En el auditorio del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, con 50 personas sentadas y paradas a salvo de la lluvia paraguaya que amenaza cualquier evento, y tras media hora de proyectar cómo mapeamos las 36 estaciones de combustible que la administración de Nenecho Rodriguez aprobó desde 2021 en Asunción, un montón de manos se levantaron.

Era septiembre de 2022 y hacía 3 días que publicamos una investigación que cruzó pedidos de información pública con licencias ambientales, datos catastrales, entrevistas con vecinos y vecinas y visitas a cada sitio de instalación de las estaciones de combustible para demostrar cómo la Municipalidad había aprobado de forma sistemática su construcción sin respetar distancias mínimas dispuestas. Esas distancias mínimas se habían establecido para proteger el agua del cual se abastecen tres millones de personas en Paraguay. Y también servían para proteger a la ciudad de la contaminación en el aire y reducir el peligro de incendios en los barrios. Pero la Municipalidad aprobó tantas estaciones – un promedio de dos por mes – que hoy la capital tiene más sitios para cargar gasolina que plazas.  Una presentación de la investigación se había dado un día antes en nuestro servidor de Discord junto a parte de la audiencia que había ayudado con tips e incluso datos al reporteo.

Presentación de hallazgos de investigación sobre estaciones de combustible en Asunción a la comunidad de El Surti – Fotografías: Gerardo Morínigo

Las manos levantadas eran tan variadas como quienes acudieron al evento organizado en conjunto con el colectivo Asunción Causa Nacional. Estuvieron allí vecinos de barrios afectados, académicas de la Universidad Nacional, militantes de partidos de izquierda y derecha, activistas ambientales, candidatos a diputados como Johanna Ortega y Ricardo Meyer. También estuvieron los concejales municipales Jazmín Galeano y Pablo Callizo. De cierto modo, se había gestado lo que en otros países puede ser más común, un  encuentro en el que autoridades y políticos locales debían escuchar y responder a las preocupaciones de sus electores.

Una de esas manos, al bajarse, trajo una certeza. “Ustedes nos dieron la información. Ahora nosotros tenemos que accionar sobre ella”. Es lo que hace la ciudadanía organizada desde entonces.

Pasacalles, manifestaciones y una propuesta de prohibir más gasolineras

En octubre, tres esquinas de la ciudad amanecieron con pasacalles que difundían hallazgos de la investigación. Eran puntos donde la Municipalidad de Asunción había otorgado la habilitación para instalarse a empresas como Enex y Petrosur. La iniciativa ciudadana no fue la única que se valió de nuestro periodismo para luchar contra la invasión.

En Trinidad, vecinas imprimieron nuestros afiches para concienciar a su barrio sobre el peligro que significaba un proyecto de estación de combustible de Fuelpar en el predio de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. La unión entre ingenieros y vecinas logró evitar que se construya. En el barrio Lomas también se gestaron  manifestaciones que llegaron a los noticieros en noviembre y prosiguen hasta ahora.

La presión de la gente también atravesó el silencio en el que estaban hasta entonces instituciones como la Corte Suprema de Justicia, que había otorgado medidas cautelares a favor de emblemas, y la Municipalidad de Asunción.

Pasacalles denunciando los sitios donde la Municipalidad de Asunción habilitó la construcción de nuevas estaciones de combustible – Juan Carlos Meza / Fotociclo

Tras una reunión con los concejales que participaron del espacio donde presentamos la investigación, el ministro Victor Ríos se comprometió a votar para derogar las medidas cautelares en la Corte Suprema. Luego de haber vetado en 2021 un intento de la Junta Municipal de restablecer las distancias mínimas, y de haber mentido sobre la instalación de una gasolinera en la Costanera, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez presentó en diciembre una nueva propuesta de ordenanza municipal que restablecía unas distancias mínimas entre estaciones de combustible. Pero éstas distancias eran menores a las distancias originales y  además liberaba de esta obligación a todas las estaciones de combustible que había aprobado desde 2021.

En su última sesión del año, la Corte dictaminó – con voto de Ríos – a favor de las medidas impulsadas por las gasolineras, priorizando el lucro en nombre de la “libertad de competencia” por encima del derecho constitucional a un ambiente sano. 

Vecinos de Lomas volvieron a manifestarse en enero y junto a vecinos de los barrios San Vicente, San Pablo y Herrera lograron que el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, envíe  una nota de reclamo al Ministerio del Ambiente, la Corte Suprema de Justicia y la Municipalidad de Asunción por la expansión de estaciones de combustible en marzo de 2023. En su nota propuso crear una mesa de diálogo con las organizaciones vecinales. 

Emilia Vera, vecina organizada en el barrio Lomas, dice que la proliferación de las estaciones “es un atentado contra la vida”. Vecinos del Barrio San Pablo se manifiestan contra una 3MG y una Enex documentadas en nuestra investigación, mientras que vecinas del barrio Herrera fueron ninguneadas por la Municipalidad y el MADES cuando pidieron datos sobre una nueva construcción. Identificaron que pertenece al emblema Petrobras. Al mismo tiempo, el ingeniero ambiental Giuliano Cariboni propone crear un protocolo de “control ciudadano” con vecinos para realizar controles periódicos a las gasolineras.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia no anuló la lucha en materia legal. Aparte de la mesa propuesta por la Defensoría del Pueblo, vecinos analizan la posibilidad de presentar algún tipo de proyecto de ley a través del mecanismo digital de iniciativa popular que fue instalado recientemente y que permite a la ciudadanía proponer proyectos de manera más ágil. Además, en febrero el concejal Pablo Callizo presentó un proyecto de ordenanza que prohíbe la instalación de nuevas estaciones de combustible en Asunción. El proyecto cita casos de otras ciudades reportados por El Surtidor, como Sonoma en California – donde el gobierno municipal logró prohibir la instalación de nuevas estaciones de combustible bajo los argumentos del impacto climático y en la salud que producen –  y se basa en datos revelados por el medio. “El proyecto tiene el apoyo de más o menos 10 concejales”, dijo Callizo al ser consultado. “Habría que ver cómo convencer a los 14 restantes que son colorados. La presión es clave”.

El concejal se mantiene abierto a la consulta de vecinos sobre su proyecto. Tal cual como se encuentra ahora, permitiría seguir operando a las gasolineras ya instaladas en la ciudad, pero con la prohibición de ampliar su infraestructura para aumentar provisión de cada estación de combustible.