Oligarquía

«Mi gabinete sería paritario. 50/50 hombres y mujeres»

Una entrevista con la diputada Kattya González, precandidata a la presidencia, sobre crisis climática, tierras malhabidas, impuestos y el debate sobre el aborto legal.

Reportaje Juliana Quintana · Edición Jazmín Acuña · Ilustración Lorena Barrios, Naoko Okamoto & Jazmín Troche ·

La voz de Kattya González es escamosa y segura. Se recibió como mejor egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Católica donde hoy enseña Derecho Agrario y Derecho Laboral. Publicó varios libros, el último se titula Cartas a Marito o la sordera del Estado burocrático (2020). Sus videos virales en el Congreso, cuando era Coordinadora de Abogados del Paraguay, la llevaron a la esfera pública. En ellos, protestaba contra la injusticia, la impunidad que, como lo expresó en varias oportunidades, «socava los cimientos del Estado». Hoy quiere ser presidenta de Paraguay. 

Kattya González entendió muy pronto que cuando el Poder Judicial es un circo, los recursos para hacerse escuchar pueden ser infinitos: desde cantar a los gritos, hasta escrachar con pelucas y carteles. En la función pública, como diputada por el partido Encuentro Nacional, continuó el trabajo que inició años atrás en los pasillos del Palacio de Justicia. Pero no fue fácil. Para exigir respeto y atención de sus colegas, en varias oportunidades, llegó a subirse sobre la silla parlamentaria y golpear la mesa con una zapatilla. En una ocasión, decoró un árbol de navidad con gastos del Parlasur.

Ha sido víctima de ataques y comentarios machistas en redes sociales donde la trataron de «loca» y «desequilibrada». No tiene miedo a ser clara pero, a veces, eso vuelve en forma de crítica como un boomerang. Habló con El Surti el día en que unas declaraciones suyas se volvieron polémica: «Estoy en contra (del aborto). Soy mamá de dos chicos», escribió, y la tribuna de Twitter estalló.

«Ya me metés otra vez tu tema de género», dice, entre risas, cuando le adelantamos los temas de la entrevista. 

Pero empecemos por la crisis climática. La criptominería tiene un importante desarrollo en Alto Paraná y Guairá. Detractores advierten sobre el alto consumo de energía y el impacto social y ambiental. ¿Cuál es tu posición? 

Eso es algo que tenemos que estudiarlo, porque no se trata de usar por usar nomás nuestra energía, sino dentro siempre en el marco de un plan maestro que sea estratégico. ¿Nos conviene más instalar esas industrias o nos es más favorable la renta eléctrica? La toma de decisión no es sí o no. Es analizar, ver las implicancias ambientales, pero por sobre todas las cosas, ¿cómo eso retribuye e impacta en la economía y en el trabajo? Porque tal vez haya otras industrias que nos puedan dar mayor mano de obra. Eso sin desconocer que pueda coexistir en algún espacio pero de ninguna manera estoy de acuerdo con que esa industria monopolice lo que significa el excedente de la energía.

El gobierno de Paraguay no firmó el Acuerdo de Escazú, ¿revisarías la posición si llegaras a la presidencia?

Hubo un primer compromiso del Paraguay que después se detiene por el lobby de un grupo muy pequeño. Creo que se le puso un estigma al tratado que hay que desmontar, analizar y debatir. Muchas veces la gente se queda en titulares, en negaciones, cuando en realidad no es así. Significa un avance en materia de derechos para ir construyendo el pensamiento colectivo dentro del Paraguay con temas que toca el tratado de Escazú. 

¿Cómo te posicionás sobre la construcción de más estaciones de servicio?

Definitivamente hay que parar con la construcción de estaciones de servicio. Tenemos alrededor de 2.350 estaciones de servicio a nivel nacional, somos el país de la región -y yo creo que del mundo- con mayor estaciones de servicio por cantidad de habitantes, algo que de por sí ya nos debería llamar la atención. 

Nosotros entendemos que esto debe parar de manera categórica y empezar a ver si estas estaciones de servicio no solo dañan el ambiente sino que ponen en peligro a la población. En cada cuadra hay dos o tres estaciones de servicio y eso es una locura. 

¿Qué hay detrás de esto? Lavado de dinero, hay un negocio que no entendemos, hay vasos comunicantes con el Estado. No se explica la cantidad para que sea un negocio que genere el lucro o rendimiento económico. Hay algo que no nos están contando y debemos averiguarlo. 

¿Qué pensás sobre aumentar los impuestos al agronegocio?

Ese es un tema que hay que estudiar, independiente a que nosotros tengamos una fuga de malgasto público cotizada en alrededor de mil seiscientos millones de dólares. A veces, eso representa el freno o la excusa para no debatir la matriz tributaria del Paraguay en temas como el tabaco, las bebidas alcohólicas o la soja. Pero nosotros tenemos que adaptarnos y entender que los impactos que las cosas ocasionan en el rubro deben ser objeto de debate. Nosotros tenemos que empezar a pensar en una matriz tributaria un poco más igualitaria. Pensar en un proceso de gradualidad y que el que tiene más, pague más. Pero, en contrapartida, hay demasiadas excusas que son, en realidad, cosas verdaderas que de por sí se utilizan mal. De la mano de la matriz tributaria debería estudiarse también todo el esquema de la burocracia pública y del malgasto público.

«Cuando el origen de un negocio con el Estado es espurio, no surte efecto jurídico»

¿Cuál es tu posición en relación a la ley Zavala-Riera que criminaliza las ocupaciones de tierras?

Nosotros votamos en contra de esa ley. Muchas veces creemos que convertir al Estado en un Estado policía representa la solución a los problemas sociales y eso no es así. Entendemos que hay cuestiones que tienen que ser objeto de un debate serio. Tenemos todo un problema catastral para empezar. Siempre se posterga su tratamiento. Paraguay es un país de dos y tres pisos por la superposición de títulos. Debemos tener un posicionamiento en cuanto al desarrollo rural. Debemos tener un plan con respecto a los latifundios improductivos y a la acumulación de tierras. Hoy las desigualdades en cuanto a concentración de tierras son de las más grandes de América. 

¿Y qué pensás del proyecto de ley que buscaba castigar con cárcel los cierres de rutas?

Tenemos una historia de mucho autoritarismo. Este tipo de herramientas pueden potenciar liderazgos autoritarios que utilicen leyes para enervar un derecho, que es el derecho a la reunión, a la manifestación, que está bien que se ejerza. Nosotros lo hemos hecho durante toda nuestra vida gremial y política. Mal hoy podríamos decir que estamos a favor de una legislación que implica una mordaza, un retroceso, implica rémoras de la dictadura de Stroessner. Y eso lo han vivido nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, ojo con utilizar este tipo de herramientas con el pretexto de proteger la libre circulación.

¿Estarías dispuesta a transparentar todos los ingresos, los donantes y los gastos de tu campaña?

Sí, no tenemos mucho (se ríe) pero estamos interesados en utilizar otra lógica de recaudaciones ciudadanas que permitan monitorear en línea. Ese es el sueño. En realidad, nosotros no tenemos ni grandes donantes, ni grandes aportantes y ni siquiera queremos tenerlos porque obviamente eso siempre se vincula a situaciones de tener que empeñarse. El precio es demasiado caro. Estamos bien como estamos.

Las tierras malhabidas, ¿cuál es tu postura sobre recuperarlas? 

Hay informes de la Comisión Verdad y Justicia para tener en cuenta a la hora de entender que hay títulos que son nulos y la propia Constitución establece eso. Cuando el origen de un negocio con el Estado es espurio, no surte efecto jurídico. No existe ese tema que tanto dicen de la buena fe, del tercero comprador o del saneamiento de esto ya en manos de los herederos y de los vendedores y de los compradores. Si no somos capaces de hacer un acuerdo sobre la manera en la que el Estado va a operar para reivindicar aquello que se ha adjudicado de manera ilegal y que vuelva a los sujetos originales – que son los sujetos de la reforma agraria – seguiremos dando vueltas en un círculo que no es virtuoso.

¿Qué mecanismos de recuperación de tierras plantearías?

Hay que dejarlo en manos de expertos. Yo creo que eso tiene que ser algo que la Procuraduría General de la República, como representante de los bienes del Estado, proponga. Pero hay que tener la voluntad política de hacer algo al respecto, y ese algo no se va a poder solucionar solo en cinco años. Esto tiene que ser de largo aliento pero con una planificación desde luego. Y en ese sentido, hay demasiadas cosas que se pueden hacer con respecto a estas personas que han accedido a tierras malhabidas. Los actos nulos no surten efectos jurídicos aunque hayan pasado mil años. Entonces, nosotros estamos protegidos en ese aspecto por la Constitución.

«Es una verdadera inmoralidad tener esta cantidad de pobres»

¿Qué pensás sobre la legalización de la producción de cannabis y su uso medicinal o recreativo?

Hay que comenzar a explorar mercados, opciones. Tenemos ejemplos como Canadá y otros lugares donde han utilizado a favor de la economía distintos aspectos del uso de la marihuana, tanto medicinal como también para combustibles y otras cuestiones que tienen que ser objeto de debate, de estudio y de un reposicionamiento de Paraguay con respecto a este tema. Sí te puedo decir que nosotros tenemos que reestructurar y repensar cómo estamos abordando el combate, entre comillas, a las drogas.

Tenemos el impuesto selectivo al consumo del tabaco más bajo al consumo de la región.  ¿Crees que la industria tabacalera debe pagar más impuestos?

Ya tomamos posición sobre el tema porque esto es algo recurrente. Nosotros somos el país con la menor carga tributaria, que no compensa los costos sanitarios que ocasiona el producto. Tenemos que ver todas esas repercusiones, además de lo que significa entrar en el derecho comparado, en el derecho regional. Somos un paraíso fiscal para este tipo de industrias tan dañinas. Lo hemos dicho en varias oportunidades y perdimos. 

El último informe del INE – Instituto Nacional de Estadística- refiere que en Paraguay hay cerca de 30 mil nuevos pobres. ¿Qué harías para revertir este aumento de la pobreza que se viene dando desde el inicio de la pandemia?

La desigualdad, la pobreza, la marginalidad, la exclusión, son temas que tenemos que abordar con políticas públicas. Es una verdadera inmoralidad tener esta cantidad de pobres. Más educación, más salud, más inclusión, más oportunidades son las grandes fórmulas para combatir la pobreza. Tenemos algunas experiencias exitosas que creo que se convirtieron ya en políticas públicas como las ayudas condicionadas. Hay que ver cómo podemos seguir potenciando eso. Un país con estas cifras de desigualdad puede llegar a representar un verdadero dilema ético.

«Hay que trabajar la prevención, porque todo lo que uno no previene termina costando muchísimo más»

Con la pandemia de la covid-19, el sistema de salud terminó de colapsar, pero también quedó demostrada la importancia de la salud pública. ¿Qué medidas tomarías para que acceder a la salud no dependa del bolsillo de la gente?

Hoy tenemos un sistema que actúa en compartimentos estancos donde, por un lado, tenemos al Ministerio de Salud, que está comprometido porque es un órgano rector y al mismo tiempo es prestador de servicios. Eso hay que independizar. Nosotros no podemos seguir teniendo ahí ese conflicto de intereses. Por otro lado, tenemos las municipalidades con los famosos consejos locales de salud y el IPS. 

La transformación pasa por unificar el sistema de salud, por separar lo previsional de lo sanitario que hoy representa una verdadera confusión en términos de prestación de servicios de salud en el IPS. Es una población prácticamente marginal la que accede al seguro del IPS. Sin embargo, tenemos un agujero en las cajas demasiado importantes. Son más de 3.400 millones de dólares que hay de déficit en esas cajas que son, al mismo tiempo, cajas de jubilación y también prestadoras de servicios de salud. 

En este tema nos basamos en el planteamiento del sistema uruguayo para iniciar la discusión teórica. Uruguay tiene un modelo mixto, la gente capitaliza y aporta y a partir de ahí el usuario es el que elige. Hay una prestación mínima garantizada que es la que debería estar garantizada a todos los paraguayos. 

También hay que trabajar la prevención, porque todo lo que uno no previene termina costando muchísimo más. A partir de las Unidades de Salud Familiar (USF) se hacen las grandes derivaciones. Está comprobado que un 80% de los problemas pueden ser filtrados por esas USF y el 20% que no -por la complejidad, por enfermedad, por estudios- se derivan a centros de alta complejidad. Hay que reestructurar todo. 

UNESCO recomienda invertir un 7% del  PBI en educación, ¿planeás aumentar la inversión a esta meta?

Sí, pero yo no reduciría el debate en la inversión nomás. Acá tenemos que pensar en la reforma. Hoy Japón está viendo otro tipo de diseño del sistema educativo en general. Toda la inversión tiene que estar vinculada a un plan, a una planificación importante que se dé en esos ámbitos, de lo contrario es solo dinero que se va a quedar ahí sin saber cómo usarlo.

«Yo no estoy a favor del aborto, creo que realmente eso ocasiona un mayor daño y no soluciona el problema de fondo»

El año pasado cerró con 53 feminicidios y 11 casos a abril de este año, según el Observatorio de Violencia de Género del Centro Documentación y Estudios. ¿Qué cambios propondrías para mejorar la calidad de vida de las mujeres y disidencias sexuales y de género en el país?

Tenemos que fortalecer nuestro sistema de protección, que es un entramado de instituciones que tiene que estar, en primer lugar, formado. Tenemos experiencia de mujeres que recurren a demandas por violencia doméstica, pero la policía le dice que no tiene personal y le indica a ella que lleve la notificación de exclusión del hogar. Imaginate la víctima confrontada con su propio agresor. 

Debemos tener, en ese sistema público de protección, la construcción de albergues y posibilidades de sacarle a la gente del circuito de violencia. Tenemos que pensar en educación, en la formación de nuestros propios operadores, en la contención, en las oportunidades y las alternativas. 

La violencia se vincula también con la parte económica. ¿Qué le ofrecemos a la mujer maltratada, a la mujer golpeada? En oportunidades, mucha gente se queda, sufre, padece porque no tiene cómo sostenerse y criar a sus hijos. Acá hay que hablar de políticas públicas para ver cómo logramos ese ensamblaje desde sus garantías, sus formas, su cosmovisión, su religión, entre otras.

La expectativa de vida de una persona trans es de 39 años. Esto es por la calidad de vida y las distintas violencias a las que se ven expuestas desde temprano. ¿Cuál es tu postura en relación con una ley contra toda forma de discriminación?

Acá no se trata de negar realidades sino de mirar al Estado en su rol tutelar. Nosotros tenemos que reconocer a todos, a los 7 millones de paraguayos en sus derechos, en sus decisiones y en ese sentido estamos categóricamente a favor de la protección de los derechos de todos. 

En países como Argentina se han sancionado leyes como la de identidad de género, que reconoce el derecho a la identidad autopercibida en el documento de identidad y en el acceso a la atención sanitaria integral de las personas trans. ¿Apoyarías una ley similar?

Acá hay un marco legal y constitucional que nos impide tomar medidas políticas, pero de ninguna manera esto implica ni invisibilizarles ni negarles, ni humillarles, ni discriminarles (a las personas trans), para nada. Nosotros tenemos un pacto político, social que habla de determinada concepción. Eso no significa que no se pueda cambiar. 

Debatamos, luchemos por cambiar las reglas de juego porque de lo contrario vamos a estar siempre en un debate que no va a conducir a lo que importa. Lo que importa es ejercer una protección integral y nosotros estamos a favor de eso. En realidad, hay algunos fallos interesantes que se están debatiendo. Creo que es importante  participar, entender y mirar de manera solidaria las distintas posiciones que hay y ver hasta donde aguanta nuestro marco jurídico. 

Una de las opiniones que más se le criticó en redes sociales tuvo que ver con una ley de aborto o interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es tu postura en ese sentido? 

Yo no estoy a favor del aborto, creo que eso ocasiona un mayor daño y no soluciona el problema de fondo. No significa que yo esté a favor de la criminalización del aborto, que es una cuestión muy diferente. Tiene que plantearse desde el punto de vista técnico, científico, jurídico, son varias dimensiones. 

Yo respeto las posiciones y reconozco que tengo que estudiar mucho más el tema porque a veces en el fragor de todo lo que uno hace cuesta ir tomando posiciones muy puntuales. Pero uno no tiene que eludir estos números que duelen hasta el fondo del corazón y tenemos que tomar decisiones en la medida que nos permita nuestra propia Constitución. 

Sí, como principio, estoy en desacuerdo con el aborto pero desde luego que siempre a toda regla hay excepciones que se dan en la medida de determinadas cuestiones que hacen a nuestra propia realidad. 

¿Qué opinás acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo?

La Constitución Nacional no habilita. Si vos me decís que hay una forma de habilitarlo, yo me callo, pero en este momento no hay. Entonces, hay un paso previo que hay que hacer para poder considerar pasos posteriores. Yo estoy dispuesta a debatir, a hablar, a contrastar porque esa es mi filosofía. Acá hay derechos que se tienen que proteger que surgen de esas uniones. Estamos hablando de derechos de propiedad, de derechos de un montón de cosas. Pero por el momento no se puede por nuestro marco constitucional.

¿Considerás importante la Educación Integral de la Sexualidad?

Más que importante. Negar eso es negar que nuestros hijos tengan acceso a la tecnología. Es negar un tema cotidiano en su mundo. Nosotros tenemos que formalizar eso, y que la información que reciban los niños no sea clandestina, no fiable, no científica, sino que venga del Estado como un debate serio, como parte de la formación de la integralidad del ser humano en un país donde los abusos de niños, niñas y adolescentes se cometen muchas veces en el seno cercano o familiar. Hay que decirle al chico cómo salir si le está ocurriendo esto, si no se sienten demasiado huérfanos y esos son estigmas ya irrecuperables. 

Algunos análisis en relación a la oportunidad en que Blanca Ovelar perdió en las elecciones de 2008 giraron en torno a que se trató de un «voto machista», ¿crees que en esta vuelta sería diferente?

Sí. La sociedad ha evolucionado un montón pero por sobre todas las cosas, los jóvenes que van a votar, que son más de un millón y medio de habilitados, dan cuenta de que toda la estructura del voto puede llegar a ser súper diferente y ellos están súper abiertos a una figura femenina. Ven otras cosas que la sociedad conservadora no tenía en cuenta y nosotros creemos que va a ser muy diferente. Tenemos esa esperanza.

Si llegaras a la presidencia, ¿tu gabinete sería paritario (50/50 mujeres y hombres) pero con una mirada inclusiva a las disidencias sexuales y de género?

No, un gabinete paritario: 50 mujeres y 50 hombres.

*La entrevista fue editada por propósitos de claridad.

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