Fenómenos
Futuros
Soberanas
Oligarquía
Coronavirus
Despacio Sonoro
Revista impresa
La estudiante paraguaya Aurora Lezcano se enfrentará a un juicio oral por ejercer su derecho a la protesta.
La estudiante de Derecho Aurora Lezcano, 28, está acusada de coacción por participar de las protestas estudiantiles de 2017 en la Universidad Católica de Asunción (UC). Estudiantes exigían la restitución de José Antonio Galeano como decano de la Facultad de Filosofía y la participación de todos los estamentos en el consejo de gobierno de la universidad.
«Sostengo que soy inocente porque no es éticamente correcto que exigir un derecho se pueda perseguir penalmente. En la dictadura te cagaban a palos, ahora te judicializan. Es lo que hicieron con Ernesto Ojeda, uno de los líderes de la toma del colegio Fernando de la Mora, al que llevaron a juicio, igual que a tantos dirigentes campesinos»
De los seis imputados inicialmente por el fiscal Eugenio Ocampos, cinco fueron sobreseídos. Pero Aurora no. Ella rechazó acogerse a la misma salida procesal que los demás porque implicaba declararse culpable. Incluso tuvo que pagar casi 11 millones de guaraníes por los honorarios del abogado de la universidad, Carlos Humberto Montalbetti Sapper, al perder una apelación. Su defensa había apelado la exclusión de una prueba muy importante: un cruce de llamadas entre Fiscalía, autoridades de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de la UC y Christian Kriskovich, abogado, docente y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Consejo de la Magistratura.
Aurora es la única que enfrentará juicio oral y público por las protestas en la Universidad Católica. El inicio está previsto para las 07:30 del lunes 7 de septiembre en el Palacio de Justicia de Asunción.
«Sé que peleo contra dos manguruyuses de la mafia y la corrupción: la jerarquía de la iglesia católica y el Poder Judicial. Pero no podría vivir conmigo misma sabiendo que les dejé pasar. No es correcto que ellos puedan hostigarle a quien quieran, acosarle a quien quieran y que no pase nada»
Como Aurora, otras universitarias también han sido víctimas de la arbitrariedad y la persecución judicial. Carol Wolf estudiaba Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA de Santa Rosa del Aguaray. En 2015, denunció por acoso sexual al profesor Gustavo Rodríguez Andersen. El médico fue imputado y más tarde sobreseído provisionalmente. Ahora, la causa se podría destrabar. El abogado Jorge Bogarín, representante legal de Carol, dijo que la Fiscalía presentó acusación contra el docente a fines de agosto 2020 y pidió cambiar la calificación de acoso sexual a coacción sexual en grado de tentativa, que tiene una expectativa de pena mayor. Esperan la audiencia preliminar para llevar el caso a juicio.
La estudiante de Derecho Belén Whittingslow denunció por acoso sexual al abogado Cristian Kriskovich, su profesor en la Universidad Católica. Belén reveló que éste le había mandado alrededor de 1.600 mensajes. Kriscovich es además miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La Fiscalía desestimó la denuncia al considerar que se trató de «una suerte de cortejo o galanteo» y más tarde pidió la captura de la estudiante por un caso de compra de notas en la universidad. La joven se refugió en Uruguay en 2019. Mientras, Kriskovich la demandó por daño a su imagen y le exige una indemnización de 450.000 dólares.
La joven Alexa Torres denunció por acoso sexual al sacerdote Silvestre Olmedo de Limpio, donde ella era catequista. Un tribunal de sentencia absolvió a Olmedo en agosto de 2020. Los jueces Hugo Segovia y Dina Marchuk reconocieron que el sacerdote manoseó a Alexa en la espalda y los senos, pero consideraron que no era acoso. Solo la jueza Leticia de Gásperi votó por la condena. Ahora, las abogadas de Alexa apelaron el fallo. Piden la anulación de la sentencia.
