Reportaje Josué Congo  ·  Edición Romina Cáceres  ·  Diseño Naoko Okamoto

Tres puntos para entender la narrativa de Peña sobre la crisis climática:

• La promoción sesgada de datos científicos oficiales: el discurso de Santiago Peña en la COP28, el documento orientativo para la delegación paraguaya y las intervenciones de autoridades en redes sociales, utilizan datos de reportes del Infona y de la Cuarta Comunicación sobre Cambio Climático, pero sin contexto. El gobierno toma de estos documentos científicos ciertos hallazgos que le son favorables para su propaganda verde.
  
  
• El greenwashing como táctica política: desde su presentación ante las Naciones Unidas y el informe de los 100 días, el presidente busca posicionar su gobierno como amigable con el medio ambiente. En la cumbre del clima, dijo que se redujo «un 40% de las emisiones de metano en el sector agrícola y ganadero con respecto al año 2010». Este dato es falso. De 2010 a 2019, la agricultura y ganadería aumentaron un 14,4% de sus emisiones de metano, según un cálculo a partir de los datos de la Cuarta Comunicación.
  
  
• Un discurso en concordancia con el agronegocio: luego de la intervención del presidente ante las delegaciones de 196 países, la Unión de Gremios de la Producción y la Asociación Rural del Paraguay emitieron comunicados de apoyo a la postura del gobierno. Expresaron su conformidad con la idea referida por Peña en la COP de no postergar el desarrollo del país «por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad», que es la postura que los gremios del agronegocio defienden desde hace tiempo.
  
  

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El 1 de diciembre, Santiago Peña dio su discurso en la cumbre del clima, también conocida como COP28, realizada en Dubái. En su intervención dijo que el 94 por ciento de la soja sembrada está libre de deforestación, que Paraguay conserva 44 por ciento de sus bosques, que produce energía «100 por ciento limpia y renovable» y que se redujeron las emisiones de metano de la agricultura y ganadería. Todo esto forma parte de la narrativa sobre la crisis climática que caracteriza a su gobierno: no niega el cambio climático, sin embargo, defiende que los países más desarrollados son culpables de los efectos de la crisis climática y que tomar acciones de mitigación afectarían el modelo de desarrollo del país —basado en la agricultura y ganadería extensivas—.

«Lo que yo fui a decir en la COP28 continúa en la misma línea de lo que hablé en el discurso inaugural del 15 de agosto y de lo que hablé también en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre», dijo Peña en entrevista con el canal GEN del grupo Cartes y afín al actual gobierno.

El 15 de septiembre se publicó el reporte Zonas de cultivo de soja 2022 del Infona que contiene datos de deforestación relacionada con cultivos de soja en la región Oriental a partir de 2005. El informe se promocionó con el hallazgo de que el «el 94,5% de la soja sembrada en la Región Oriental está libre de deforestación desde diciembre del 2004». Pero la propaganda gubernamental omitió el dato de que el 26% de la deforestación en la región Oriental en los últimos 17 años fue por soja, como expuso La Precisa. 

Cuatro días después de la publicación del reporte, el presidente divulgó el dato de soja «libre de deforestación» en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, recientemente, lo volvió a mencionar en su discurso en la cumbre del clima.

El gobierno usó la misma estrategia en su informe de gestión de 100 días, publicado el 15 de noviembre, en el que cita la Cuarta Comunicación para atribuirse la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero este documento, elaborado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, contiene datos desde 1990 hasta 2019, lo que hace imposible que la reducción de emisiones sea resultado de una política de Peña.

La promoción sesgada de datos científicos oficiales

En su discurso en la cumbre del clima, Santiago Peña dijo que «el 44 por ciento del territorio nacional cuenta con cobertura forestal». Pero el presidente omitió que la región Oriental conserva solo 17,2 por ciento de sus bosques. Ambos porcentajes se desprenden del reporte Nuestros Bosques del Infona, publicado en agosto y que contiene datos de deforestación de los últimos 17 años. Según este reporte, de 2005 a 2022 se deforestaron 5.373.558 de hectáreas. En ese periodo, el Chaco perdió 4.740.959 hectáreas de bosque nativo, principalmente por la ganadería. 

El presidente también dijo en su intervención que «la Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático demuestra una reducción del 44 por ciento de las emisiones del sector de cambio de uso de la tierra y silvicultura». Esto es cierto, pero el cambio de uso de suelo —la denominación técnica para deforestación— representó el 41,2 por ciento de las emisiones totales de Paraguay en 2019, de acuerdo con los datos de la misma Cuarta Comunicación.

La promocionada reducción de emisiones del gobierno ignora, otra vez, la histórica deforestación para la expansión del agronegocio. Sobre el punto, el máster en Hidrología e investigador en el área de políticas climáticas y transición energética, Guillermo Achucarro, observó en entrevista con La Precisa que «básicamente no queda mucho que deforestar, pero igual se sigue deforestando». Esto se ve reflejado en los propios reportes del Infona, que señalan una disminución en la tala de bosques en los últimos años, además de la pérdida de superficie boscosa mencionada.

La narrativa oficial también deja de lado otro aspecto incómodo: la Cuarta Comunicación revela que, en realidad, Paraguay emite en promedio un tercio más de gases de efecto invernadero de lo que reportaba anteriormente. Esto se debe a que se actualizó la metodología de cálculo de las emisiones para la elaboración del documento presentado ante las Naciones Unidas.

La periodista Natalia Leal, directora de Lupa, agencia especializada en factchecking en Brasil, explicó a La Precisa que durante la pandemia el gobierno de Jair Bolsonaro usó una técnica de desinformación similar a la del gobierno de Peña. «En cierta etapa de la pandemia, el gobierno de Bolsonaro decidió no publicar datos sobre muertes por covid-19 en Brasil y comenzó a publicar datos sobre personas que se habían recuperado de la enfermedad», dice.

Ese fue un momento que muchos periodistas e investigadores brasileños identificaron como «un intento de controlar la narrativa». Según Leal, el gobierno bolsonarista buscó posicionar la idea de que «si tenemos 1 millón de recuperados, eso es más importante que tener 50.000 muertos. Pero eso no es así».

Leal explica que esta es una técnica de desinformación muy extendida en la que los gobiernos toman un conjunto de datos «que es fiel a la realidad y genera conclusiones distorsionadas a partir de esos datos y una narrativa de interés para un determinado grupo que está en el poder».

El greenwashing como táctica política 

El greenwashing es una táctica de comunicación utilizada por gobiernos o empresas privadas para posicionarse como respetuosos o menos perjudiciales con el medio ambiente de lo que son. En este caso, Santiago Peña busca presentar su administración y al agronegocio como amigables con el medio ambiente.

En su discurso en la cumbre del clima, Peña dijo que «la Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático demuestra una reducción del 40 por ciento de las emisiones de metano en el sector agrícola y ganadero con respecto al año 2010». Esta afirmación es falsa y manipula datos científicos oficiales. De 2010 a 2019, la agricultura y ganadería aumentaron un 14,4 por ciento de sus emisiones de metano, según un cálculo a partir de los datos de la Cuarta Comunicación.

Esta desinformación ya había sido difundida por el ministro del Ambiente, Rolando De Barros Barreto, en su informe de los 100 días. En ese caso, De Barros Barreto afirmó que la agricultura y ganadería redujeron el 14 por ciento de sus emisiones. Pero el dato era al revés, ese sector aumentó esa cantidad.

Otra frase dicha por el presidente que caracteriza su greenwashing estatal fue afirmar que en Paraguay «100 por ciento de la energía es limpia y es renovable». Esta frase fue replicada por varias instituciones públicas y medios de comunicación luego de su discurso en la COP28. Si bien es cierto que la energía hidroeléctrica es renovable, que su producción sea limpia es objeto de controversia. 

El investigador Guillermo Achucarro cuestiona el concepto de «energía limpia» utilizado por el presidente porque para la creación de represas, como la de Itaipú, se genera «un impacto ambiental y social gigantesco». De hecho, la construcción de la central hidroeléctrica significó la pérdida del Salto del Guairá, el bosque Atlántico y su fauna, así como la expulsión de comunidades indígenas que habitaban esa región.

Otro aspecto que la narrativa oficial de «energía limpia» omite es el consumo de energía del país. «Decir que Paraguay produce energía 100 por ciento limpia y renovable, sin mencionar nuestra dependencia a los combustibles fósiles y los derivados del petróleo, es un completo absurdo y una descontextualización», explica Achucarro. Además, estos combustibles son altamente contaminantes, no renovables y no sustentables.

Según el Balance Energético 2022 del Viceministerio de Minas y Energía, solo el 19,6% de la energía consumida en el país es energía eléctrica producida por Itaipú y Yacyretá. El 80,2% de la matriz energética del país se basa en combustibles fósiles y orgánicos.

La narrativa de la «energía cien por ciento limpia» fue divulgada por el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, y el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto, en el panel «Paraguay, capital verde para el mundo» desarrollado durante la cumbre del clima en Dubái.

Un discurso en concordancia con el agronegocio

Santiago Peña también repitió una afirmación utilizada hace tiempo por el agronegocio y que La Precisa verificó varias veces: «nuestras emisiones de CO2 son las más bajas de la región latinoamericana, representando solo el 0,1 por ciento de las emisiones globales». Aunque es cierto que el país emite 0,1 por ciento de gases de efecto invernadero a nivel global, y esto no dirime su responsabilidad ante la crisis climática, Paraguay no es el país que menos contribuye en la región.

Según estadísticas de Our World in Data, Paraguay emite más gases de efecto invernadero que Uruguay y Guyana. Además, la Cuarta Comunicación revela que el país emite más gases de efecto invernadero de lo que puede absorber. Esto contradice otra de las frases del discurso de Peña en la COP28 donde afirmó que el país tiene «un sólido potencial como sumidero de carbono».

El presidente cerró su discurso ante la cumbre del clima con un mensaje de autodeterminación y confrontativo hacia la Unión Europea. Dijo que «en materia climática, los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad». La Unión de Gremios de la Producción publicó un comunicado en apoyo a la postura de Peña, al igual que la Asociación Rural del Paraguay. 

Las exigencias a las que se refiere el presidente se encuentran en el acuerdo comercial entre el Mercosur y Unión Europea. Además de la ley de la UE que prohíbe la importación de productos provenientes de deforestación, en el acuerdo, el bloque europeo exige el cumplimiento de varios estándares laborales —en concordancia con la OIT— y ambientales.

El acuerdo busca que ambos bloques económicos cooperaren para asegurar que los productos consumidos por los ciudadanos de Europa y de los países que conforman el Mercosur «no contribuyan a la deforestación y la degradación de bosques».

Al volver de Dubái, el presidente dio varias entrevistas en las que aseguró que terminaron las negociaciones con la UE y que se buscarán otros mercados internacionales para negociar. El 7 de diciembre Peña asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. En su discurso dijo «ovalema» y volvió a hacer hincapié en dejar de lado el acuerdo con la UE.