Un metro y medio es lo que separa de la pantalla a quienes miran a Esperanza Martínez por televisión, una distancia análoga a la que impone el prejuicio que hay detrás de la madre de todas las preguntas: ¿qué piensa de Venezuela? Como si ella, en sus 4 años como ministra de Salud, 9 como senadora por el Frente Guasu y 38 como defensora de derechos humanos, estuviera más preocupada por cómo gobernar ese país que por las necesidades de su propio territorio. 

A Esperanza Martínez no le perdonan ni que sea mujer, ni que sea progresista, ni que sea feminista. Se le llenan los ojos de lágrimas cuando recuerda sus tiempos de residente de medicina interna. Tenía el mejor promedio pero se había casado hacía unos meses, y unos profesores la citaron para preguntarle si se iba a embarazar. Tuvo que hacer una denuncia al consejo directivo para que le dieran el cargo. 

Su militancia empezó en la facultad de medicina. Frente a la Catedral, en el marzo paraguayo, asistió heridos con una red de médicos. Desde entonces fue: Esperanza, la primera presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos; Esperanza, redactora de los informes de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay; Esperanza en la dirección de la OPS; Esperanza, exigiendo salarios dignos en el Hospital de Clínicas; Esperanza frente al Ministerio de Salud, impulsando la gratuidad del sistema sanitario y la Atención Primaria de Salud. Esperanza en el Congreso y Esperanza en la calle, junto al campesinado, exigiendo la derogación de la ley Zavala- Riera. 

Hija del químico farmacéutico y dirigente del Partido Revolucionario Febrerista, don Benito Martínez, y de la migrante española, Mercedes Lleida, Esperanza creció, junto a sus seis hermanos, rodeada de libros, poesía, discusiones políticas y lucha social. 

En una segunda entrevista, El Surti se reunió con Esperanza para hacerle las mismas preguntas que a las demás precandidatas. 

Se ríe y dice: «Parece que vas a escribir un libro sobre mí».

Empecemos por la criptominería en Paraguay, ¿cuál es tu posición al respecto?

Nosotros estamos en contra de que se instale en este momento, por la cantidad de energía eléctrica que necesita y la poca capacidad de empleo que produce. Pensamos que deberíamos priorizar nuestra energía renovable para aquellos modelos productivos o industrias que, además de necesitar energía barata y que eso les dé valor competitivo, produzcan empleo porque ese es el gran déficit en el Paraguay. Si tuviéramos que elegir en qué utilizar la energía, el tema de las criptomonedas lo veríamos más adelante y priorizaríamos inversiones de alta calidad y de alto valor de empleo.

El gobierno de Paraguay no firmó el Acuerdo de Escazú, ¿revisarías esta  posición si llegaras a la presidencia? 

Sí, porque tenemos que priorizar todos los acuerdos internacionales y también a nivel nacional que ayuden a proteger el medio ambiente y a evitar que seamos objeto de política de otros países. Por ejemplo, envían sus desechos o instalan industrias, emprendimientos o inversiones contaminantes. Deberíamos tener como prioridad ser un país verde, agroecológico, que proteja su biodiversidad, su riqueza en todos los sentidos. Hoy eso está teniendo un valor estratégico en el mundo. 

Las sequías, los extremos de temperatura, las variaciones climáticas, como los granizos y tormentas, son producto de alteraciones de la biodiversidad. Finalmente, es un factor de riesgo que crea situaciones de inestabilidad en rubros muy importantes, en la economía como también el auto-sustento de la producción de alimentos, o la seguridad alimentaria en el Paraguay. Deberíamos, incluso, tener una política de reversión sobre aquellos que hayan hecho daño ambiental y hacer una política de recuperación. Por ejemplo, sabemos que la ley de deforestación está vigente hace varios años. A la par, hoy se puede mirar el avance de la deforestación y la destrucción del ambiente, en diferentes épocas, por Google. Uno puede tener posiciones de recuperación o restablecimiento de estas zonas dañadas.

¿Cuál es tu posición con relación a la construcción de más estaciones de servicio?

En primer lugar, hay que parar con este crecimiento descontrolado e irracional de estaciones de servicio que se tuvo en los últimos años. Pareciera que algunos sectores están ligados al lavado de dinero. No se explica que en cien, doscientos metros de diferencia estén 3 o 4 emblemas en una misma esquina. A veces, hay una en cada una de las esquinas y hay dos o tres emblemas juntos. Y no solamente ponen en riesgo al ambiente sino a la sociedad, porque ante cualquier accidente las personas que están en zonas cercanas urbanizadas podrían vivir una catástrofe, que ojalá nunca se dé. 

Deberíamos reglamentar, hacer un plan racional que permita, por lo menos, parar en este momento y negociar con todos los emblemas. Sobre todo, que no se siga implementando. Por otro lado, sobre la contaminación, el petróleo y todos los usos derivados del petróleo. Soy de la idea de que nosotros tenemos que pensar en cambiar el asfalto de las rutas por rutas excelentes. O sea, tenemos una reserva de cemento más grande en el mundo, para 900 años en Paraguay.

¿Qué postura tenés sobre aumentar los impuestos al agronegocio?

Nosotros tenemos una posición hace mucho tiempo sobre todo a lo que hace a la exportación de soja, mejorar y aplicar impuestos de tal manera a que éstos sean revertidos en favor de la agricultura familiar campesina. Existe una serie de proyectos que se vienen planteando pero no hemos reunido los votos necesarios para la aprobación de la ley.

¿Cuál es tu posición en relación a la ley Zavala-Riera que eleva las penas a las invasiones y ocupaciones de tierra?

Esa mirada que tienen los senadores promotores de esta ley de aumentar las penas, de criminalizar y de instalar el miedo o el amedrentamiento, de convertir en crimen es una manera de obviar el problema real de la tierra. Y este problema tiene que ver con la falta de democratización al acceso a la tierra, los grandes desplazamientos que el modelo económico agroexportador ha producido en la población campesina, la alta irregularidad en el sistema de registros y la adjudicación de tierras que se ha dado desde la época de la dictadura. Eso no va a solucionarse con la criminalización. 

El problema va a seguir allí, la gente seguirá en situaciones de confrontación porque el problema sigue. Nuestra posición es revisar el problema del acceso a la tierra, regularizar cuántos asentamientos hay por ocupación de hecho o porque incluso el propio Estado ya ha otorgado tierras. Hay asentamientos que tienen 10 o 20 años con escuelas públicas, caminos hechos por el Estado, servicios de salud, agua. Es decir, se ha invertido en esas comunidades, se las ha reconocido y por razones equis no tienen la titulación o esa titulación ha sido negociada con otros sectores. Entonces, actuamos con ellos como si fuera una invasión reciente y aplicamos el Código Penal, cuando lo que debe primar realmente es el Código Civil a través del juicio de reconocimiento de la propiedad tanto por la titulación como por posesión de la tierra.

¿Cuál es tu posición sobre la recuperación de las tierras malhabidas por el Estado? 

Yo creo que el gobierno que viene, lo primero que debe hacer es un gran catastro sobre la situación de la propiedad en la tierra en Paraguay y describir de manera científica y objetiva dónde están los problemas, las superposiciones. Hay distintos tipos de problemas, algunos serán de fácil solución, otros de mediana o compleja solución. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer un censo nacional de los asentamientos populares tanto del campo como de la ciudad. Hay que ver cuánta gente está viviendo en asentamientos urbanos y rurales, de cuánto tiempo y en qué condiciones para hacer el mapa de problemas. Hay asentamientos que han pagado todo, que están allí pero en realidad nunca se les dio títulos. Hay títulos de propiedades del INDI, el Indert o los municipios pero hoy están invadidos. Tenemos seccionales coloradas en espacios públicos. Bueno, eso creo que es un tema de fácil solución.

Estamos evadiendo la situación de falta de acceso de grandes mayorías de la población a un pedazo de tierra, a una vivienda, a un espacio de cultivo y de producción. Estas leyes no tienen ningún objetivo de solucionar los problemas de fondo sino que en realidad simplemente amedrentar con miedo y, sobre todo, en un país como el nuestro que vivió 35 años de dictadura y donde todavía la cultura del miedo está muy fuerte en el colectivo social.

Hay que hacer una cumbre de poderes y un acuerdo político de cómo encaramos esto, aunque sea de manera progresiva. Probablemente no podamos resolver a corto plazo un problema de  más de 60 años. Pero sí podemos primero diagnosticar, ver la magnitud, ver las condiciones y hacer un plan de intervención a partir de eso.

¿Cuál es tu postura sobre la legalización de la producción de cannabis para uso medicinal y recreativo?

Para Paraguay sería muy importante la legalización y la producción de la marihuana de uso medicamentoso. La mayoría de los estados en Estados Unidos ya lo han liberado. Hoy uno puede ir a comprar una torta de marihuana,  puede tomar bebidas, usar en la medicina y eso ayuda a descomprimir de manera importante todo lo que se teje alrededor de lo prohibido y lo que no es regular. Desde el lavado de dinero, el tráfico, la violencia, la criminalización de los más vulnerables de la sociedad, porque aquí los que caen son las mulas, los pequeños proveedores, los fraccionadores. Pero los grandes dueños del negocio están en su casa contentos y felices aumentando su riqueza dentro de esquemas de impunidad y de inseguridad en donde están involucrados todos los organismos del Estado, que es lo grave de todo esto.

Está demostrado que todas las políticas prohibicionistas de cero tolerancia son las que más daño generan. Así pasó con el alcohol. Por eso no hay campañas, a pesar de que yo soy médica salubrista, sabemos que prohibir el alcohol o las drogas, en su generalidad, más que ayudar, estimulan irregularidades como el tráfico y la violencia, porque termina siendo una cosa prohibida a la que los jóvenes se ven tentados.

Tenemos el impuesto selectivo al consumo del tabaco más bajo en la región. ¿Crees que la industria tabacalera debe pagar más impuestos?

Hace años estoy detrás de la ley de control del tabaco en todas sus facetas, no solamente el precio de las cajetillas que sabemos es una herramienta importante para evitar el acceso al primer cigarrillo. También la trazabilidad del tabaco para evitar el tráfico, la falsificación, el contrabando, uno de los problemas serios en nuestro país. Totalmente a favor del impuesto selectivo. Es una de las drogas que más daño produce en términos de salud pública. Somos el país que, en la región, paga un tercio de lo que pagan otros países. Somos el foco de introducir contrabando en otros países por los bajos costos de nuestra producción.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística refiere que en Paraguay hay cerca de 30 mil nuevos pobres. ¿Qué harías para revertir este aumento de la pobreza que se viene dando desde el inicio de la pandemia?

Hay medidas de contención, de urgencia como el subsidio del Tekoporã, de la tercera edad u otro tipo de subsidios que se dan a las familias en situación de vulnerabilidad. Estas medidas paliativas resuelven el problema urgente cuando hay hambre, cuando hay incapacidad de resolver cuestiones mínimas en las familias. Por otro lado, hay que trabajar en todo lo que sean las políticas de protección social. Nosotros tenemos que trabajar sobre un sistema público de salud de acceso gratuito. Tenemos que propiciar un sistema público de educación porque sabemos que es uno de los elementos estratégicos para introducir a las personas  al sistema de trabajo, para cambiar el modelo de producción y avanzar hacia una modernización tecnológica, de uso de conocimientos científicos.

Necesitamos salir del extractivismo que hoy caracteriza al Paraguay. Pensar también en medidas económicas que incentiven industrias o emprendimientos que produzcan trabajo para la gente. Y una última medida es pensar en un Paraguay descentralizado en políticas, que se puedan hacer por territorio y por población. Nosotros tenemos una propuesta de seis territorios en el país con su propia línea de base y de desarrollo para que las medidas de inversión, las medidas de generación de empleo, de sistemas de protección social lleguen a los 7 millones de paraguayos y no se concentren nomás en cuatro o cinco ciudades importantes.

Con la pandemia el sistema de salud paraguayo terminó de colapsar, pero también quedó demostrada la importancia de la salud pública. ¿Qué medidas tomarías para que acceder a la salud no dependa del bolsillo de la gente?

Tenemos que tenerlo como prioridad política y buscar medidas de inversión. Hay que colocar recursos para desarrollar el sistema de salud con esta mirada de territorio, de población, creando redes de servicio, desde lo más básico, que es la atención primaria de la salud, hasta lo más complejo, y necesitamos cambiar el modelo de gestión. Hoy el modelo paraguayo es el modelo de la década de los 70, de los 80, donde todo se resolvía en grandes hospitales. 

El acceso a la tecnología hace que el 80% de la medicina sea ambulatoria para hacerte un análisis, una radiografía, una consulta, una intervención pequeña como una fibroscopía, una operación de los ojos, etc. No necesitás un gran hospital de alto costo sino centros ambulatorios que funcionen desde la mañana hasta la tardecita o noche. No necesitan camas de internación, sino la complejidad de los medios de diagnóstico, de las especialidades de los médicos de familia, de tal manera a que la gente, de forma desconcentrada, tenga servicios cerca de donde vive y se prioricen todas las medidas de prevención en salud pública. 

Si nosotros hoy podemos controlar a los diabéticos, a los hipertensos, a las personas embarazadas, a los niños, y podemos hacer todas las medidas de prevención para que la gente no se enferme, bajamos los costos de los hospitales. Esto implica también medidas de protección social: transporte, medios de comunicación, acceso a la vivienda, acceso a la educación, a salud. Todo eso es parte del sistema de salud, no solamente la red de hospitales. 

Es ahí donde hay que poner los recursos. Hay que invertir en la salud pero, hay que cambiar el modelo meramente asistencial hospitalario por sistemas de protección, de prevención y de atención en redes de servicio. Hay que hacer una reingeniería.

UNESCO recomienda invertir un 7% del  PBI en educación, ¿planeás aumentar la inversión a esta meta?

Necesitamos, evidentemente, invertir más. Pero así como en la salud, no solo es más dinero sino invertir en todo lo que hace a recursos humanos: invertir en los trabajadores de la salud y la educación porque son ellos los protagonistas del cambio de cualquier sistema o cualquier reforma.

También hacer con la educación como debería ser la salud, territorial, desconcentrada y planificada. Deberíamos ver cuántos colegios, escuelas necesitan infraestructura y tecnología. ¿Cuál es el modelo de educación que necesitamos? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos? ¿Aquel que solo sabe leer, escribir, comprender un texto, recibir órdenes o queremos crear ciudadanos democráticos, con criterio, ciudadanos responsables con valores como la solidaridad, la justicia, la transparencia y la honestidad? Hay mucho que discutir con respecto a la educación.

La expectativa de vida de una persona trans es de 39 años. Esto es por la calidad de vida y las distintas violencias a las que se ven expuestas desde temprano. ¿Cuál es tu postura en relación a una ley contra toda forma de discriminación?

Estamos a favor de eliminar discriminaciones de cualquier índole. No debe haber discriminación por identidad, sexo, condiciones socieconómicas, culturales, étnicas. Cuando se habla de una ley de no-discriminación hablamos de cómo construimos una sociedad de convivencia, tolerante a todas las expresiones de la sociedad. Si logramos convivir con respeto y con dignidad hacia todas las personas, también estamos construyendo una sociedad de mayor bienestar, más democrática y más inclusiva.

¿Considerás importante la educación integral de la sexualidad?

El primer espacio de aprendizaje del niño o la niña es la casa, la familia, el entorno que tiene. Le puede dar o no protección, le puede inculcar valores o no y, ante las familias que no pueden cumplir con ese rol o que lo hacen inadecuadamente, está el Estado que debe velar por los derechos del niño. Es el espacio escolar el que complementa y supervisa esa calidad de la educación de los niños.

Hay que recordar que los abusadores en un 60, 70% son cercanos al entorno del niño. O es el padrastro, o es el papá, o es el abuelo, o es el tío o es el vecino, el primo. La mayoría de las veces está dentro del entorno cercano y el niño tiene que encontrar en la escuela herramientas para mejorar su autoestima, para saber qué es lo correcto o incorrecto con respecto al manejo de su cuerpo, de su sexualidad. Porque el abusador, generalmente, crea un vínculo en la mayoría de los casos de seducción con niños y a los chicos les cuesta diferenciar si eso que hacen está bien o está mal porque es alguien a quien, finalmente, le tienen cariño.

En estos días se discutió un proyecto de ley y salieron dos cosas importantes: el propio senador Riera pidió que se haga una declaración de una metodología que se utilizó en un momento dado para educar sobre el abuso sexual en los niños, muy reconocida internacionalmente. Pidió que se recupere esa metodología. Esto implica que sí es necesario educar. Tal vez haya miradas diferentes sobre alguna metodología o alguna manera de encarar el problema pero nadie puede dudar de que la escuela tiene el deber ético de ocuparse de esos problemas porque son los que afectan a los niños. Y por otro lado, son procesos dinámicos. Las metodologías y los enfoques cambian pero el concepto de la educación de la sexualidad como un elemento importante del desarrollo del niño y de la niña, para mí, es indiscutible.

¿Qué pensás de una legislación que permita la interrupción voluntaria del embarazo, o la unión civil entre parejas LGBT, o de exigir un cupo laboral para las personas trans?

Todos estos son temas en debate en la sociedad paraguaya. El plantear propuestas de ley se dará en la medida en que el debate avance en el país. Muchas de estas cosas no son permitidas ni siquiera por la Constitución. Estoy a favor de que todo esto sea debatido porque nada debe esconderse debajo de la alfombra y creo que las leyes tienen que ser protectoras de las personas. Pero, ninguna de estas leyes se aprueban si no hay un proceso social que sustente o que sea culturalmente mayoritario en la sociedad.

Si llegaras a la presidencia, ¿tu gabinete sería paritario? 50/50 mujeres y disidencias sexuales y género/ hombres.

Si depende de mí, sí. Si la gente es capaz, si reúne los requisitos. El acceso al trabajo es para todas las personas.