Hacía calor el 2 de diciembre de 2022 en Ypané, una ciudad ubicada a 30 km al sur de Asunción. El guardia de seguridad Jorge Juárez llegó minutos antes de las siete de la mañana a su puesto en la tienda de neumáticos Sunset Cubiertas. Charló brevemente con su compañero del turno anterior y le preguntó si había pasado bien la noche o si hubo algún movimiento atípico. Parado con todo su armamento y el chaleco antibalas, empezó su rutina bajo el sol.

Juárez trabajaba para la empresa de seguridad privada Predetek S.A., que prestaba servicios a Sunset Cubiertas. Tenía un acuerdo de trabajo a tiempo completo, pero su jornada se extendía entre 12 y 14 horas diarias, también domingos y feriados cuando era necesario. Ganaba G. 2.860.000 al mes, unos G. 300.000 más que sus compañeros por haber aceptado un puesto considerado «de riesgo». Recibía cheques de G 500.000 cada semana hasta completar su salario.

Se acuerda bien de las 16:36 porque fue la hora que marcaba el reloj antes de que, como él dice, le arruinaran la vida. 

Un auto blanco polarizado ingresó con rapidez al estacionamiento del local de cubiertas. Juárez le hizo señas al conductor para que reduzca la velocidad. El auto se estacionó y descendieron tres hombres vestidos totalmente de negro. Uno de ellos le disparó dos veces en el brazo izquierdo. Juárez ya estaba en el suelo cuando otro se le acercó y le disparó dos veces en la mano derecha. Desde el interior del auto, un tercer tirador le disparó en la espalda. Mientras tanto, un cuarto hombre se quedó parado detrás del coche vigilando. 

Cuando llegó la policía, los asaltantes ya se habían ido. Un agente subió a Juárez a la patrullera y lo llevaron al hospital local de Ypané. Allí los médicos les dijeron que no tenían elementos para detener la hemorragia y lo derivaron al Hospital de Trauma. De nuevo lo subieron a la patrullera. En el hospital le pusieron morfina, pero tampoco tenían cómo tratar sus heridas. Se habló de amputarle el brazo.

«No va a aguantar hasta IPS», le dijo un empleado de Predetek a Gladys Ibarra, la esposa de Juárez. Pero ella se negó y exigió que lo trasladaran al Hospital Ingavi, la división de especialidades quirúrgicas del Instituto de Previsión Social (IPS). Hasta donde ellos sabían, Juárez era un asegurado.

«¡Traigan la camilla, la camilla!», gritaba el policía que lo acompañó en esa odisea. 
Lo subieron a la ambulancia y lo llevaron hasta Ingavi. Pero allí se enteraron de que el seguro que le descontaba la empresa a Juárez no le cubría todo. No les dieron más explicaciones que esa para negarle la cirugía en ese momento.

Los mecanismos para defraudar a trabajadores en nombre de la seguridad social

Latinoamérica es lugar de 19 de cada 20 crímenes violentos que ocurren en el mundo. El aumento de las empresas de seguridad privada en América Latina está estrechamente relacionado con las estadísticas de criminalidad y violencia en la región. En México, la industria de seguridad privada representa el 1,8% de su PIB. Siguiendo en el hemisferio, en Estados Unidos, veintiún estados no exigen ningún tipo de capacitación para los agentes de seguridad.

En Paraguay, los sindicatos del sector estiman que hay más de 60 mil guardias de seguridad, más del doble de la cantidad de efectivos en la Policía Nacional. Esta institución tiene registrada a 217 empresas de seguridad privada a nivel país. Sus trabajadores reclaman que, a menudo, las empresas les descuentan los uniformes, paquetes de datos del celular que usan para trabajar y hasta los reposos médicos. También la falta de pago por trabajo nocturno, domingos y feriados. Jornadas de 14 horas sin descanso, maltratos y despidos de quienes se atreven a sindicalizarse son otros lugares comunes de una larga lista.

Pero una de las principales denuncias de estos trabajadores es el incumplimiento del pago de aportes al seguro social de IPS. José Fleitas tiene 57 años y hace más de 15 que trabaja en Guardián S.A. Cuenta que desde hace cinco años la empresa de seguridad dejó de pagar a la previsional, pero les siguió descontando a los empleados.

«Si nosotros estamos enfermos, tenemos que recurrir a un centro de salud o sanatorio privado. Tenemos 17 compañeros que hace dos o tres años tenían que jubilarse y no pueden hacerlo por falta de pago de IPS», dijo.

Osmar Montiel es uno de ellos. Tenía que jubilarse hace dos años. Cuenta que trabaja dos semanas de día y dos semanas de noche cada mes, pero no le pagan el recargo del 30% por horario nocturno. Tampoco percibe el 100% de aumento por los domingos y feriados, como establece el artículo 234 del Código Laboral.

«Me gustaría que se pague el IPS para que mis compañeros tengan cobertura de salud. Toda empresa de seguridad, por requisito, tiene que tener un local propio y un personal asegurado. Ellos no cumplen y tampoco les hace cumplir el Ministerio de Trabajo y Delitos Económicos (de la Policía Nacional), que es el que habilita a las empresas de seguridad», manifestó Montiel. 

Pero el seguro social no es opcional. Las empresas tienen la obligación de poner en IPS a todos los trabajadores que están en relación de dependencia. Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas de IPS, dijo a El Surti que los guardias de seguridad aportan al régimen general de la previsional. «¿Qué es lo que le cubre al trabajador? Toda la protección social, atención médica, intervenciones quirúrgicas, prótesis y, además, ellos están aportando para su jubilación», describió. 

Lo que denuncian Montiel y Fleitas no es un caso aislado. Más de 40 trabajadores realizaron una demanda colectiva contra Guardián S.A. por incumplimiento del pago de IPS. Consultado por El Surti, Eduardo Daniel Agüero, abogado de Guardián S.A., aseguró que son más de 50 demandas laborales del personal de la empresa. «Después de la pandemia se habían suspendido los contratos laborales y demandaron”, justifica Agüero. 

El abogado reafirma que es falso que la empresa incumple el pago de IPS, nocturnidad y horas extra. Sobre los descuentos mensuales que sufren los trabajadores por el pago del uniforme, dijo: «Ellos están confundiendo con otro tipo de descuentos, ya sea llegadas tardía, marcaciones fuera de horario”.

Gustavo Juan Cardozo Leguizamón es el actual director de Guardián S.A. Su empresa tiene 42 licitaciones adjudicadas del Estado desde 2010. 

Además de la evasión de aportes a la previsional y de descontarles mensualmente lo que corresponde al seguro social, como denuncian los trabajadores de Guardián, hay empresas de seguridad que apelan a otros mecanismos. Por ejemplo, tienen empleados que cobran mensualmente y les hacen figurar como jornaleros o a destajo en IPS, como hizo Predetek S.A. con Jorge Juárez, el guardia baleado en un asalto al local de neumáticos que custodiaba. 

Su esposa Gladys Ibarra recuerda que en el Hospital Ingavi les dijeron que él figuraba como jornalero y que por eso no le podían operar hasta que su jefe le diera una autorización. «Yo llamé al señor Claro García (director de Predetek) y le dije que necesitaba que firmara los papeles para que él sea atendido y después no sé cómo hicieron», relató. Esa fue la última comunicación que tuvieron hasta que le dieron el alta. 

Jorge Juárez tuvo cuatro cirugías en 13 días. Tanto él como su esposa explicaron que fue la dueña de Sunset Cubiertas quien se hizo cargo de los costos de la operación y la medicación. Consultada por El Surti, la propietaria del local se excusó de dar declaraciones. Por su parte, el director de Predetek S.A., Claro García, en comunicación con este medio, dijo que le pagó ocho meses de salario a Juárez durante sus meses de reposo y que gastó ocho millones de guaraníes en los clavos para la cirugía, pero no facilitó ningún documento que respalde esto.

También contó que Predetek tiene pendientes ocho demandas laborales.

Sobre el aporte a IPS como jornalero o a destajo, la gerente de Prestaciones Económicas Vanessa Cubas explicó que las prestaciones de salud que les corresponde a los jornaleros son las mismas que a los trabajadores contratados, pero a los efectos jubilatorios no es lo mismo porque van a cobrar menos.

Guardias organizados denuncian que a los jornaleros, muchas veces, les niegan atenciones en el IPS, como las cirugías. Pero éstas y otras situaciones de injusticia y explotación laboral están muy lejos de desaparecer.

Despedidos por exigir sus derechos: «Trabajar como guardia es la esclavitud del siglo XXI»

Hace unos años los trabajadores de Guardián se comenzaron a organizar y, a escondidas, crearon el Sindicato de Guardias Privados Guardián S.A. (Siguprig), que fue reconocido por el Ministerio del Trabajo en septiembre de 2023. En noviembre, se movilizaron frente al Ministerio para denunciar el robo de los aportes a IPS. Cuando la empresa se enteró, desvincularon a cinco guardias de seguridad. Todos eran del sindicato. 

A Adrián Ruiz Díaz también lo despidieron de otro trabajo luego de que sus superiores se enteraran de una convocatoria sindical a través de sus estados de WhatsApp. Aunque la situación es recurrente, él y otros afiliados continúan su lucha por el reconocimiento sindical.

«Estas empresas cuando se enteran de que estamos formando un sindicato les despiden nomás a los dirigentes. Y recurrimos a la Justicia, pero como es lenta, al pasar el tiempo ya perdemos nuestro reconocimiento ante el Ministerio de Trabajo», dice Ruiz Díaz, secretario de conflictos del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada y Afines del Paraguay (Sintraspap).

Cuenta que trabajó dos años en una empresa de tecnología. Pero no adentro, en el estacionamiento del local. Le pusieron una caseta de plástico para dejar sus cosas, pero él tenía prohibido resguardarse ahí. Para ir al baño tenía que escaparse e ir a una estación de servicio que quedaba a una hora y media de su puesto. Los guardias de seguridad comen sentados en su silla, “como animales”, dice Ruiz Díaz.  

Para Horacio Galeano, secretario de actas del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada del Paraguay (Sintrasepp), el trabajo de los guardias de seguridad es la esclavitud del siglo XXI. «En nuestro calendario no existe Semana Santa, no existe 1 de mayo, vos tenés que cumplir. No hay ningún pago doble por esas fechas ni por trabajar los domingos. Tampoco los pagos por horarios nocturnos», reclama. 

La mayoría de las empresas de seguridad fueron multadas por el Ministerio de Trabajo a raíz de la informalidad laboral, señala el viceministro César Segovia. Explica que suelen ser multas millonarias, pero como el marco normativo del Código Laboral establece que las resoluciones de multa pueden ser apeladas ante el tribunal en lo laboral, muchas están en esa situación. Entre ellas, citó a SSP Security, Guardián S.A, Los Halcones, Andrómeda y Avispón. Las últimas tres también figuran con contratos estatales: 40 licitaciones adjudicadas entre 2010 y 2017 para Los Halcones; Andrómeda con 24 licitaciones entre 2010 y 2023; y Avispón con tres adjudicaciones entre 2010 y 2020.

La Ley N° 5424/15, que regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y bienes patrimoniales en el ámbito de la seguridad privada, establece en su artículo 67 que las relaciones laborales del personal de seguridad privada con las empresas se regirán por las disposiciones del Código Laboral y los reglamentos internos homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El Código Laboral entiende que la jornada ordinaria para casi todo el sector privado es de 8 horas (diurnas) y siete horas (nocturnas) diarias. Pero en su artículo 205 hace una excepción y explica que algunas personas quedan excluidas del límite legal de 8 horas y pueden trabajar hasta 12 horas por día. Entre ellos, se encuentran los serenos, vigilantes y otros trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que requieran su sola presencia.

A los guardias de seguridad que trabajan más de 8 horas les corresponde cobrar por horas excedentes. Esto variará si el horario trabajado fue diurno (entre las 6 a.m y las 8 p.m), nocturno (entre las 8 p.m y las 6 a.m) o mixto (de siete horas y media en periodos comprendidos en los horarios diurnos y nocturnos). Un guardia de seguridad que trabaja 12 horas cobraría su salario mínimo por las 8 horas de trabajo más el excedente de cuatro horas que se calcula sobre su salario. 

«La Ley te da la opción de que puedas trabajar hasta 12 horas, pero con el pago adicional. No es que por el salario de ocho horas vas a trabajar 12, de ninguna manera. El trabajador debe denunciar en situaciones que no se cumpla esa normativa», dijo el viceministro. 

El salario mínimo legal del trabajador del sector privado, que rige desde el 1 de julio de 2023 en las actividades escalafonadas y las diversas no especificadas, es de G. 2.680.373 (unos 363 dólares). Los guardias de seguridad no tienen remuneración especial, por eso, al igual que otros trabajos del sector privado, a partir de las ocho de la noche se les debe pagar un 30% por encima del salario ordinario fijado para el trabajo diurno y, si trabajan los domingos o feriados, las horas trabajadas deben ser pagadas con una recarga del 100%. 

Pero en la práctica, esto no ocurre. 

Un proyecto en el Senado plantea modificar la Ley de empresas de seguridad

Desde el 11 de marzo, la senadora por el Frente Guasu Esperanza Martínez lleva adelante la campaña «Que se cumpla la Ley» con la que pretende visibilizar la situación de precariedad laboral de los trabajadores de Guardián S.A. Junto con el sindicato de trabajadores de la empresa se movilizan cada lunes frente al edificio en Asunción ubicado en Tte. Alcorta 225, casi Tte. Ayala «hasta que sus derechos sean restituidos». 

«(Las empresas de seguridad) son como los mensú», expuso la senadora, «cada mes hay algo que se les descuenta a los trabajadores (…) Todo es un negocio para la propia empresa. Es la cuota, la capacitación, el carnet, el uniforme, el arma, la licencia que se necesita para ejercer el trabajo. La actividad laboral paga el trabajador. Encima, como no se paga el sueldo mínimo, es casi como transferir todos los gastos administrativos a las espaldas de los trabajadores».

En 2018, los entonces senadores Arnaldo Giuzzio, Arnoldo Wiens y José Manuel Bóbeda presentaron una modificación para la Ley N° 5424/15 con el objetivo de «mejorar el desempeño de las empresas contratistas y/o subcontratistas o trabajadores  al brindarle mayor certeza jurídica en sus relaciones laborales». Desde entonces, está en comisiones, en su primer trámite constitucional. 

«La modificación de esa ley no viene de los sindicatos, son los empresarios quienes llevan las propuestas de modificación», afirma Adrián Ruiz Díaz, de Sintraspap. «Esa Ley regula la prestación del servicio y los requisitos que deben tener los trabajadores. Del salario y beneficios no habla». 

La senadora Esperanza Martínez realizó varias mesas de trabajo y audiencias con representantes de las empresas de seguridad privada y con sindicatos de guardias para otro proyecto de modificación de la Ley N° 5424/15 que apunta a proteger y garantizar los derechos laborales de los guardias de seguridad. Con esto, buscan blindar derechos que ya están contemplados en el Código Laboral, como los pagos del 30% por horas de nocturnidad o como evitar que el costo de los uniformes u otros elementos recaigan sobre los trabajadores. Este proyecto aún no ingresó para su tratamiento en el Senado.

Empresas como Guardián S.A se enriquecen a costa de sus empleados con contratos que, en muchos casos, no les garantizan el salario mínimo, ni las horas adicionales, ni la seguridad social a sus trabajadores. Al respecto, el viceministro de Trabajo, César Segovia, señaló que buscarán instalar una mesa de trabajo con la Dirección de Contrataciones Públicas para un mayor control de estas proveedoras, que junto a las de limpieza, son las más informales y precarizadas.

El abogado laboralista Eduardo Pérez Avid lleva varios casos de demandas de guardias a empresas de seguridad por incumplimiento de la ley laboral. Opina que el grave problema es que, muchas veces, se crean empresas de seguridad, pero son de maletín, no tienen un patrimonio propio para responder a los reclamos de los trabajadores. 

«Esta es una responsabilidad que debe tener la Dirección contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros de la Policía Nacional, que es la que habilita, además del Ministerio de Trabajo», explicó.

Mientras los reclamos de los guardias caen en interminables “mesas de trabajo” que dilatan soluciones, personas como Jorge Juárez deben continuar con una discapacidad de por vida.

Quedó con una discapacidad permanente y debe sobrevivir con la mitad del sueldo mínimo

Pasaron dos años desde el asalto que dejó discapacitado al extrabajador de Predetek S.A., Jorge Juárez. La junta médica de IPS resolvió que por el daño permanente no podría reanudar sus actividades en el rol que antes desempeñaba. Recibió una jubilación y pensión temprana, y hoy tiene que sobrevivir a base de G. 1.400.000 mensuales.

Con su esposa pusieron un puesto de empanadas y sándwiches de milanesa, pero dice que no les va muy bien. «Sigo luchando, tengo mucha fe en Dios, en que se va a hacer justicia. No pido mucho, sino lo justo para vivir dignamente como vivía antes», reflexiona con un acento cordobés característico.

Juárez no puede cortar la comida ni prenderse el pantalón sin ayuda. El seguro de vida privado que dijo pagar el director de Predetek S.A. por sus trabajadores -una obligación establecida en la ley-, no le cubrió nada. 

Hasta ahora, no sabe qué seguro de vida pagaba Claro García.