Reportaje Josué Congo - Edición Romina Cáceres - Diseño Naoko Okamoto

Si estás con poco tiempo, tenés que saber esto:

• Las primeras declaraciones juradas de intereses (DJI) publicadas ratifican los casos de puertas giratorias de Peña y parte de su gabinete, sobre todo en el ámbito económico y de las finanzas. La declaración del presidente señala que fue director titular del banco Basa de mayo de 2021 a julio de 2022. Aunque aquí no especifica su patrimonio, sus declaraciones de bienes confirman que cuadruplicó sus acciones en Ueno.
  
  
• Carlos Fernández Valdovinos, actual ministro de Economía, fue director de Basa de 2018 a 2022 y presidente del directorio de 2022 a 2023. Durante el gobierno de Cartes, estuvo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP). Tiene más de dos mil ochocientos millones de bonos adquiridos en Basa.
  
  
• Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, presidente del Banco Central del Paraguay, fue presidente de Ueno Holding Saeca de 2021 a 2023. Identificamos que su patrimonio neto aumentó en un 230% de 2020 a 2023.
  
  
• Hasta ahora, la Contraloría recibió más de 14 mil declaraciones de intereses. El departamento que debe controlar todos los expedientes tiene apenas siete funcionarios.
  
  

El 5 de enero, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7236 que modifica varios artículos de la ley de conflicto de intereses que había entrado en vigencia en abril de 2023, hace menos de un año.

Entre las modificaciones, se destaca que el grupo familiar del funcionario quedó fuera del ámbito de aplicación de esta ley, lo que favorece negociados con la parentela. Además, si el presidente o algún miembro de su gabinete incurriera en conflicto de interés, esto ya no configura causal de juicio político como en la ley original.

Otro cambio sustancial fue que se eliminó la prohibición de las puertas giratorias, un fenómeno en el que altos cargos del sector público pasan al sector privado y viceversa, utilizando información privilegiada del Estado. Un caso notorio es el de Santiago Peña, que fue ministro de Hacienda (hoy Economía) del gobierno de Horacio Cartes, luego director del banco de su grupo empresarial (Basa) y ahora es presidente de la República con el aval del expresidente.

A pesar de las modificaciones a la ley de conflicto de intereses, los funcionarios públicos deben presentar sus declaraciones juradas de intereses, que consisten en informar en qué puestos y empresas trabajó en los últimos dos años y qué cargos ocupan sus familiares más cercanos en el sector público o privado, a diferencia de las declaraciones de bienes y rentas que contienen información sobre los activos y pasivos del funcionario.

En agosto de 2023, la Contraloría comenzó a recibir las declaraciones juradas de intereses del presidente y su gabinete. Estos documentos se publicaron recién en febrero de este año. El departamento encargado del análisis tiene solo siete funcionarios y a la fecha recibió más de 14 mil declaraciones de intereses.

Analizamos las declaraciones juradas de intereses de Santiago Peña, el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y del presidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo. Tienen en común que trabajaron juntos en los bancos Basa o Ueno y hoy ocupan cargos estratégicos en instituciones del Estado que manejan la economía y las finanzas del país.

El presidente, empleado de Cartes y accionista en Ueno

Las nuevas declaraciones de intereses (DJI) confirman los casos de puertas giratorias del cartismo denunciados desde que Santiago Peña anunció su gabinete de ministros y directores de empresas públicas.

La DJI del presidente reafirma que fue director titular del banco Basa de mayo de 2021 a julio de 2022. Según el informe de Seprelad filtrado en 2022, Peña ganaba 120 millones de guaraníes al mes como director. Hoy su salario de presidente es de 37 millones de guaraníes.

En agosto de 2023, Peña presentó su declaración jurada de bienes, un documento diferente a la DJI que contiene información de todos los activos y pasivos de un funcionario público. Declaró que tenía 6 mil millones de guaraníes en acciones en Ueno Holding SAECA. Esta información no se encuentra en su declaración jurada de intereses.

En 2019, Peña tenía 1.500 millones en acciones en Credicentro —hoy Ueno Holding—, según el listado de accionistas de Ueno publicado en la web de la empresa. En cuatro años, Peña cuadruplicó sus acciones en la compañía.

El abogado Armindo Torres, director general de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses de la Contraloría, dijo a La Precisa que en la DJI debe figurar en qué empresa un funcionario es o fue accionista, socio o representante, en caso de que haya tenido un cargo directivo.

Sobre Peña, explicó que al no haber ocupado un puesto directivo en Ueno, no está obligado a declarar esas acciones en su DJI. «Esto no significa que la empresa donde un funcionario es accionista y no es directivo no puede ser controlada por la Contraloría», aclaró Torres en entrevista. Un caso ilustrativo es el del senador Luis Pettengill, que votó a favor de una ley que beneficiaba a una empresa en la que fue accionista y que la Contraloría concluyó que fue conflicto de interés.

Ueno Holding es propiedad del Grupo Vázquez. Durante las elecciones generales, mientras la ANR pasaba por una crisis económica, diferentes medios de comunicación publicaron que la financiera Ueno —hoy Ueno Bank— daría un préstamo al Partido Colorado, lo que Ueno desmintió.

Los cartistas que manejan la economía

Entre los casos de puertas giratorias en el gabinete de Peña, sobresale Carlos Fernández Valdovinos, actual ministro de Economía. Fernández Valdovinos fue presidente del Banco Central del Paraguay durante el gobierno de Cartes y director de Basa de 2018 a 2022, junto a Santiago Peña. De 2022 a 2023 estuvo al frente de Basa como presidente del directorio.

Según el padrón de las elecciones internas de la ANR de diciembre de 2022, Fernández Valdovinos se afilió al partido ese año. En abril de 2022, en nuestra primera investigación sobre puertas giratorias, no figuraba en el padrón colorado.

Al analizar la declaración de interés del ministro de Economía, identificamos que su cuñado, Roberto Moreno Rodríguez, fue nombrado ministro asesor de la Presidencia el 16 de agosto de 2023 con un salario de G 24.851.200, según el portal de datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública. Menos de un mes después, se lo asignó como consejero de Itaipú con un salario de G 82.549.205. Si sumamos ambos ingresos, percibe más de 100 millones de guaraníes.

Moreno Rodríguez fue procurador general de la República de 2013 a 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes.

Otro caso de puerta giratoria es el del actual presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. Fue miembro titular del directorio del BCP de 2015 a 2020 y después fue presidente de Financiera Ueno SAECA —hoy Ueno Bank— de 2021 a 2023.

Carvallo Spalding dejó de ser titular del BCP en agosto de 2020. En junio de 2021 asumió como presidente de Ueno. Al comparar las declaraciones de intereses y sus declaraciones de bienes, identificamos que su patrimonio neto aumentó en un 230% de 2020 a 2023. Pasó de tener 3 mil doscientos millones de guaraníes siendo titular del BCP en 2020 a 7 mil trescientos millones de guaraníes, según su declaración de bienes de septiembre de 2023.

En su declaración jurada de bienes, Carvallo Spalding declaró tener tres mil millones en bonos en GV SAE —Grupo Vázquez, dueño de Financiera Ueno en la que él trabajaba—.

Hasta finales de febrero, varios miembros del gabinete de Peña no presentaron su DJI, como la ministra del Trabajo Mónica Recalde, el ministro de la Niñez Walter Gutiérrez y el director de Itaipú Justo Zacarías. Según la ley, la Contraloría debe apercibir al funcionario que no presente su declaración a tiempo y tiene una prórroga de 20 días para presentar su declaración jurada. El plazo vence a mediados de marzo.

«En el caso de incumplimiento, ahí sí la Contraloría puede sancionar al funcionario», explicó Torres. Esto difiere de la ley de declaraciones juradas de bienes, que establece una multa del 20 al 100% del salario si un funcionario incumple con el plazo.

Hoy, solo seis funcionarios trabajan junto a Torres en el departamento de la Contraloría que debe analizar las declaraciones juradas de intereses. Al 20 de febrero, recibieron más de 14 mil documentos. 

Contraloría investigó a Pettengill a partir de una denuncia anónima

El 14 de febrero, la Contraloría notificó a Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, que el senador Luis Pettengill (ANR, independiente) violó la ley de conflicto de intereses. La comunicación se dio mientras el bloque cartista del Senado juntaba votos para destituir a Kattya González. Pettengill fue uno de los que no votó a favor de la pérdida de investidura de la opositora.

La Precisa accedió al dictamen de Contraloría sobre el caso Pettengill. El documento dice que la investigación inició por una denuncia anónima del 9 de enero realizada a través del portal de denuncias de la Contraloría.

Dictamen de Contraloría que concluye que el senador Luis Pettengill incurrió en conflicto de intereses al votar a favor de Ocho A S.A., empresa de la que fue accionista.

Durante un mes, la Contraloría investigó el caso, cruzó documentos, movimientos accionarios y expedientes de votaciones del Congreso. Concluyó que Pettengill era «presidente/accionista» de la constructora Ocho A S.A. hasta el 21 de marzo de 2023 y que en octubre votó a favor de la ley de endeudamiento de hasta USD 600 millones para el pago a proveedoras del Estado. Ocho A es una de las beneficiarias.

Según la ley de conflicto de intereses, los funcionarios públicos deben abstenerse ante temas relacionados con las empresas que fueron de su propiedad hasta tres años después de su venta. Pettengill votó a favor de Ocho A siete meses después de vender sus acciones, por lo tanto, para la Contraloría, incumplió la ley.

La sanción a Pettengill deberá ser determinada por el Senado. En la ley original, el castigo previsto era la pérdida de investidura. El senador colorado tiene hasta el 6 de marzo para presentar su descargo a la Contraloría.