Era jueves, Alfredo Stroessner se disponía a escribir su nombre y cerrar un acuerdo que hasta hoy favorece a la industria de Brasil, en especial la paulista. El 26 de abril de 1973 las dictaduras firmantes del Tratado de Itaipú además echaban un conveniente candado legal a la oscuridad con la que se administraría la represa hidroeléctrica en las siguientes décadas. La establecieron como una entidad supranacional prácticamente fuera del control de la gente a la que representaban.

No más que un pequeño consejo de 12 personas nombradas por ambos países gobierna  la entidad, según lo establece su estatuto en uno de los anexos del Tratado. Consejeros con salarios autofijados en, actualmente, más de 80 millones de guaraníes, y atribuciones que incluyen la decisión sobre los gastos de la represa, las bases para el servicio de prestación de energía, la ampliación de la deuda, la enajenación de su patrimonio, entre otras.

La entidad está eximida de control por parte de la ciudadanía. Sin embargo, fue y sigue siendo financiada por ésta, a través de  la explotación de un recurso natural que pertenece a los habitantes de ambos países y con el pago que éstos realizan sobre la deuda asumida por la entidad, inflada a lo largo de los años, ante la que no tienen capacidad de determinación y mucho menos vigilancia.

45 años después, la deuda de Itaipú sigue sin ser auditada.

Derrocada la dictadura, en 1993 el Poder Legislativo paraguayo intenta intervenir la represa a través de su Comisión de Hechos Ilícitos (Ley  173/93), pero es rechazado por la Corte Suprema, que refrenda el blindaje jurídico de la supranacionalidad.

Lo mismo sucede unos años después, cuando en 1997 la ley 1161 disponía la obligación de los funcionarios de ambas represas binacionales, Itaipú y Yacyretá, a informar y compartir documentación con el Congreso y la Contraloría General de la República a través de la Ande. Pero los abogados José Antonio Moreno Ruffinelli y Juan Carlos Mendonca presentaron un recurso de inconstitucionalidad en representación de las hidroeléctricas, el cual fue admitido en diciembre de ese mismo año y los efectos de la ley suspendidos.

Este nuevo intento de transparentar la binacional fue cajoneado por la máxima instancia de la Justicia paraguaya durante 14 años. Finalmente, en 2011, Antonio Fretes, Alicia Pucheta y Miguel Oscar Bajac sentenciaron a favor de las binacionales.

No es muy diferente la historia para los brasileños, que igualmente pagan la deuda y, por lo demás, acceden a la energía a un precio muy superior de lo que recibe Electrobrás, intermediaria entre la ciudadanía y la hidroeléctrica, empresa además 48% privada que cotiza en la bolsa de Nueva York y persigue el rédito de sus inversionistas más allá del bienestar de cada habitante del Brasil.

Su Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano contralor del Poder Legislativo, anunció el 29 de agosto de este año que realizará una auditoría de los convenios, patrocinios y publicidad de Itaipú. «Não há histórico de ações de controle externo na entidade», dijo el miembro del tribunal Vital do Rêgo. No hay histórico de acciones de control externo en la entidad. Sería la primera vez.