Con tres fotografías de documentos para su perfil de Instagram, el ministro del Ambiente Ariel Oviedo festejó el 18 de junio de 2021 “la transacción más grande registrada” por el MADES en servicios ambientales. Son 1.800.000 dólares que la empresa Cecon pagó por los servicios ambientales de 5967 hectáreas de bosques para compensar el impacto de la construcción de la cementera “para actividades complementarias de la explotación minera”.

“Es una política emergente  en el desarrollo del país, que desea conservar sus recursos y dirigirse al verdadero desarrollo sostenible”, dijo Oviedo.

Pero en los documentos hay un pequeño detalle. Cecon, ubicada en Concepción y  del entonces Grupo Cartes, decidió comprar los servicios ambientales de bosques de Tabacalera del Este, del entonces Grupo Cartes. Bosques ubicados a cientos de kilómetros, en el norte del Chaco paraguayo.

Formulario que documenta la compra de servicios ambientales por parte de Cecon a Tabesa – Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Así empezó esta investigación que revela cómo el ex presidente de la República y actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, se pagó a sí mismo por compensar el daño ambiental de su cementera, considerada una “obra de alto impacto”. Lo hizo usando bosques que estaban en otro ecosistema, y sin estudios accesibles que puedan demostrar si había equivalencia entre el impacto en Concepción y lo protegido en el Chaco. Y lo hizo de manera legal, gracias a una resolución firmada por el ministro Oviedo en 2018 que derogó la obligación que tenían obras como la cementera de Cecon de compensar en la misma ecorregión donde generaba el daño.

El caso demuestra cómo una de las políticas más importantes contra la deforestación se vio corrompida por conflictos de intereses y el lobby empresarial y cómo en el proceso fueron beneficiados grandes propietarios de tierra por encima de las reservas a cargo de pueblos indígenas y las propias áreas protegidas del país. 

Esta investigación también documenta una nueva transacción millonaria entre Cecon y Tabesa, empresas que, según un informe de Seprelad, ya se encontraban en la mira por sospechas de lavado de dinero.

Compro bosque si le sobra

Para el MADES, Los servicios ambientales son, junto a la ley de deforestación cero en la Región Oriental, las dos principales políticas de mitigación al cambio climático, sobre todo en el Chaco.

Es un sistema creado en Paraguay bajo la Ley 3001 de 2006 y buscaba crear un mecanismo por el cual propietarios de bosques o ecosistemas de valor paisajístico puedan ofrecerlos por tiempo limitado en un mercado. A ese mercado deben acudir quienes por construir obras de alto impacto, como Cecon, o por deforestar ilegalmente, deban compensar su daño ambiental. La idea detrás es simple: quien contamina, paga. Quien conserva, cobra. 

El Ministerio del Ambiente creó un registro para esto. Tras varios años, el gobierno de Cartes le volvió a dar un impulso creando “tarifas” con costos de  compra de servicios ambientales por ecorregión en 2013. Por ejemplo, pagar por una hectárea de servicios ambientales en Alto Paraná cuesta casi cuatro veces más caro que una hectárea de bosque en la zona de Médanos del Chaco. En el caso de las obras de alto impacto, en teoría están obligadas a invertir sí o sí el 1% de su plan operativo anual. 

Se consideran obras de alto impacto no solo las cementeras. También prospecciones de petróleo y gas, construcción de caminos, obras de transmisión eléctrica, puertos e industrias que extraen agua subterránea o llevan efluentes a ríos como cervecerías, farmacéuticas y productoras de gaseosas, las cuales fueron notificadas en 2018. 

Pero fuentes cercanas al proceso en el Ministerio del Ambiente aseguran que estas industrias fueron eximidas de la obligación con la resolución 255/19 “tras un telefonazo” de empresarios a autoridades del MADES y una nota de la Unión de los Gremios de la Producción. 

Un mercado distorsionado

Cartes pudo pagarle a Cartes 1.800.000 dólares gracias a una resolución dispuesta por Ariel Oviedo el 28 de noviembre de 2018, que derogó el artículo que obligaba a las obras de alto impacto a comprar servicios ambientales “prioritariamente” en las ecorregiones donde estaban afectando. Sin ese requisito, Cecon, ubicada en el Cerrado, pudo compensar su daño ambiental pagando por 3 años los servicios de los bosques ubicados en tierras de Tabesa, a cientos de kilómetros y en otros ecosistemas, el Chaco seco y Médanos.

Documentación oficial del MADES confirma que bosques de Tabesa están en la zona de Chaco seco y Médanos.

Para el ingeniero ambiental Alan Martin, la derogación de este requisito se dio “por la falta de oferta de servicios ambientales en algunas ecorregiones, donde ya se deforestó casi todo, quedando escasas áreas boscosas”. Pero el ingeniero también cree que hubo demasiada desregulación. “Se podía reglamentar un poco mejor para hacer consideraciones pero no a lo que se llegó, donde uno puede comprar de cualquier ecorregión. Con esto se distorsiona el propósito, el valor, y con ello, el mismo mercado de los servicios ambientales”, dijo el ingeniero a El Surtidor. 

A la izquierda, la resolución de 2014 que obligaba a obras de alto impacto a invertir «prioritariamente» en ecorregión afectada. A la derecha, la resolución de Oviedo de 2018 eliminando específicamente ese requisito.

La derogación coincidió con la solicitud de una ONG cercana a organizaciones menonitas interesada en vender servicios ambientales al Ministerio de Obras Públicas, otro posible caso de influencia política y económica para torcer leyes ambientales. Un mes previo a la publicación de este reportaje, le consultamos a Cecon vía correo electrónico si es que hubo algún tipo de análisis que justifique la compra de servicios ambientales a Tabesa por encima de, por ejemplo, otras propiedades certificadas para servicios ambientales como son las áreas protegidas – que adolecen de falta de financiamiento para guardaparques – o tierras indígenas. 

También consultamos a la empresa si hubo algún tipo de análisis de equivalencia entre el daño que produce la cementera y explotación minera en Concepción con el ecosistema que protege Tabesa en el Chaco.

La empresa derivó nuestra consulta a Jazmín Motta y Dionisio González, del Departamento de Medio Ambiente de Cecon. Pese a nuestra insistencia,  ambos no han respondido hasta la fecha.

Esta transferencia millonaria entre Cecon y Tabesa también se da en el mismo periodo en el que ambas empresas, por entonces parte del Grupo Cartes, ya tenían sospechas de ser parte de un sistema de lavado de dinero, según el informe de Seprelad filtrado en 2022, previo a las sanciones financieras que recibió Horacio Cartes por parte de Estados Unidos . Estas sanciones hicieron que el expresidente se desprenda de sus acciones en ambas empresas en 2023. La actual dueña de Cecon es su hija, Sol Cartes, mientras que José Ortiz es el presidente de Tabesa.

Ganan los de siempre en la lucha contra la crisis climática

El caso de Cecon y Tabesa demuestra, en palabras del ingeniero ambiental e investigador Guillermo Achucarro, “un esquema hecho por y para los grandes propietarios de tierra”. Esto sucede desde el modo en el cual se calcula cuánto vale cada hectárea por ecorregión. 

Mientras que la ley original de servicios ambientales consideraba que podrían considerarse no solo bosques por su captura de carbono, sino también sitios que protejan cursos hídricos y sitios socioculturales como tierras indígenas, el cálculo creado durante el gobierno de Cartes de cuánto sale una hectárea por ecorregión se basa en cuánto recibiría un propietario si deforestara ese sitio para establecer en su lugar una actividad rentable como por ejemplo la ganadería. Además, el cálculo nunca fue actualizado en una década, por lo que no está ajustado a la inflación desde 2013.

Con esto se distorsiona el propósito, el valor, y con ello, el mismo mercado de los servicios ambientales – Alan Martin, ingeniero ambiental.

El sistema de servicios ambientales paraguayo, explica Achucarro, “legitima a quienes cuentan con el poder adquisitivo suficiente para pagar el precio que el mercado tase por sus daños ecológicos”, y termina beneficiando a grandes propietarios o los mismos grupos económicos que son responsables históricos de la deforestación en Paraguay. “Los latifundistas, por el simple hecho de que poseen mayor cantidad de tierras (…) tienen la posibilidad de conservar algún tipo de reserva boscosa”, explica el investigador en su último libro “Lo nuevo, lo viejo y lo actual: las falsas soluciones y una posible transición ecológica en un contexto de crisis climática en Paraguay”, publicado en marzo de 2023. En Colombia, por ejemplo, se buscó priorizar la compra de servicios ambientales a pueblos indígenas y pequeños propietarios campesinos en el marco de los acuerdos de paz de aquel país.

En su libro, Achucarro ya consideraba la posibilidad de una “auto compra” de servicios ambientales por parte de un grupo económico  como la que se demuestra en este reportaje con el caso de las empresas de Cartes.