Cuando Graciela López recibió la llamada del mayor de sus cinco hijos con la noticia de que había un allanamiento en su casa, todavía no sabía que su pareja, Carlos Medina, vendía droga. Vivía con él en ese tiempo. Al llegar, en la puerta se encontró con un hombre armado y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Adentro, la fiscal, Gilda Villalba, le dijo que recibieron denuncias de los vecinos. Los agentes incautaron 8,8 gramos de crack y un arma. Como la casa estaba a nombre de Graciela, tuvo que elegir entre que la detuvieran a ella o a su hijo mayor. No dudó en que la llevaran a ella. Terminó en la cárcel por tenencia y comercialización de drogas ilegales.

En una visita a la Senad, Carlos finalmente le confesó que vendía droga, pero que supuestamente no lo hacía en su casa. «Así como me metiste acá quiero que me saques», le contestó Graciela. Pero nunca la ayudó. Estuvo un año y ocho meses en el penal de la ciudad de Coronel Oviedo y luego pidió su traslado a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en la capital, para estar más cerca de su familia. Esperó cuatro años para tener una condena firme. Fue dos veces a juicio mientras sus hijos pasaban hambre y necesidad. Carlos, en cambio, no fue detenido.

El caso de Graciela no es aislado. Casi el 59% de las mujeres privadas de libertad fueron imputadas, procesadas o condenadas por el microtráfico de drogas ilegales. Es la principal causa de encierro de las mujeres en Paraguay. Las penas van de 5 a 15 años de prisión, en caso de tenencia. Además, según los datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), solo cuatro de cada diez tenía una condena firme en 2020.

Lejos de la narrativa del Estado paraguayo de lucha frontal contra los «grandes narcos», la política prohibicionista y punitiva llena las cárceles de hombres y mujeres en los últimos eslabones de la cadena de producción del narcotráfico. En el caso de las mujeres, a menudo están subordinadas, y aunque desempeñan funciones exentas de mayores responsabilidades, son de alto riesgo. En este mundo, cumplen muchos roles.

Son las cocineras. 
Las que esconden droga en sus cuerpos como mulas.
Las campesinas que cosechan la materia prima de las drogas en el campo.
Las halconas, las que vigilan las actividades de sus zonas. 
Las narcomenudistas que venden droga al por menor. 
Son las reclutadoras en las redes de trata. 
Son las buchonas o mujeres trofeo.
Son esposas y madres.

Todas son objetos. Las usan y las descartan.

Según un informe de Insight Crime, el encarcelamiento de mujeres en América Latina por delitos asociados al crimen organizado, en especial el narcotráfico, aumentó en la última década. Dante Leguizamón, ex comisionado del MNP, cuenta que en Paraguay, la mayoría son de barrios más marginalizados.

«Muchas veces, de entrada se las detiene a todas y hasta es una suerte de extorsión. Les dicen: “mirá tu mamá, tu abuela está acá. Así que decinos de dónde sacaste (la droga) o asumí vos la responsabilidad, por más que sea de tu novio”», explica Leguizamón.

Los jefes no pierden en el país que es mayor productor de cannabis de Sudamérica

Guillermo Garat, periodista y autor de Marihuana y otras yerbas: regulación y uso de drogas en Uruguay, sostiene que la economía informal de las drogas arrastra a muchas personas a la prisión. «Yo veo los boletines de la Senad seguido y están todo el tiempo poniendo mujeres solas con dos porquerías de nylon en una mesa, y las muestran como si se hubiera agarrado a un grupo subversivo que iba a desestabilizar al gobierno», opina Garat. También así la retrataron a Graciela en los medios cuando allanaron su casa. 

En el Buen Pastor, ella estuvo recluida con otras mujeres de historias similares, como es el caso de Paula. Desde una silla en el penal, con su voz suave y clara, cuenta el crimen del que la acusaron: tráfico internacional de droga. Cumple una condena de 12 años de prisión. Tiene 48 años y un hijo de 13 al que no ve hace 24 meses, desde que suspendieron las visitas por la pandemia de covid-19. «Cuando salga, mi hijo ya va a estar casi yendo a la facultad», dice con los ojos vidriosos. Hace cuatro años que está encerrada.

Paula vivía en Caaguazú, donde se dedicaba a alquilar terrenos y casas. En el 2014, le allanaron uno de sus inmuebles rurales en la Colonia de Katueté, un municipio del Departamento de Canindeyú, a 353 km de la capital. Al inquilino le encontraron 200 kilos de cocaína y le dieron 15 años de prisión. Y a Paula, el Ministerio Público la imputó por complicidad en 2020 por ser titular del inmueble. Pero según cuenta, no sabía que el inquilino traficaba. 

Se enteró de lo que ocurría el día en que allanaron la casa en Katueté. «A mí me terminan llevando porque tendría que haber tenido conocimiento de lo que allí ocurría», dice, refiriéndose a la fiscalía. «Yo confiaba en él, no esperé que hiciera esto. En todo momento fui muy buena gente con él para que venga a perjudicarme de esta manera. Sabe que soy una persona sacrificada y madre soltera. Pero ya pasó, ahora trato de sobrellevar mi día a día. Lo único que quiero es que esto termine pronto».

La Ley 1340/88 que «reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines», en los artículos 34 y 35 hacen referencia al empleo ilícito de bienes y habla de sancionar a los dueños de propiedades. De no denunciar, van presos por 6 años, y de guardar drogas en el inmueble, van presos entre 10 a 20 años. La misma pena se aplica a quienes faciliten medios de transporte para el tráfico de drogas.

«Esa ley tiene un problema muy grave», observa Leguizamón. «Primero, es una ley que se basa en la represión, tiene una pena muy alta, pero aparte de todo eso tiene un par de artículos que hablan del procesamiento o la posibilidad de sancionar a los dueños de las propiedades. Claro que eso se hace cuando hablamos de mujeres en el Bañado, no se hace cuando se encuentra en la estancia de Horacio Cartes». 

En 2003, la policía incautó 16.800 kilos de marihuana en el departamento de Amambay. En una primera versión, la droga se había encontrado en tierras del ex presidente Horacio Cartes, pero en una llamativa segunda inspección policial-judicial, la Fiscalía determinó que la marihuana se encontró a 450 metros fuera de los límites de su propiedad, en territorio de una comunidad indígena. El empresario tabacalero quedó deslindado de responsabilidades. 

En febrero de este año, Cartes fue acusado públicamente por el ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, de participar de un esquema de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos que comparte ruta con bandas criminales vinculadas al narcotráfico como el Primer Comando Capital de Brasil y otros. 

La Fiscal General Sandra Quiñónez abrió una causa penal al respecto, luego de que partidos de la oposición pidieran su destitución por inacción. La acusan de ser funcional a los intereses del empresario y político de la ANR. Los opositores dudan de que la investigación sea imparcial. 

Paraguay es el mayor productor de marihuana de la región y trafica más cigarrillos de contrabando que cualquier otra nación del hemisferio occidental.

La narcocultura, un fenómeno del narcotráfico que refuerza  la violencia machista

Cuando perdió su trabajo, Mirta, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, tomó una decisión que hoy le cuesta la cárcel. Hace cuatro años cumple una condena de once en el Buen Pastor por intentar transportar tres kilos de cocaína a Zúrich, Suiza. «Tomé una mala decisión. Algo que fue un impulso por la necesidad», dice Mirta. 

Al quedarse desempleada, un hombre le ofreció una oportunidad. Según ella, era un extranjero que se presentó como empresario. Por miedo, prefiere no nombrarlo. «Al comienzo fue solamente un viaje para que yo pueda conocer otros lugares. Después sí fue más profundo y, como me iban a pagar bien, dije que sí», explica.  

Durante 3 meses se encontró esporádicamente con él y viajó a Sao Paulo con todos los gastos cubiertos. Un día, le dijo que le iba a pagar 70 millones de guaraníes por un trabajo ocasional. «Él fue directo conmigo, me pidió que transportara droga a otro país. Yo solo tenía que cargar una maleta en el avión. La maleta pasaba por todo, pero como siempre, decían que estaba todo arreglado», cuenta. 

Pero no llegó a subirse al avión. La detuvieron en el aeropuerto Silvio Pettirossi y fue trasladada, primero, al penal de la ciudad de Pedro Juan Caballero y, después, al Buen Pastor.

Fajos de billetes, mansiones ostentosas, fiestas dionisíacas, lujos excéntricos, autos caros, celulares de lujo, mujeres preciosas y consumo desenfrenado de drogas y alcohol combinados con el derroche, la transgresión, la violencia, la corrupción estatal, la impunidad, las drogas y las armas. Esta es la promesa para quien ingresa al mundo del narcotráfico. Estos placeres pueden obtenerse rápido y con poco esfuerzo. Pero en este mundo, los hombres también reinan.

De acuerdo a Mónica González, fotoperiodista mexicana y colaboradora de proyectos especiales en A dónde van los desaparecidos, América Latina está atrapada en una burbuja de la figura de la narcocultura. Hay una mitificación de personajes conocidos del narcotráfico  que instalaron la idea que pertenecer al crimen organizado es símbolo de poder, de dinero y de tener una vida holgada y feliz.

«Aquí no hay una elección», explica González. «Hay un capo, ese capo domina, se ha armado en este proceso de pandillas piramidal donde hay subalternos que tienen diferentes capas de poder y todos estos hombres, en esta pirámide, tienen a sus mujeres subyugadas para trabajar. Algunas para él, algunas para reproducirse con él y otras para poder administrar su riqueza».

Ese es el papel que las mujeres fueron reproduciendo en todos estos años de Guerra contra las drogas, una política impulsada por Estados Unidos desde el gobierno de Richard Nixon en la década del 70 que se centra en atacar el consumo de sustancias psicoactivas y eliminar su producción. Pero lejos de erradicarlas, esta política tiene el mérito aumentar la violencia en las calles de los barrios de Latinoamérica, copar las cárceles del continente con poblaciones marginadas e históricamente discriminadas y engendrar una narcocultura que llegó para dar más armas letales, más poder y más dinero al patriarcado y para someter mucho más a todas aquellas mujeres que quieren oportunidades.

Pero también es cierto que las mujeres desafían la división sexual del trabajo en el narcotráfico. En el  Operativo A ultranza Py –un operativo de la Senad junto a la DEA de EE.UU., Europol y el Ministerio Público para desbaratar una estructura criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína a Europa y África– figuran los nombres de dos mujeres como prófugas y con orden de captura: Gianina García Troche y Marta Noguera.

Ambas podrían tratarse de colaboradoras. Es decir, mujeres que realizan trabajos que requieren un nivel de profesionalización más alto, como llevar las cuentas de las ganancias, organizar la logística de los envíos de droga y encargarse del lavado de dinero. Un ejemplo más conocido es el caso de Sandra Ávila Beltrán, «La Reina del Pacífico», quien dirigía los envíos de cocaína de Colombia a México, coordinaba las finanzas del Cártel de Sinaloa, establecía nuevas conexiones y lavaba el dinero.

De acuerdo al informe Mujeres y crimen organizado en Latinoamérica: más que víctimas o victimarias, aunque la participación de las mujeres continúa sin pertenecer a la élite del narcotráfico, en función de una división del trabajo que premia los comportamientos masculinos, comienzan a tener una mayor participación en el crimen organizado. 

*La identidad de las mujeres privadas de libertad fueron modificadas para el cuidado de su integridad y su privacidad.