El sentido de tierra malhabida lo define una mujer campesina en guaraní: «La yvy guasu-guasu oĩa ñane retãme uno-dónte la ijára». Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina, dice que en Paraguay hay uno o dos dueños de grandes extensiones de tierras. Con esta concepción alude a la injusticia en la distribución de este recurso, injusticia que beneficia al agronegocio y que cimentó su riqueza en la dictadura más larga de Sudamérica con la repartija ilegal de tierras del tamaño de Panamá. 

La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) documentó que el Indert, ex Instituto de Bienestar Rural (IBR), otorgó durante la dictadura de Alfredo Stroessner y parte de la transición democrática 7.851.295 hectáreas destinadas a la reforma agraria a 3.336 adjudicatarios ilegítimos, equivalente al 64,1% del total de tierras adjudicadas entre 1954 y 2003. Las tierras que debían recibir familias campesinas pobres beneficiaron a jerarcas estronistas, militares, políticos, empresarios, narcos y otros amigos del poder colorado. Así, estos invasores VIP se apropiaron de casi 20 por ciento del territorio paraguayo que hasta ahora no se ha podido recuperar. Ante la pregunta de si existen caminos para lograr algún grado de justicia, aparecen tres estrategias, cada una con sus propias limitaciones: juicios del Estado para la recuperación de esas tierras, la expropiación y la ocupación. 

Demandas de recuperación de tierras pueden garantizar más impunidad a los invasores VIP

Hasta ahora, todas las demandas que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) en representación del Estado para recuperar tierras malhabidas tuvieron sentencias en contra. La PGR impulsó 35 juicios contra el Indert y adjudicatarios ilegales. Este mecanismo consiste en una demanda de nulidad de título, su cancelación en Registros Públicos y la reivindicación de inmueble, todo ante juzgados en lo civil. La PGR perdió cinco de estas demandas, lo que generó una deuda de casi 24 millones de dólares. A septiembre 2021, había 18 procesos abiertos; el resto de los casos se perdió por falta de acción.

Una de las causas que perdió el Estado es la demanda contra Roberto Rickli y Josías Rickli, ciudadanos brasileños a quienes el IBR adjudicó 1.249 hectáreas a cada uno entre 1973 y 1975, identificados en el informe de la CVJ. Las otras sentencias son los casos del general Humberto Garcete, general Alejandro Fretes Dávalos –responsable del Operativo Cóndor– y Rodolfo Scolari de Campos Morombi S.A., que le transfirió las tierras al político colorado Blas N. Riquelme. El quinto fallo corresponde al juicio contra María Victoria Ricciardi vda. de Cano.

Estas sentencias siguen un patrón de impunidad. El abogado Alberto Alderete, especializado en derecho agrario y expresidente del Indert en el gobierno de Fernando Lugo, señala tres argumentos en común que considera «absolutamente ilegales»: la prescripción del acto de nulidad de título, falta de legitimación activa de la Procuraduría y la buena fe de los demandados.

Sobre la prescripción, explica que tanto la adjudicación y la titulación de estas tierras son nulas porque fueron hechas en violación de la ley del estatuto agrario, por lo tanto, no prescriben porque nunca tuvieron validez. 

Respecto a la falta de legitimación activa de la Procuraduría, señala que este argumento contraría la propia Constitución, que establece que el procurador tiene como deber y atribución representar y defender los intereses patrimoniales de la República. Y las tierras malhabidas lo son. 

En cuanto al tercer argumento de que los demandados actuaron de buena fe, el abogado recuerda que las leyes son de cumplimiento obligatorio desde el día siguiente al de su publicación. Ningún habitante puede violar la ley alegando su desconocimiento. Había una ley de estatuto agrario que prohibía esas adjudicaciones, por tanto, su conocimiento era obligatorio.

La única demanda que ganó el Estado fue en 2009 cuando recuperó las calles que Freddy Stroessner, hijo del dictador, cerró para construir su mansión en Trinidad, Asunción. Este inmueble no figura en el informe de la CVJ, que se centra en tierras rurales. Pero hasta ahora, asuncenas y asuncenos aún no pueden recuperar 12 plazas invadidas por seccionales coloradas que el arquitecto Iván Gayoso identificó en una investigación.

Alderete considera que la Procuraduría no debe presentar más demandas de nulidad de título hasta revisar las sentencias en contra. Advierte que un par de fallos más puede sentar jurisprudencia: «Si bien en nuestro ordenamiento positivo la jurisprudencia no obliga a los jueces a actuar de esa forma, sí es una fuente, una referencia que pueden tener en cuenta».

La expropiación de tierras malhabidas: un mecanismo que exige consenso político

Ante las trabas judiciales, el abogado Alderete plantea una alternativa que considera posible y rápida para recuperar las tierras malhabidas: la expropiación de las 35 propiedades demandadas a través de leyes del Congreso. El punto en contra es que este mecanismo contempla indemnización al propietario, que recibirá un pago por tierras que obtuvo de forma ilegal.

Según Alderete, una salida a esto es fijar un monto de indemnización del mismo precio que el beneficiario ilegal pagó en el momento de la adjudicación. «Si en 1965 a 1970, el general Roberto Knopfelmacher pagó 500 guaraníes la hectárea, pues el monto de la indemnización será de 500 guaraníes la hectárea», dice.

El caso del general estronista es una de las demandas que impulsó la PGR. Y ejemplifica la reventa de las tierras malhabidas, que pasaron por al menos cuatro compradores. El informe de la CVJ señala que en 1982, el militar recibió 6.808 hectáreas en Eugenio A. Garay, Chaco. En 1986, Knopfelmacher transfirió el inmueble a Blas Prieto Ríos por G. 9.701.181; en 1993, Blas Prieto Ríos vendió a Horst Wessel Thielman Pender por G 45.000.000; en 2001, Horst Wessel Thielman Pender transfirió a María Espínola de Delgado por USD 200.000; y en 2005, María Isabel Espínola de Delgado transfirió a Paraguay Cattle Breeding Company INC. por USD 700.000.

«Con que esas 35 tierras demandadas sean expropiadas, creo que habrá un avance importante para que el Estado no deje en la impunidad este robo escandaloso de los bienes públicos. Un robo que fue practicado como una política de Estado», dice. Calcula que con la expropiación de esas tierras se podrían recuperar hasta 40 mil hectáreas.

El expresidente del Indert dice que para lograr ajustar la indemnización debe haber un acuerdo entre los tres poderes del Estado. Si se promulgan leyes de expropiación con esas indemnizaciones, los demandados pueden plantear una acción de inconstitucionalidad y de vuelta, otro revés en el Poder Judicial.

El caso Antebi Cué es ilustrativo. En 1995, el Estado expropió 224.000 hectáreas entre Concepción y Amambay de la firma Cipasa, propiedad de los Antebi; parte del mayor latifundio de la región oriental hasta fines del siglo XX. La indemnización fue de 45 millones de dólares y, hasta 2018, el Indert todavía debía por intereses cerca de USD 10 millones. Además, 35 por ciento de las tierras expropiadas no eran aptas para la agricultura familiar; porción que fue invadida por ganaderos.

Ocupar, única vía para recuperar tierras cuando el Estado ignora

«Las veces que recurrimos a la ocupación fue como medida de fuerza porque desde las instituciones nunca nos dieron una respuesta», afirma Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC). Desde su fundación en 1991, la organización logró recuperar mediante ocupaciones cerca de 300 mil hectáreas, que hoy están en manos de pequeños productores en comunidades «con un mínimo de desarrollo». Sin embargo, hay asentamientos que esperan su regularización hace veinte años o más. 

De alguna manera, no pueden huir de eso que el antropólogo Kregg Hetherington llama el «engaño de la institucionalidad» de la transición democrática. El autor de Auditores campesinos refiere que el concepto de tierra malhabida para los campesinos no está necesariamente ligado al historial legal de la propiedad, sino a una concepción sobre la injusticia de la distribución y utilización de la tierra. Mientras que en el discurso de la transición, tierra malhabida es una clara denuncia contra la corrupción, que sobre todo alude a la dictadura estronista. El investigador sostiene que esta es la narrativa que prevaleció, incluso reduciendo la idea de reforma agraria a la recuperación de tierras malhabidas sin hablar de una redistribución económica hacia la población campesina. Y socavando sus tácticas históricas más importantes.

Las ocupaciones han sido una de esas tácticas en la lucha por la tierra. Una lucha que no carece de víctimas. Varios de los asentamientos conquistados por la FNC a través de este mecanismo llevan el nombre de dirigentes asesinados: Crescencio González, Felipe Osorio, Arcenio Vázquez y Mariano Díaz. Ellos son parte de los 115 campesinos ejecutados entre 1989 y 2013 que documenta el Informe Chokokue. La investigación denuncia un plan sistemático de violencia estatal y paraestatal contra poblaciones campesinas, con el objetivo de forzar su desplazamiento y apropiarse de sus territorios. Violencia que llegó a su punto más alto en la Masacre de Curuguaty de 2012, en tierras malhabidas apropiadas por el colorado Blas N. Riquelme.

La ley Zavala-Riera, denominada así por los senadores que la promovieron y que elevó a crimen las ocupaciones de tierras, es otra arremetida en ese plan. Su promulgación se dio en medio de un particular recrudecimiento de la violencia contra pueblos indígenas. Solo hasta mayo de 2021, se produjeron desalojos forzosos y ataques de civiles armados contra 385 familias. Junto a campesinos, ejercieron una fuerte protesta en las manifestaciones contra la ley.

«¿A dónde creen que irán campesinos e indígenas? Se tienen que rebuscar. Ya hemos visto que van y forman un cinturón de pobreza alrededor de la ciudad, sin posibilidad de trabajo. Esa es la consecuencia del problema social que tenemos en nuestro país», dice Teodolina Villalba. 

Del silencio al negacionismo de las tierras malhabidas 

Cuando en 2008 la CVJ entregó su informe en ocho voluminosos tomos impresos a las autoridades, los hallazgos sobre tierras malhabidas pasaron prácticamente desapercibidos. Así lo recuerda el obispo emérito de Misiones y Ñeembucú, Mario Melanio Medina, quien presidió la comisión. «Toditos oñembolomo para que pase desapercibido», dice Medina. Los señalados en el informe hicieron como que nada ocurrió. 

Hasta que en noviembre de 2020, el senador de Patria Querida Fidel Zavala puso en duda la investigación de la CVJ. «Nos llamó y fuimos al Senado», cuenta el obispo. Varios senadores participaron de ese conversatorio, donde los ex integrantes de la comisión explicaron cómo hicieron el informe. En esos días, la discusión sobre las tierras malhabidas había tomado fuerza: el Mades denunció que Zavala invadió 115 hectáreas del Parque Nacional Ybycuí; mientras que su hermano aparecía entre los beneficiarios ilegales de tierras identificados por la CVJ, que luego revendió al Indert.

«Él no se conformó tanto porque quería invalidar la importancia de la tierra malhabida. Porque ellos compraron después esas tierras. Difícil es recuperar, pero podemos saber quién vendió. Zavala levantó la perdiz, ahora todo el mundo quiere saber sobre esas tierras. Imagínese que están diciendo que no hay tierra malhabida en Paraguay, que los desalojos son pacíficos y las ocupaciones violentas. Totalmente al revés», dice el actual presidente del Comité de Iglesias. 

A sus 82 años, el obispo lamenta que no se haya avanzado en el cumplimiento del lema de la comisión: «Anive haguã oiko», para que no vuelva a suceder en guaraní. Pero así como la CVJ se creó muy a pesar de la defensa de las élites al estronismo, considera que todavía se puede hacer algo. «Creo que vale la pena que esto no quede en el olvido. Lo importante aquí es la memoria histórica».

El 23 de septiembre, el Senado aprobó crear una comisión para estudiar los mecanismos de recuperación de tierras malhabidas identificadas por la CVJ; el mismo día que aprobó la ley Zavala-Riera que eleva a 10 años de cárcel las ocupaciones de tierras. El proyecto aguarda su tratamiento en Diputados.