Tras más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur se enfrenta ahora a otro obstáculo: las cláusulas ambientales y laborales conjuntas propuestas por la UE. El documento enviado por la representación europea al Mercosur en febrero y filtrado ya en marzo por organizaciones ambientales, suscitó dos lecturas ambivalentes: por un lado, tanto el presidente brasileño Lula Da Silva como el presidente de Paraguay Santiago Peña adelantaron su rechazo, en concordancia con la posición del agronegocio de ambos países. Por el otro, organizaciones indígenas, campesinas y sociales consideran que las exigencias son insuficientes, denunciándolas como «maquillaje verde».

El acuerdo entre la UE y Mercosur —el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— reduciría y eliminaría progresivamente los aranceles entre las dos regiones, que suman 710 millones de habitantes y representan algo menos del 18% del producto interior bruto mundial. 

Aunque en principio se alcanzó un acuerdo entre los bloques en 2019, aún no se ha finalizado ni ratificado. En 2020 varios gobiernos europeos expresaron su preocupación por el acuerdo, criticando las políticas ambientales del entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y paralizando los avances hasta que su administración se comprometiera a adoptar políticas para controlar la deforestación. En aquel momento, la tasa de deforestación de Brasil era la más alta de la última década, mientras que el aumento de los incendios forestales en la Amazonía atraía cada vez más la atención internacional.

Con la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil a principios de 2023, y sus promesas de revertir los retrocesos del gobierno anterior, se abrió una nueva oportunidad para reanudar las conversaciones UE-Mercosur. 

Aun así, Europa ha seguido presionando al bloque sudamericano para que se comprometa a adoptar medidas vinculantes para hacer frente a la deforestación y, en una denominada carta adjunta al acuerdo, ha propuesto cambios en el capítulo centrado en el comercio y el desarrollo sostenible.

Este instrumento adicional —que circula entre organizaciones y los miembros del Mercosur y de la UE desde hace meses— tiene dos polémicas esenciales: exigir el cumplimiento de compromisos internacionales ante la deforestación, y evitar lo que la Unión Europea considera como competencia desleal: “no rebajar sus normas ambientales o laborales con la intención de atraer comercio o inversiones extranjeras”.

Lo que pide la Unión Europea

El documento enviado en febrero por la Unión Europea, que consta de 9 páginas y puede ser consultado aquí, empieza con un preámbulo de enumeración de los compromisos internacionales ya asumidos por Paraguay, algunos con más de 50 años, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otros más recientes, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de París (firmado durante el gobierno de Horacio Cartes), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (también firmado durante gobierno de Horacio Cartes) y las decisiones adoptadas en la Conferencias de las Partes de Cambio Climático y las de Biodiversidad – en las cuales gremios sojeros y ganaderos participan como parte de la delegación paraguaya.

El documento también busca que Mercosur y la UE deban «reconocer con preocupación que de acuerdo a los últimos datos de FAO, casi el 90% de la deforestación en el mundo es debido a la expansión agrícola». En Paraguay, esta deforestación está especialmente relacionada a la ganadería en el Chaco, de acuerdo a datos oficiales del Infona publicados este mes. Por lo tanto, bajo el acuerdo de libre comercio, se espera «tomar acciones efectivas para conservar y mejorar sitios que capturen o sean reservorios de gases de efecto invernadero, incluyendo bosques«.

El principal punto de disputa es, sin embargo, la exigencia de la Unión Europea de cumplir con varios estándares ambientales y laborales. La carta exige el reconocimiento de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derechos laborales, por lo cual exige «un foco especial» en erradicar el trabajo infantil, garantizar la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.

Esos estándares implican «adoptar las leyes y regulaciones relevantes» y crear un sistema que vigile su cumplimiento y tienen el objetivo, según la UE, de evitar «una carrera hacia abajo», comprometiendo al Mercosur a «no reducir sus estándares laborales o ambientales con la intención de atraer inversión o comercio extranjero» y estar de acuerdo que «no se fallará, por acción o inacción, en no aplicar la legislación local, o permitir que se derogue». La Unión Europea no es el único mercado que exige mejores condiciones de trabajo a Paraguay para evitar reducir o incumplir derechos laborales con el fin de que empresarios tengan más ganancias. En el proceso de ingresar carne paraguaya a EE.UU, el gobierno de aquel país anunció que financiará un proyecto «para incrementar las voces de trabajadores y reducir trabajos forzados, explotación infantil y otras violaciones laborales en las zonas ganaderas» de Brasil y Paraguay. De acuerdo con el Departamento de Trabajo de EE.UU., el fondo es debido a “las denuncias ya existentes” de trabajo forzado de peones ganaderos, que tienen un salario mínimo legal mucho menor al trabajador promedio.

En lo ambiental, la carta cita varios artículos del Acuerdo de Paris, en especial, actualizar «con la mayor ambición posible» los compromisos climáticos de cada país, que son conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés) y que incluyen reportar qué sectores son los mayores responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. En Paraguay esa responsabilidad recae en la agricultura, ganadería y la deforestación relacionada a ambas.

La UE también propone que no haya reducción en los objetivos que cada país estableció en esos planes, «incluyendo los dispuestos sobre deforestación al 28 de junio de 2019» y «buscar medidas domésticas de mitigación para lograr los objetivos» de esos compromisos. De acuerdo a cálculos oficiales, Paraguay necesitará 16 mil millones de dólares hasta 2030 en medidas de mitigación, especialmente para la protección de bosques. La mitad de ese dinero deberá venir de cooperación internacional.

Aparte, compromete tanto a la Unión Europea como al Mercosur a enviar «planes de adaptación (…) y de desarrollo a largo plazo» con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, como dispone el Acuerdo de París, y una línea de tiempo de aplicación.

Además, «acciones regulatorias, legislativas y de política pública que busquen que el flujo financiero sea consistente» con un desarrollo resiliente al impacto del cambio climático – como la resolución del Banco Central que obliga a bancos a controlar cumplimiento de leyes ambientales locales a la hora de dar créditos productivos – y «cualquier otra decisión tomada por la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París», que de por si solo se adoptan si existe consenso de los 196 países que participan en las COP, entre ellos Paraguay.

Todo esto tiene como objetivo un mandato: «la UE y el Mercosur cooperarán en medidas que aseguren que los productos consumidos por ciudadanos de ambos bloques no contribuyan a la deforestación y la degradación de bosques», monitoreando el estado de los bosques y priorizando en la aplicación del tratado de libre comercio «la trazabilidad, transparencia y debida diligencia» de las cadenas de producción, con «participación pública y privada».

Este compromiso sería por fuera de la legislación europea ya existente desde junio de 2023 que prohíbe la importación de productos provenientes de deforestación – legal o ilegal – que haya sucedido después de 2020, y que afecta sobre todo al carbón, la carne y el cuero del Chaco, donde el «cambio de uso de suelo» está permitido.

Para el Mercosur es demasiado, para organizaciones es insuficiente

El nuevo documento ha sido criticado por los gobiernos brasileños y paraguayos. En una reunión en el Congreso de Brasil en mayo, el ministro de Asuntos Exteriores de Lula, Maurio Vieira, dijo que el texto convertía los compromisos voluntarios del Acuerdo de París en obligatorios, y sugirió el riesgo de sanciones a Brasil como represalia, si el país no es capaz de cumplir sus objetivos. Añadió que quiere evitar una situación en la que “el medioambiente se utilice como pretexto para medidas proteccionistas”, y que el gobierno brasileño está trabajando en contrapropuestas.  Es la misma frase que los ministros de Agricultura del Mercosur utilizaron en su reunión conjunta durante la COP27 en Egipto en 2022, donde declaraban que no reconocerían otras reglas que «las dispuestas por la Organización Mundial del Comercio».

El presidente Lula, por su parte, ha adoptado un tono similar. Durante su visita oficial a España en abril, afirmó que el acuerdo UE-Mercosur es “todavía imposible de aceptar”. Para Lula, es importante eliminar el riesgo de que instrumento unilateral presentado por la UE pueda representar «sanciones si no se cumplen».

En su primera visita como presidente electo de Paraguay a Brasilia, Santiago Peña se alineó a Lula, diciendo que las restricciones ambientales «son muy duras para una región que necesita desarrollarse». En términos más duros se refirió su nuevo ministro del Ambiente, Rolando de Barros, tras una publicación del diario ABC donde se hablaba de que el acuerdo «limitaría» el desarrollo del país. Barros, quien era el ministro del Ambiente cuando el gobierno de Cartes ratificó el Acuerdo de París, ahora dice que luego de esa aprobación «han metido en la letra chica otras cuestiones como la ideología de género». El uso de la desinformación sobre género por parte del cartismo para ir contra regulaciones ambientales no es nuevo: así lograron el rechazo de un acuerdo de transparencia ambiental bajo la excusa de que legalizaba el aborto. Este artilugio discursivo cobra relevancia ante el impulso cartista contra la donación de la Unión Europea para la educación, basada en desinformaciones similares.

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil que habían estado presionando para que se establecieran normas ambientales y de derechos humanos más estrictas en el acuerdo UE-Mercosur se mostraron frustradas por el contenido de la carta adjunta. El acuerdo comercial propuesto ha generado desde hace tiempo críticas entre ambientalistas, activistas indígenas y pequeños agricultores de ambos bloques, que han afirmado que el acuerdo podría impulsar la deforestación en los países del Mercosur, crear competencia desleal y amenazar los derechos de las comunidades tradicionales.

En un comunicado conjunto al momento de la filtración del documento en marzo, varias organizaciones declararon que que el material adicional de la carta adjunta “no hace nada” para proteger el ambiente, el clima o los derechos humanos, ofreciendo sólo “ajustes cosméticos, aspiracionales e inaplicables”. Las organizaciones también criticaron el instrumento propuesto por no abordar las actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, como la agricultura brasileña y paraguaya, y afirmaron que el acuerdo sigue dejando de lado a los pueblos indígenas y a los pequeños agricultores.   

También en marzo, un grupo de representantes de comunidades de Brasil, Paraguay y Argentina visitó el Parlamento Europeo en Bruselas para expresar su preocupación por el acuerdo. Ana Paula Santos Souza, agricultora familiar y profesora del estado amazónico brasileño de Pará que asistió a la reunión, describió la falta de compromiso con los funcionarios: “No hubo ni un solo momento en [las negociaciones sobre estos acuerdos] en el que se escuchara a la gente”. 

Otros expertos consideraron que, a diferencia de lo argumentado por los gobiernos del Mercosur, en realidad la carta era débil desde el punto de vista jurídico. “No es especialmente vinculante”, afirmó Lia Valls Pereira, profesora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en un seminario web celebrado el 11 de mayo.  Mientras que en julio, en un evento paralelo a la Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea en Bruselas, la investigadora paraguaya Inés Franceschelli, del Centro de Estudios Heñoi, señalo que a su entender el tratado UE-Mercosur es «desigual» y «equivale a una profundización del saqueo, que en nuestro país se expresa con el modelo de producción de commodities diseñado a medida de la demanda europea».

Esta es una versión ampliada y actualizada con contexto de Paraguay del reportaje original publicado en Diálogo Chino el 30/05/2023 y compartido con El Surti bajo licencia Creative Commons.