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• Un sistema electoral tiene que cumplir dos funciones: proclamar a un ganador y convencer a un perdedor. Pero cuando la confianza se rompe, es difícil recomponerla. Según Latinobarómetro, Paraguay y Honduras tenían la confianza más baja en la institución electoral (13%) en América Latina en 2020.

• Una acumulación de hechos, sospechas e impunidad a lo largo de los años han minado la confianza ciudadana en las elecciones, y en última instancia, en la misma democracia. Esto se ve reflejado hoy en las manifestaciones de seguidores de Payo Cubas que denuncian fraude electoral.

• Paraguay es un país donde un senador colorado admitió su participación en un fraude electoral en 1992, sin ninguna consecuencia. Las denuncias de compra y venta de cédulas, arreo de electores, uso de bienes del Estado para movilizar votantes también fueron deteriorando la credibilidad de las elecciones.

• Con la introducción del voto electrónico en 2019 se pretendía contrarrestar el fraude electoral, tras los resultados electorales de 2018 que dejaron resabios de desconfianza. 

• Pero el tecno-solucionismo hizo aguas en las elecciones del 30 de abril y ahora se pone en duda la integridad de las máquinas de votación -y en consecuencia, la credibilidad de las elecciones- debido a una posible vulneración del código fuente, que denunciaron diferentes partidos con respaldo de expertos informáticos. 

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Los resultados preliminares de las elecciones nacionales del domingo 30 de abril dieron la victoria al presidenciable colorado del partido gobernante, Santiago Peña (42,74% de los votos) por un amplio margen frente a su principal contrincante, el liberal Efraín Alegre (27,28%) de la coalición opositora Concertación Nacional. Muy cerca de Alegre, el exsenador Paraguayo “Payo” Cubas (22,91%) del partido Cruzada Nacional se posicionó como el tercer candidato más votado y su partido se convirtió en la tercera fuerza política del Senado, desplazando al Frente Guasu. Si bien algunas encuestas previas ubicaban a Cubas como tercero en preferencia de votos, los resultados que obtuvo el domingo sorprendieron igual incluso a analistas políticos. Cubas no reconoció la victoria de Peña, como sí lo hizo Alegre aunque después se desdijo.

Las manifestaciones de seguidores del exsenador denunciando un supuesto fraude electoral, que comenzaron al día siguiente de las elecciones y continúan dos semanas después en diferentes puntos del país y el exterior, también tomaron por sorpresa al statu quo político. Lo que no es sorpresivo es la desconfianza en la Justicia Electoral. Según la encuesta Latinobarómetro, Paraguay y Honduras tenían la confianza más baja en la institución electoral (13%) de América Latina en 2020.

«Las instituciones electorales son un termómetro de la validez de las elecciones en cada país, y las elecciones son un pilar al cual se aferran demócratas y dictadores para poder tener el apodo de “democracia”. Algunos académicos incluso han acuñado el término “democracias electorales” como indicador de lo crucial que resulta esta característica para la categoría de “democracia”», dice en su informe Adiós a Macondo.

Una de las principales conclusiones del informe preliminar de observación de la Unión Europea sobre las elecciones del 30 de abril también alude al “clima altamente polarizado, en el cual predominó la desconfianza en las instituciones del Estado y las estructuras políticas”.

Una acumulación de hechos, sospechas e impunidad a lo largo de los años han minado la confianza ciudadana en las elecciones; y en última instancia, en la misma democracia. Los reclamos de las personas que se manifiestan hoy trascienden la mera denuncia de fraude electoral: quieren salud, educación, trabajo, seguridad y no tener que ir a otro país para tener estos derechos básicos. 

La situación escaló con la detención de Payo Cubas y más de 200 manifestantes en los últimos días, a lo que se sumó el llamado de Alegre a manifestarse este lunes 8 de mayo. Gremios de camioneros también se han plegado a las protestas.

La desconfianza en las elecciones ha sido abonada, principalmente, por los mismos actores y partidos políticos. Paraguay es un país donde el senador colorado Juan Carlos Calé Galaverna admitió su participación en un fraude electoral en las internas de 1992, sin ninguna consecuencia ni siquiera judicial. Al contrario, permaneció más de 30 años legislando en el Congreso y se retirará en el próximo período por decisión propia. 

Aunque parecía que esto se había superado y existía cierto consenso político respecto a la legitimidad de las elecciones, otros hechos fueron deteriorando la credibilidad del proceso. La compra-venta de cédulas, arreo de electores y uso de bienes del Estado para movilizar votantes se fueron normalizando, además del financiamiento ilícito de campañas en donde vale todo. De nuevo, sin ninguna consecuencia, como demuestra el caso del concejal colorado de Asunción José Alvarenga Bonzi, quien siendo un joven dirigente fue filmado en plena compra de cédulas en un documental sobre las elecciones de 2008.

En las elecciones de 2013, el senador colorado Silvio Beto Ovelar fue filmado negociando la compra de votos con otro dirigente. Desde entonces es conocido como “Trato Apu’a”. En las elecciones del 30 de abril, volvió a ser electo como senador. Y fue el más votado de todos los legisladores, aún con la implementación del desbloqueo de listas, cuyos promotores -entre ellos el partido Patria Querida que casi se queda sin representación- prometían que mejoraría la calidad de la representación en el Congreso.

En septiembre de 2022, un depósito de la Justicia Electoral sufrió un incendio en el que falleció un funcionario y terminaron destruidas más de 7.500 máquinas de votación faltando unos 45 días para las elecciones internas simultáneas del 18 de diciembre. Esto alimentó suspicacias, pero la Fiscalía concluyó que se trató de un incendio accidental.

Las internas de la Concertación, en las que personas no afiliadas a ningún partido por primera vez pudieron votar para elegir la chapa presidencial que representaría a la coalición opositora en 2023, también estuvieron marcadas por denuncias entre sus propios miembros. El caso más emblemático es el del PLRA, donde las denuncias de fraude terminaron con casi una decena de imputados tras detectarse una modalidad de carga de votos en las máquinas de votación para favorecer a ciertos candidatos.

En el último tramo electoral, el cartismo buscó instalar una narrativa que apuntaba a un fraude electoral orquestado por la Concertación, como reportó La Precisa. Con la ventaja de tener un conglomerado de medios de comunicación propio al servicio de su candidato Santiago Peña, algo que ningún otro candidato tenía más allá del apoyo de grupos mediáticos-económicos antagónicos, la maquinaria mediática del expresidente Horacio Cartes recurrió a encuestas de bocas de urna prohibidas por ley e incluso pautó desinformación para reforzar su relato, tomando como punto de partida el «conteo paralelo» que anunció el candidato a presidente Efraín Alegre de la Concertación.

Ya en 2018, Alegre denunció fraude electoral tras ser derrotado por estrecho margen por el colorado Mario Abdo Benítez, actual presidente. Tras una serie de reportes de irregularidades que fueron saliendo a la luz tras las votaciones, el político puso en duda los números que arrojó la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) en la noche de las elecciones del 22 de abril, que dio una diferencia del 3,7% entre ambos candidatos. Más tarde, el cómputo definitivo de la Justicia Electoral confirmó una diferencia similar al resultado preliminar del TREP, que se mantuvo en 3,7% (96.593 votos): Mario Abdo obtuvo el 46,4% de los votos y Alegre el 42,7 por ciento.
Pero a raíz de la desconfianza en los resultados electorales de 2018, el Congreso aprobó al año siguiente la ley de desbloqueo de listas sábana, que a su vez introdujo el voto electrónico. Los impulsores, de diferentes partidos, pretendían así matar dos pájaros de un tiro: mejorar la calidad de la representación con el voto preferencial que permitía el desbloqueo y contrarrestar el fraude electoral con la tecnología. En otras palabras, querían una ley con la que pretendían ponerle un límite al Partido Colorado, que lleva más de 70 años en el poder casi de forma ininterrumpida, excepto por la breve alternancia del gobierno de Fernando Lugo que completó Federico Franco (2008-2012).

Pero lejos de asestar un golpe al Partido Colorado, el desbloqueo de listas implementado por primera vez en unas elecciones nacionales el 30 de abril terminó ampliando la hegemonía colorada en el Congreso y gobernaciones. En la Cámara de Senadores, que funcionaba como un dique para los excesos de la aplanadora colorada de Diputados, tendrán mayoría propia en el próximo periodo 2023-2028. 

También el tecnosolucionismo del voto electrónico hizo aguas en las elecciones cuando algunos electores tuvieron problemas para votar porque no entendían la máquina de votación. Esto fue aprovechado por operadores políticos para abusar del voto asistido, sobre todo con adultos mayores.

Si bien el PLRA fue uno de los partidos que apoyó el voto electrónico tras denunciar fraude en 2018, Alegre y otros excandidatos se sumaron a los cuestionamientos que inició Payo Cubas, pese a haber reconocido antes la victoria de Santiago Peña. Este era un riesgo que había advertido la organización Tedic desde el inicio de las discusiones sobre el voto electrónico hace seis años: la posibilidad de construir excusas plausibles para los que perdieron. 

Y es que el funcionamiento del software electoral de las máquinas de votación escapa a los conocimientos de políticos y la ciudadanía, limitando la comprensión de los alcances de esta tecnología a expertos. Representantes de diferentes partidos políticos, respaldados por especialistas informáticos, presentaron una denuncia ante el TSJE este lunes 8 de mayo sobre la presunta manipulación de las máquinas de votación.

«La vulnerabilidad del software no pudimos probar de ayer hasta hoy, eso tenemos que ver línea por línea y nos puede llevar un montón de tiempo», dijo a los medios el ingeniero Derlis Gregor, docente investigador que acompañó a los denunciantes. Pidió a la Justicia Electoral solicitar la ayuda de la academia ante la gravedad del hecho, recordando que si alguien en la calle tiene el código fuente «todas las máquinas de votación pueden ser alteradas», con lo que las votaciones pierden credibilidad.