El asimétrico conflicto por la tierra definió el pasado, define el presente y definirá el futuro de Paraguay: desde la venta masiva de tierras por parte de Bernardino Caballero en 1883, pasando por El Dolor Paraguayo de Barret en los yerbales; las 8 millones de hectáreas malhabidas que la dictadura de Stroessner dio a empresarios, políticos y militares amigos del régimen; el avance de la soja que intoxica pueblos enteros y la ganadería que deforesta territorios ancestrales; la Masacre de Curuguaty, hasta hoy impune; y la ley Zavala-Riera, la última maniobra de la clase terrateniente para recrudecer su ofensiva en el campo al aumentar penas a quien ocupe propiedades – el único mecanismo exitoso de campesinos e indígenas para recuperarlas de ilegítimas manos.

Es más fácil creer que este problema es ajeno cuando tres grupos empresariales, Zuccolillo, Vierci, Cartes, concentran casi todos los medios masivos de comunicación, al mismo tiempo que se ubican entre los mayores terratenientes del país. Sus intereses particulares –corporativos– se presentan como universales en los titulares de diarios y los zócalos de noticieros. Ellos marcan el tono de la conversación nacional. La ciudad reproduce sus falacias. Ellos dictaminan qué proyectos de país se mantienen. La ciudad finaliza el trabajo de condenar a los «otros»: poblaciones enteras que no caben en sus proyectos, como el campesinado, como las comunidades indígenas, como los bañadenses.

Durante los últimos cinco años, hemos recorrido cientos de kilómetros para contar la otra historia, la que a veces es incómoda, aterradora, contradictoria. Porque creemos que no hay democracia posible si el proyecto de un país deja a tanta gente afuera para beneficiar a tan pocos.