Al mismo tiempo que Paraguay vive una nueva ola de incendios forestales, producto de la peor sequía en 80 años, la responsabilidad sobre quién debe prevenir y controlar fuegos sigue en discusión tras una ley aprobada por el Congreso en junio y promulgada en octubre de 2021 por el presidente Mario Abdo, con la firma del ministro del Ambiente Ariel Oviedo.

El proyecto fue impulsado por los diputados liberales Jorge Ávalos Mariño y Celso Kennedy y los colorados Colym Soroka, Tadeo Rojas, Hugo Ramírez y Pastor Soria – este último también firmante del proyecto que pretendía legalizar tierras malhabidas.

En esencia, la nueva ley elimina la obligación de crear la red de prevención y control de incendios – que de por sí nunca existió – y deja a cargo del Instituto Forestal Nacional (Infona) y su consejo asesor la obligación de definir, supervisar y evaluar la política nacional de manejo de fuego, crear los planes nacionales y regionales y determinar los criterios, las zonas y épocas en los cuales las municipalidades podrán dar permisos de «quemas prescriptas». 

También establece cuánto sale conseguir un permiso de quema en una municipalidad: 1 jornal (88 mil guaraníes) por quemas de hasta 20 hectáreas, 3 jornales (264 mil guaraníes) por quemas de hasta 100 hectáreas y 5 jornales (440 mil guaraníes) para superficies mayores a 100 hectáreas. La ley tiene un plazo de 6 meses que corre desde octubre para reglamentarse. Hasta entonces, todas las quemas del país son ilegales.

Todo esto sucedió gracias a los votos de ANR, PLRA y Patria Querida en Diputados, pese a la oposición del propio Infona y el Senado, que no logró la mayoría de dos tercios para rechazar la ley, y la ausencia de una audiencia pública que incluyera a organizaciones y expertos en el debate.

Según el abogado Víctor González, director jurídico del Infona, la oposición del instituto fue comunicada al Congreso cuando se trató el proyecto. En el dictamen de rechazo, Infona argumentó que la ley era «impracticable, ya que habla de que es el consejo asesor del Infona el organismo que regula la quema controlada sin tener la capacidad técnica, jurídica ni financiera para el hecho», de acuerdo a una respuesta oficial aparte del instituto ante consultas de El Surtidor.  

El consejo asesor del instituto hoy está compuesto por el MADES, el Banco Central, el Ministerio de Agricultura, el gremio de ingenieros forestales, la Asociación Rural del Paraguay y la Federación de Madereros, sin participación de sectores como el Cuerpo de Bomberos u organizaciones campesinas, ambientalistas e indígenas, lo que González admite que para la ley de manejo integral de fuego «es un problema» porque «el consejo se creó para otra cosa».

González además considera que la nueva ley «hace caso omiso a la competencia y funciones del Infona» que es «promover el desarrollo productivo y sostenible del sector forestal», puesto que «la mayoría de los incendios empiezan en pasturas, y luego recién se pueden trasladar a reservas o plantaciones forestales». El Infona ya tiene problemas a la hora de fiscalizar y abrir sumarios a incendios ilegales con mayor celeridad, admitió González al ser consultado sobre la cadena de omisiones del instituto en el caso de los fuegos y posterior deforestación identificados en la estancia del senador Fidel Zavala, y que fue intervenida un año después tras una investigación de El Surtidor.

Un aspecto positivo de la ley, según el director jurídico del Infona, es la prohibición de que las zonas forestales afectadas por un incendio que no fuera una quema controlada puedan ser utilizadas después «con fines productivos», es decir, para agricultura, extracción de madera, carbón o ganadería.

El peligro de que los municipios den permisos para quemar sin criterio

Ezequiel Santagada, abogado y director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), considera que es correcto que sea el Infona la institución a cargo de elaborar la política del país para prevenir y controlar el fuego. «Necesariamente, como toda ley, debe venir acompañada del presupuesto necesario para ejecutarla».

Santagada dice entender la oposición del Infona «porque la aplicación queda al final a cargo de las municipalidades y nadie quiere cargar con ese costo político». La nueva ley sigue dejando a cargo de las municipalidades dar los permisos. «Los gobiernos locales, en su gran mayoría, carecen de funcionarios capacitados para llevar adelante una tarea seria de prevención para evitar otorgar esos permisos» , subraya el abogado.

En promedio, el presupuesto de las municipalidades en Paraguay no pasa de los 2 millones de dólares anuales, no se sabe cuántos municipios tienen recursos humanos para la tarea y la falta de transparencia abre la posibilidad de que, del mismo modo que ocurre con las licencias de conducir, se emitan los permisos de quema sin aplicar los criterios científicos que el Infona debería indicar. La opacidad del financiamiento de campañas de políticos locales es otro factor que puede suscitar conflictos de intereses a la hora de perseguir faltas ambientales a nivel local.

Para Santagada, este problema se podría haber resuelto con un sistema de obtención de permisos online. «La ley sobre documentos y transacciones electrónicas aprobada en 2021 regula el expediente electrónico y también la nueva ley de procedimientos administrativos. A eso le sumás que cada autorización (de quemas) debería ser información pública para verificar cuando suceden incendios forestales como los que estamos teniendo hoy».

El director de IDEA sostiene además que aunque la ley indique que el Infona es el organismo de aplicación, el Ministerio del Ambiente también tiene potestad ante los incendios, «en sus declaraciones de impacto ambiental, el MADES dice que toda quema debe ser prescrita. Si es ilegal, es una violación a esa declaración y el ministerio debe intervenir». La administración a cargo de Ariel Oviedo está siendo sumamente criticada en el contexto de la crisis ambiental del país, y pese que en 2020 anunció que notificaría a propietarios donde hubo fuegos, un reportaje de El Surtidor demostró que simplemente se limitó a enviar una denuncia innominada ante Fiscalía.

Pese a su rechazo a la ley, el Infona señala que está trabajando en crear los criterios para aprobar las quemas prescriptas. «Mucha gente considera que sería más fácil prohibir directamente el uso del fuego» dice el director jurídico Victor González, «pero no es tan simple. Dependiendo del ecosistema, y sobre todo con esta sequía, las quemas controladas, responsables son necesarias para evitar que se acumule mata inflamable que ponga en riesgo a las reservas después». La política de supresión total del fuego terminó por empeorar incendios forestales en California, por ejemplo. 

Por supuesto «no es lo mismo un fuego en un ecosistema resiliente al mismo que un fuego en el Bosque Atlántico» dice González. Por eso considera que el mayor desafío del Infona es zonificar bien dónde, cuándo y cómo se puede hacer una quema en un país donde la tradición de usar el fuego para limpiar pasturas o ampliar la frontera agrícola persiste.

González pide que las organizaciones ambientalistas, indígenas y campesinas «se acerquen al Infona» para trabajar en cómo controlar los fuegos de un país que está empezando a acostumbrarse a las llamas.