• El 1 de julio, Santiago Peña presentó su primer informe de gestión ante el Congreso, al que calificó como el «más legítimo» de la era democrática. Destacó las leyes que aprobó el oficialismo, que tiene mayoría en ambas cámaras.
  
  
• El equipo de La Precisa identificó desinformaciones sobre el crecimiento económico, que Peña atribuyó en su discurso a la «confianza» en su gobierno. Reportes del propio BCP indican que el repunte del 5% en el último año se debió al agro, que creció por el clima favorable, y la producción de energía eléctrica.
  
  
• También encontramos que Peña desinformó sobre pobreza, incremento de la fuerza policial y suspensión de estaciones de combustibles. Sus afirmaciones necesitan ponerse en contexto.
  
  

A finales de mayo, antes de presentar su informe de gestión a la nación, el presidente Santiago Peña lo hizo ante la Junta de Gobierno de la ANR. Horacio Cartes, presidente del partido, afirmó que Peña se «autoconvocó» para dar el informe. «Me sorprendiste y de sobremanera», le dijo a Peña.

En el informe a la ANR, el mandatario desinformó sobre temas climáticos, como hizo en la cumbre del clima de 2023 ante líderes internacionales. A diferencia de esa presentación, en su primer informe presidencial del 1 de julio, Peña hizo poca mención a temas ambientales.

La Precisa analizó el discurso del presidente ante el Congreso e identificó siete desinformaciones que verificamos a continuación.

Crecimiento económico, pobreza y empleo

Uno de los principales ejes del informe fue el crecimiento económico. Según Peña, «nuestra economía ha respondido positivamente, creciendo alrededor del 5% en el 2023 […]. Esto refleja la confianza en nuestra gestión». Aunque es cierto que la economía creció un 5%, no fue por la confianza en el gobierno de Peña. Según el informe de política monetaria del Banco Central, se debe a la agricultura, que creció por el clima favorable de ese año, y por la producción de energía eléctrica.

El presidente también repitió una cifra que su gobierno ya divulgó en abril de este año sobre la disminución de la pobreza y que La Precisa verificó. Dijo que «logramos que más de 157 mil paraguayos abandonen la pobreza total y más de 65 mil la pobreza extrema». Si bien es cierto que 157 mil personas dejaron la pobreza en 2023, esto no se puede atribuir netamente a la gestión de Peña, que gobernó solo los últimos cuatro meses de 2023.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la línea de pobreza urbana es de G 853.000 y en zonas rurales es menor. A partir de un cálculo propio, concluimos que para el INE una persona que gana 28 mil guaraníes al día no califica como pobre. Hoy, 1.300.000 paraguayos viven en la pobreza.

Más allá de la pobreza monetaria, es importante considerar las condiciones de vulnerabilidad, el acceso a servicios y derechos básicos como agua potable, trabajo y vivienda. El dato citado por el presidente se refiere solo a la pobreza monetaria.

El presidente también dijo que «hasta el primer trimestre de este año hemos creado más de 78.000 puestos de trabajo y formalizado a más de 30.000 personas en el IPS». Pero a estos datos les falta un poco de contexto. Según un informe del INE, 1.500.000 paraguayos son trabajadores informales sin aporte jubilatorio y 200 mil siguen desocupados.

Políticas de seguridad y violencia contra mujeres

Otro eje importante del informe presidencial fue la seguridad. Peña destacó los diferentes operativos de incautación de drogas y contrabando, así como la recuperación del control de la penitenciaría de Tacumbú. También le dio destaque a su plan de incorporar 25 mil nuevos policías para el final de su mandato.

El mandatario afirmó que «hemos realizado una fuerte apuesta para superar el déficit de personal policial con el ingreso récord de 5.000 aspirantes este año». Pero este plan implica la reducción del tiempo de formación de suboficiales de dos años a ocho meses. El curso exprés, lejos de «combatir la inseguridad», puede empeorar los casos de gatillo fácil, además de vulnerar la ley de educación superior.

Peña fue escueto sobre temas referentes a las mujeres. Dijo que la violencia intrafamiliar es «uno de los mayores males que nos aqueja como sociedad», pero no citó cifras. Según el Ministerio Público, la violencia familiar es el hecho punible más denunciado. Solo en 2023, se registraron casi 35 mil denuncias, lo que equivale a 95 casos por día.

El presidente recordó que para hacer frente a la violencia intrafamiliar lanzaron la estrategia Hay excusas que matan, «una estrategia que es integral y transversal, ya que no existe otra forma de erradicar este mal si no es con un enfoque sistémico». Hasta ahora, esto no pasa de una campaña que apela a denunciar casos de violencia a la policía. Organizaciones señalan que para que sea una estrategia, debe conocerse un plan con objetivos concretos, ejes, metas y un presupuesto para su implementación. 

Decisiones ambientales sobre gasolineras y créditos de carbono

En este discurso, Peña no señaló resultados sobre temas ambientales como sí hizo en su informe de los 100 días. Más bien presentó algunas decisiones de las que aún no se pueden ver resultados.

Una de ellas es el decreto que suspende la aprobación de nuevas estaciones de combustibles. Tras admitir que la proliferación de gasolineras genera «un impacto en los recursos naturales del país, y un riesgo para la salud y la seguridad», dijo que decidió suspender «la emisión de declaraciones de impacto ambiental para estaciones de servicio por 60 meses en áreas urbanas». El decreto se dio tras un informe de Contraloría que criticaba la aprobación masiva de surtidores y que fue resultado del trabajo de organizaciones barriales e investigaciones periodísticas.

La decisión de Peña llegó cuando en el país ya existían 2.760 gasolineras ―y una vez que Cartes se desligó de Enex―. Además, desde que asumió la presidencia, el Ministerio del Ambiente autorizó 112 estaciones de combustibles, como la futura Petropar aprobada a 30 metros de la Laguna Tacumbú en la avenida Costanera Sur.

Peña también presentó como un logro la aprobación de la ley de créditos de carbono que «convirtió a Paraguay en el primer país de la región en contar con un instrumento innovador para la captación de ingresos y fondos por la baja emisión de dióxido de carbono». Pero esta ley tiene varios cuestionamientos. Incluso autoridades del gobierno reconocen que necesita modificarse o adecuarse en la reglamentación a requisitos de países con los que Peña busca negociar.