El 6 de septiembre, la bancada de Honor Colorado incluyó en el orden del día del Senado un proyecto de ley que crea un marco jurídico nacional sobre mercados de carbono. El proyecto – una modificación de otro presentado por los senadores Patrick Kemper, Fidel Zavala y Sergio Godoy en el periodo legislativo pasado y a la que sumó su firma en este periodo la senadora Kattya González – fue impulsado tras una reunión de los senadores cartistas con el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto. Según el ministro, la iniciativa legislativa busca que el Estado paraguayo brinde “garantías tanto a inversores como a propietarios de carbono”, lo que permitirá  que “varios fondos internacionales puedan aterrizar en nuestro país”.

Pero detrás de la idea de que el Estado y productores agroganaderos reciban millones de dólares de los contaminantes del mundo a cambio de proteger los bosques que hasta hace poco buscaban deforestar, se esconden varios problemas. Un análisis independiente muestra que los cambios en el proyecto de ley propuestos por el gobierno podría crear una estafa al ambiente, donde bosques de Paraguay -que de por sí deben ser protegidos- serán utilizados por empresas extranjeras como las petroleras para justificar emisiones nuevas.

¿Qué son los mercados de carbono y cómo funcionan?

Los mercados de carbono son un sistema donde se compran y venden créditos para compensar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que son los que contribuyen a la crisis climática.

En teoría, es una transmutación de responsabilidades con un intercambio equivalente: el que emite paga y el que captura carbono cobra. Así, por ejemplo, quienes mantienen bosques -que capturan carbono a través de la fotosíntesis- pueden vender esa captura a quienes, en otro lugar, emiten carbono a la atmósfera quemando combustibles fósiles.

Hay dos tipos de mercados de carbono. Uno es el mercado regulado, que es el que se establece bajo el artículo 6 del Acuerdo de París y cuyo alcance y reglas se discuten en las Conferencias de las Partes sobre cambio climático, en las que participa Paraguay. Este mercado todavía no está definido, con discusiones que seguirán en la próxima COP28 en Dubái.

Luego están los mercados “voluntarios” de carbono, donde las reglas las ponen entes como Verra, una organización internacional que gestiona el mayor mercado voluntario.

En Paraguay están registrados al menos 13 proyectos en el mercado voluntario. La mayoría son eucaliptales, como Paracel, del grupo Zapag. Pero también proyectos de conservación de bosques nativos en el Chaco, como los de Atenil (Secta Moon), que estiman podrían recibir 300 millones de dólares por el carbono que capturan.

Compro bosque si le sobra

En general, los mercados de carbono tienen dos reglas principales. La primera y más obvia es que se debe calcular cuánto carbono se captura en un periodo de tiempo determinado para poder venderlo. 

La segunda regla es que, para poder vender el carbono capturado por un bosque, por ejemplo, se debe demostrar que ese bosque no está protegido o exigido por ninguna ley y que, por lo tanto, no se podría preservar sin el dinero del mercado.

A esto se le llama adicionalidad, y es importante, porque en teoría los mercados de carbono deberían servir para incentivar la mitigación adicional donde sale más barato hacerla. Esto no debería reemplazar la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles.

En la práctica, empresas, países y personas utilizan los mercados de carbono para “compensar” sus emisiones. Así, Taylor Swift podría equiparar lo que emite con sus vuelos pagando por un bosque en Paraguay en vez de tomar las medidas necesarias para dejar de emitir gases de efecto invernadero, algo urgente si buscamos evitar que empeoren los efectos de olas de calor e inundaciones que afectan a la economía y la salud.

Los mercados voluntarios son, además, muy cuestionados. Una investigación de The Guardian y otros medios en 2023 demostró que el 90% de los créditos de carbono de bosques registrados en el mercado gestionado por Verra eran una estafa: capturaban 20 veces menos del carbono que decían capturar.  El CEO de Verra renunció días después. Esos créditos servían para que empresas como Disney o Shell hagan promesas sobre su responsabilidad ante el cambio climático al restar con esos números falsos sus emisiones reales. Una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam encontró cuestionamientos similares, dónde un proyecto de Colombia usó un cálculo de deforestación 5 veces más alto que el oficial para justificar su adicionalidad, y un reportaje de cinco medios, incluyendo El Surtidor, documentó varios problemas en dos proyectos de eucaliptales en Paraguay  financiados con dinero público europeo y que están siendo contabilizados como “esfuerzos adicionales” en el plan nacional de mitigación. 

En nuestro país el impulso a plantaciones de eucaliptos como medida de mitigación es política de Estado. En la pasada COP27, el gobierno paraguayo estableció como prioridad los mercados de carbono, pero fue justamente el intento de incluir eucaliptales lo que suscitó el rechazo de organizaciones y países de este mecanismo, posponiendo la discusión para este año en la COP28 de Dubái.

Es a los mercados voluntarios donde ahora el cartismo busca acudir para vender el carbono que capturan los bosques y plantaciones de Paraguay.

Un esquema Ponzi ambiental

El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña y su bancada en el Senado consta de 26 artículos, tres más que el proyecto original. Crea un marco jurídico, definiendo conceptos, responsabilidades y obliga a que todos los proyectos de créditos de carbono en el país sean registrados ante el Ministerio del Ambiente, en teoría para evitar la doble contabilidad. También elimina todas las menciones al Acuerdo de París y el mercado regulado, dejando en su lugar solo el interés por los mercados voluntarios. 

El cambio más grave, sin embargo, está en cómo Paraguay medirá la adicionalidad. El proyecto original establecía que para incluir un bosque al mercado de carbono se debía demostrar que ese bosque no estaba de por sí protegido o exigido en alguna ley. Pero el cartismo eliminó esta obligación y amplió la lista de sectores que podrían vender créditos de carbono, desde agricultura y ganadería hasta energía.

Este cambio tiene una razón de ser: habilita al Estado paraguayo a vender el carbono de áreas protegidas, aun cuando su existencia es una obligación legal. También beneficia al agronegocio, ya que le permite vender el carbono de bosques que de por sí deben mantener, sea por la ley de deforestación cero en la Región Oriental o el 25% de reserva dispuesto en el Chaco. Esto último no está admitido ni siquiera en el actual sistema de venta de servicios ambientales, que de por sí es tan laxo que le permitió a Cecon – por entonces de Horacio Cartes – pagar por el impacto ambiental de la cementera en Concepción con un bosque en el Chaco de Tabesa, por entonces también de Cartes. Cuando se realizó esa transacción, el gerente ambiental de Cecon era Rolando de Barros Barreto, el actual ministro del Ambiente

Para Inigo Wyburd, investigador especializado de la organización Carbon Market Watch, este cambio elimina efectivamente el propósito de la adicionalidad que es beneficiar a medidas de mitigación adicionales a las que ya están requeridas legalmente. “La adicionalidad es necesaria. Es importante que se vea reflejado en el texto de la ley. Áreas que no están en riesgo de ser deforestadas no deben ser elegibles para recibir créditos de carbono”, concluye Wyburd.

La ley, como está planteada, podría crear créditos de carbono engañosos que en realidad no contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Se convertirán en permisos para que las grandes empresas en el Norte Global continúen emitiendo gases de efecto invernadero sin un intento real de compensación por esas emisiones en los mercados de carbono.

Durante la última semana, El Surti intentó consultar en tres ocasiones a representantes del Ministerio del Ambiente su opinión sobre este análisis. No obtuvo respuesta.

Existe además otro problema con el hecho que el financiamiento a áreas protegidas dependa del dinero de los mercados de carbono. Se puede generar un incentivo perverso para el Estado de no impulsar protecciones ambientales más robustas – por ejemplo, una ley de Deforestación Cero en el Chaco – buscando en su lugar mejores precios por los bosques “en peligro” de desaparecer.

El cartismo, además, agregó un artículo donde prohíbe que todo inmueble registrado como parte de un proyecto de carbono pueda ser considerado latifundio improductivo. También se establece que no podrá “ser objeto de colonización, reforma agraria o declaración de área silvestre protegida de dominio público”. Así obliga al Indert, MADES, Indi y otras entidades del Estado a desestimar “toda solicitud que sea contraria a lo dispuesto en este artículo”. 

La prohibición absoluta corre el riesgo de servir de blindaje a quienes tienen tierras malhabidas, que como en los casos de Marina Kue o Pindó, muchas veces se declararon como reservas privadas para evitar su recuperación por parte de organizaciones campesinas bajo la excusa de la conservación. El proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay.

Causa justa en manos injustas

Parte de la argumentación del gobierno de Santiago Peña para apostar por los mercados de carbono se basa en una realidad: los países desarrollados y empresas del Norte Global deben pagar por la crisis climática. Es también una realidad que tanto Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea  están incumpliendo sus propios compromisos de financiamiento a países como Paraguay, mientras siguen impulsando proyectos de combustibles fósiles.

Nuestro país necesita miles de millones de dólares tanto para proteger sus bosques como para hacer frente al impacto que olas de calor e inundaciones ya tienen – y que empeorarán – en nuestra economía, salud, acceso a servicios básicos como acceso a agua potable, navegabilidad de los ríos de los cuales dependemos para comprar y vender todo e incluso la capacidad de trabajar o no en determinados periodos del año.

Ante esta situación, y a falta de que se decida cuál será la posición de Peña en las negociaciones climáticas durante los próximos 5 años, la promesa de transferencia de fondos mediante mercados de carbono es atrayente. Pero corre el riesgo, como con el proyecto del cartismo, que Paraguay termine sirviendo de greenwashing para los mismos sectores y países a los que el país reclama en las COP.

El investigador Gilles Dufrasne incluso va más allá y argumenta que los mercados de carbono, como existen hoy, carecen de integridad por defecto. Dufrasne propone que el problema es el diseño mismo: la idea de que se pueda equiparar el carbono emitido en un lugar con el carbono capturado en otro está llena de variables donde las grandes empresas pueden hacer trampa.

El experto propone que “los actores en los mercados voluntarios deben promover la idea de que es una contribución a la acción climática, eliminando el concepto de compensación que implica un nivel irreal de medición”. 

En otras palabras, que empresas puedan seguir argumentando que ayudan en la lucha contra el cambio climático al invertir en proyectos que capturan carbono, sin que eso sea utilizado para “restar” sus emisiones. Este concepto es de hecho mucho más cercano a como el Acuerdo de París describe a los mercados de carbono: mecanismos voluntarios de cooperación.