El mayor operativo contra el narcotráfico en Paraguay inició hace más de dos años y sacudió la política local al revelar cómo el crimen organizado ha penetrado lugares comunes como el fútbol hasta las más altas esferas de gobierno. Un diputado colorado, Juan Carlos Ozorio, y el ex ministro de Emergencia, Joaquín Roa, fueron procesados en el marco de este operativo conocido como A Ultranza Py. La justicia apunta al senador Erico Galeano como colaborador del esquema criminal investigado. Pero la acusación más reciente de la Fiscalía paraguaya muestra una faceta hasta ahora poco conocida del caso: el uso de una reserva natural en el Chaco para instalar una pista clandestina por donde se movían cargamentos de droga. 

Según la acusación del fiscal Deny Pak, el grupo liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset, ingresaba cocaína al territorio paraguayo a través de la Reserva Natural Cerro Cabrera – Timane, un remanente boscoso de unas 125.061 hectáreas en la región Occidental. El establecimiento está ubicado en el distrito de Bahía Negra, en el departamento de Alto Paraguay, a unos pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. 

Según la Fiscalía, entre 2020 y 2021 se registraron al menos 961 vuelos desde la pista en la reserva a diferentes puntos registrados en el esquema criminal montado, como empresas, establecimientos ganaderos y estancias. 

En la última acusación, el fiscal Pak asegura que el senador Erico Galeano facilitó las operaciones del grupo de Insfrán Galeano varias veces. Para Pak, el cartista inyectó al sistema financiero paraguayo los millones de dólares que el grupo recibía por la venta de drogas. También prestó su avioneta para trasladar varias veces a Marset, el líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU).

Los antecedentes de la mayor operación contra el narco en Paraguay

De forma oficial los operativos de A Ultranza Py arrancaron en febrero de 2022 con una serie de allanamientos simultáneos, pero la investigación se originó años antes. El caso que le da inicio sucedió el 18 de junio de 2020, cuando un cargamento de poco más de 1.000 kilos de cocaína fue decomisado en el puerto de Amberes, Bélgica, dentro de un contenedor que salió de puerto Seguro, en Villeta. 

Tras esta incautación, autoridades paraguayas, en coordinación con agentes de la Interpol, de la Policía Europea y agentes antinarcóticos de la DEA, hicieron un seguimiento a las conexiones de las empresas encargadas del cargamento de Amberes. 

Las autoridades lograron incautar otros 19.898 kilos de cargas de cocaína en distintos lugares. Las incautaciones se dieron en el puerto de Amberes; en el puerto de Rotterdam en Países Bajos; en una estancia llamada El Tigre en el Chaco paraguayo; y en un depósito de la Zona Norte de la ciudad de Fernando de la Mora. 

Todas las personas, empresas, puertos, importadores y exportadores que estuvieron de alguna manera involucrados con estas cargas fueron analizados para que, finalmente, se proceda a los allanamientos y al inicio de A Ultranza Py en febrero de 2022. 

Según la investigación, atendiendo al valor que tiene la cocaína en el mercado europeo, los cargamentos incautados estarían valorados en 433.500.000 dólares. La Fiscalía asegura que la pista ubicada en la Reserva Natural Cerro Cabrera – Timane fue una de las  principales rutas de acceso a Paraguay de gran parte de los miles de kilos de cocaína que movilizó el grupo criminal hasta Europa.

Otra reserva desprotegida por el Estado

La situación de la Reserva Cabrera no es novedad para el Chaco paraguayo. Al igual que otras áreas protegidas de esta región, la reserva no tiene protección adecuada. Si bien figura dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) desde 2001, El Surtidor pudo comprobar que no cuenta con guardaparques designados.

Elí Francisco León, director de áreas silvestres protegidas del Ministerio del Ambiente (MADES), explicó que la institución no tiene cubierto el área donde se encuentra la pista porque aún falta definir la mensura judicial para asegurar la titulación. Por esta razón no han intervenido en los operativos de la Fiscalía. El director también comentó que tienen identificada otra pista en el interior de la Reserva. Asegura que está inactiva desde hace 40 años y que el acceso a ella es imposible. 

Las áreas protegidas del Chaco no son las únicas afectadas por el narcotráfico. En julio de 2022, la SENAD informó de la destrucción de cuatro pistas clandestinas operativas en el Parque Nacional Paso Bravo, en Concepción. En febrero de 2024, en otro operativo, intervino una pista clandestina que estaba ubicada muy cerca de la Reserva Cerro Cabrera – Timane. Esa vez, los intervinientes decomisaron una avioneta y detuvieron a diez personas extranjeras que estaban en el lugar. 

Para el MADES, la Reserva Cerro Cabrera tiene como objetivo proteger y conservar una zona representativa de la ecorregión conocida como Chaco Seco, sus comunidades naturales y las especies que albergan.  

Como su nombre insinúa, en esta área protegida se forma un cerro – declarado por el Estado como monumento natural – que llega a su pico máximo a los 623 metros sobre el nivel del mar. La zona se destaca por sus praderas, elevaciones rocosas y la cantidad de especies endémicas (especies que solo viven en esa zona). 

Especialistas cuentan que allí se puede apreciar la mayor cantidad de poblaciones de tatú carreta (Priodontes maximus). También merodean jaguaretés (Pantera onca) o pumas (Puma concolor) como en el resto del Chaco.  

La Reserva Cerro Cabrera se encuentra en el núcleo mismo de lo que se conoce como Reserva de la Biósfera del Chaco, un área de 7,4 millones de hectáreas que integra, desde el 2005, la lista mundial de reservas de biosferas que la UNESCO reconoce como patrimonio natural.

Dentro de esta biosfera está el Parque Nacional Defensores del Chaco, el área protegida más grande de Paraguay, con unas 700.000 hectáreas. El parque tiene apenas cuatro guardaparques para cuidar el perímetro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recomienda que haya un guardaparque por cada 500 hectáreas como mínimo. El MADES admite que el país tiene solo 83 guardaparques para 2.446.769 hectáreas de áreas silvestres protegidas.