Cuando asuma la presidencia de Paraguay el 15 de agosto, Santiago Peña no será recibido de la manera más sencilla.

El ex ministro de Hacienda se hará cargo de un país que en 2022 sufrió una contracción económica como consecuencia de su peor sequía en casi 80 años; un país que ha sido declarado en emergencia nacional dos veces en los últimos cinco años debido a los incendios forestales; un país cuyo principal río, el Paraguay -la ruta comercial para todo lo que vende y compra- ha superado dos veces su nivel mínimo histórico en los últimos tres años; y un país en medio de una crisis sanitaria silenciosa pero generalizada, ya que las olas de calor impulsan la propagación de enfermedades como la chikungunya.

El Partido Colorado, la fuerza dominante en la política paraguaya que gobierna casi ininterrumpidamente desde hace 75 años, también consiguió la mayoría en ambas cámaras del Congreso del país.

Según Camilo Filártiga, docente universitario y máster en ciencias políticas, Peña tuvo éxito porque «logró unificar y disciplinar el voto partidario y plantear un discurso eficaz, tradicional y conservador», frente a la «incertidumbre» que ofrecía la coalición Concertación y su candidato, Efraín Alegre. Así, la ANR, con el 43% de los votos en una elección donde participó el 62% del electorado, sigue siendo «la primera minoría del país», según Filártiga.

Por su parte, Fernando Martínez, profesor de ciencias políticas de la UBA e investigador, dice que pese a la impresión de supremacía colorada, la ANR ganó “con un piso muy alto y un techo muy bajo”. Martínez señala que no hubo un crecimiento importante del caudal de votos colorados (unos 90.000 más que en 2018). También que la mayoría colorada no significará una bancada única en el Senado, donde ya se anunció una división. “Desde Argaña en la Constituyente de 1991, un sector del Partido Colorado siempre negoció con la oposición como modo de igualar la cancha contra el otro sector interno en puja”.

El investigador considera sin embargo que esa dinámica oficialismo-oposición que le permite a la ANR “presentarse como un cambio en relación al anterior gobierno colorado” cada cinco años, se verá modificada por las modificaciones al calendario electoral producidos por la pandemia: “Antes se veía la división en el segundo año, con las municipales y las elecciones partidarias. Ahora eso podría pasar recién al tercer año”.

De esa dinámica interna colorada parece depender también la posible única oposición nominal a lo que proponga Peña en Itaipú, la transición energética, el problema del agro para acceder a nuevos mercados por falta de protecciones ambientales y los fenómenos extremos que cruzan todos estos temas.

La disputa de a quién beneficia la energía de Itaipú

Al igual que los demás candidatos principales, Peña hizo escasas referencias a las cuestiones ambientales durante su campaña electoral, resumiendo sus ambiciones en un único cartel titulado «Paraguay conserva». Éste presentaba una serie de amplias promesas, así como referencias a las políticas existentes, como la protección de los cursos de agua de los que depende el país para el comercio y la generación de hidroelectricidad.

El programa ambiental de Peña propone el «fortalecimiento» de las áreas protegidas públicas y privadas, que en el este del país se ven afectadas por las plantaciones ilegales de cannabis y, en la región del Chaco, por la expansión de la ganadería y la producción de carbón vegetal, a menudo en tierras indígenas, a la que se suma ahora la irrupción de la soja en la región.

Paraguay Conserva también menciona la creación de un sistema de alerta temprana de riesgos climáticos, aunque esto ya formaba parte de la política nacional de adaptación del país para 2022-2030. Este sistema será importante para la toma de decisiones en la producción ganadera y agrícola, que sufrió pérdidas catastróficas en 2021 cuando no llovió durante casi un año. A estas dificultades se sumaron las oleadas de incendios forestales desde 2020 vinculadas al desmonte de tierras para la agricultura y agravadas por las olas de calor, cuya frecuencia se ha triplicado en los últimos 40 años en Paraguay.

Santiago Peña también propone «promover las energías renovables». En este ámbito, se enfrenta a la histórica tarea de renegociar parte de un acuerdo suscrito con Brasil hace 50 años, por el que se creó Itaipú, una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, en la frontera de ambos países sobre el río Paraná. En 2022, la central suministró el 86,4% de toda la electricidad consumida en Paraguay y el 8,7% de la demanda total de Brasil.

Una de las cuestiones centrales de esta negociación -y que define la transición energética de un país cuya matriz energética, por lo demás, sigue dependiendo de los combustibles fósiles y la biomasa- es cómo aprovechar el excedente de electricidad que Paraguay tiene derecho a recibir de Itaipú. Ambas naciones tienen derecho al 50% de la generación de la central, pero Paraguay cede actualmente su excedente a Brasil a un precio menor de la media en el mercado, una injusticia que se suma a otras históricas alrededor de la binacional.

A diferencia de Mario Abdo Benítez, que indicó que las discusiones sobre los detalles a corto plazo del acuerdo entre los dos países eran una prioridad más urgente, el presidente electo Peña dijo que «Paraguay no necesita renegociar Itaipú para tener esa energía ahora». Propone «sentarse» con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para «imaginar una relación que pueda durar los próximos 50 años».

Guillermo Achucarro, investigador de políticas climáticas y energéticas de la Universidad Nacional de Asunción, dijo a El Surti que la diferencia de discurso entre Abdo y Peña no es en realidad significativa, y que es pesimista sobre los posibles beneficios para Paraguay de las renegociaciones. «Si se logra algo», dijo, «serán migajas».

Achucarro cuestionó la forma en que se desarrolló hasta ahora la transición de Paraguay de los combustibles fósiles a las energías renovables, con énfasis en grandes proyectos de infraestructura, que beneficia a los mismos sectores responsables de la crisis ambiental y que no han estado exentas de cuestionamientos económicos, ambientales y sociales.

Achucarro cita tres ejemplos concretos ya instalados en Paraguay: una es Omega Green, la mayor fábrica de biocombustibles de Sudamérica que utilizará plantaciones forestales como pongamia en el Chaco, una especie exótica convertida en “nativa” mediante una resolución estatal. Otra es la política de impulsar con fondos internacionales y dinero público plantaciones de eucaliptos para abastecer a la agroindustria, que hoy utiliza leña de bosques nativos y a la pastera sueco-paraguaya Paracel. 

Pero el caso más escandaloso es la fábrica de hidrógeno verde de Atome Energy, una petrolera británica llena de conflictos de intereses: accedió durante el gobierno de Abdo a energía a una tarifa menor de la correspondiente y hoy tiene como presidente de su subsidiaria en Paraguay a James Spalding, ex director paraguayo de Itaipú durante el gobierno de Cartes.

Más allá de estos proyectos existentes para el hidrógeno verde y la biomasa, de la que Paraguay obtiene algo más de un tercio de su energía, aún no hay indicios de cómo, o si, el Gobierno de Peña abordará las energías renovables como la eólica y la solar. Estas fuentes son hasta ahora prácticamente inexistentes en el mix energético del país, pero a medida que aumentan las amenazas de sequía debido al cambio climático y la producción hidroeléctrica de prueba, la necesidad de diversificar la generación puede hacerse más acuciante.

China: El agronegocio en tensión con la diplomacia

La deforestación -especialmente en el Chaco, bioma que Paraguay comparte con Argentina, Bolivia y Brasil- y el papel que desempeña el sector agrícola y ganadero en ella son otras de las cuestiones ambientales a las que se enfrenta el nuevo gobierno de Peña, donde no hay ninguna sugerencia de esfuerzos para combatir la deforestación impulsada por los agronegocios legales e ilegales.

Por el contrario, mientras Paraguay y sus socios del Mercosur negocian un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, el presidente electo rechaza las condiciones ambientales que restringen los productos vinculados a la pérdida de bosques. Es el caso de la nueva ley de la UE que prohíbe comprar commodities provenientes de deforestación anterior a 2021. Esta ley no afectará tanto a la soja paraguaya que se planta en su mayoría en tierras ya deforestadas a finales de los 90. Pero si pone en aprietos a la carne, el carbón y el cuero provenientes del Chaco y que tienen como destino Europa.

La ganadería es el principal motor de la deforestación, tanto legal como ilegal, que se produjo en la última década y media en el Chaco paraguayo. Un informe oficial reconoció que entre 2017 y 2020 se deforestaron 667.000 hectáreas de la región, el 88% de la deforestación total registrada en el país.

Durante la campaña electoral, los candidatos se enfrentaron a la presión del sector agrícola y ganadero paraguayo por las relaciones con China. Esta posición une de manera circunstancial, y por razones diferentes, a sectores en general opuestos: el agronegocio y la izquierda. 

Paraguay es el único país de la región que prefiere proseguir relaciones con Taiwán. Fernando Masi, economista, indica en una entrevista para El Surti que los cuestionamientos se dan por la casi nula inversión de la isla en comparación a lo que China ofrece en infraestructura a países aliados, además del tamaño del mercado.

Pese a la presión del agronegocio que lo apoyó, Santiago Peña prefirió mantener los lazos con Taiwán. Según él esto no es un obstáculo para los negocios que Paraguay ya tiene con China, afirmando que «no hay ningún tipo de restricciones».

Peña también dice que la calidad de las materias primas paraguayas ya es un argumento para convencer a los potenciales compradores. «China no va a comprar carne o soja paraguaya porque haya un interés diplomático», dijo durante su campaña. «Va a comprar porque Paraguay tiene carne y soja de buena calidad a precios competitivos». Esto es desmentido por Masi: «La política china es muy clara», remarca. Pekín rechaza establecer relaciones diplomáticas con aquellos estados que reconozcan a Taiwán. Masi explica que esa política es la que explica que China sea hoy el principal socio de Paraguay en importación, sobre todo relacionado a insumos de agroindustria, al mismo tiempo que ningún producto paraguayo llega al mercado chino de manera directa.

Para Julieta Heduvan, especialista en política exterior paraguaya, la intención de mantener las relaciones con Taiwán se entiende principalmente con dos aristas. “Por un lado, la continuidad de una política de cercanía entre Taiwán y ciertas élites políticas paraguayas, principalmente del Partido Colorado. Y por el otro, también como un guiño a Estados Unidos a modo de bajar la intensidad del conflicto generado por su política anti corrupción” que afecta a Cartes, el padrino político de Peña.

Según Heduvan, es un intento de Peña de mostrarse dispuesto a ceder y negociar acuerdos. “El tire y afloje seguramente será la dinámica preponderante entre Paraguay y EE.UU. a lo largo de todo el gobierno”, dice.

La experta señala que “en general, la política exterior ha acompañado el modelo productivo de Paraguay, tanto en negociaciones dentro del Mercosur como en otros ámbitos”. La negativa de abrir relaciones con China es un nuevo capítulo de una inusitada tirantez entre la diplomacia y el agronegocio local, acostumbrada la última a siempre tener a la política exterior paraguaya alineada a sus intereses en lugares como la Organización Mundial del Comercio o las conferencias de la ONU de cambio climático.

Pero primero con la decisión de Paraguay de alinearse a EE.UU. en la guerra de Ucrania, lo que significó a la ganadería perder el mercado ruso, y ahora se suma proseguir relaciones con Taiwán, este acompañamiento “puede empezar a entrar en tensión” concluye Heduvan. 

La especialista en agronegocios e investigadora de BASE-IS Lis Garcia señala que para apaciguar al sector, “Taiwán dará ahora algunas cosas, como la apertura comercial a la exportación de cerdos desde Paraguay”. También se encuentra en proceso la apertura del mercado norteamericano para exportar carne vacuna, pero “al parecer no prosperará”, dice García. Una posible razón son las denuncias de explotación laboral en estancias. Estados Unidos anunció en marzo que financiará a la Organización Mundial del Trabajo para investigar “las denuncias ya existentes” de trabajo forzado de peones.

La especialista también suma que la situación convierte a Paraguay en un lugar “de disputa entre EE.UU. con China, y los intereses explícitos del mismo en el control de bienes comunes de la naturaleza”. 

Para el investigador Guillermo Achucarro, tanto la transición energética con Itaipú como la dependencia a viejos y nuevos monocultivos, como la soja o eucaliptos, se ven atravesadas por el principal desafío climático de los 5 años con Santiago Peña: sobrevivir a los fenómenos climáticos extremos. “Está la inundación pronosticada en 2023. Un año llueve mucho, un año es sequía, al verano siguiente tenemos incendios forestales o una epidemia”, describe Achucarro. La pregunta para él es cómo el nuevo gobierno va a gestionar esas multi crisis ambientales, económicas y sociales, “o si va a dejar que pase, como hizo Abdo, y que la gente sobreviva como pueda”.

Este reportaje fue producido en conjunto por Diálogo Chino & El Surti.