En las oficinas del Poder Judicial de Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro, era otro jueves rutinario más aquel 22 de septiembre de 2022 en que se publicó el AI N° 233, un documento de difícil lectura para quien no frecuenta el lenguaje leguleyo. Y, sin embargo, ese documento dio por terminada una causa judicial en una de las regiones más afectadas por la destrucción de bosques en Paraguay y selló, una vez más, una garantía de impunidad al acusado: Ulises Rodríguez Teixeira.  

El caso se remonta más de diez años atrás, a agosto de 2012, cuando un feroz incendio arrasó buena parte de los bosques de la estancia Paso Kurusu, propiedad de Teixeira, un empresario de nacionalidad brasileña que se asentó en el país a finales de la década de 1990 y que logró convertirse en uno de los mayores terratenientes en uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de tierras en el mundo. Teixeira también se hizo otro mérito: ningún otro empresario en su rubro tiene tantas denuncias en su contra o acusa tantas intervenciones estatales a sus fincas. 

La estancia en San Pedro se trata de un inmueble de 21.833 hectáreas. Paso Kurusu dobla en tamaño a Asunción, la capital de Paraguay, que tiene 11.700  hectáreas.

El incendio de 2012 no fue el primero en ese inmueble, pero sí fue el más impactante por sus proporciones. Crónicas periodísticas de la época relatan que cientos de bomberos y trabajadores de la estancia tuvieron que trabajar durante varios días para controlar el fuego. Los datos sobre la destrucción del bosque no son exactos, pero cálculos aproximados de las organizaciones Alter Vida y Base IS sugieren que el incendio alcanzó a 7.477 hectáreas de bosques y pastizales, un tercio del total de la propiedad. Este cálculo se hizo a partir de la cantidad de focos de incendio que identificó el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). El ente había registrado en San Pedro unos 125 focos de incendio, de los cuales 25 se dieron en la estancia Paso Kurusu. 

Los bosques que perdimos en el fuego

La estancia de Teixeira se encuentra dentro del territorio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), una parte de Paraguay que corresponde al Bioma Bosque Atlántico, una extensa masa boscosa que cubre 10 de los 14 departamentos de la región Oriental, extendiéndose hasta Brasil. Según especialistas, el BAAPA es una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el mundo. También es una de las más amenazadas. 

Los técnicos de Base IS y Alter Vida que recorrieron la zona del incendio en Paso Kurusu llegaron a la conclusión, con base en las evidencias que encontraron en el lugar, que el fuego que consumió casi el 33% del territorio de la estancia fue provocado. 

También según su informe, el 63% del bosque nativo que habitaba el inmueble se perdió. Hoy en día, casi todo Paso Kurusu se ha reducido a un desierto de soja y plantaciones. 

«Los bosques nativos de la zona de Teixeira eran el hábitat de nuestra ave nacional, el Guyra Campana, y también de la mayor especie de boa que tenemos en el país, el mboi ro’y«, dice el ambientalista Oscar Rodas, director de cambio climático de la organización WWF. 

Asegura, además, que varios trabajos de investigación que se hicieron posteriormente muestran que en los bosques arrasados en la estancia también había ejemplares de plantas nativas de incienso. 

Todo eso se ha perdido. 

Su dueño dijo que el fuego lo iniciaron personas ajenas a su empresa buscando invadir el predio. No era la primera vez que aseguraba algo así. 

Un prontuario de delitos ambientales

Ulises Rodríguez Teixeira llegó a Paraguay desde el estado de Paraná, en Brasil, donde su  familia ya tenía negocios en el sector agroindustrial, así como denuncias por delitos ambientales. Se instaló entre los departamentos de San Pedro y Canindeyú, en la frontera de la región Oriental del país, donde cientos de empresarios brasileños llegaron para dedicarse a actividades agropecuarias y han logrado acumular riqueza con tierras. Paradójicamente, ambas regiones también son territorio de las poblaciones más pobres del país y las que más bosques perdieron en los últimos años, a pesar de que allí rige desde 2004 la ley 2524, también conocida como ley de “Deforestación Cero”. Aunque el gobierno actual intenta instalar que la producción de estos territorios está libre de deforestación, según datos de el propio Instituto Nacional Forestal (INFONA), se han deforestado unas 21.773 hectáreas de bosques entre 2017 y 2022 en San Pedro, mientras que en Canindeyú, en ese mismo periodo, se arrasaron 17.625 hectáreas. 

Rodríguez Teixeira tiene al menos ocho estancias entre estas dos localidades, de acuerdo a registros catastrales. La organización “De Olhos Ruralistas”, un observatorio del agronegocio de Brasil, asegura que él y su familia se ubican en la sexta posición como los empresarios brasileños con más tierras en Paraguay. Su negocio se centra en el arrendamiento o alquiler de tierras. Además de Paso Kurusu, el empresario es propietario de La Suiza, Lapacho, Aparay, Urtigao, Yvypora y Santa Teresa, que suman poco más de 51.000 hectáreas. La empresa madre que opera entre estas estancias es XT Paraguay, que maneja con su familia. 

A estas siete propiedades sumó una última adquisición en 2022: la estancia Ciervo Verde, de unas 7000 hectáreas, ubicada casi al lado de la estancia Paso Kurusu, en Santa Rosa del Aguaray. Ciervo Verde alberga, quizá, el último remanente de bosque de la zona del BAAPA. 

Las empresas de Teixeira están vinculadas con sus estancias, y estas, indefectiblemente, a problemas por delitos ambientales. Entre 2010 y 2023, el Ministerio Público registró ocho investigaciones contra sus empresas por delitos relacionados con la tala, la deforestación, el uso de la tierra y otros tipos de violaciones ambientales. En ese mismo periodo, el MADES abrió 22 investigaciones, de las cuales 14  fueron por posibles violaciones ambientales. Las restantes se trataron de inspecciones. También aparece en el INFONA, que de 2018 a 2023 registró seis intervenciones en sus estancias. Al menos cuatro casos se debieron a cambios no autorizados en el uso de la tierra y otros tres casos fueron por desmonte ilegal.

Ubicación de las propiedades de Ulises Rodríguez Teixeira en la región Oriental de Paraguay

Pero este largo historial de transgresiones no le ha impedido a Rodríguez Teixeira afincarse con holgura en el país. Comparte con miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), uno de los lobbys más poderosos del agronegocio del país.

Es dueño de un hangar cerca del aeropuerto internacional de Luque que, según su declaración de impacto ambiental, tuvo una inversión inicial de 725.000 dólares y una capacidad para almacenar una docena de aviones y helicópteros. Sus operaciones se extienden hasta los Estados Unidos. Junto a su familia registró en 2021 la empresa Teixeira International Investment LLC, según la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida. 

Quienes lo conocen aseguran que ha financiado campañas políticas de caudillos en la zona donde operan sus empresas. Las comunidades indígenas colindantes con sus tierras lo consideran alguien muy celoso de sus inmuebles. Pocas veces ha accedido a hablar con la prensa por casos de deforestación en sus estancias. Siempre ha logrado salir airoso de las denuncias en su contra, al menos cuando las investigaciones llegaron hasta el final. 

Multas mínimas o suspensión condicional son las resoluciones que le permitieron operar sin mayores problemas, pese a informes de los propios fiscales o de organizaciones ambientales que demuestran la destrucción de bosques en sus inmuebles. El incendio de la estancia Paso Kurusu no sería la excepción para Teixeira. 

No es país para la justicia ambiental

El 7 de mayo de 2018, seis años después de que el fuego arrase con más de siete mil hectáreas de bosques y pastizales de Paso Kurusu, el agente fiscal Néstor Narváez Dávalos presentó su noveno requerimiento de acusación contra Ulises Rodríguez Teixeira y Oscar Antonio Alderete Barrios – también imputado en la causa por ser administrador de la estancia – por el hecho punible de «transgresión a la Ley 716/96», que sanciona delitos contra el medio ambiente. En este caso, por tala y quema de bosques.

El 22 de septiembre de 2022 se hizo la audiencia en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santa Rosa de Aguaray. El juez a cargo fue Nelson Antolín Mercado, y el fiscal que atendió la audiencia fue José Alberto Godoy Blanco, que no está especializado en el área ambiental. 

Godoy Blanco dijo que, atendiendo la complejidad del caso, los años que acumulaba la causa, y como no era de su área de competencia, había resuelto adherirse a lo que solicitó la defensa de Rodriguez Teixeira, tras tener la venia del fiscal Narváez, que había iniciado el caso.

El juez aceptó cambiar la calificación jurídica de la investigación. 

De hecho punible previsto en el artículo 4 de la Ley 716/96 – que sanciona a quienes realicen tala de bosques o quema intencionada que afecten gravemente el ecosistema – el caso pasó a tratarse solo de un hecho punible del artículo 5 de la misma ley que sanciona a quienes eluden las obligaciones legales en mitigación ambiental. Esto permitió a los acusados tener sanciones menos severas.

Imagen aérea de El Ciervo, la última propiedad adquirida por Ulises Rodríguez Teixeira. Tiene 7000 has. aproximadamente y alberga, quizá, el último remanente del Bosque Atlántico de Alto Paraná.

El juez Nelson Mercado también resolvió, como segundo punto, hacer lugar a la suspensión condicional de procedimiento a favor de Oscar Alderete Barrios y Ulises Rodriguez Teixeira. Es decir, eliminó con esto cualquier posibilidad de que ambos acusados vayan a la cárcel. 

El juez dispuso que Teixeira deba al menos molestarse y presentarse de forma cuatrimestral en el Juzgado de Paz de Recoleta de Asunción y hacer lo mismo ante el Juzgado de Paz de Santa Rosa de Aguaray. En el documento judicial también se le instruye conservar al menos 250 hectáreas de bosques en la estancia Paso Kurusu. 

Como reparación social, el juez decretó que Teixeira done 300 sillas a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en San Pedro. Además, le obligó a pagar, también como donación, la suma de G. 150 millones (USD 20.600 aproximadamente) que debe distribuir entre G. 5 millones (USD 700)  y G. 15 millones (USD 2.700) a diferentes instituciones de beneficencia, hospitales, escuelas y colegios de varias zonas del departamento. 

Datos de mercado indican que el valor de arrendamiento que tiene la tierra en la  zona donde se ubica Paso Kurusu oscila, como mínimo, en 300 dólares cada hectárea por año. Solo con esta estancia, haciendo los cálculos más reservados, los ingresos por año pueden llegar a los 6 millones de dólares para Rodríguez Teixeira por el alquiler de las 21.000 hectáreas. Los G. 150 millones de donaciones que le impuso el juez como multa representan menos del 1% de esta cifra.  

*Foto de portada: Intervención de la Senad en una de las estancias de Ulises Teixeira. El propietario (centro de la foto) ordena la limpieza de plantaciones ilegales de cannabis. ABC Color.