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El 28 de junio de 2022, unos 500 policías desalojaron por segunda vez el asentamiento Zavala Cue de Tembiaporã, Caaguazú. Detuvieron a nueve mujeres y un hombre, la mayoría pobladores de la compañía San Jorge, una comunidad vecina. No formaban parte de la ocupación desalojada.
Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), cuenta que pobladores de San Jorge estaban en asamblea viendo cómo apoyar a sus vecinos de Zavala Cue cuando la policía irrumpió.
“Los policías atropellaron la comunidad, agarraron a las mujeres, les sacaron de sus casas, echaron puertas, desastre hicieron. Sabían bien que San Jorge le apoyaba a Zavala Cue, por eso les hicieron alcanzar”, denuncia.
Imputadas por invasión de inmueble ajeno, cuatro de las mujeres fueron enviadas a la cárcel de Coronel Oviedo y cinco a Villarrica. Bajo la ley Zavala-Riera, no hay medidas alternativas a la prisión. La mayoría de las encarceladas son madres. Según Villalba, a una de ellas “no le permitieron ni amamantar a su hijo”. Esta es la lista de detenidas al 5 de julio:
- Idalina Bernal Alfonso, 31 años, dos hijos y en estado de lactancia
- Liz Paola Fleitas Togue, 21 años, dos hijos
- Fanny Feltes, 24 años, dos hijos
- Nancy Estela Colmán, 34 años, tres hijas e hijos
- Alicia Bernal, madre de dos hijos
- Petrona Quintana, 49 años, madre de 12 hijas e hijos
- Gladys Penayo, 39 años
- Claudelina Benítez, 19 años
- Fanny Beatriz Martínez Cabañas
En el mismo operativo la policía detuvo a José Domingo Ayala. Y tres días antes del desalojo, Villalba denuncia que policías de civil apresaron a Francisco Alfonso en la comunidad La Victoria de Blas Garay. Francisco solo había visitado el asentamiento. Con ellos, suman once los encarcelados por el caso Zavala Cue.
Mientras, la comunidad campesina de San Jorge acogió a las 150 familias desalojadas de Zavala Cue, que se quedaron sin nada. “La policía dice que el desalojo fue sin violencia, pero quemaron sus carpas”, señala Villalba. También perdieron sus incipientes plantaciones de banana y mandioca, sus gallinas y chanchos.
La secretaria general de la FNC señala que los intervinientes no presentaron una orden judicial de desalojo. Por su parte, el comisario César Lara, director de la Policía de Caaguazú, declaró a medios que los policías cumplían «un oficio fiscal de aprehender o detener de acuerdo a la situación». La fiscala del caso es Rita Prieto.
Para que se dé un desalojo debe existir una orden judicial porque se trata de un procedimiento civil y no penal, explica el abogado especializado en tierra y derechos humanos, Abel Areco, en un artículo de Base Investigaciones Sociales. De ahí concluye que los desalojos ejecutados a partir de oficios fiscales son arbitrarios.
Desde hace dos años, las familias de Zavala Cue ocupaban parte de unas 1.700 hectáreas que estarían a nombre de los Hildebrand, propietarios de Cerealista Campo 9. Villalba dice que el asentamiento se llama así porque son tierras malhabidas por la familia del senador Fidel Zavala, que las revendió.