privó a la comunidad de toda oportunidad de hacer oír su reivindicación territorial», según Global Witness.

La soja cosechada en la zona que reivindica la comunidad de Cerrito se transporta en camiones a un gran silo propiedad de Hutz. Fuentes de la industria local indicaron a Global Witness que ADM podría estar abasteciéndose de soja de este silo, algo que la empresa estadounidense no desmintió cuando se le planteó la pregunta. Hutz no respondió a ninguna de las alegaciones cuando Global Witness se puso en contacto con él.

Un poco más al sur de Cerrito está Ka’a Poty, otra comunidad ava guaraní que sufrió dos desalojos forzosos en 2021, además de la destrucción de viviendas y su escuela. Debido a la violencia en medio de uno de los desalojos, una mujer embarazada de 8 meses perdió su bebé. Todo pese a tener título sobre sus tierras y una sentencia judicial a su favor. La comunidad se volvió conocida por vivir durante 8 meses en las calles de Asunción antes de lograr volver a sus tierras en junio de 2022. Las tensiones con los sojeros, sin embargo, prosiguieron, y en agosto miembros de la comunidad asaltaron una de las explotaciones agrarias ubicadas en las tierras que reclaman. Supuestamente amenazaron, golpearon y atacaron a los residentes, por lo cual están hoy imputados.

En medio del conflicto histórico, judicial y político, tanto Cargill como ADM compran soja de Agrícola Entre Ríos y Agro Integración, los productores que operan en las tierras reivindicadas por la comunidad Ka’a Poty.

Un mal negocio para el país

Los casos de Yerutí, Campo Agua’e, Cerrito y Ka’a Poty son solo algunos de los analizados por Global Witness, que también demostraron como Cargill o ADM -a veces ambos a la vez- también compran soja de las empresas involucradas en conflictos como los de Sexta Línea Colonia Yvype (San Pedro), Hugua Po’i y Loma Piro’y (Caaguazú).

El proceso posterior es, con más o menos intermediarios, bastante similar: las agroexportadoras reciben esa soja en sus silos, donde se mezclan con el resto de las compras de la oleaginosa que hacen en la zona. La soja es luego llevada a los puertos privados que tienen sobre el río Paraguay o Paraná, donde a través de barcazas llegan al puerto de Rosario (Argentina) o Nueva Palmira (Uruguay). Desde allí, la soja es exportada en barco a diferentes puntos.

Global Witness pudo comprobar que la soja paraguaya de ADM y Cargill es comprada en Europa por al menos dos de las mayores granjas del continente. Una es 2 Sisters, una empresa inglesa de cría de pollos. La otra es Danish Crown, una empresa danesa de cría de cerdos. La organización confirmó que, entre ambas, abastecen a al menos 26 marcas, supermercados y minoristas en el continente europeo, entre las que se encuentran KFC, Carrefour y McDonald ‘s.

Seguir la cadena de suministros de la soja es complejo. «Es una industria abrumadoramente opaca» señala Global Witness en su informe. La organización intentó contactar con todas las empresas involucradas en el informe anterior a su publicación, desde los productores sojeros en Paraguay hasta los compradores en Europa. La mayoría no quiso responder. De quienes respondieron, ninguno –excepto ADM- rechazó los hallazgos.

El 19 de septiembre, ADM afirmó que su investigación preliminar al respecto había concluido lo siguiente: «ninguna de las propiedades o explotaciones agrarias (polígonos) pertenecientes a los proveedores que abastecen a ADM se solapan con territorios indígenas ni asentamientos comunitarios de pequeños propietarios ni los invaden de manera alguna. Ninguna de las explotaciones de las que ADM se abastece de soja sufrió desalojos». Sin embargo, la empresa no explicó cómo era posible eso en relación a Cerrito y Ka’a Poty, al igual que tampoco indicó que hubiera consultado a las comunidades indígenas afectadas. 

Global Witness hace notar que «los protocolos de reclamos de ADM exigen que la empresa colabore con las partes interesadas pertinentes y publique una entrada de las cuestiones correspondientes en su registro público de reclamaciones en un plazo de dos semanas tras la recepción de información sobre violaciones de su políticas».

ADM además había prometido que publicaría el documento relativo a su«investigación preliminar». Pero hasta el momento, tal documento no fue compartido por la agroexportadora con los investigadores.

La opacidad en la propia cadena de suministro hace imposible trazar si la soja plantada en Yerutí termina específicamente a los pollos y cerdos de Danish Crown o 2 Sisters que proveen carne, por ejemplo, a McDonald’s. Pero es esa misma opacidad pone justamente en riesgo de complicidad a todas las empresas en la cadena de suministros. «De ser así, todas las empresas mencionadas en este informe estarían directamente vinculadas a las vulneraciones de derechos humanos que afectan a las comunidades indígenas y campesinas de Paraguay», y estarían violando normas internacionales en materia empresarial, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2011) y las directrices de la OCDE sobre la responsabilidad empresarial en el desarrollo y la debida diligencia, es decir, el hecho de que también son responsables de prevenir y actuar las violaciones a derechos humanos realizadas por sus proveedores. También violarían el principio del consentimiento libre, previo e informado, que es un aspecto fundamental de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), el cual Paraguay aplica en su legislación desde 2018.

La sola sospecha de que la soja proveniente de Yerutí o Ka’a Poty pueda terminar en la carne europea ya muestra el fracaso de los procesos de «responsabilidad autorregulada» de las empresas europeas. «A través de su propia negligencia, los agentes corporativos europeos después de los comerciantes también han contribuido durante años a vulneraciones tales como las que nosotros documentamos en Paraguay»”señalan los investigadores.

Las sospechas fundadas de que la soja que Paraguay exporta a Europa está contaminada de desalojos y muertes por intoxicación con agroquímicos es también un mal negocio para nuestro país. Es lo que sostuvo Marcos Orellana, relator sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, tras su visita a Paraguay. Para Orellana el país «tiene muy buenas leyes ambientales», el problema es que no se cumplen. Un ejemplo claro es la ley 3742 de productos fitosanitarios, que regula el uso de agroquímicos, como las distancias mínimas dispuestas alrededor de escuelas y comunidades. En 2021 demostramos que al menos 90 escuelas y 7500 estudiantes estaban en peligro de intoxicación por plantaciones que no cumplían la ley. Y también demostramos con imágenes satelitales cómo el Servicio Nacional de Semillas (SENAVE) había mentido en su informe negando los hallazgos. 

Consultado por Global Witness ante los hallazgos de la investigación, Orellana también advirtió que por culpa de productores que no cumplen la ley, Paraguay «está en riesgo de quedar aislado de mercados internacionales, dada la creciente tendencia de asegurar que cadenas de suministro cumplan salvaguardas ambientales y de derechos humanos». 

Ya existe resistencia de algunos gremios sojeros y ganaderos ante la nueva regulación del Banco Central, que obliga a bancos públicos y privados a realizar análisis de cumplimiento de leyes ambientales para otorgar créditos productivos. Y el interés de Lula de volver a impulsar el Acuerdo UE-Mercosur tras ganar las elecciones en Brasil avizora una fuerte oposición por parte del agronegocio paraguayo sobre los requerimientos para seguir vendiendo soja, carbón y cuero al mercado común europeo.