Documentos oficiales a los que accedió El Surtidor muestran que en julio de este año, la Fiscalía se oponía a la propuesta de aumentar los años de cárcel por invasión/ocupación. En su dictamen para la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (CONAREP), la Fiscalía sostenía que «la experiencia actual nos muestra que la elevación de las penas no disminuye la comisión de los hechos punibles. Ej: Abuso sexual en niños y violencia familiar». 

Otro argumento de la Fiscalía en contra de subir penas era que los daños a la propiedad no podían tener penas más altas que hechos punibles contra la vida, dando como ejemplos el aborto y el homicidio culposo.«Si bien es cierto el Ministerio Público no está ajeno a la problemática existente con relación a la propiedad privada, sigue siendo un bien jurídico de rango inferior a la vida», dice el dictamen. Y alertaba que «podríamos estar ante una aplicación desmedida de la acción punitiva del Estado».

La Fiscalía analizó específicamente el proyecto de ley de los senadores cartistas Sergio Godoy y Antonio Barrios. Godoy y Barrios proponían aumentar las penas hasta 10 años, de manera similar al proyecto Zavala-Riera, con la salvedad de que el promovido por Patria Querida también permitía que personas sin título de propiedad puedan denunciar invasiones – un punto que según abogados, organizaciones sociales y campesinas favorece a tenedores de tierras malhabidas.

El documento muestra que los miembros de la CONAREP, como el Ministerio de la Defensa Pública, el representante del Poder Ejecutivo, el del Poder Judicial y el senador Enrique Bachetta coincidían en que «el aumento de las penas no es la solución» y subrayaban la importancia de «reanudar las mesas de trabajo entre todas las instituciones involucradas para solucionar este problema, a fin de tener respuestas rápidas y efectivas sin ningún tipo de presión política ni corrupción».

La diputada Rocío Vallejo de Patria Querida, presidenta de la CONAREP, refrendó la conclusión de dicha comisión con su firma y «esperando el acompañamiento del parecer presentado» envió el dictamen por el rechazo al senador Victor Ríos, quien era presidente de la Comisión de Legislación que estudiaba el proyecto cartista.

Pero todo cambió cuando apareció la fiscal general Sandra Quiñónez.

Razones políticas para cambiar de idea

El 9 de agosto, respondiendo a un pedido del senador Godoy cuando todavía era presidente de la Comisión de Legislación, la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez le envió otro dictamen de Fiscalía sobre el proyecto que el mismo Godoy presentó. En su nota al senador, Quiñónez ignora todos los argumentos jurídicos y la evidencia presentada por su propia Fiscalía y los demás entes del Estado ante la CONAREP un mes antes, aduciendo que «el flagelo» y «la proliferación de invasiones» ameritaba «un cambio en la política criminal» con el fin «de desalentar la comisión del citado hecho punible». Quiñónez termina su dictamen diciendo que «la Fiscalía General del Estado no se opone» al proyecto cartista de aumentar penas.

La postura de Quiñónez tuvo su efecto dominó cuando en septiembre, en una nueva reunión de la CONAREP, analizaron el proyecto Zavala-Riera, exactamente igual al proyecto del cartismo en lo que se refiere al aumento de penas.

La transcripción textual de la reunión demuestra que la Fiscalía se limitó a apegarse a lo dicho por Quiñónez, sin siquiera dar razones del cambio de postura. Mientras que el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública y el representante de Bachetta se mantuvieron en la postura de no aumentar penas – aunque sí legalizar que alguien sin título pueda denunciar una invasión. Rocío Vallejo también cambió su posición en favor del proyecto de sus correligionarios. Y propuso unificarlo con la iniciativa de ley cartista y aumentar las penas de cárcel hasta 10 años.

Al consultarle sobre por qué cambió de parecer, Vallejo dijo primero que «se trataba de dos proyectos diferentes». Cuando se le indicó que el aumento de penas del proyecto Riera-Zavala era exactamente igual al proyecto cartista rechazado en julio, dejó de responder.

Un proyecto que empeora la crisis penitenciaria.

Para la abogada Diana Vargas, es preocupante el apoyo de Sandra Quiñonez al proyecto de ley que aumenta las penas a las invasiones de inmuebles y pese a los argumentos en contra de la propia Fiscalía: «Significa que la fiscal general está priorizando los intereses de un sector político por encima de lo que dice la evidencia a la hora de hacer políticas públicas». 

Vargas advierte que «incluso quitando la perspectiva de derechos humanos, desde el punto de vista de una política de seguridad es ineficiente. Ya tenemos una crisis penitenciaria. Vamos a llenar las cárceles de campesinos vulnerables, entregarlos en bandeja de plata al PCC». Se refiere al Primer Comando de la Capital, el grupo más poderoso del crimen organizado en Brasil con cada vez mayor presencia en Paraguay.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) calificó de «propuesta insensata que profundiza el conflicto social» aumentar penas de cárcel y eliminar medidas alternativas a condenados por la invasión/ocupación de inmuebles. Para la Codehupy, el proyecto tiene «el propósito indisimulado de proteger, en muchos casos, la apropiación y usurpación de inmuebles de propiedad pública o indígena, valiéndose del discurso de la defensa de la propiedad privada para encubrir a los acaparadores de tierras y para favorecer los privilegios de un sector económico políticamente sobre representado».

En Asunción, un grupo de ciudadanos ocuparon una seccional colorada en tierras malhabidas bajo el lema «ellos son los invasores», exigiendo su recuperación y rechazando el proyecto de ley que «ataca a quienes buscan recuperar tierras». La Federación Nacional Campesina (FNC) llamó a una movilización en diferentes puntos del país en rechazo del proyecto unificado entre el cartismo y Patria Querida, que se tratará mañana jueves 23 de septiembre en el Senado.