Cinco horas de sesión terminaron con aplausos de los diputados colorados. «Queda rechazado y se remite al archivo el pedido de juicio político» dijo el presidente de la cámara, Pedro Alliana el 20 de agosto de 2019. La alianza entre colorados oficialistas y cartistas evitó que el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez sean destituidos por un escándalo que se generó con la firma en secreto de un acta bilateral  entre las cancillerías de Paraguay y Brasil el 24 de mayo en Brasilia, que establecía que la ANDE compre energía más cara de Itaipú, una vieja disputa con Eletrobras. Tal fue la controversia que hasta el presidente Jair Bolsonaro decidió anular el acta para salvar la cabeza de su «amigo Marito», como se refirió a él en la Cumbre del Mercosur de julio pasado. De paso resguardó la suya, ante sospechas de un negociado paralelo con una empresa brasileña supuestamente vinculada a la familia Bolsonaro.

Mientras Mario Abdo intenta retomar el control de su gobierno, la Fiscalía y una Comisión Bicameral de Investigación indagan el caso Itaipú. Pero según abogados, una politóloga y otros especialistas, no hay garantías de que los responsables serán sancionados por estas tres razones: la Fiscalía no ha definido qué investiga en el caso Itaipú, la comisión bicameral no puede investigar al presidente ni al vicepresidente y los pactos políticos de Mario Abdo pueden condicionar el desenlace del caso Itaipú.

La Fiscalía no ha definido qué investiga en el acuerdo de Itaipú

Mario Abdo sabía del acuerdo secreto con Brasil. Por eso, declaró como testigo ante los fiscales Marcelo Pecci, Sussy Riquelme y Liliana Alcaraz el 12 de agosto pasado. Los fiscales no han especificado hasta hoy qué hechos punibles investigan ni sus sospechas. «Primero tenemos que establecer qué fue lo que pasó y luego hacer análisis de punibilidad» dijo Alcaraz en una conferencia de prensa. La Comisión Escrache y el PLRA presentaron denuncias por lesión de confianza, preparación de un atentado contra la existencia del Estado y otros ilícitos contra los cuatro responsables directos de la firma del acuerdo: el ex canciller Luis Castiglioni, el ex embajador en Brasil, Hugo Saguier Caballero y los ex directores de Itaipú, José Alberto Alderete, y de la ANDE, Alcides Jiménez. 

Para el abogado penalista Jorge R. Vasconsellos, es un absurdo que la Fiscalía abra una investigación sin tener una hipótesis delictiva. Explica que los fiscales están obligados a señalar qué hecho punible investigan para determinar si se cometió o no. También cuestiona que convoquen a los involucrados a declarar como testigos y no como indagados. La cuestión es simple: un testigo no puede ser imputado. Es el caso de José «Joselo» Rodríguez, supuesto asesor del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Y del mismo vicepresidente, quien hizo carrera, justamente, como fiscal. Chats divulgados en medios de prensa involucran a ambos en una operación para favorecer a la empresa brasileña Leros en la compra de energía de la ANDE.

«La Fiscalía invalida su propia investigación cuando a los presuntos involucrados los llama a declaración testifical, es decir, les hace prestar juramento y les advierte de las penalidades de las que pueden ser pasibles. Sin embargo, declaran sobre conductas propias», dice. 

Otra zona gris de la investigación fiscal tiene que ver con los celulares. Los chats de WhatsApp divulgados en medios fueron la clave para conocer el grado de participación de autoridades en el negociado. Pero el Ministerio Público tampoco incautó los aparatos de todos los involucrados. «Joselo» incluso declaró que se le perdió el celular. 

Vasconsellos cree que las acciones de la Fiscalía se orientan más a satisfacer intereses mediáticos antes que la búsqueda de la verdad: «El Ministerio Público es el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado y como representante nuestro, está haciendo un papelón».

La comisión bicameral no puede investigar a Abdo ni a Velázquez

El Congreso creó una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para indagar el acta bilateral y todo lo referido al Tratado de Itaipú, que estará en funciones hasta el 30 de junio de 2023. La integran diez parlamentarios, cinco de ellos colorados, cuatro liberales y uno del Frente Guasu. Entre sus atribuciones puede citar a funcionarios públicos, personas privadas, así como solicitar informes y otras diligencias. 

Pero su principal limitación es que no puede investigar al presidente, al vicepresidente, ministros y magistrados, según el artículo 195 de la Constitución. Tampoco puede sancionar. La conclusión de la investigación que presentará a ambas cámaras no condenará a los responsables. Sólo en caso de que compruebe que hubo algún hecho punible podrá elevar el caso a la Fiscalía.

En esta primera etapa declararon ante la comisión ocho funcionarios, entre ellos el ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira; el ex canciller y actual senador Luis Castiglioni; y el ex embajador en Brasil, Hugo Saguier Caballero.

Ferreira ratificó ante la comisión que el acta bilateral era perjudicial para el país, motivo por el cual renunció a su cargo el 24 de julio pasado y con eso desató la crisis que casi termina en un juicio político a Abdo. «¡Háganle un favor al Paraguay y dejen de sostener la posición brasileña!», dijo con vehemencia a los parlamentarios el día que declaró. Recordó que la ANDE había enviado un ayuda-memoria al ex embajador Saguier con recomendaciones para la negociación con Brasil, como la posibilidad de vender energía en el mercado brasileño. Este es el punto 6 que el supuesto asesor del vicepresidente Joselo Rodríguez pidió excluir para beneficiar a la empresa Leros. 

El senador liberal Eusebio Ramón Ayala, presidente de la comisión, señaló que el caso Leros es parte de la investigación. «En palabras del ex canciller (Luis Castiglioni), era un negocio paralelo», detalló sobre la declaración de Castiglioni ante la CBI. Agregó que hubo contradicciones entre otros indagados sobre la reunión del 24 de mayo en Brasilia, fecha en que se firmó el acta bilateral. El ex gerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, y el ex director técnico de Itaipú, José Sánchez Tillería, declararon que participaron de la primera parte de la reunión y luego el ex embajador Saguier les pidió que se retiren. Pero según Alcides Jiménez, ex titular de la ANDE por cuatro días en reemplazo de Pedro Ferreira, no fue así. Jiménez participó de las negociaciones como asesor de la Cancillería. 

«Según el ingeniero Jiménez, estos (Cáceres y Sánchez Tillería) estuvieron casi hasta el final de la reunión y salieron en el momento en que se estaba puliendo la redacción final. Esa es una cuestión muy importante», dijo el senador Ayala. Fabián Cáceres había renunciado a la gerencia técnica de la ANDE porque tampoco quiso avalar el acuerdo con Brasil. Resignado, había dicho que no tenía «ninguna expectativa» sobre la CBI. 

El juicio político se usa como herramienta de presión y no de sanción

Si bien el juicio político es la única herramienta que permite sancionar a las autoridades paraguayas por mal desempeño de sus funciones, en la práctica se utiliza como un mecanismo de presión o chantaje. Una amenaza permanente para el presidente que no tenga mayoría en el Parlamento, como ocurrió con el ex presidente Fernando Lugo en 2012.

La politóloga Katia Gorostiaga Guggiari dice que Mario Abdo tampoco controla el Congreso. La fragmentación del Partido Colorado –que tiene mayoría– obliga a Abdo a construir coaliciones con su propio partido, como hizo para evitar el juicio político. «Mario Abdo tiene dos enemigos muy grandes: Honor Colorado y el PLRA», advierte.

Otro problema es la falta de reglas claras sobre el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución, que no ha sido reglamentado. Así, para cada juicio político los mismos congresistas pueden dictar sus propias reglas. Gorostiaga sugiere establecer un plazo de investigación y un órgano encargado de la investigación. 

Los pactos políticos de Abdo para mantenerse en el poder también tendrán consecuencias en la definición del caso Itaipú. El abogado Jorge Rolón Luna, ex miembro del Consejo de Administración de la binacional, dice que esta crisis reveló algo muy preocupante: la existencia de personas en altos círculos de poder que quieren aprovechar la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú para hacer negocios particulares. Agrega que Paraguay se sentará a negociar en 2023 mucho más debilitado. 

«Brasil siempre se benefició en Itaipú. Y no tiene la más mínima intención de ceder los privilegios que tuvo siempre», dice.