Más de 100 empresas promovieron acciones de inconstitucionalidad entre mayo y julio de 2020 contra la ley 6355/19 que obliga a accionistas y directivos de contratistas del Estado a presentar declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría. Esta obligación, que solo afectaba a funcionarios públicos, es también hoy requisito para que el sector privado participe de contratos públicos. Como primera medida, la Sala Constitucional de la Corte suspendió los efectos de la ley para estas proveedoras hasta que resuelva las acciones de inconstitucionalidad. Esto permite a esas empresas seguir presentándose a las licitaciones.

El argumento de las empresas para atacar de inconstitucional esta ley es que el artículo 104 de la Constitución establece que los sujetos obligados a declarar sus bienes y rentas son los funcionarios, empleados públicos y, en general, quienes perciban remuneraciones del Estado. Uno de los directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Jorge Pappalardo, había dicho que la ley era «absolutamente inconstitucional» y que pondría más trabas a los procesos de compras públicas antes que transparentar.

La ley 6355 amplía esa obligación a personas físicas y jurídicas contratistas, concesionarias, asociaciones y fundaciones que reciben fondos públicos, algún tipo de contraprestación o estén vinculadas con el Estado bajo cualquier modalidad. Los afectados deben presentar su declaración jurada de bienes y rentas a la Contraloría dentro de los 15 días de concretarse la vinculación con la actividad estatal o de recibir fondos públicos, y en igual término al finalizar. En la práctica, una proveedora debe hacer su declaración cuando se presenta a una licitación, cuando se le adjudica el contrato y al finalizar el mismo.

Las declaraciones juradas de las proveedoras no son de acceso público, excepto las de aquellas que fueron adjudicadas en el marco de la ley de emergencia por la pandemia, que están publicadas en la página de Contraloría. Solo se puede acceder a esa información mediante orden judicial, tal como ocurrió cuando la Corte falló a favor de la publicidad de las declaraciones de funcionarios públicos desde 1992 hasta el 17 de junio de 2020. Gracias a ese histórico fallo, esa información hoy es pública en la web de Contraloría.

A través de un pedido de información pública, El Surtidor accedió a más de 160 resoluciones de mayo a julio 2020 de la Sala Constitucional que suspenden los efectos de la ley 6355 para la misma cantidad de proveedoras que accionaron en contra. Ponemos a disposición información preliminar de 30 de esas empresas en este registro, que actualizaremos de forma continua. Como parte de esa iniciativa, aquí detallamos algunas de las contratistas que fueron beneficiadas con las suspensiones y sus adjudicaciones de 2010 a julio 2020 según información disponible en Contrataciones Públicas.

Las farmacéuticas y proveedoras de insumos médicos que no quieren rendir cuentas

El grupo empresarial de la familia Scavone es uno de los mayores proveedores del Estado en el rubro farmacéutico. Los propietarios de tres de sus empresas accionaron contra la ley 6355 para no presentar declaraciones juradas: Vicente Scavone y CIA SAE (Laboratorios Lasca), Laboratorios de Productos Éticos CEISA y Scavone Hermanos SA (Laboratorios Catedral). La suma de los contratos públicos de estas tres firmas en la última década supera los 2,3 billones de guaraníes, unos 334 millones de dólares al cambio actual. Uno de los principales accionistas, Óscar Vicente Scavone, fue asesor económico del expresidente Horacio Cartes y presidió el Club Olimpia.

Distribuidora La Policlínica SA también accionó contra las declaraciones juradas. La empresa vinculada a Norman Harrison Paleari es otra de las contratistas con mayores montos adjudicados desde 2010, con más de 764 mil millones de guaraníes (USD 109 millones) en contratos. El empresario también es presidente de Aseguradora Yacyretá y la Megacadena de Comunicación, medio que igualmente accionó contra la ley 6355. Es hermano del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison.

Las proveedoras de equipos e insumos médicos que accionaron contra la ley tampoco tendrán que declarar bienes. Una de ellas es Casa Boller, del exsenador liberal Rodrigo Campos Cervera, empresa que figura entre las diez mayores proveedoras del Estado con G. 1,4 billones en contratos desde 2010 (USD 205 millones). Otra es Index SACI de Ernesto Gerardo Wasmosy Monti, hermano del expresidente Juan Carlos Wasmosy, con adjudicaciones que totalizan los 202 millones de dólares en el mismo periodo. La firma también está entre las diez mayores proveedoras.

Asismed SA, principal proveedora de seguro médico para funcionarios públicos, también presentó acción de inconstitucionalidad contra la ley. Esta empresa obtuvo contratos con el Estado por 1,2 billones de guaraníes (USD 168 millones) desde 2010. Como representantes legales figuran Ricardo Doria Cortes, Ursula Filgueira, Ramón Doria Cortes, Jorge Solano y Miguel Figueredo Caniza.

Las grandes constructoras que están en contra de declarar sus bienes

El expresidente Juan Carlos Wasmosy no tendrá que presentar su declaración jurada de bienes y rentas como propietario de la Empresa Constructora Minera Paraguaya SA (Ecomipa). La Sala Constitucional hizo lugar a la inconstitucionalidad que presentó contra la ley 6355. Ecomipa obtuvo contratos públicos por valor de G. 1,3 billones (USD 181 millones) en la última década, sin contar los consorcios que integra con otras empresas. Según el diario Última Hora, la constructora de Wasmosy fue la más beneficiada con adjudicaciones del MOPC durante el gobierno de Horacio Cartes.

Benito Roggio e Hijos SA es otra de las principales contratistas del Estado en el rubro de la construcción que fue beneficiada con la suspensión de la ley 6355. La acción fue promovida por Emilio Gill Insfrán, Gustavo Armando Pavetti Ibarrola y Óscar Alberto Franco Velázquez. La empresa integra el Consorcio D-R Costanera junto a CDD Construcciones, encargada del Corredor Vial Botánico. Los contratos públicos de la firma –parte del Grupo Roggio de Argentina– superan 1 billón de guaraníes (USD 160 millones), sin incluir las adjudicaciones de los consorcios que integra.

La empresa Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C SA) de Francisco Griñó Guillén tampoco tendrá que rendir cuentas, pese a que es una de las principales contratistas del rubro. Sus adjudicaciones en la última década suman 1 billón de guaraníes (USD 147 millones), sin incluir los consorcios. Una de las obras que tiene en ejecución es la Costanera Sur, como parte del Consorcio del Sur junto a la española Eurofinsa SA.

La Sala Constitucional también hizo lugar a la acción contra las declaraciones juradas promovida por Tecnoedil SA Constructora, entre cuyos accionistas figura Paul Emile Sarubbi Corina, hijo de Paul Sarubbi, director de Yacyretá en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Esta empresa obtuvo contratos por 962 mil millones (USD 137 millones) en los últimos diez años, sin contar las adjudicaciones por consorcios. Otra constructora vinculada a un ex funcionario que obtuvo la suspensión de la ley 6355 es Jiménez Gaona y Lima Empresas de Construcciones SA, la empresa de la familia de Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Cartes.

Medios de comunicación también accionaron contra la transparencia

La principal proveedora de servicios móviles del país, Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel SAE), cuya marca comercial es Tigo, accionó contra la ley de declaraciones juradas. La subsidiaria del Grupo Millicom International tiene contratos con varias instituciones del Estado por más de G. 87 mil millones, unos 12 millones de dólares. Otras empresas del grupo que atacaron de inconstitucional la ley son Servicios y Productos Multimedios SA (SPM), el canal Teledeportes Paraguay SA, Mobile Cash SA y Lothar Systems SA (Lothar).

Empresas del sector de artes gráficas también consiguieron la medida cautelar para que sus dueños no declaren sus bienes. Una de ellas es Mercurio SA de la familia Zuccolillo, que es propietaria del diario Abc Color. Las adjudicaciones de la imprenta rondan los G. 93 mil millones (USD 13 millones). La otra es Artes Gráficas Zamphiropolos SA, que tiene contratos con varias instituciones públicas por G. 157 mil millones (USD 22 millones). Patricia Eulerich Zamphiropolos, una de las accionantes de la empresa, es esposa del exministro de Hacienda, Benigno López.

Entre los medios de comunicación que accionaron para no declarar bienes están Televisión Cerro Corá SA (Canal 9), Paravisión, Televisora del Este (PTV) y Televisora Itapúa (Sur), todos del Grupo Albavisión. Como directivo de los dos primeros canales figura Marcelo Fleitas Portaluppi, mientras que el representante legal de los canales del Este e Itapúa es Ismael Hadid Florentín. En total, en la última década estas empresas obtuvieron juntas más G. 10 mil millones en contratos con el Estado, casi 1 millón y medio de dólares.

La trazabilidad del dinero público en disputa

El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, dijo que unas 3.000 empresas proveedoras presentaron sus declaraciones juradas en lo que va de 2020 en cumplimiento de la ley 6355. Sostuvo que la aplicación de esta ley no es fácil, en primer lugar porque no tienen los recursos suficientes para verificar tanto las declaraciones juradas de funcionarios públicos como las de empresas. Sobre la avalancha de acciones ante la Corte, recordó que la Contraloría había advertido en dictámenes que la ley «rozaba la inconstitucionalidad» al considerar el artículo 104 de la Constitución que establece que los funcionarios públicos deben presentar la declaración jurada. 

«Pero hoy la ley está vigente y se tiene que cumplir», enfatiza Torres. 

En opinión del abogado Federico Legal, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), un segundo criterio que se debe considerar al interpretar esta ley es el control de la trazabilidad del dinero público: «En ese sentido, conocer las declaraciones juradas de proveedoras va a contribuir a prevenir posibles conflictos de intereses. Lo que sí se tiene que diferenciar es que una empresa, por más que reciba dinero público, no tiene las mismas obligaciones que un funcionario».