Reportaje Josué Congo - Edición Romina Cáceres - Diseño Naoko Okamoto

A principios de junio, el gobierno de Santiago Peña lanzó la estrategia integral para la protección de la familia, que busca evitar la violencia familiar y los feminicidios. El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó el plan y el evento cerró con un discurso de Peña. La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, no participó de la presentación y su presencia se limitó a formar parte del público.

Durante su presentación, Riera mostró calcomanías con el número 911 para denunciar hechos de violencia familiar, sistema de emergencia de la Policía Nacional desde hace 21 años. «Nuestro sueño como gobierno es que tengan estas calcomanías en las heladeras, celulares y los bares», dijo el ministro. Así, la estrategia del gobierno para afrontar la violencia familiar y disminuir los feminicidios resultó limitarse al «boca en boca». El lanzamiento se dio dos meses después de que una mujer denunció haber llamado 19 veces al 911 para pedir auxilio ante un intento de violación y no tuvo respuesta.

En 2023, la Fiscalía registró 34.898 denuncias de violencia familiar, lo que equivale a 95 denuncias por día o cuatro por hora. Hasta mayo de este año, recibió más de 16 mil. El Ministerio Público clasifica la violencia familiar como un tipo de violencia contra las mujeres, además de ser el delito con mayor impacto social, que el año pasado derivó en un feminicidio cada siete días. 

A contramano de la campaña oficial y las cifras de violencia familiar, desde este año, la Policía Nacional no tiene recursos para la prevención de la violencia contra las mujeres, según una respuesta del Ministerio del Interior a un pedido de información pública de La Precisa.

Al revisar el presupuesto policial de los últimos cinco años, encontramos que esa política se cubría desde 2019 con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el proyecto Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujeres destinado a Asunción y al departamento Central. En 2022, se destinó más de G 36 mil millones (aproximadamente 4.773.238 dólares al cambio actual) a este plan. En 2023 el monto disminuyó a G 11 mil millones (1.518.316 dólares) y en 2024, presupuesto aprobado ya en la administración de Peña, se redujo a cero.

Consultamos al viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, por qué el proyecto quedó sin recursos y respondió que no lo conocía. Al cierre de la redacción de este artículo, contactamos al ministro Enrique Riera y a la Dirección Financiera del Ministerio del Interior, pero no obtuvimos respuesta.

Por su parte, la subcomisario Nilsa Robles, jefa del Departamento de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de Asunción, dijo a La Precisa que tampoco conoce el plan. Robles es jefa de esta dependencia desde hace tres años y hace 14 que trabaja en atención de víctimas de violencia familiar. Las comisarías especializadas son una política pública independiente al proyecto cubierto con el préstamo del BID y siguen en funcionamiento en diferentes puntos del país.

El proyecto formaba parte del Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana, financiado con un préstamo de 20 millones de dólares del BID, según confirmó el banco a La Precisa. De ese monto, 9.683.846 dólares estaban destinados al proyecto de prevención de violencia contra las mujeres. Su objetivo era mejorar la capacidad de la Policía —no solo las comisarías especializadas— para prevenir y atender casos de violencia contra mujeres en Asunción y Central, capacitar a oficiales en el registro y análisis de datos, la adquisición de un software predictivo y el desarrollo de un centro de tratamiento de varones agresores. Hoy, el Estado no cuenta ni con el software predictivo de delitos ni con el centro de rehabilitación de agresores.

El contrato de préstamo con el BID fue suscrito por el gobierno de Horacio Cartes en 2015 y aprobado por el Congreso en diciembre de 2017. La ejecución del programa de seguridad ciudadana, que incluye el plan de prevención de violencia contra mujeres, se inició durante el gobierno de Mario Abdo Benítez en 2018 y terminó en julio de 2023. A pesar de que el crédito previsto era de 20 millones de dólares para cinco años, el banco solo desembolsó 2.983.389 dólares, informó el BID a La Precisa. El banco aclaró que el programa concluyó por «una serie de factores», como la demora en la aprobación del préstamo, su ejecución y el cambio de gobierno en 2018.

Al comparar el Presupuesto General de la Nación (PGN) con la información proveída por el BID, identificamos que los montos no coinciden. Sumadas las cifras del presupuesto policial destinado solo al proyecto de prevención de violencia contra las mujeres entre 2019 y 2023, totalizan G 128.254.102.266 (casi 17 millones de dólares al cambio actual) . Pero el BID apenas desembolsó cerca de 3 millones de dólares para el programa completo, que incluía este proyecto. El gobierno paraguayo no estaba comprometido a una contrapartida.

La abogada Diana Vargas, exdirectora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, explica que, aunque el proyecto financiado por el préstamo terminó, el Estado podría continuarlo. Sobre todo, porque el problema que atendía persiste. «La violencia familiar es el hecho punible más denunciado en el país», recuerda. 

Para Vargas, el gobierno de Peña podía mantener el programa de prevención de violencia contra mujeres cambiando la fuente de financiamiento a Fuente 10, que son fondos del tesoro, «pero eliminaron del presupuesto de la Policía».

En el presupuesto general de 2024, el gobierno priorizó a la unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas, conocida como Grupo Lince, para combatir la violencia en las calles con G 30.966.306.400 y dejó a la Policía sin fondos para la prevención de violencia contra las mujeres. La falta de recursos complica la atención a las víctimas, teniendo en cuenta que las comisarías especializadas en violencia familiar no cubren todo el país y las existentes ni siquiera tienen personal suficiente, en la mayoría de los casos.

El Ministerio del Interior confirmó que, tanto la Policía como el ministerio, no tienen un presupuesto para la prevención de violencia hacia mujeres.

Faltan unidades especializadas en violencia familiar en la Policía

En noviembre de 2023, el Congreso realizó un pedido de informe a la Policía sobre unidades especializadas en violencia familiar en comisarías de todo el país. Las comisarías debían responder si cuentan o no con esta jefatura, cantidad de personal, disponibilidad de móvil y si recibieron capacitación en los últimos dos años.

Al analizar la respuesta, identificamos que en Asunción, que quedó sin recursos para la prevención de violencia hacia mujeres desde este año, solo cuatro de las 23 comisarías cuentan con un departamento especializado. En total son 42 funcionarios, entre policías, administrativos y psicólogas, que deben atender las denuncias en la capital del país donde viven más de medio millón de personas. En 2023, la Fiscalía registró 4.757 causas de violencia familiar en Asunción.

Para la subcomisario Nilsa Robles, se necesitan más unidades especializadas en las comisarías para que las víctimas puedan acudir con mayor facilidad. Según Robles, la importancia de las divisiones especializadas está en «el trato diferenciado» que brindan los oficiales formados en atención de violencia familiar. Estas unidades deben ser espacios seguros donde «ellas también puedan contarte todo lo que pasaron, porque si están otras personas [como oficiales sin formación] no quieren contar todas sus cosas».

La situación del departamento Central no es muy diferente a la de Asunción. De las 19 ciudades del departamento, solo seis cuentan con unidades de atención a víctimas de violencia familiar. Las comisarías de Fernando de la Mora, Ñemby y Guarambaré no tienen móvil propio para la jefatura especializada. Central es el departamento con más causas de violencia familiar del país, en total son 14.605 denuncias que representan el 41,1 por ciento del registro nacional.

Las unidades especializadas de Alto Paraná, Concepción, San Pedro, Guairá, Cordillera, Caaguazú y Canindeyú tampoco tienen patrulleras ni motocicletas. En todos los casos, solo la capital departamental tiene una unidad de violencia familiar y no así las demás ciudades. Paraguay tiene más de 260 municipios.

La abogada Mirta Moragas del Consultorio Jurídico Feminista, organización que brinda asistencia legal gratuita a mujeres víctimas de violencia, explica que cuando una mujer realiza una denuncia, muchas veces, los policías no la remiten ni al juzgado de paz ni al Ministerio Público. Los oficiales se excusan con frases como «no tengo combustible» o «no tengo forma de dar cumplimiento», dice.

Moragas también cuenta que algunas comisarías juntan varias notificaciones de medidas de protección contra los agresores y «una vez que tienen una cantidad, como diez, hacen un recorrido para entregarlas». Según la especialista, para los policías los hechos de violencia hacia mujeres son casos sin importancia. «Tranquilamente les parece que esperar tres o cuatro días para hacer una notificación está todo bien».

En 2023, la Fiscalía registró más de 3.500 denuncias en Alto Paraná. Su comisaría especializada, situada en Ciudad del Este, tiene solo tres funcionarios y no cuenta con móvil exclusivo. Otro departamento que está en la misma situación es San Pedro, con más de 450 mil habitantes, tiene solo dos personas en la unidad especializada y tampoco dispone de un vehículo.

Mientras que los departamentos de Misiones, Presidente Hayes y Alto Paraguay ni siquiera tienen un área de atención a víctimas de violencia familiar o de género en sus comisarías. Las comisarías de Concepción, Paraguarí y Guairá no recibieron formación especializada en los últimos dos años. Los departamentos de Boquerón, Caazapá, Amambay, Itapúa y Ñeembucú no respondieron el pedido de informe del Congreso.

Por qué policías deben formarse en la prevención de violencia contra las mujeres

La Policía es la institución del Estado con mayor llegada territorial en Paraguay. En el sentido común está que, ante cualquier dificultad, se puede acudir a una comisaría. Pero en los casos de violencia basada en género esto es un poco diferente. Las dificultades se abren paso y una brecha cultural impide que las mujeres puedan realizar sus denuncias sin cuestionamientos.

Para Nilsa Robles, jefa del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía de Asunción, es importante que los oficiales y suboficiales estén sensibilizados para que haya mayor empatía en la atención a las personas que están sufriendo violencia. «Hay que tratar bien a las víctimas», puntualiza.

La abogada Mirta Moragas coincide. Agrega que la formación especializada es importante para que los policías conozcan el ciclo de la violencia y brinden una atención y contención emocional adecuada a las víctimas. «Existe mucha resistencia cultural, la Policía es una institución históricamente machista». Los oficiales se niegan a tomar más de una denuncia a las víctimas porque están «cansados de hacerlo» o porque las mujeres «vuelven nomás con sus agresores».

Pese a la urgencia de asignar recursos a la policía para atender la violencia de género, el gobierno apuesta a una campaña que se limita a pedir a la ciudadanía que llame al 911. Las autoridades consultadas sobre su promocionada estrategia contra la violencia familiar ni siquiera pudieron explicar a La Precisa cómo se financia. El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, dijo que la estrategia entrará en el PGN del 2025.